Durante enero del 2024, el Estado venezolano vulneró derechos humanos como la salud, la libertad sindical, propició la persecución de dirigentes políticos, continuó el cierre de emisoras, violó la Constitución al mantener la política de congelamiento del salario mínimo y ejecutó inhabilitaciones con irregularidades en el proceso
@Andrea_GP21
El primer mes del año 2024 comenzó con distintas vulneraciones a los derechos humanos de los venezolanos y terminó de igual forma. El salario mínimo sigue siendo el derecho más vulnerado. Trabajadores y pensionados siguen sin recibir un aumento salarial. Desde marzo de 2022 no se ajusta el salario mínimo (que se mantiene en 130 bolívares) y el gobierno de Nicolás Maduro optó, desde el 2023, por sopesar la falta de ajustes a través del Bono de Guerra Económica.
El pasado 15 de enero, el gobernante Nicolás Maduro ajustó el “ingreso mínimo mensual” (no del salario base) de los trabajadores venezolanos. La medida significó el aumento del Bono de Guerra Económica a 60 dólares mensuales. Mientras que el bono de alimentación se mantiene igual en 40 dólares que, según dijo, están indexados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
La vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que los trabajadores que perciben el Bono de Guerra Económica bono tendrán un salario integral indexado de 100 dólares. Esta bonificación la perciben completa únicamente los trabajadores de la administración pública. Los jubilados de la empresa pública recibirán 70 dólares del total y los pensionados, apenas USD 25. Rodríguez no menciona que los bonos no tienen incidencia sobre prestaciones sociales, utilidades, cálculo del bono vacacional ni otros beneficios amparados en la Ley del Trabajo.
La falta de un ajuste en el salario mínimo viola el segundo parágrafo del artículo 91 de la Constitución, el cual señala: “El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.
Pasaporte sigue siendo impagable para muchos
El petro, la criptomoneda creada por el chavismo, cesó sus operaciones el pasado 15 de enero de 2024. Con la eliminación del petro, se modificaron los costos de servicios gubernamentales que estaban indexados al valor de esta criptomoneda.
El primero de estos pagos que cambiaron fue el costo del pasaporte. Antes de la eliminación del petro, el pasaporte para adultos con vigencia de 10 años tenía un costo de 3,6 petros. Ahora, según el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Remigio Ceballos, el costo del mismo será de 200 dólares calculados a la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).
Aunque esta nueva cifra representa una rebaja de 16 dólares en comparación con el último referente en petros, lo cierto es que no todos los venezolanos pueden costearlo. O al menos no con un solo salario.
Según los datos que recoge el OVF, mientras en el sector público el salario mínimo promedio más bonificaciones en 2023 se situaron en aproximadamente USD 40 mensuales, en el sector privado alcanzó a USD 202 por mes. Esto evidencia cómo para los trabajadores del sector público pagar por un pasaporte representaría una inversión de cinco meses de salario, mientras que los del sector privado deberían utilizar todo su salario de un mes para pagar por el documento.
Desatención crónica en el J.M. de los Ríos
Durante los primeros quince días del 2024, tres niños fallecieron en el Hospital J. M. de los Ríos en Caracas, a la espera de un trasplante de riñón que nunca llegó, según denunció la organización no gubernamental Prepara Familia.
Mediante una publicación hecha en X (antes Twitter), la organización extendió sus condolencias a las familias de los niños fallecidos: Sebastián Dávila de 9 años, Adrián Rodríguez también de 9 años y Scarlet González de 14.
En estos primeros dias del mes de enero de 2024 perdimos a Scarlet, Sebastián y Adrián del servicio de nefrología del Hospital J.M de los Ríos, desde todo el equipo de Prepara Familia expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. pic.twitter.com/9FrnCB7Ce3
— Prepara Familia (@preparafamilia) January 15, 2024
El programa de trasplantes en Venezuela está paralizado desde el año 2017. En mayo del 2023, defensores de los derechos humanos reiteraron la exigencia de varios años al Estado venezolano de que invierta en políticas públicas para la reactivación de este programa, pero eso no ha ocurrido.
Para la ONG Provea, esta situación “se enmarca en un contexto más amplio de crisis en el sistema de salud venezolano, especialmente en lo que respecta al trasplante de órganos y las consecuencias de la Emergencia Humanitaria Compleja que sacude al país”.
La ONG Codevida señaló que, de acuerdo a los estándares internacionales, el Estado venezolano está en la obligación de adoptar las medidas para proporcionar tratamiento médico de alta calidad, así como asegurar condiciones de salubridad y seguridad en el área de Nefrología.
Criminalización de la actividad sindical sigue
Durante el mes de diciembre del 2023, el gobierno de Nicolás Maduro excarceló a seis sindicalistas que fueron detenidos en el año 2022, también fueron excarcelados otros presos políticos. Al menos 13 familias pudieron reencontrarse con sus parientes luego de estar tras las rejas. Sin embargo, llegado enero de 2024, la administración chavista atentó nuevamente contra la actividad sindical.
La asociación civil Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre denunció que durante el procedimiento también agredieron físicamente a mujeres docentes.
Tarek William Saab, fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, anunció en sus redes sociales que Venegas sería procesado por «estar involucrado en actividades contra la paz de la República». Asimismo, informa que Venegas, supuestamente, formaba parte de un grupo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas.
