Todos los caminos de la constituyente madurista llevan a instaurar legalmente la dictadura

Consolidar el Estado Comunal tal y como lo plantea el Plan de la Patria luce como el propósito más claro de la más reciente iniciativa presidencial. De concretarse el llamado a elecciones sectoriales o corporativas, el sistema electoral actual podría transformarse en uno de segundo y tercer grado. Los escenarios que derivarían de esta propuesta van desde la instauración legal de las bases dictatoriales, muchas de las cuales ya se aplican de facto, hasta la completa anarquía al tener en paralelo dos sectores, cada uno con su texto constitucional

 

Por Gitanjali Wolfermann @GitiW

 

El Gobierno se atrinchera. La consultora política ORC advirtió hace unos meses sobre sobre la posibilidad de que Nicolás Maduro convocara a una Asamblea Nacional Constituyente. En ese entonces la consultora dijo que el Gobierno tenía en mente un objetivo político: diseñar un proceso electoral a la medida.

En efecto, el 1ero de mayo de 2017 Maduro anunció que convocaba a una “Asamblea Nacional Constituyente Popular”. Dos días después, los Decretos Presidenciales Nº 2.830 y Nº 2.831 fueron publicados en la Gaceta Oficial Nº 6.295. Con esta jugada, el tablero en el que se mueve la política en Venezuela se cierra aún más.

 

La Constitución de 1999, que según Hugo Chávez era la mejor del mundo, en manos de Maduro no llegará a los 18 años. Dice el presidente que hay nueve líneas programáticas para el debate constituyente: “La paz como necesidad, derecho y anhelo de la Nación; el perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela potencia; constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas; la ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos; constitucionalización de la nuevas formas de la democracia participativa y protagónica; la defensa de la soberanía y la integridad de la Nación y protección contra el intervencionismo extranjero; reivindicación del carácter pluricultural de la Patria; la garantía del futuro mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud y la preservación de la vida en el planeta”.

 

No obstante, voces críticas dentro y fuera del chavismo advierten que las verdaderas motivaciones del Gobierno son otras. La más importante: eludir la responsabilidad de convocar a las elecciones de gobernadores, en mora desde diciembre de 2016 y a las de alcaldes, previstas para 2017.    

 

¿Quiénes integran la Comisión Presidencial?    

  1. Elías Jaua, actual ministro de Educación y ex constituyentista de 1999, preside la Comisión.
  2. Adán Chávez funge como secretario. Actualmente es ministro de Cultura y fue constituyentista en 1999.
  3. Cilia Flores, primera dama y ex constituyentista de 1999.
  4. Aristóbulo Istúriz, ministro de Comunas y ex constituyentista de 1999.
  5. Delcy Rodríguez, ministra de Relaciones Exteriores.
  6. María Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios y ex constituyentista de 1999.
  7. Julián Isaías Rodríguez, embajador de Venezuela en Italia y ex constituyentista de 1999.
  8. Francisco Ameliach, gobernador de Carabobo y ex constituyentista de 1999.
  9. Reinaldo Muñoz, procurador general de la República.
  10. Elvis Amoroso, asesor legal del presidente Nicolás Maduro y ex constituyentista de 1999.
  11. Hermánn Escarrá, abogado y ex constituyentista de 1999.
  12. Noelí Pocaterra, miembro del PSUV y ex constituyentista de 1999.
  13. Earle Herrera, diputado y ex constituyentista de 1999.
  14. Remigio Ceballos, vicealmirante y comandante adjunto del Comando Estratégico Operacional de la FANB.

 

De acuerdo con el discurso del Gobierno, la iniciativa presidencial es el equivalente a una rama de olivo en medio del conflicto que plantea la dirigencia opositora y a esa línea se han plegado sus voceros. Jaua dijo que convocaría a los bloques parlamentarios de la AN, tanto al Bloque de la Patria como al bloque opositor, a los rectores de universidades públicas y privadas, a los constituyentes de 1999, a las asociaciones indígenas del país, a las confederaciones sindicales, a los gremios empresariales, a los dueños de los medios de comunicación, a las Comunas, a las federaciones y demás movimientos del sector estudiantil.

El abogado constitucionalista Hermánn Escarrá también se sumó al coro: “Vamos pues, a la Constituyente para buscar la Paz, para un diálogo superior para defender los derechos humanos y las libertades, las aspiraciones, anhelos y creencias del pueblo, en fin, para convivir civilizadamente en paz y libertad”.

 

 

Istúriz no se quedó atrás y en el programa de Vladimir a la 1 dijo que: “La Asamblea Nacional Constituyente es un acto de generosidad del presidente, es para evitar muertos, para evitar la confrontación”. Al trío de voceros se le sumó la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, quien reapareció tras meses de ausencia para afirmar que esta iniciativa buscaba “alcanzar la paz que todas y todos nos merecemos”.

 

 

Pero no todas las voces asociadas con el chavismo se han mostrado a favor de la propuesta de cambiar la Constitución de 1999. Eustoquio Contreras, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, rechazó el decreto y dijo que: “Esta Constitución no hay que cambiarla, lo que hay es que cumplirla”.

