El ministro de Relaciones Exteriores admite la desprofesionalización del servicio exterior venezolano, donde personas contratadas sin la formación debida ocupan puestos clave para la defensa de los intereses de Venezuela

Pedro Pablo Peñaloza

Nadie ha ostentado por más tiempo el cargo de canciller de la República que Nicolás Maduro, que se sentó en esa silla entre agosto de 2006 y octubre de 2012. Y fue precisamente en ese periodo en el que se registró un proceso de “desprofesionalización” en Casa Amarilla, de acuerdo con un análisis firmado por el canciller Jorge Arreaza.

“En los primeros cinco años que siguieron a la elección del comandante Hugo Chávez, se llevó a cabo un programa general de ascensos, traslados, rotaciones y capacitación de los funcionarios con el objeto de que los mismos obtuvieran las herramientas para un mejor desempeño internacional en la defensa de los fines y objetivos de la patria”, resalta Arreaza en el punto de cuenta número 1009 fechado el 2 de noviembre de 2017, al que ha tenido acceso Runrunes y donde esboza los principios de un “programa de reorganización del servicio diplomático bolivariano”.

Luego de reconocer los esfuerzos desarrollados por sus colegas de la “era revolucionaria” para “transformar la institución”, el ministro de Relaciones Exteriores admite que “en los años posteriores (a ese primer quinquenio), por distintas razones, el número de funcionarios diplomáticos fue mermando y, dadas las necesidades crecientes del despacho, se le asignó a personal contratado el cumplimiento de estas delicadas tareas, sin que mediara un necesario proceso de selección o capacitación”.

“A partir de 1999, ingresaron a la carrera diplomática 87 diplomáticos de carrera en la categoría de Terceros Secretarios, en 2001 un grupo de 20, 2004 ingresaron 30 y en el 2005 entraron 37. No obstante, desde el 2005 no se ha llamado a otro concurso público de oposición, a pesar del inusitado aumento de las tareas que ha asumido el MPPRE (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores)”, advierten en el texto.

La disminución del número de funcionarios diplomáticos, observa Arreaza, trajo como consecuencia “una desfavorable práctica de los despachos de Viceministros” que optaron por “desarrollar su propia política de recursos humanos, procediendo a la contratación de personal de forma desarticulada”.

En el punto de cuenta precisan que “el último ascenso fue en el año 2002, y a partir de ese momento se cerró la movilidad en los rangos, hecho que causó la desprofesionalización del MPPRE en momentos en que tal situación resulta muy negativa para la institución. El resultado de esta situación es que, según datos de septiembre de 2017, hay 127 contratados que están bajo la modalidad de contrato indefinido, llevando a cabo labores sustantivas sin que haya mediado un proceso de formación”.

En la actualidad “solo están activos aproximadamente 150 diplomáticos de carrera”, 73 de ellos en el servicio interno (es decir, en el país) y apenas cuatro están en el exterior como embajadores, según el balance que también fue suscrito por el director general del Despacho, Carlos José Guzmán Gómez, la directora general de la oficina de Recursos Humanos, María Carolina Rodríguez Briceño, y el director general de la oficina de Planificación y Presupuesto, Raúl Alfredo Hernández Chirinos.

Mientras retroceden los diplomáticos de carrera, avanzan los militantes rojos que se adueñan de Casa Amarilla. Los puestos más importantes y apetecibles son repartidos entre antiguos ministros y diputados, militares retirados y familiares de los líderes chavistas, estos últimos encabezados por la embajadora alterna ante Naciones Unidas, María Gabriela Chávez, hija del difunto comandante Hugo Chávez y cuñada de Arreaza.

Sobre Maduro recae la mayor cuota de responsabilidad en la destrucción de la Cancillería, pero no es el único culpable. Tras su salida para ocuparse de la Vicepresidencia y, posteriormente, de la Presidencia de la República, por allí desfilaron Elías Jaua, Rafael Ramírez, Delcy Rodríguez y Samuel Moncada.

