Leopoldo Martínez Nucete, autor en Runrun

Leopoldo Martínez Nucete

Los exitosos cien primeros días de Biden son una muestra de lo que viene

@lecumberry

Cuando Joe Biden asumió como presidente, Estados Unidos estaba empantanado en un estado de desorden y crispación, con su liderazgo mundial cuestionado. La caótica respuesta de la administración anterior a la pandemia de COVID-19 había expuesto una vulnerabilidad inédita para la reputación planetaria de eficiencia que tradicionalmente ha  caracterizado al sistema de gobierno de los Estados Unidos. La insurrección postelectoral del 6 de enero, promovida por el expresidente Trump y sus acólitos de extrema derecha, conmocionó a los líderes del mundo, mientras hacía salivar a tiranos, dictadores y toda esa dirigencia hostil a los valores de la democracia, el Estado de derecho y la justicia, que Estados Unidos siempre ha encarnado y defendido.

Estados Unidos “está de vuelta”

Transcurridos cien días del descrito pandemónium, la administración Biden-Harris ha devuelto a Estados Unidos a su posición medular en el liderazgo planetario, al demostrar la combinación eficiente y deslumbrante de liderazgo compasivo, voluntad política, apego a la ciencia, activos de atención médica y logística para convocar la campaña de vacunación más impresionante que el mundo haya visto en respuesta al coronavirus.

Consciente de que la pandemia, además de sus implicaciones económicas sin precedentes, desnudó las desigualdades, el presidente Biden enfiló su mayoría política en el Congreso para aprobar el Plan de Rescate de América, que ha proporcionado 1,9 billones de dólares en ayuda económica a desempleados, familias de clase trabajadora y pequeñas empresas, así como medidas de estímulo económico diseñadas de manera concienzuda para garantizar una rápida recuperación de la economía de EE. UU. Logro que en estos cien días se hizo palmario al restaurarse 1,3 millones de puestos de trabajo (de un conjunto aun mayor que debe ser rescatado), y al posicionarse para un crecimiento económico anualizado proyectado sin precedentes, del 6,4 % del PIB, el mayor incremento de la actividad económica en décadas. Amigos de todo el mundo han expresado, de muy diversas maneras lo que es un hecho ya visible para el planeta: “Estados Unidos, definitivamente, ha vuelto”.

Dos planes de futuro

El presidente Biden habló esta semana, en sesión conjunta del Congreso, para exponer, más allá de las conquistas de los cien días inaugurales, su audaz visión y agenda para el futuro inmediato. En su discurso -que las encuestas de CBS situaron en un rango de aprobación del 80 % de los espectadores-, Joe Biden, quien estaba en su zona, y quizá en uno de sus mejores desempeños de oratoria en años, propuso la más transformadora y trascendente agenda socioeconómica que los Estados Unidos de América han perseguido desde Franklin Delano Roosevelt.

El presidente dio prioridad a dos leyes integrales: el America Jobs Plan, una inversión en infraestructura dura y blanda (o social) de 2,3 billones de dólares para los próximos ocho años, que rehabilitará y actualizará carreteras, puentes, aeropuertos y puertos, así como ferrocarriles. El ambicioso plan de infraestructura eliminará las tuberías de plomo en todas las comunidades de Estados Unidos para llevar agua limpia a la totalidad de hogares y escuelas, mejorará la red eléctrica y construirá estaciones de carga de vehículos eléctricos en toda la geografía del país, con objeto de posicionar a los EE. UU. en la economía verde y de corregir las consecuencias negativas del cambio climático.

Mucho más allá de la infraestructura tradicional, la administración Biden-Harris busca expandir el acceso a Internet de banda ancha a todos los rincones del país, mejorar el sistema de salud y garantizar la atención a las personas mayores y otras poblaciones vulnerables, lo que se conoce como “infraestructura blanda o social».

La otra pieza de legislación promovida por el presidente es el Plan para las Familias Estadounidenses, que supone 1.8 billones de inversiones a largo plazo para, entre otras cosas esenciales, expandir la educación universal, incluida la educación preescolar gratuita, y dos años de educación superior gratuita en colegios universitarios comunitarios.