 

 

El exministro de Educación y Energía, Héctor Navarro, también advirtió que realizar una constituyente no resolvería los problemas del país. “¿Vamos a hacer una nueva constitución para violarla también? Creo que ir a un proceso constituyente es una maniobra de distracción peligrosísima. A lo que tienen que comprometerse Maduro, el PSUV, la gente del gobierno y las instituciones como el CNE y el TSJ es a que su cumpla la Constitución”.

Por su parte, reconocidos juristas venezolanos han explicado que la inicitiva presidencial, independientemente de los objetivos políticos que busque conseguir, es completamente inconstitucional.

 

 

¿A qué escenarios puede llevar la propuesta de Nicolás Maduro? A continuación los derroteros que varios expertos consideran más factibles:

 

 1) Consolidar el Estado Comunal planteado en el Plan de la Patria

 

De concretarse este escenario olvídese de elecciones directas, universales y secretas.

Tanto Nicolás Maduro como el abogado constitucionalista Hermánn Escarrá dijeron que el propósito de la Constituyente era incorporar lo que no logró Hugo Chávez en 2007 por medio de la reforma constitucional, es decir, “pequeños cambios”.

Sin embargo, el análisis de ORC Consultores es otro: una constituyente tiene implícita la transformación de las estructuras estatales y adecuar la Carta Magna y las leyes a esa nueva estructura, que no es otra cosa que el gran objetivo de alcanzar y diseñar un Estado Comunal (escrito en el Plan de la Patria) con una Asamblea Nacional Comunal que escoja de su seno al Presidente del país, así como los alcaldes y gobernadores.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, coincide con este propósito. “La razón fundamental por la cual Maduro está convocando a este fraude es para que en Venezuela no se den elecciones libres y democráticas”.

Este escenario buscaría consolidar un diseño piramidal de “elecciones” de 3º grado, en el cual el poder comunal escoge representantes que van a asambleas estadales y allí se escogen representantes a la Asamblea Nacional Comunal que luego escoge al Presidente.

Maduro asomó que la Constituyente Popular estaría conformada por unos 500 constituyentistas, 250 de los cuales serán designados directamente por las bases sociales (sindicatos y consejos comunales afines al gobierno, UBCH, grupos de interés -indígenas, mujeres, estudiantes-, afines al gobierno, etc.). La otra mitad sería elegida por votación directa a través de circunscripciones municipales que seguramente serán diseñadas por el CNE para favorecer composiciones que garanticen una mayoría para el PSUV.

El profesor universitario y doctor en Ciencias Políticas, Ángel Álvarez, considera posible que este escenario se dé con una variante: “Que el gobierno modifique la propuesta inicial y permita elecciones universales plurales, con una fórmula electoral con la que intente sobrerrepresentación como en 1999, aunque correría un gran riesgo. En una elección así, aun si la oposición no participa unánimemente sino solo la mayoría de los partidos, Maduro podría perder la elección”.

¿Qué sucedería entonces? El Gobierno tendría así tres opciones, responde Álvarez: “El fraude abierto para ganar la elección perdida; una sentencia del TSJ que anule la elección o limite las decisiones de la ANC y, por último, acatar los resultados y salir del poder, lo cual es solo posible si los militares así lo disponen”.

 

2) Perpetuarse en el poder y “relajar” tema de los DD.HH.

 

Este escenario es consecuencia del anterior. Con elecciones de 2do y 3er grado el chance de que el chavismo-madurismo se quede en Miraflores por tiempo indefinido se hace más factible.

“Creo que esta propuesta es un mecanismo para eludir la responsabilidad del CNE de convocar a las elecciones de gobernadores y alcaldes, y cuidado si dentro del propósito de esa Asamblea Nacional Constituyente no está prolongar el mandato del presidente Nicolás Maduro”, estimó el periodista y ex constituyentista Vladimir Villegas.

 

 

Para el analista político Oswaldo Ramírez, uno de los “atractivos” de esta propuesta para la base dura del chavismo es la promesa de que las misiones pasarán a tener rango constitucional, tema pendiente desde el referendo de 2007. También está el hecho de que el Gobierno enmarcó esta iniciativa en el fortalecimiento de los métodos para lidiar con la “guerra económica”, por lo cual es de esperar que la Constituyente busque darle piso legal a un modelo de asignación de renta, con empresas mixtas y no dependientes del petróleo.

Otro de los escenarios que derivan de este proyecto es que la nueva constitución busque proteger aún más la noción de soberanía, degradando la aplicabilidad de los tratados internacionales, especialmente los que protegen los derechos humanos que en la actual CRBV tienen rango constitucional. Ramírez considera que un objetivo podría ser “buscar eliminar cualquier colusión futura entre tratados internacionales y la nueva constitución, seguramente dándoles un rango menor a estos tratados y colocando a la nueva constitución por arriba. Abre la puerta para salir de cualquier esquema de cooperación internacional o suscribir nuevos sin pasar por órganos de control”.

