“¡Exprópiese, exprópiese!”. Esa fue una de las órdenes que más repitió Hugo Chávez a partir de 2007. Lo que comenzó como un proceso de “nacionalización” de empresas consideradas “estratégicas” o de “interés nacional”, derivó en una ola de estatizaciones y ocupaciones.
La Electricidad de Caracas, la Cantv y petroleras con presencia en la faja del Orinoco, como Exxon Mobil y ConocoPhillips, fueron las primeras víctimas. Luego la medida se extendió a casi todas las actividades económicas y se convirtió en una bandera de la “revolución bolivariana”.
En algunos casos el Gobierno indemnizó a los afectados, pero en otros la expropiación originó litigios y controversias legales que se han prolongado durante varios años en el Centro Internacional para el Arreglo de las Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), organismo adscrito al Banco Mundial.
Recientemente han salido del Ciadi cinco laudos que en conjunto imponen a la República la obligación de cancelar casi 3 mil millones de dólares. La factura llega en un momento en que las reservas líquidas del país están en niveles mínimos, los compromisos por deuda externa son altos y los ingresos se han caído a la mitad por el derrumbe en los precios del petróleo ocurrido en los últimos meses.
Ese monto puede aumentar en las próximas semanas, ya que aún hay 24 casos pendientes. En varios de ellos el proceso legal terminó y sólo falta la publicación de las decisiones por el tribunal arbitral.
La factura al detalle
Exxon Mobil: 1.600 millones de dólares.
La disputa entre Venezuela y Exxon Mobil ha sido una de las más sonadas. Comenzó en 2007 y fue en octubre de 2014 cuando el Ciadi emitió un laudo en el que resolvía que Venezuela debía pagar a la petrolera estadounidense 1.600 millones de dólares. «Estamos listos, nos estamos comunicando con Exxon Mobil y no vamos a tener inconvenientes en finiquitar este laudo y cerrar este capítulo que constituyó una amenaza contra la nación y su desarrollo petrolero», afirmó el entonces Canciller, Rafael Ramírez. El laudo permitía deducir los 907 millones de dólares que Pdvsa pagó a Exxon Mobil por el arbitraje realizado en la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
Pese a lo dicho por Ramírez, en octubre Venezuela solicitó la revisión de la sentencia y en febrero de este año su nulidad, estrategia que para algunos abogados es una táctica dilatoria para aplazar lo más posible el pago.
Gold Reserve: 746 millones de dólares.
El tribunal arbitral divulgó en septiembre de 2014 el laudo de una disputa legal que se inició en 2009. Según el documento, Venezuela debe indemnizar a la minera canadiense con 746 millones de dólares por la extinción de la concesión de los proyectos mineros Brisas y Chocó 5. El Gobierno introdujo en noviembre del año pasado una solicitud de nulidad y aún se espera por la decisión. Doug Belanger, presidente de Gold Reserve, declaró en febrero de este año que “hasta que llegue el momento de un acuerdo y el pago sea hecho, Gold Reserve continuará buscando cumplimiento de sus derechos en cualquier jurisdicción en la que cree que puede embargar bienes, en ejecución de la sentencia”.
Flughafen Zürich AG / Ingeniería IDC S.A: 36 millones de dólares.
En noviembre de 2014 el tribunal arbitral resolvió que Venezuela debía indemnizar al consorcio suizo chileno Flughafen Zurich AG / Ingeniería IDC con 36 millones de dólares por el finiquito de la concesión para operar el puerto internacional de Margarita. Venezuela solicitó este mes la nulidad del laudo y alarga un litigio que se inició en agosto de 2010.
Owens Illinois: 455 millones de dólares.
El proceso ante el Ciadi comenzó en 2011 y este mes se conoció que el tribunal arbitral impone a Venezuela pagar una compensación de 455 millones de dólares por la expropiación que ordenó Chávez en 2010 de la fábrica de envases de vidrio que la compañía estadounidense tenía en el país. La Procuraduría General de la República manifestó en un comunicado que el laudo es «impugnable» y que iban a solicitar su «nulidad ante el mismo Ciadi».
TideWater: 46 millones de dólares.
El 13 de marzo de este año el tribunal arbitral indicó que Venezuela debe cancelar 46 millones de dólares. El ministerio de Petróleo y Minería celebró que luego de más de cuatro años de disputa, “el tribunal rechazó la compensación exorbitante demandada por Tidewater y determinó que la compensación justa por los activos nacionalizados es de 46 millones de dólares”. Sin embargo, precisó que “ahora la República procederá a estudiar el laudo para verificar los cálculos del tribunal”. Tidewater poseía activos en el Lago de Maracaibo asociados a la actividad petrolera.