Economía “desde abajo hacia arriba”

El jefe del Estado dejó claro que su proyecto es fiscalmente sostenible. De hecho, lo es. En respuesta adelantada a los conservadores que muy probablemente denunciarán una “agenda socialista” (a lo que es un plan profundamente popular y enfocado en las prioridades de la gente), así como a quienes hablan de deuda y déficit, Biden estableció que «la economía de goteo hacia abajo nunca ha funcionado» y que es hora de hacer crecer nuestra economía «desde abajo hacia arriba y desde el medio hacia afuera». Los billones de dólares necesarios para estos planes plurianuales provendrán de la introducción de la equidad en nuestro sistema fiscal. Quienes trabajamos conectados con las complejidades de los impuestos y las finanzas públicas, así como magnates con comprensión de la realidad social,  entre quienes se cuenta al icónico Warren Buffet, sabemos que este llamado a la justicia tributaria es necesario y factible.

Lo primero que debe resaltarse del plan fiscal es que ninguna persona con menos de 400.000 dólares anuales de ingresos verá subir sus impuestos. Entre las varias lagunas que se deben corregir en nuestro sistema de impuestos corporativos, como lo propone el presidente Biden, se destacan tres reformas:

1. Revertir los injustificables recortes de impuestos de Donald Trump a las grandes corporaciones más ricas y personas con mayor fortuna e ingresos al nivel que teníamos antes, sin que antes tuviesen esos niveles de imposición un impacto negativo en el crecimiento económico y las inversiones privadas. Por otro lado, la justicia fiscal se devolverá a la ley cambiando la forma en que se gravan actualmente las ganancias de capital. Las ganancias de capital en los mercados de valores han sido gravadas a la mitad del impuesto nominal aplicable a la renta ordinaria que, además de la erosión de los ingresos fiscales, crea un sistema en el que se privilegia la especulación en los mercados de Wall Street sobre las nuevas inversiones, la expansión operativa y las ganancias producto del esfuerzo e innovación de empresas o particulares. De hecho, muchos inversores hoy en día tienen todos los incentivos para extraer excedentes de los ingresos comerciales o industriales ordinarios y mudarse al mundo de las bolsas de valores, en lugar de invertir o reinvertir en sus empresas o nuevas empresas, con la consecuente creación de más empleo y oportunidades.

2. La otra reforma de equidad fiscal propuesta por el presidente es la de cambiar las disposiciones del código que crean la base impositiva aplicable a las transferencias intergeneracionales, a través de fondos fiduciarios utilizados por los estadounidenses más ricos. Lo que sucede es que la riqueza representada en acciones u otros activos se pasa de una generación a la otra, y en cada momento de la transferencia de propiedad, los beneficiarios obtienen el beneficio de valorar sus acciones y activos al valor de mercado vigente (definida como “base imponible aumentada”), en lugar del costo realmente pagado por el inversor original (conocido como “base imponible transferida”). Si se venden las acciones o activos, la ganancia es mínima (además de gravarse con tipos reducidos preferenciales); o con una planificación sofisticada, los beneficiarios pueden monetizar las ganancias no realizadas a través de préstamos de largo plazo que serán pagados con los ingresos por dividendos (también gravados con tasas reducidas), lográndose así una transmisión masiva de riqueza masiva durante varias generaciones, con implicaciones fiscales mínimas.

3. Finalmente, algunos conservadores aducirán que un aumento en los impuestos (que en realidad se trata de revertir los arbitrarios recortes de Trump) podría poner a Estados Unidos en desventaja frente otros países que tienen una carga tributaria nominal más baja. Olvidan, quienes argumenten esto, que en algunos de esos países también existe el Impuesto al Valor Agregado, además del Impuesto sobre Sociedades. Pero lo más importante es que, al observar la carga fiscal, el analista debe sumergirse en la tasa impositiva efectiva y no en la nominal que pagan los diferentes sectores de la economía.

Las investigaciones no partidistas muestran que las tasas impositivas efectivas, que pagan las grandes corporaciones en todos los sectores, así como las personas más ricas de Estados Unidos, están en promedio por debajo del 10 % (y en algunos casos tan bajas como 5 % o menos), lo que convierte a Estados Unidos en el país desarrollado con la carga fiscal más baja del mundo para aquellos con mayor capacidad contributiva.

