Carmen Elvigia Porras, de la Sala Social, y Luis Ortíz Hernández, de la Sala Civil, acudieron el miércoles 17 de febrero a la Asamblea Nacional para denunciar que la decisión de adelantar su jubilación no fue voluntaria

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EXTORSIÓN, PERSECUCIÓN, VEJACIÓN, AMENAZAS. Estas palabras fueron pronunciadas por el diputado Carlos Berrizbeitia al final de la reunión que el miércoles 17 de febrero de 2016 sostuvo la comisión de la Evaluación sobre Designación de Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), perteneciente a la Asamblea Nacional (AN). Ante esta habían comparecido, durante casi dos horas, dos de los trece magistrados que en agosto pasado anunciaron que dejarían sus cargos de manera anticipada. Ambos detallaron cómo fueron presionados para pedir sus jubilaciones un año antes de lo previsto.

Los juristas Carmen Elvigia Porras, miembro de la Sala de Casación Social, y Luis Ortíz Hernández, de la Sala de Casación Civil, fueron los denunciantes. Ambos introducirán, en las próximas semanas, recursos que anulen ante el máximo tribunal los procesos administrativos que tuvieron que atravesar para salir de sus puestos.

Ni Porras ni Ortíz Hernández quisieron declarar a los medios al salir de la reunión parlamentaria, que esta vez fue privada hasta los últimos 15 minutos. Sin embargo, en los instantes finales soltaron frases que dejaron en claro la gravedad de sus acusaciones.

Porras afirmó que, aunque anteriormente no había hecho público lo que padeció, había llegado el momento de decir la verdad, y luego pidió los teléfonos de los diputados para avisarles si recibía nuevas amenazas. Ortíz Hernández sentenció que era necesario “adecentar” al TSJ y solicitó a los diputados hacer todas las correcciones posibles en esa instancia.  “Si bien es cierto que firmamos, no lo hicimos de manera voluntaria”, señaló posteriormente a Runrun.es.

“Esto le da a la comisión pruebas de que la inmoralidad fue utilizada no solamente para lo que se hizo el 23 de diciembre al elegir a estos 13 magistrados principales y 21 suplentes, sino también para amenazar y extorsionar a los magistrados para que adelantaran su jubilación. Digo de verdad que, como venezolano, esto me indigna”, afirmó Berrizbeitia, quien preside la comisión que escuchó a los juristas. Adelantó que todas las declaraciones serán agregadas al informe que el grupo prevé presentar a la plenaria de la AN antes de que culmine febrero.

Una fuente que ingresó a la reunión en la AN dijo que los magistrados afirmaron que la orden de adelantar sus jubilaciones había sido emanada desde el alto gobierno. A los togados les informaron a mediados de 2015 que “los números no andaban bien para el 6D” y que el Gobierno debía garantizar 12 años más de control en la máxima corte venezolana. Las estrategias de presión, de acuerdo con la fuente, fueron ejercidas por otros magistrados dentro del mismo edificio de tribunales.

¿Quiénes son los ex magistrados?

Su reputación fue puesta en entredicho antes de llegar a la máxima magistratura. Se dijo que el concurso que ganó, cuando fue designada juez Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Táchira, estuvo amañado. En aquella época, fuente judiciales aseguraron que tuvo más de 70 denuncias en su contra en la Inspectoría de Tribunales. Dentro del TSJ, Porras fue vicepresidenta de la Sala de Casación Social.

Ortiz Hernández estuvo seis meses, durante 2005, frente a la Inspectoría General de Tribunales y renunció tras alegar razonas personales, aunque según las versiones extraoficiales que circularon, el magistrado fue rechazado por su entorno al haber actuado en esa instancia de acuerdo con sus intereses.

Sin embargo, posteriormente denunció que había recibido presiones internas. “Yo lo venía haciendo todo bien, hasta hace 15 días, cuando me metí con Belkis Cedeño (la presidenta del Circuito Penal Judicial de Caracas) y con Juan Carlos Cuenca (juez superior IV en lo Civil, Mercantil y Tránsito de Caracas) a quienes llevé ante la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Poder Judicial para que fueran suspendidos. A partir de allí comenzaron los rumores y los señalamientos de que estaba actuando mal, y como no tengo ansias de poder ni quiero crear tribus, presenté mi renuncia”, dijo a El Universal ese mismo año.

La Contraloría General de la República le impuso en 2008 una multa de 3.000 bolívares por haber ocultado información en sus declaraciones juradas de patrimonio.