El abogado Alonso Medina Roa alertó a la comunidad internacional sobre la arremetida por parte del gobierno de Nicolás Maduro en contra de los defensores de los derechos humanos en Venezuela quienes están siendo perseguidos por los cuerpos de seguridad del Estado imponiendo una política de terror y tortura.

“A raíz de las constantes denuncias realizadas por los defensores de derechos humanos sobre la tortura sistemática, los tratos crueles e inhumanos, de la institucionalización de la tortura en Venezuela, y por defender a los presos políticos como el Capitán Juan Carlos Caguaripano, fue iniciada una ola de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas por parte de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado”, denunció Roa.

El abogado detalló que hasta el momento la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que investiga el caso de la masacre de El Junquito ha contabilizado 31 detenciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del estado, como también han ocurrido allanamientos sin orden judicial y secuestros. “Los abogados defensores de los ciudadanos vinculados con el caso del Capitán Caguaripano y ahora también relacionados con el caso de Oscar Pérez, están siendo hostigados y amenazados constantemente por funcionarios del estado, con la finalidad de hacer que se abstengan y tengan temor a defender a cualquier ciudadano que esté relacionado con dicha causa”.

Como prueba de esto, Medina Roa informó que el pasado 25 de enero de 2018 fue allanada la casa del abogado defensor del capitán Juan Carlos Caguaripano, Luis Argenis Vielma, por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) quienes llegaron a la residencia del abogado “con una orden de aprehensión y como éste no se encontraba, fueron detenidos por los funcionarios, su madre y su hermano, quienes probablemente están siendo víctimas de torturas y tratos crueles”.

Medina Roa también denunció que él mismo ha sido víctima de persecución política al recibir constantes llamadas telefónicas amenazándolo y los órganos de inteligencia han interceptado sus llamadas. “Esta acción demuestra una vez más, la inseguridad jurídica que reina en nuestro país, para el régimen no basta con tener presos políticos sino que además arremete en contra de sus abogados defensores, quienes, cabe recordar, forman parte del Poder Judicial venezolano”, aseguró el abogado.