SÍ HUBO UN COCTEL MORTAL EN URIBANA: Una mezcla de violaciones de derechos humanos, impunidad, restricciones en las visitas y la alimentación, torturas, maltratos a familiares y retardo procesal fue lo que recibieron los presos que regresaron luego de la masacre de 2013. Esta dosis sistemática de “patria penitenciaria” habría desencadenado una nueva tragedia que hoy suma 32 internos muertos. A una semana del hecho, uno de los reclusos que sobrevivió a la intoxicación con sustancias aún desconocidas reveló que ellos decidieron ingerir voluntariamente un cóctel letal de medicamentos y alcohol absoluto, en protesta por no recibir respuesta a sus exigencias y denuncias. La principal era la destitución del director Julio César Pérez.

Mientras la madre de un recluso describe lo que ocurría detrás de los muros del Centro Penitenciario David Viloria (Uribana) desde la implantación del nuevo “régimen cerrado”, las imágenes de los campos de concentración que muestran las películas se van a amontonando. Casi de inmediato la mujer -que no revela su identidad- suelta: “El detonante fue el nuevo director. Cuando llegó los puso como en los campamentos Nazis: desnudos, boca abajo y tendidos en el patio, hasta a los que estaban en silla de rueda”.

Desesperados por los maltratos constantes a que eran sometidos y al no recibir respuestas de las autoridades penitenciarias y del Ministerio Público, más de 145 reclusos de esta cárcel del estado Lara habrían decidido ingerir una mezcla letal de diversos medicamentos y alcohol absoluto. El resultado fue la muerte de 32 internos (cifra hasta el martes), el traslados de más de 700 y la intoxicación de más 100, de los cuales la mayoría tiene una condición delicada de salud.

Esa versión corresponde a uno de los sobrevivientes de la tragedia. “Ellos se volvieron locos, ellos se volvieron locos”, dijo el interno al ser interrogado en un centro de salud. Aclaró que sus compañeros tomaron las sustancias “por cuenta propia”. Este acto aparentemente irracional surgió al calor de la protesta de un grupo de personas que “fueron sometidas sistemáticamente a violaciones de derechos humanos y castigos corporales”, explicó Nelson Freitez, sociólogo y coordinador de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centro Occidental Lizandro Alvarado.

Freitez y la madre de uno de los reclusos manejan otros testimonios de presos y parientes que son similares a la versión del sobreviviente. Sin embargo, ambos coinciden -cada uno desde su posición, cada uno con sus palabras- en que el verdadero cóctel que mató a los presos no fue el que los internos prepararon, luego de tomar por la fuerza la enfermería del penal. Un grueso expediente de hechos de violencia contra los presos, castigos corporales, impunidad e indiferencia oficial ha marcado la historia de Uribana, especialmente desde la masacre de 2013. Allí estarían los ingredientes de la verdadera receta letal.

 1.- Una buena dosis de palos.

“La cárcel de Uribana es un penal en el que sistemáticamente en los últimos años se vienen presentando casos violatorios de los derechos humanos y el derecho a la vida”, dice Nelson Freitez, y recuerda la masacre de 2013 en la que fueron asesinados 61 reclusos “por disparos de la Guardia Nacional Bolivariana”. Este evento motivó el desalojo temporal del recinto, pero luego los presos fueron devueltos al lugar.

El académico del estado Lara, explica: “La mayoría de los reclusos reportaron que después de que fueron regresados a Uribana se ejerció sobre ellos una sistemática violación de la integridad física, castigos corporales, restricciones de alimentación y no atención de sus necesidades médicas, entre otras formas de maltrato. Se quedó la idea de que los responsables de masacre de 2013 fueron los presos”. También desde el segundo trimestre de 2013, Freitez acumula denuncias de vejaciones a los familiares de los internos.

