OVCS expuso ante la CIDH su preocupación por la crisis alimentaria que atraviesa Venezuela

OVCS

 

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) denunció que han ocurrido más de 170 saqueos o intentos en todo el país. Exhortó a las autoridades a implementar los correctivos necesarios para garantizar el derecho a la alimentación, consagrado en el artículo 305 de la Constitución.

Durante su intervención en la audiencia “Situación de los derechos humanos en Venezuela”, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marco Antonio Ponce, coordinador  General del OVCS,  expresó su preocupación por la grave crisis alimentaria que atraviesa Venezuela y  el incremento consistente de saqueos o intentos de saqueo en todo el país.

Según cifras del OVCS, en el primer trimestre del año se han registrado 107 saqueos o intentos de saqueo, sin que hasta la fecha se hayan tomado medidas concretas para subsanar la grave crisis alimentaria.

“Ante la ausencia de medidas gubernamentales para garantizar los alimentos, las personas están perdiendo la paciencia. Los actos vandálicos en contra de abastos, supermercados, farmacias, transportes, almacenes y galpones van en aumento (…) Alertamos que con la inacción o con medidas incorrectas pareciera que el Presidente Nicolás Maduro está llevando a Venezuela hacia un estallido social”, expresó Ponce.

El portavoz de la organización no gubernamental recordó que en 2015 se registraron 1.200 protestas por alimentos. Y, frente al descontento popular y las protestas, la respuesta del Estado  ha sido el uso de la fuerza pública y la represión.

El Observatorio de Conflictividad Social fue invitado a participar en la 157° período de sesiones de la CIDH, a propósito de la audiencia sobre derechos humanos solicitada por el Estado Venezolano.

La oportunidad fue propicia para recordar que en los últimos cinco años se han documentado en el país más de 30 mil protestas, un promedio de 17 manifestaciones diarias.

El coordinador de la organización planteó al Estado venezolano la implementación de herramientas que permitan prever, mitigar  y transformar los conflictos sociales, como la reciente Guía práctica para el diseño de sistemas de alerta y respuesta temprana de conflictos sociales, elaborada por la OEA y el PNUD.