Por lo tanto, hay un espacio significativo para una equidad fiscal que financie unas inversiones públicas que crearán riqueza con equidad para todos los estadounidenses.

Estimaciones sólidas indican que las transformadoras inversiones en un plazo de ocho años, propuestas por el presidente Biden, pueden financiarse con su reforma tributaria y, además, estas inversiones fomentarán un mayor crecimiento económico, ampliarán la base impositiva y empoderarán a la clase media y las pequeñas empresas; y, sin duda, pondrán a los Estados Unidos a la vanguardia de la innovación en la economía de transición hacia la energía limpia.

Como inmigrante proveniente de América Latina, donde la desigualdad y las inequidades en la economía han promovido un populismo destructivo o regímenes socialistas, me resulta evidente que el mejor camino es abrazar una visión como la presentada por el presidente Biden, cuya gran consecuencia será el fortalecimiento de democracia.

No de menor relevancia será otra repercusión prevista, cual es la de que la ciudadanía trabajadora y de clase media refuerce su confianza en la promesa de movilidad ascendente postulada por el capitalismo y la economía de mercado. De lo que se trata es de que el sistema brinde los mecanismos de recompensa de la iniciativa individual y del trabajo duro, no solo de la riqueza.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Finalmente: ¡TPS para los venezolanos!

@lecumberry

Ha sido una semana llena de logros significativos para la administración Biden-Harris, que se está enfocando exitosamente en los esfuerzos para controlar la pandemia, corrigiendo sus consecuencias socioeconómicas con la promulgación de la ley de alivio financiero frente a la covid-19, por un monto de $1,9 trillones. Durante la misma, el gobierno de Biden decretó otra decisión de especial relevancia para la comunidad venezolana-estadounidense, celebrada por las comunidades latinas en general: la designación del Estatus de Protección Migratoria Temporal (TPS) para Venezuela.

Durante varios años dediqué gran parte de mi energía para abogar por la causa de proteger a los refugiados venezolanos bajo la consigna #TPSParaLosVenezolanos.

La situación de Venezuela ha involucionado desde lo que comenzó como un gobierno que, aunque electo, se transformó en neoautoritario, con una retórica populista maligna, bajo el liderazgo de Hugo Chávez; hasta el actual deterioro significativo de las condiciones de vida de los venezolanos, quienes luchan contra y resisten el régimen dictatorial de su sucesor, Nicolás Maduro; cuyo gobierno incurre en graves violaciones de los derechos humanos para reprimir la disidencia, dilapidó la riqueza petrolera de la nación, y destruyó la que alguna vez fue una de las democracias y economías más prometedoras de América Latina.

El último informe de la prestigiosa alta comisionada para los Derechos Humanos ante las Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, es una clara evidencia de la magnitud de la represión del régimen venezolano y de su carácter opresivo en medio de una profunda crisis humanitaria.

Las condiciones del país, bien documentadas en el decreto de designación del TPS promulgado por el Secretario de Seguridad Nacional de la administración Biden-Harris, Alejandro Mayorkas, en consulta con el Departamento de Estado, confirman que los venezolanos están huyendo de un régimen que no solo practica la represión política, sino que también ha establecido el reinado de miedo y terror (la alta comisionada de la ONU Bachelet denunció—como lo hicimos hace unos años en IQLatino—las horribles prácticas, incluidas las ejecuciones extrajudiciales por parte de grupos paramilitares afiliados al régimen).

Más allá de esta situación política, el colapso económico e institucional en Venezuela ha impactado negativa y severamente la seguridad alimentaria y la salud. La magnitud del éxodo de venezolanos cuenta con más de 5 millones de refugiados, que cruzan las fronteras con Colombia o Brasil, y de allí a otros países vecinos de Sudamérica. Además, miles que pudieron, invirtieron sus limitados recursos para llegar a Europa (mayoritariamente hasta España), con 320.000 refugiados desembarcando a lo largo de los años en los Estados Unidos.

Mi activismo por el TPS para Venezuela comenzó en 2016, en las primeras etapas de la evolución de la crisis humanitaria del país dado el franco deterioro de las condiciones políticas.