La madre de un recluso, que accedió a conversar con runrun.es, informó que desde el año pasado se habían venido registrando incidentes de violencia en penal producto del descontento de los presos con algunas prácticas que consideran violatorias de sus derechos; como la eliminación del ingreso de niños (impide que vean a sus hijos) y la restricción a una hora el tiempo de visita conyugal.

“La visita pasó de ser una vez a la semana a una vez al mes. Se estableció el uso de uniformes y se obligó a los reclusos a realizar un orden cerrado (tipo militar). Pero la situación que existía en enero de 2013 persiste: hacinamiento, falta de clasificación de los internos, ocio, quejas por la calidad de la comida y retardo procesal”, dijo Freitez.

2.- Un ingrediente picante: La llegada de Julio César Pérez.

El experto en Derechos Humanos coincide con la madre del recluso en que la situación de conflictividad y descontento en Uribana “llegó a su máxima expresión con la designación de Julio César Pérez como director del penal. Se incrementaron los castigos y los maltratos. Por eso deciden iniciar una huelga de hambre”, señala el docente.

El primer incidente con Pérez ocurrió el lunes 17 de noviembre, una semana antes de la huelga de hambre, cuenta la madre de un recluso de Uribana. “Ese fue el día que los desnudó en el patio. Dijo que iba a arreglar el penal “porque nada servía y dijo que venía por orden de la ministra Iris Varela”.

Pérez insistía en que sacaría las armas y acabaría con los privilegios de los presos “¿Tener visita una vez al mes es un privilegio?, ¿tener una llamada una vez al mes es privilegio?”, se preguntaron los familiares. Luego fue a los módulos de adentro y en una requisa le boto la ropa a los presos.

“Los muchachos decidieron pedir protección a la Fiscalía para que él no entrara más a la cárcel. Fueron a la fiscalía 13 y allí pusieron la denuncia de los maltratos a ellos y a sus familiares”, contó la madre del interno que logró sobrevivir a la masacre y a la intoxicación.

Pérez comenzó a acuartelar los custodios y se trajo los custodios de la Comunidad Penitenciaria Fénix donde había sido director antes. “Ahí se inició la huelga de hambre, que era para que sacaran a Julio César Pérez”, dijo la mujer.

Pero los reclamos e intentos de los reclusos por cambiar la situación no lograron su objetivo. “Los muchachos adentro se volvieron locos. hubo unos que sacaron armas, aunque la ministra Iris Varela dice que no había armas. Fueron al área administrativa y la quemaron, tomaron la enfermería y no se sabe qué pasó ahí”, cuenta la madre del preso.

“Algunos decidieron radicalizar la protesta. Llenos de rabia y resentimiento fueron hasta la enfermería e hicieron una liga de medicamentos con otras sustancias y la consumieron. Sin embargo, no se puede hablar de suicidio colectivo y que alguien los indujo. Lo consumieron por protesta. Parece irracional, pero en el contexto en que se produce se pueden dar comportamientos que pueden rayar en lo irracional”, relató el sociólogo, quien dejó claro que esa es la versión que maneja.

La madre del recluso contó que antes de asaltar la enfermería ya el penal estaba rodeado por centenares de funcionarios de la GNB, francotiradores y el Gric. “Había un vocero que se acercaba a la puerta a hablar de sus peticiones. Rechazó el orden militar porque ellos no están pagando un servicio. Estaban los ánimos muy caldeados de parte y parte. Nunca me imagine que estaba pasando lo del envenenamiento”.

3.- Tres porciones de indiferencia gubernamental: Necesidades no atendidas, traslado “voluntario” de reclusos agonizando y silencio oficial.

Para Nelson Freitez “este es un hecho que tiene que ver con la desesperación colectiva de personas que no tienen atendidas sus necesidades básicas y que han sido maltratadas sistemáticamente”. La madre del recluso asegura que con la comida no se intoxicaron. “La comida la hacen ellos mismos porque aquí no les dan y lo que a veces les llevan es incomible”. Asegura que a esos muchachos les violaron sus derechos humanos porque están bajo la responsabilidad del Estado”.

