Los presuntos implicados son efectivos del Ejército que formaron parte de un grupo de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje que se desplegó en la zona desde el 7 de octubre pasado
Los familiares empezaron a buscar a los jóvenes, muchos de ellos trabajadores del campo, desde las primeras horas. Pero las autoridades castrenses nunca les informaron con certeza sobre su paradero
Días después de las desapariciones, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, mostró en rueda de prensa el éxito que su OLP había tenido en la región mirandina
@loremelendez
HACE CASI MES Y MEDIO DEJARON DE VERLOS. Aunque sus familiares intentaron averiguar su paradero, las autoridades les negaron reiteradas veces la posibilidad de llegar hasta ellos. Eran jóvenes, campesinos, algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir. Hoy, los 12 muchachos que desaparecieron de Barlovento son las víctimas más recientes de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) que el gobierno de Nicolás Maduro comenzó el año pasado.
Elizer Ramírez, Antony Vargas, Antonio Aladejo, Luis Sanz, Dennys Acevedo, Oscar Rodríguez, Yorman Mejias, Freddy Hernández, Víctor Manuel Martínez, Jairo Rivas, Kenry González y Carlos Marchena fueron detenidos por militares el pasado 15 de octubre de 2016 bajo el velo de la ilegalidad: no fueron sorprendidos cometiendo un delito y no tenían sobre ellos una orden de aprehensión. Desde entonces, sus familias atravesaron por un proceso que los llevó a denunciar ante distintas instituciones lo ocurrido. El desenlace sucedió el pasado viernes 25 de noviembre, cuando hallaron los cadáveres en dos fosas comunes en los municipios Acevedo y Brión del estado Miranda.
Esta es la reconstrucción de su historia:
7 de octubre de 2016
Comienza el despliegue de una Operación de Liberación del Pueblo (OLP) en la región Barlovento, conformada por seis municipios del estado Miranda. Ahí trabajan 1.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y miembros de distintos cuerpos policiales del país.
15 de octubre de 2016
La OLP llega al sector La Peica de Aragüita, en el municipio Acevedo del estado Miranda. A las 6:40 pm arrestan en su casa a Carlos Gabriel Marchena Silva, de 20 años de edad. Junto a él otros 19 jóvenes de esa comunidad y otras aledañas, de acuerdo con las fuerzas de seguridad, son trasladados al Destacamento Camacaro 323 de la parroquia El Café.
Los capturados son campesinos y, en algunos casos, analfabetas. Los señalan de estar vinculados con bandas de extorsión y robo de vehículos de la zona.
18 de octubre de 2016
Chaguaramal
Los familiares de los muchachos no tienen ninguna noticia de ellos desde que fueron detenidos. En “El Café” les han dicho varias veces que los jóvenes no están allí. La insistencia hizo que, por fin, ese día los funcionarios les informaran que el grupo había sido llevado hasta el Fuerte Chaguaramal, ubicado en Cúpira, municipio Pedro Gual del estado Miranda. Al acudir al sitio, les indicaron que ninguno estaba ahí.
Distancia entre los sitios donde supuestamente se mantuvieron detenidos a los jóvenes
La denuncia
Ante la irregularidad, los familiares denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público, en la sede del sector Valle Verde ubicada en la avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, y la Defensoría del Público, en su sede de Guatire, estado Miranda. En ambos entes les informaron que realizarían diligencias para esclarecer los hechos.
La exitosa OLP de Reverol
Ese mismo día, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Luis Reverol, hace gala de los logros de la OLP en la región Barlovento. Informó que en el sector Casupo Arriba del municipio Acevedo, el mismo donde detuvieron a los 20 hombres, fue localizada una vivienda que servía para mantener en cautiverio a personas secuestradas. Recordó que la banda criminal “El Anohis”, que operaba allí, ya fue desmantelada tras varias operaciones . Su cabecilla murió en un supuesto enfrentamiento con la Policía Nacional Bolivariana el día 16 de octubre de 2016, mientras que los cinco integrantes restantes cayeron el lunes 17 de octubre de 2016 durante otro procedimiento.
20 de octubre de 2016
De acuerdo con Laura Roldán, directora de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz –organización que contactó a los familiares luego de lo ocurrido– constató que el Ministerio Público comenzó sus actuaciones en el caso. Días más tarde establecerieron que ninguno de los muchachos tenía antecedentes penales, ni relaciones con las bandas delictivas de Barlovento. También confirmaron que habían sido detenidos por efectivos militares, sin que mediara en su contra «ni el supuesto de flagrancia ni una orden judicial de aprehensión».