En 2017, los legisladores Debbie Wasserman-Shultz (D-FL) y Carlos Curbelo (R-FL) iniciaron un esfuerzo bipartidista, con la simpatía de los senadores Bob Menendez (D-NJ) y Marco Rubio (R-FL). Sin embargo, con la elección de Donald Trump en noviembre de 2016, los acontecimientos tomaron rápidamente un giro diferente, mientras que el deterioro de las condiciones en Venezuela se aceleró.

La administración Trump desarrolló gradualmente una retórica de confrontación que parecía priorizar la crisis de Venezuela, pero se centró en la narrativa de la «presión extrema» y el «cambio de régimen,» que incluía la implementación de medidas, con apoyo bipartidista, y adoptadas por primera vez bajo la presidencia de Barack Obama bajo la ley Menéndez-Rubio para la protección de los derechos humanos y la sociedad en Venezuela; todo lo cual finalmente evolucionó hasta la codificación contenida hoy día por la ley VERDAD.

Las medidas bipartidistas incluyeron sanciones contra los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, el no reconocimiento de su presidencia tras el fraude electoral de 2018, y el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, incluyendo el congelamiento y protección de importantes activos del Estado venezolano en Estados Unidos como CITGO.

Si bien algunas de estas medidas y herramientas bipartidistas de política exterior eran potencialmente apropiadas o necesarias, las estrategias, el despliegue y la implementación por parte de la administración Trump se intensificaron de manera caótica y unilateral (particularmente perdieron eficacia por la poca coordinación con nuestros aliados en Europa). Trump y su equipo tenían, en realidad, un solo objetivo: hacer de Venezuela una extensión política del problema de Cuba en el sureste de Florida, para así aprovechar, con fines electorales, el trauma vivido por ambas comunidades.

En tal contexto, el TPS se convirtió en algo marginado por Trump y su Casa Blanca, quienes afirmaban que, en cambio, lograrían un cambio de régimen en Venezuela; incluyendo el engañoso discurso del uso de la fuerza militar, lo cual debilitó aun más la coalición multilateral para intentar y presionar por cambios democráticos en Venezuela.

El mismo día de la designación de TPS, Elliott Abrams, el exenviado especial de Trump para Venezuela e Irán, escribió que la razón por la cual Trump nunca consideró otorgar TPS a los venezolanos fue la prédica antiinmigrantes (xenófoba, debo decir) que prevalecía en los ideólogos de la Casa Blanca.

En tal contexto, TPS Venezuela se convirtió en una causa legislativa acogida sin miedo por el senador Bob Menéndez y miembros de la delegación demócrata de Florida, encabezada en este tema por el representante Darren Soto.

Sus proyectos de ley nunca se aprobaron a pesar del copatrocinio de republicanos de Florida como el senador Marco Rubio o el congresista Mario Díaz-Balart (cuyos esfuerzos solo pudieron persuadir a Trump de, literalmente en una decisión de último minuto, otorgar el diferimiento de las deportaciones (DED), durante 18 meses, a inmigrantes indocumentados venezolanos.

El DED, por supuesto, no proporciona un estatus migratorio determinado, y fue corto y tardío ante las crecientes necesidades de los refugiados venezolanos. En ese momento, 96.000 venezolanos tenían solicitudes de asilo pendientes, y miles eran vulnerables a convertirse en indocumentados (o ya estaban indocumentados), y más de 3.000 venezolanos seguían enfrentando trámites de deportación, mientras que cientos seguían detenidos en centros de ICE, sin la debida atención médica durante el coronavirus, entre otras humillantes condiciones.

En 2019, a medida que la situación se agravaba, trabajé, con el apoyo del presidente del Partido Demócrata Tom Pérez, y junto a la dirección de la Conferencia Hispana, así como el liderazgo de Latino Victory Project, para aprobar una resolución del DNC que declaraba el TPS Venezuela como una prioridad para el Partido Demócrata; cosa que luego se incluyó en nuestra plataforma electoral. Durante la Convención Demócrata del 2020 hablé sobre el tema. Fue reconfortante cuando el presidente Joe Biden hizo una promesa de campaña que ya cumplió, la de otorgar el TPS para los venezolanos, dentro de los primeros 100 días de su administración.