A la carrera

Pese a no tener la formación ni la estabilidad laboral necesaria, los contratados a tiempo indeterminado “manejan escritorios de países, ejercen funciones con carácter diplomático, se relacionan a diario con los agentes extranjeros, han salido a misiones en el exterior, participan como negociadores en las comisiones binacionales y muchos han sido designados como attaches diplomáticos”, reseña el punto de cuenta.

Para subsanar esta falla, Arreaza piensa “llevar a cabo un proceso de homologación a funcionarios diplomáticos de carrera”, que pasaría por un jurado calificador y “tendrá su fundamento en la evaluación de las credenciales académicas, desempeño de los aspirantes y otras que se considere pertinente”. Cumplido este paso, “los funcionarios homologados serán ratificados como diplomáticos de carrera una vez aprobado el diplomado denominado ‘Diplomacia Bolivariana’, el cual tendrá una duración de seis meses” y será elaborado e implementado por el Instituto de Altos Estudios Diplomáticos (IAED) Pedro Gual.

La iniciativa del canciller tiene entre sus antecedentes los cursos que hace unos 13 años también dictó el IAED Pedro Gual y cuyos egresados fueron bautizados por la prensa venezolana como “diplomáticos exprés”, pues en cuestión de semanas los estudiantes salían de las aulas rumbo al servicio exterior. “Cada uno de los nuevos funcionarios viene con formación política e ideológica”, recalcó en aquella oportunidad William Izarra, para entonces viceministro de Asia, Medio Oriente y Oceanía.

Arreaza indica en el punto de cuenta que en su afán por conseguir “recursos propios”, el IAED Pedro Gual abrió sus puertas a personas ajenas a la Cancillería y eso se tradujo en “el alejamiento progresivo de su razón de ser original”. “Además, los costos de estos programas de formación se incrementaron, reduciendo la matrícula de candidatos de la Cancillería y del público en general; lo cual llevó al Pedro Gual a una especie de letargo institucional”.

La propuesta del canciller dice sustentarse en distintos textos legales, desde la Constitución de 1999 hasta la Ley Orgánica de Servicio Exterior publicada en Gaceta Oficial el 30 de julio de 2013. Igualmente, se basa en el Régimen especial de jubilaciones de los trabajadores del MPPRE, del 10 de enero de 2017, que se trazaba como meta “impulsar nuevas generaciones de trabajadores en todos los ámbitos del servicio exterior, comprometidos con la función pública, el país y la revolución bolivariana”.

El presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Luis Florido (VP-Lara), señaló a Runrunes que han retomado la revisión de la Ley Orgánica de Servicio Exterior; sin embargo, acotó que los expertos recomiendan no sancionar ninguna norma sobre la materia hasta que se produzca un cambio de gobierno. “El régimen chavista acabó con el servicio exterior venezolano y habría que rearmarlo y aprobar una ley que le dé estabilidad a sus funcionarios”, explicó Florido.

Menos y más

El programa de reorganización del servicio diplomático bolivariano diseñado por Arreaza incluye “el cierre de misiones diplomáticas, tomando en consideración el principio diplomático de reciprocidad y el inexistente impacto en los intereses nacionales”, y “la apertura de otras con mejores perspectivas para el desarrollo del país”.

El titular del MPPRE apuesta por el “replanteamiento en el relacionamiento internacional para darle mayor intensidad a áreas con posiciones políticas cercanas a las nuestra. Esta medida facilitará un nuevo esquema de participación y construcción de nuevos espacios, tanto a nivel bilateral como multilateral”.

Arreaza sostiene que las misiones en el exterior deben ceñirse a un “plan de trabajo”, basado en el Plan de la Patria y en la Agenda Económica Bolivariana, que entre otros fines persiga “reforzar e incrementar el apoyo de los movimientos sociales” al régimen chavista, así como “combatir la matriz mediática que se gesta contra la República” informando “de manera sistemática los logros de la revolución”.