 

3) Cambiar la agenda comunicacional

 

El gobernador de Miranda asomó otra razón detrás de la convocatoria a una constituyente: cambiar la agenda. “Quieren que se desvíe la atención de la lucha contra el golpe de Estado, cambiar la agenda, pero les digo que esto forma parte del mismo paquete de golpe de Estado”.

A menos de una semana de lanzada la iniciativa, la atención de la población se ha orientado en gran medida hacia el tema de la constituyente y las implicaciones que tendría. Por ahora, parece que el tema se insertó en la agenda comunicativa con relativo éxito pese a competir con la realidad de la calle: protestas, saqueos, represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, etc.

Sin embargo, para Álvarez, la constituyente decretada por Maduro no es una maniobra para distraer. Es una estrategia política destinada a concentrar más poder, eliminar la Asamblea Nacional actual, relegitimar a su gobierno y lograr mayor control sobre el resto de los poderes.

Si la intención era cambiar la agenda, la MUD no ha pisado el peine y ha asegurado que seguirá con la agenda de lucha tal y como estaba planteada desde el inicio de las protestas.

 

 

La “estrategia comunicacional” tampoco parece estar dando frutos fuera de Venezuela. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, hizo pública el 2 de mayo una carta de 75 páginas que acompañó con un video en su cuenta de Twitter. Almagro sostuvo que “el anuncio del régimen es el fin de la Constitución de Chávez y su legado a través de un fraudulento llamado a Constituyente. Esto tiene un nombre en Derecho: un nuevo golpe de Estado promovido desde la Presidencia del país; los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo”. Para Almagro el objetivo del Gobierno está claro: “Ahora se busca consolidar [un] régimen autoritario”.

 

 

4) Acabar con la Asamblea Nacional y “meter en cintura” al resto de los Poderes Públicos  

 

“No está planteado, en la Comisión de la que formó parte, la disolución de ninguno de los poderes en el supuesto que se gane la ANC” (sic), asegura Escarrá en una seguidilla de 11 tweets en los que intenta argumentar las bondades de la propuesta de Maduro.    

 

 

Sin embargo, Jaua aclara en un artículo publicado en su blog en qué situación quedarían los Poderes: “¿Pueden seguir funcionando los poderes públicos constituidos una vez entre en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente? Pueden, pero en forma alguna podrá oponerse a las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, tal como lo expresa el artículo 349 de nuestra Constitución de 1999”.

Oswaldo Ramírez considera que aunque el Gobierno dice que la constituyente es el llamado al diálogo, en realidad podría ser la base para reorganizar el Estado y que no haya impunidad para los poderes que no cooperen. Posiciones críticas como la asumida por la Fiscal General podrían ser evitadas o castigadas más rápidamente con un marco jurídico menos tolerante.

Álvarez coincide en que uno de los objetivos de la iniciativa presidencial es acabar con la AN, pero lograrlo pasaría por el apoyo militar: “Que esa estrategia tenga éxito dependerá de cuánto respaldo logra entre los militares y en cómo actúe la oposición. Si la oposición acatara las reglas de elección corporativa que eliminan de facto el sufragio universal, estaría convalidando la ANC y cavando su propia fosa”.

El profesor universitario destaca que el Gobierno puede de todos modos imponer la constituyente así la oposición unánimemente se abstenga de participar, si cuenta con suficiente respaldo militar. “Así, una vez electa, destituye a los diputados de la AN y a los gobernadores de oposición e instaura un régimen de comunas en el que las elecciones universales y plurales podrían desaparecer”, apunta Álvarez.

Tras las reiteradas amenazas a la existencia de los partidos políticos -ilegalización de la MUD y obligatoriedad de renovar sus nóminas a nivel nacional-, otro objetivo podría apuntar a que la ANC se convierta en el lugar donde se exprese “directamente” la voz de los sectores sociales. “Esto básicamente es quitarle poder a la representación del pueblo a través de los partidos políticos”, afirma Ramírez.

 

5) “Un país completamente anarquizado”

 

Si Maduro logra imponer su proyecto, Venezuela podría terminar con dos textos constitucionales y dos parlamentos conviviendo en paralelo, esto partiendo del supuesto que ni la MUD y ni los 112 diputados concederán validez a la constituyente popular.

“¿Qué sucedería si Maduro consigue aplicar la constituyente en la forma en la que él quiere?”, le preguntó una oyente a Capriles en su programa radial.

El gobernador le respondió: “Yo llamo al pueblo a desobedecer, como lo dice la Constitución, cualquier intento de fraude a los derechos plasmados en ella. ¿Qué pasaría con una constituyente a la cual solo concurre Maduro, a la que el pueblo no tendría derecho a votar, porque esa es otra cosa, el resultado final pretenden no aprobarlo en referéndum aprobatorio sino despacharlo con la mitad de los constituyentes elegidos a dedo y la otra mitad electa con circunscripciones que nadie conoce. ¿Qué puede pasar? Que ellos aprueben una constitución mientras que hay otra que sigue vigente, la cual aceptamos la mayoría de los venezolanos, es decir, seguirá creciendo la anarquía, la ingobernabilidad y terminaremos nosotros en un país completamente anarquizado. A eso nos quiere llevar Maduro”.

 

 

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