La comunidad venezolana en los Estados Unidos está creciendo y es vibrante. Emprendedora, honesta y trabajadora, comprometida con los valores estadounidenses. Hay más de 500.000 venezolanos en Estados Unidos de los cuales cerca de 150.000 son ciudadanos, como mi familia y yo.

La administración de Biden ha anunciado que continuará con los esfuerzos para restaurar la democracia y hacer cumplir las protecciones de los derechos humanos en Venezuela, así como abordar la crisis humanitaria; pero esta vez con una estrategia multilateral renovada y enfocada en dirigir toda la presión para crear vías diplomáticas para un solución negociada y pacífica al estancamiento político de Venezuela. Esta incluye la posibilidad de ayuda humanitaria multilateral, siempre que todo sea concurrente con una ruta clara y creíble para celebrar elecciones libres y justas. Este es, sin duda, el enfoque correcto, pero tomará tiempo.

La crisis humanitaria que ha obligado la migración venezolana hasta los EE. UU. requiere no menos que un TPS. Dada la complejidad de la crisis en Venezuela, y en hecho que las las familias refugiadas ahora bajo la protección del TPS irán adquiriendo mayor arraigo en este país, nos mantendremos vigilantes para asegurar y defender que los refugiados, hoy beneficiarios del TPS, sean elegibles para la residencia permanente en caso de prolongarse el tiempo bajo este estatus (y eventualmente abrirles un camino hacia la ciudadanía), todo bajo la reforma migratoria que ahora está pendiente en el Congreso.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La democracia se impondrá y los latinos fueron clave para elegir a Biden

@lecumberry

Es un hecho: una coalición, muy diversa, de cerca de 74 millones de estadounidenses (cifra que crece por minutos), ha expresado una clara mayoría en el voto popular para elegir a Joe Biden presidente de los Estados Unidos. Son, por cierto, más votos de los que cualquier otro aspirante al cargo más alto de la nación haya recibido en nuestra historia. En todas las democracias del mundo, este hecho, de suyo contundente, bastaría para poner en marcha una transferencia de poder, constitucional y pacífica. Pero en Estados Unidos tenemos una regla constitucional diferente, el sistema de colegios electorales exige que se establezca al ganador en cada estado para que este adjudique sus votos electorales a través de un Colegio Electoral; y la victoria en las elecciones será para quien alcance, al menos, el número mágico de 270 (de 538) votos electorales.

En este momento está concluyendo el conteo de la totalidad de los votos emitidos por los estadounidenses en un puñado de estados, donde los resultados se decidirán por estrechos márgenes, para completar el proceso. Sin embargo, todas las tendencias indican que Joe Biden se impuso en el número de estados necesarios para sumar los 270 (o más) votos del colegio electoral y ser proclamado presidente electo.

El proceso ha sido lento pero preciso; ajustado a reglas muy específicas en cada condado de cada estado de la nación. Los retrasos, y el cambio brusco en el panorama de los resultados iniciales, divulgados tras el cierre de la jornada electoral, es atribuible a dos causas:

1) una suma sin precedentes, de cerca de 65 millones de votantes (estimulada, probablemente, por la pandemia de COVID-19), optó por emitir su voto por correo, de conformidad con las leyes de sus respectivos estados; y

2) los estados críticos, en disputa, Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada, tienen reglas que exigen que los votos por correo sean contados, tabulados y agregados solo después del escrutinio de los emitidos el día de las elecciones; así como los expresados por votación anticipada en persona.

El presidente Trump ha tenido su momento menos presidencial, por decirlo de alguna manera, la noche del jueves, tras el día de las elecciones, cuando en un discurso infundado e imprudente, desde la Casa Blanca, afirmó que toda la elección había sido un fraude, descalificando la institución del voto por correo. Una declaración de entrada rechazada por varios destacados líderes republicanos. Cabe señalar que las investigaciones bipartidistas a lo largo de los años han demostrado que el margen de fraude o error en la votación por correo es inferior al 0,00025 %. Por tanto, cualquier ataque a la integridad del proceso es absolutamente irresponsable.

