Un informe de Amnistía Internacional, uno del Departamento de Estado y otro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en entredicho el respeto a los derechos fundamentales en Venezuela y todos en el marco de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan al país, periplo donde no hubo mayor información a la prensa y solo hubo sesiones de trabajo y reuniones con el oficialismo.
Este jueves la CIDH presentó una investigación donde acusó al Estado venezolano de violar sistemáyicamente los derechos humanos, además de desalentar la participación política en las venideras elecciones del 28 de julio.
«El Estado ha violado sistemáticamente los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión, para facilitar la concentración de poder en manos del Poder Ejecutivo, desalentar la participación política y minar la independencia de las instituciones», reza el informe de la CIDH correspondiente a 2023.
De acuerdo a la CIDH, el gobierno de Maduro se ha dedicado a poner trabas a los líderes políticos de oposición en su ímpetu por conseguir cargos públicos.
Puso como ejemplo el caso de María Corina Machado, a quien la administración madurista inhabilitó por 15 años por medio de una sanción proveniente de la Contraloría de la República.
Apenas esta semana y después de que los partidos UNT y MPV pudieran adherir a sus tarjetas la candidatura del opositor Edmundo González Urrutia; Carlos Ocariz, Elias Sayegh, Josy Fernández, Tomás Guanipa y Juan Carlos Caldera fueron inhabilitados también por la Contraloría.
“Las sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos han sido aplicadas de manera desproporcionada contra personas de la oposición», lo que viola estándares interamericanos en relación con los derechos políticos», expuso el comunicado.
La CIDH indicó que en Venezuela no puede hablarse de independencia de poderes: «El deterioro institucional y la falta de independencia del Poder Judicial ha permitido que, en el país, se instale un clima de impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos».
El documento expresa que «ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo ni el Poder Judicial han actuado con debida diligencia para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones que se han cometido».
LA CIDH pidió al gobierno de Maduro «dejar sin efecto las medidas administrativas que restrinjan derechos políticos».
Entre otras peticiones que hizo la CIDH al gobierno de Maduro está «restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin cualquier tipo de represión o discriminación de toda la población y el efectivo control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado».
Que levanten sanciones sectoriales
Con base en los hallazgos hechos por la relatora especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, la CIDH solicitó el levantamiento de las sanciones sectoriales aplicadas contra Venezuela.
El informe expresa que “las sanciones sectoriales no tienen base normativa en el derecho internacional y han agudizado la situación de las personas en situación de vulnerabilidad”.
Sin embargo, el estudio reconoce que la crisis humanitaria compleja antecedió a la imposición de sanciones económicas.
“La grave situación económica antecedió la imposición de sanciones y tuvo como origen distintos factores. Por tal motivo, la CIDH reitera su llamado a que sean levantadas», agregaron.
Entre las razones de las crisis venezolana que nada tienen que ver con las sanciones está “la caída de los precios del petróleo, la política de privatización y expropiaciones, la gestión pública deficiente caracterizada por el excesivo gasto público y la corrupción generalizada».
El gobierno de Estados Unidos anunció la semana pasada su decisión de echar hacia atrás el alivio de sanciones que había acordado en octubre del año pasado luego de la firma del Acuerdo de Barbados, donde el madurismo se comprometió a respetar las normas para una ruta electoral limpia y transparente.
La CIDH indicó que las sanciones no impiden a un gobierno respetar la Constitución.
«La imposición de sanciones no es óbice para que el Estado venezolano desatienda sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», enfatizaron.
