Sobre las propuestas para atender la crisis de alimentos y medicinas, la misión venezolana señala que “son politizadas y negativas”
Por Maru Morales P
El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó 81 de las 274 recomendaciones que recibió el pasado mes de noviembre durante el Examen Periódico Universal, para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. 53 fueron rechazadas expresamente y de las otras 28, el Estado “tomó nota” que, en lenguaje diplomático, equivale a no admitir.
Aunque la cifra de las recomendaciones aceptadas es elevada (187) y los tópicos son variados, destaca el hecho de que el gobierno no aceptó ninguna de las 7 recomendaciones que le instaban expresamente a poner en libertad a los presos políticos, ni ninguno de los 4 exhortos a establecer un diálogo institucional y respetuoso con la Asamblea Nacional.
El Estado venezolano desatendió a su pares de España, Brasil, Australia, Irlanda y Estados Unidos, que durante la sesión de noviembre de 2016 abogaron expresamente por la “inmediata liberación de los presos políticos”, “liberar a las personas detenidas o encarceladas por motivos políticos”, “abstenerse de recurrir a la prisión arbitraria”, “respetar las garantías procesales en lo que respecta a la detención arbitraria de miembros de la oposición política”, “velar por que todas las denuncias de tortura y malos tratos a reclusos se investiguen”; y “permitir verdaderamente la expresión de opiniones disidentes liberando a los presos políticos”.
Asimismo, el gobierno de Venezuela “tomó nota” tanto de la propuesta de Canadá de “poner en libertad inmediata a todos los presos políticos”, como de la propuesta de Colombia de “respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad, especialmente de aquellas que, por la compleja situación política, se encuentran en dicha condición”.
Sobre el Parlamento
Venezuela rechazó las recomendaciones de Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Suiza que instaron al gobierno a “entablar un diálogo constructivo con la Asamblea Nacional”, “permitir a la Asamblea Nacional elegida desempeñar sus funciones”, “restaurar lo antes posible las prerrogativas del Parlamento elegido”, y “respetar la separación e independencia de los poderes”.
El Estado también “tomó nota” de recomendaciones que apuntaban a “asegurar la cooperación internacional” para combatir la situación de inseguridad alimentaria y de salud; “afrontar de manera urgente la escasez de servicios médicos” y “desarrollar políticas eficaces para hacer frente a la escasez de alimentos”, planteadas por Suecia, Alemania, Canadá e Islandia entre otros.
El informe dice que esas recomendaciones “pueden prestarse a confusión, dado que contienen una fuerte orientación politizada y negativa, y no fueron formuladas bajo un espíritu constructivo o propositivo”.
El Estado agrega en ese punto que “la incesante guerra económica, el constante asedio y las permanentes amenazas han llevado a un bloqueo progresivo del país afectando negativamente el disfrute de los DDHH de la población”.
Sobre las propuestas rechazadas, el Estado indica que “no han sido apoyadas debido a su tergiversación, irrealidad o falsedad”. En este grupo entran, por ejemplo, la recomendación formulada por Canadá para eliminar las OLP, o la de Liechtenstein, de garantizar que todas las operaciones de los organismos de inteligencia sean supervisadas por un ente independiente. La solicitud de Estados Unidos de “respetar el derecho de los ciudadanos de convocar un referendo revocatorio” también fue rechazada. Venezuela consideró que su redacción “conduce a confusión, pues pretenden hacer ver o insinúan que el Estado venezolano niega este derecho, lo cual constituye un falso supuesto”.
El gobierno aceptó todas las propuestas de Cuba (4), Ecuador (2), Bolivia (2) y Nicaragua (4).
En materia de libertad de expresión, protección a los periodistas y acceso a la información el Estado aceptó 20 de las 34 recomendaciones que recibió el pasado noviembre. La cifra representa un progreso en comparación con el EPU de 2011, cuando Venezuela rechazó las 13 recomendaciones recibidas en este tema. El informe señala que esas sugerencias cuentan con aceptación del Estado, porque “ya se están implementando”.
18 de los 20 exhortos para aceptar la visita de los relatores especiales y del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU fueron rechazados.