21 de octubre de 2016
Hasta la fecha han sido liberados 8 de los 20 jóvenes detenidos. De acuerdo con los familiares, estaban en graves condiciones, ya que “fueron torturados y obligados a firmar documentos en contra de su voluntad sin haberlos leído”. Como ya se dijo, algunos de ellos no sabían ni leer ni escribir.
7 de noviembre de 2016
El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) se pronuncia sobre el caso luego de que la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización a la que acudieron los familiares luego de lo ocurrido, le informara sobre las desapariciones.
La OMTC instó a las autoridades venezolanas a activar medidas que permitieran dar con el paradero de los jóvenes y que garantizaran su seguridad e integridad física. Tales peticiones se hicieron ante el presidente Nicolás Maduro, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y el defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
15 de noviembre de 2016
La Red de Apoyo envía un comunicado en el que exige conocer el paradero de los muchachos a un mes de su desaparición.
«La organización manifiesta preocupación ya que hasta el momento no se sabe nada de su paradero ni sobre su integridad personal y podrían estar sufriendo malos tratos. La Red de Apoyo se ha pronunciado anteriormente por estos hechos resaltando que algunos funcionarios del ejército han generado violación de derechos humanos por la forma en la que han llevado a cabo los últimos operativos ya que los testimonios de familiares de víctimas aseguran constantemente que las y los funcionarios realizan detenciones arbitrarias, allanamientos, desalojos forzosos, robos de pertenencias, desapariciones y ejecuciones a través del uso desmedido de la fuerza, siendo estos hechos violatorios a los derechos humanos”, indica la nota.
25 de noviembre de 2016
Funcionarios de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar hallan fosas comunes en dos áreas de Barlovento. En el sector La Maturetera del municipio Brión consiguen dos cadáveres, mientras que en el sector Aragüita, en la vía del Parque Nacional Guatopo, en Acevedo, encuentran 10.
Las identidades de los cuerpos hallados coinciden con la de los desaparecidos. Las pruebas forenses señalan que la data de la muerte es de hace mes y medio, aproximadamente. Es decir, las víctimas fueron asesinadas poco después de haber sido detenidas.
26 de noviembre de 2016
Las detenciones
El ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol Torres, informó en horas de la mañana sobre el hallazgo de los cadáveres y la detención de los presuntos implicados: ocho militares que formaron parte de un grupo de Escudriñamiento y Técnicas de Patrullaje que fue activado desde octubre pasado en la región de Barlovento. No descartó que próximamente se hicieran otras detenciones.
Reverol, que no se refirió a la OLP, detalló que tal operación fue desplegada luego de que los habitantes denunciaran desalojos arbitrarios «por parte de elementos generadores de violencia vinculados al paramilitarismo colombiano y a la delincuencia organizada”. Durante las acciones de los efectivos en el sitio se hicieron detenciones preventivas en las poblaciones de Capaya, Yaguapa, El Café, Cambural y Aramina, aclaró.
Anunció que los cuerpos serían llevados hasta la Medicatura Forense de Bello Monte, en Caracas.
Rechazo de la FAN
En horas de la tarde, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) rechazó en un comunicado los sucesos ocurridos en Barlovento y apuntó que fueron 11, y no 8, los funcionarios implicados. Revela, de paso, que se trató de miembros del Ejército que ejecutaban operaciones de reconocimiento y patrullaje.
«Este tipo de hechos contraviene el ordenamiento jurídico nacional y no representa en modo alguno el profesionalismo y la vocación humanista que caracteriza a los soldados de la patria», dijo en el documento el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien firmó la misiva y anunció que el presidente Nicolás Maduro ordenó la expulsión de los implicados.
27 de noviembre de 2016
El Ministerio Público informó que en las próximas horas imputaría a 11 funcionarios del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en la masacre de Barlovento. Anunció que les atribuiría varios cargos a los señalados, y que estarían todos relacionados con la vulneración de derechos fundamentales.
Así, se dieron a conocer los nombres de los supuestos implicados: el teniente coronel José Ángel Rojas; los sargentos primero Orlando Maceli Barrios, Rafael Ruiz, Luis Ramón Figuera, Francisco Rivas Salazar y Romi Antón Antón; el sargento mayor de tercera Miguel Francisco Rodríguez; el mayor Luis Eduardo Romero; los cabos segundo Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado; y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel. Todos los militares pertenecen al Batallón 323 Caribe con sede en Maturín, y están destacados en Caucagua, específicamente en el sector El Café.
El Ministerio Público también pidió medidas de protección para los testigos del hecho.