La coalición electoral de Biden luce, pues, victoriosa; y en ella el voto latino ha sido parte esencial. De hecho, el pronunciamiento hispano en las urnas definió el resultado de esta elección, junto con los votantes afroamericanos.

Aunque la participación de los latinos sigue siendo baja con relación al conjunto de hispanos con derecho al voto, en estos comicios alcanzó un hito histórico, con más de 9 millones de latinos votando.

Aun admitiendo que los latinos no son un monolito, una cosa está clara: con la excepción de los estadounidenses cubanos y venezolanos en Miami-Dade (que representan apenas el 3.5 % de los hispanos en los Estados Unidos), Joe Biden está ganando el voto latino a nivel nacional, con cerca del 70 % de este segmento demográfico. Los latinos de Colorado y Nuevo México, dos estados que ellos ayudaron a convertir en baluartes demócratas, con lo que contribuyeron a asegurar dos nuevos senadores de esa tolda en ambos estados, incluyendo a Ben Ray Lujan de Nuevo México, el tercer senador demócrata hispano que alcanza un escaño en la Cámara Alta.

Ahora echemos un vistazo al conjunto de estados llamados “campos de batalla”, en todos los cuales Joe Biden ganó para allanar su camino a convertirse en el presidente electo. Como sabemos, los márgenes fueron estrechos en estos estados (por lo que el voto latino por Joe Biden fue clave, según sondeo a boca de urna realizado por la prestigiosa encuestadora Latino Decisions): Nevada, 159.800; Arizona, 438.000; Wisconsin, 77.400; Michigan, 120.100; Pensilvania, 200.100. En todos estos estados, el voto latino por Joe Biden representó más del 70 % del electorado de ese origen étnico y cultural.

En conclusión, queda mucho trabajo por delante para seguir organizando y empoderando a la comunidad latina en los Estados Unidos. Pero el camino ha quedado abierto. El voto latino ha sido fundamental para el nuevo paisaje electoral de los Estados Unidos.

La influencia hispana se hizo sentir en el marco de las instituciones y en su voluntad de cambio. Ahora toca construir un gobierno incluyente, donde el talento latino tenga representación. Al hacer sentir su voz de manera inequívoca en apoyo a Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, los hispanos, muchos de los cuales venimos huyendo del autoritarismo y la falta de libertades en nuestros países de origen, damos un paso al frente en apoyo a la democracia del gran país que nos ha acogido y al que queremos ver ejerciendo el rol de liderazgo que los tiempos le demandan. Por eso, entre muchas otras cosas, lo elegimos.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¡Vota!, podría ser la elección más importante en la historia de los EE. UU.
«Esta es», se ha repetido desde el comienzo de la campaña e incluso antes, «la elección presidencial más trascendente de nuestro tiempo… tal vez de nuestra historia». Y no es hipérbole.

 

@lecumberry

Trump no es un presidente de, y para, todos los estadounidenses. Nunca ha intentado serlo. Su ejercicio se ha caracterizado por su efecto divisivo de Estados Unidos, traficando con una retórica y una conducta política divorciados del discurso civil y democrático. Ha intentado normalizar la mentira y atentado contra el consenso de la ciencia con procedimientos que socavan los resultados de las políticas públicas y las instituciones; y esto lo ha hecho en asuntos tan delicados como el manejo de la pandemia o la urgencia que impone el cambio climático.

Hace poco dijo que la razón por la que no se pone de acuerdo con la mayoría demócrata, sobre el segundo paquete de estímulos económicos, es porque no está de acuerdo con inyectar recursos federales a los estados y municipalidades gobernadas por demócratas: quiere discreción absoluta en la direccionalidad de los recursos.

Esto sería suficiente para dejar claro cuán cruciales son estos comicios, de cuyas consecuencias nadie está al margen. Pero hay más. EE. UU tiene ante sí cuatro importantes desafíos.

 Regresar con fuerza del impacto de la COVID-19

Primero, la crisis de salud pública está lejos de terminar, los impactos económicos son significativos y las inequidades sociales que han reflotado constituyen un llamado a la acción.