El traslado a Tocorón (Aragua) y la Penitenciaría General de Venezuela (Guárico) de presos intoxicados es otro aspecto llamativo y que, en opinión del experto en Derechos Humanos, da una idea de la desidia del Ministerio de los Servicios Penitenciarios. “¿Cómo vas a montar en un bus a unos muchachos enfermos para un viaje de 4 o 5 horas, en lugar de llevarlos a un hospital? Eso da una idea del grado de humanidad e interés que tienen los funcionarios de prisiones en la integridad del interno. Eso es una evidencia más de la violación de derechos humanos a estas personas”. El reclamo también sale en voz de la madre de madre del recluso: “El primer error del Ministerio, cómo es posible que monten a uno muchachos para otras cárceles si ya estaban intoxicado. Cuando llegaron a Tocorón, llegaron tiesos”. En la PGV y Tocorón fallecieron 7 de estos presos.

El tercer ingrediente de inhumanidad oficial fue el silencio primero de la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela y luego de la Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, cuya voz todavía no se ha escuchado en esta historia.  Desde que inició el conflicto, el pasado 24 de noviembre, la ministra Varela se ha limitado a expresar algunos comentarios a través de su cuenta de twitter @irisvarela. El miércoles 26 en la noche su despacho emitió un comunicado en el que se daba una cifra parcial de 13 fallecidos y algunas generalidades del hecho. El martes en un aparente acto de contricción, Varela se llenó de valor y acudió a Uribana. “Le lloró a las madres que estaban afuera y les pidió perdón. Dijo que ella no tenía culpa de lo que había pasado y ofreció un Plan Cayapa para otorgar la libertad a algunos presos”, contó la madre del preso. Esta medida que excluye a los que están presos por extorsión y secuestro.

“Más que disculpas, lo que debería es poner su cargo a la orden. Ella fue la persona que designó al director. Estos hechos son sumamente graves. Hechos como este llevaron al comité de torturas de la ONU a hacer preguntas sobre las violaciones de derechos humanos en las cárceles venezolanas y pedir visitar el país. Por eso el Gobierno debería destituir a la ministra de una manera responsable”, dijo Freitez.

No existe todavía una versión oficial de lo ocurrido, ni lista de muertos, ni lista de afectados. La cifra extraoficial del Observatorio Venezolano de violencia es de 41 muertos, aunque algunos familiares y Freitez dicen que son 32. “De los que permanecen en los hospitales, muchos están entubados, y siguen ser identificados. Han tenido que llevar presos de Uribana para que los identifiquen. Cómo es posible que saquen heridos y no sepan quiénes son”, refirió la madre del preso.

“Está la idea de que algunos familiares señalan que los presos fueron envenenados, pero sobre esa versión no tengo confirmación”,  indicó Nelson Freitez. Este experto en Derecho Humanos agregó: “Si se llegara a determinar que hubo una intención de exterminio con el envenenamiento colectivo de esta cantidad de personas, esto podría ser considerado un genocidio”.

 4.- Una par de gotas de impunidad concentrada: No hay culpables de 2013 y no hay resultados de exámenes por 2014

Hasta el martes 2 de diciembre no se conocían los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas a los reclusos. El resultado de estos exámenes podría arrojar algunos indicios de lo que ocurrió el pasado martes 25 de noviembre en la enfermería de Uribana. Freitez considera que la designación de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público para realizar la investigación no es garantía de nada.

Sus dudas tienen asidero en la masacre de 2013 donde 61 presos murieron presuntamente al ser atacados a tiros por funcionarios de la GNB. El docente recuerda que de este hecho no existe un informe del Ministerio Público. “No hay nada sobre la responsabilidad de lo ocurrido que conduzca a sanciones penales. Tampoco la Asamblea Nacional, que designó una comisión para investigar el hecho, presentó algún resultado. La impunidad es absoluta en Uribana. Al no haber investigación ni identificación de responsables, las irregularidades persisten hasta los hechos de la semana pasada”.