El Programa Venezolano de Educacción-Acción en Derechos (Provea), rechazó las declaraciones del ministro Ricardo Molina, de este martes 18 de octubre en las que asegura que: “El escuálido que firme que se olvide de Clap, no lo queremos en la cola, que se olvide de la Misión Vivienda, que se olvide de Barrio Tricolor”. De esta manera el alto funcionario amenazaba con excluir de las políticas sociales a las personas que deseen participar en la recolección de firmas para activar el mecanismo del referendo revocatorio. No es la primera vez que Molina promueve la discriminación por razones políticas. En el año 2013, cuando era Ministro de Vivienda, amenazó con despedir a las personas del ente que tuvieran una ideología diferente a la oficial: “Me importa en absoluto las leyes laborales (…) Al personal que forma parte de nuestras instituciones, que políticamente está en la acera de enfrente, cero beligerancia. Aquí yo no acepto que nadie venga a hablar mal de la revolución. No acepto militantes de partidos fascistas. Quien quiera ser militante de Voluntad Popular que renuncie”.

La discriminación, por cualquier motivo, se encuentra prohibida en los artículos de la Constitución números 21 (No se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona); Artículo 57 (…No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios); y el artículo 89 (El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado… Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo o credo o por cualquier otra condición). Asimismo, la discriminación por razones políticas se considera una violación de derechos humanos en diferentes pactos internacionales suscritos por el Estado venezolano.

Los actos de violación de derechos humanos no prescriben en el tiempo. Por esta razón Provea, y el resto de las organizaciones de derechos humanos, no descansaremos hasta que en un futuro funcionarios como Ricardo Molina, y otros quienes hayan promovido la discriminación y otros actos lesivos a la dignidad humana, sean investigados y sancionados según las leyes con respeto al debido proceso. En Provea estamos documentando exhaustivamente cada una de estas situaciones y elaborando expedientes que serán entregados a la justicia venezolana y a los órganos internacionales de derechos humanos cuando sea posible la investigación efectiva de las diferentes violaciones. Así como no hemos olvidado a todos y cada uno de los funcionarios involucrados en las violaciones de Derechos Humanos del pasado, como la Masacre de El Amparo o El Caracazo, tampoco olvidaremos a quienes desde 1999 hasta el presente han promovido actos vejatorios contra los derechos sociales y políticos de la población venezolana.

Provea hace un llamado a todos y todas las funcionarias del Estado venezolano, civiles o militares, a que no tomen decisiones o acciones que vulneren los derechos humanos de las personas. Asimismo, que no acaten ordenes de sus superiores que signifiquen la vulneración de estos derechos, pues el artículo 25 de la Carta Magna ha prohibido la obediencia debida como recurso defensivo ante los tribunales: “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Por último Provea interpela, una vez más, al Defensor del Pueblo Tarek William Saab para que condene públicamente estos actos. Así mismo la Defensoría del Pueblo debe garantizar que las personas no van a sufrir represalias de ningún tipo por participar en los mecanismos de participación presentes en la Constitución, como el Referendo Revocatorio, cuya objetivo es evaluar la gestión de los funcionarios electos por voto popular.