MINISTERIO PÚBLICO
COMUNICADOEl Ministerio Público @MinpublicoVEN informa a la opinión pública que con motivo de la más reciente #conspiración #develada contra el pueblo venezolano, ha sido #detenido para ser procesado ante las instancias competentes Víctor Venegas.… pic.twitter.com/guOXOiKPFk
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) January 17, 2024
La libertad sindical es un derecho humano que tienen los trabajadores para asociarse y constituir asociaciones con el objeto de defender sus intereses comunes, de acuerdo con el artículo 95 de la Constitución, el cual establece: “Los trabajadores y las trabajadoras, sin distinción alguna y sin necesidad de autorización previa, tienen derecho a constituir libremente las organizaciones sindicales que estimen convenientes para la mejor defensa de sus derechos e intereses, así como a afiliarse o no a ellas, de conformidad con la ley…”.
Persecución focalizada en el entorno de María Corina Machado
Luis Camacaro, Juan Freites y Guillermo López, jefes regionales de campaña de María Corina Machado, fueron detenidos en la penúltima semana de enero. Tarek William Saab vinculó a los aprehendidos, miembros del partido político Vente Venezuela, con la operación “Brazalete Blanco”, la cual supuestamente tenía el objetivo de atentar contra la vida de Freddy Bernal, gobernador de Táchira; y la de Nicolás Maduro.
“Dichos sujetos se encuentran vinculados a la presente trama terrorista, ya que servirían como apoyo logístico para el grupo terrorista armado que se desplazaría del estado Táchira a la ciudad de Caracas, liderados por el terrorista Anyelo Heredia”, dijo Saab el pasado 26 de enero en una transmisión televisada.
Camacaro era el jefe de campaña de Machado en el estado Yaracuy, Freites en La Guaira y Guillermo López era responsable del comando en Trujillo.
Tanto Camacaro como Freites, según denuncias de Vente Venezuela, fueron presentados ante un tribunal sin permitir la “presencia de sus abogados privados” ni el “contacto con sus familiares”.
#URGENTE Denunciamos que nuestros jefes de campaña en Yaracuy y Vargas, Luis Camacaro y Juan Freites, fueron presentados la tarde de este 25 de enero en el Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas sin la presencia de abogados privados y sin permitir ningún tipo de… pic.twitter.com/dk9v5QZ9lk
— Vente Venezuela (@VenteVenezuela) January 26, 2024
Inhabilitaciones a la carta
El pasado 26 de enero, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anunció ocho sentencias sobre las sanciones que la Contraloría General de la República (CGR) impuso contra dirigentes políticos de oposición y de otras tendencias políticas.
En algunas de las decisiones, la Sala habilitó temporalmente a los candidatos a ejercer sus derechos políticos, mientras decide la demanda principal, como es el caso de Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Daniel Ceballos y Rosa Brandonisio de Scarano.
Sin embargo, otras solicitudes no tuvieron una respuesta positiva, justamente las que más esperaba el país. La Sala aseguró que María Corina Machado, quien fue electa con amplia mayoría como candidata presidencial de la oposición en la primaria del 22 de octubre del 2023, estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años.
“Esta práctica impide conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan”, explicó la organización en una nota de prensa.
La ONG explicó que esta situación suele ocurrir en casos de relevancia política o de gran interés general. Un ejemplo emblemático es el texto de la sentencia de la Sala Electoral que suspendió provisionalmente las primarias de octubre del año pasado -la misma que presidía la recién designada como presidenta del TSJ- que aún no se conoce en su totalidad. En ese sentido, todavía no se sabe por qué se suspendieron y tampoco el alcance íntegro de la decisión tomada, a pesar de ser este un asunto de máximo interés para todo el país.
Además de Machado, la Sala ratificó la inhabilitación política durante 15 años de Henrique Capriles Radonski, exgobernador de Miranda.
Los micrófonos de la radio se siguen apagando
El pasado 10 de enero, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) de Caracas denunció el cese de operaciones de las emisoras Órbita 99.7 FM, de Guanare, y Galáctica 100.7 FM, de Biscucuy, ambas ubicadas en el estado Portuguesa.
De acuerdo con la institución gremial, la clausura de las estaciones de radio ocurrieron por «órdenes de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), (porque) no fueron renovadas las concesiones».
Fueron exhortados a apagar los transmisores porque sus concesiones no habían sido renovadas.
La instrucción fue recibida este miércoles y se establecía que era de inmediato cumplimiento— SNTP (@sntpvenezuela) January 11, 2024
Por su parte, luego de dos años de operaciones en su sede en la avenida Bolívar de Valera (Trujillo), el 27 de enero del 2024 la emisora radial Palpitar Trujillano se vio obligada a entregar sus espacios, luego de enfrentar presiones y amenazas por su labor periodística.
Mediante un comunicado, la estación señaló: “Lastimosamente nos toca informar que las amenazas que pesan sobre Palpitar Trujillano han hecho que tengamos que desalojar nuestros espacios físicos ubicados en el Edición Lares Alizo (Avenida Bolívar de Valera con calle 14), un lugar que en dos años se había posicionado como un sitio de encuentro, cultura, conocimiento y Periodismo de calidad”,
#DenunciaEP | El medio digital Palpitar Trujillano anunció, este sábado #27ene, que tuvieron que desalojar su sede tras las amenazas que ha recibido por parte del gobierno regional durante los tres últimos meses. pic.twitter.com/T4xe65L4Qk
— Espacio Público (@espaciopublico) January 28, 2024