 Reavivar la democracia y economía de mercado

En segundo lugar, EE. UU. debe lograr que la democracia y la economía de mercado funcionen una vez más, ofreciendo oportunidades para los jóvenes, las clases media y trabajadora. La falta de dinamismo en la movilidad social y el estancamiento económico de las familias estadounidenses son hoy dos cuestiones que exigen atención. Incluso, la escala de remuneraciones en los sectores medios y obreros se mantienen paralizadas, a pesar de incrementos significativos en la productividad, con una concentración de riqueza sin precedentes por el 1% más privilegiado de la sociedad.

 Sustentabilidad mediambiental

En tercer lugar, tenemos que navegar por las necesarias transiciones económicas y energéticas hacia el puerto de la sustentabilidad medioambiental. La ecología como prioridad es asunto existencial, inevitable y exigente, puesto que el cambio climático es una amenaza real para nuestro planeta, residencia de la humanidad.

 Restaurar el liderazgo mundial

Y en cuarto lugar, pero no menos importante, Estados Unidos está llamado a restaurar su liderazgo global y sus alianzas históricas, en consonancia con el nuevo panorama mundial. China está ganando poder e influencia, no solo en las finanzas y el comercio, sino con innovaciones que impactan todos los aspectos de la sociedad. La influencia china es, pues, geopolíticamente muy relevante, de lo que es prueba palmaria su presencia creciente en espacios, como América Latina, donde durante décadas Estados Unidos dio por sentada su influencia.

Construir alianzas y reafirmar el liderazgo estadounidense en el mundo, de forma colaborativa, encontrando fuerza y ​​una agenda común con nuestros aliados, será fundamental en las próximas décadas.

Estos objetivos demandan una sociedad estadounidense compacta, con importantes acuerdos políticos y legislativos bipartidistas de largo plazo. El éxito exige vencer la división interna, para coliderar en el mundo.

Y aquí surge un quinto imperativo: lidiar con Rusia. El objetivo de Putin es socavar la fuerza de Estados Unidos y sus instituciones desde adentro. El líder ruso ha evitado un conflicto convencional (consciente de que en esas arenas lleva las de perder), y ha optado por la estrategia de alimentar los temores, la fractura y la confrontación entre estadounidenses, a través de una sofisticada intervención desde las redes sociales.

Desafortunadamente, estas narrativas son amplificadas por influencers y ciudadanos dominados por miedos y prejuicios; o peor aun, explotadas por dirigentes que han detectado ese tráfico como su único camino hacia el poder. Junto con esta interferencia en nuestro proceso político, Rusia y otros se han erigido en una amenaza de ciberseguridad. Al terrorismo tradicional se han sumado estos nuevos retos de seguridad nacional y global, que debemos enfrentar con aplomo y presteza.

El primer paso, ante este conjunto de desafíos, es votar. Con madurez. Con compromiso.

Debemos cambiar de rumbo en estos tiempos difíciles, para que nuestro gobierno y líderes acaten el mandato de reunificar el país y trabajar con los mejores entre nosotros. No solo la mayoría de los estadounidenses aspira a un cambio. El mundo interpela a los Estados Unidos para que retome la defensa de los valores democráticos, de la libertad y la justicia social.

Digámoslo de una vez, el mundo necesita el liderazgo estadounidense. Es evidente por dondequiera. Por lo tanto, si aún no lo ha hecho: VOTE, no permita que nadie tome tan vital decisión por usted.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

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Detengamos con nuestro voto la perniciosa influencia de Trump

@lecumberry

Como venezolano que vio una democracia socavada por Hugo Chávez, reconozco a un demagogo populista y radical cuando lo tengo delante. Por eso, he dedicado varias entregas en este espacio a expresar mis preocupaciones ante la crisis de nuestra democracia, desde la elección de Donald Trump. 

Siempre me han alarmado las muestras de intolerancia y la división que ha creado en el país; y Trump se encarga de mantener viva mi angustia, y la de muchos, al provocar a grupos violentos y desquiciados a través de sus tuits y declaraciones.

Con su conducta y retórica el presidente Trump convierte este país y, en realidad, al mundo, en un lugar más peligroso.

Como congresista en Venezuela, fui un perseguido político. La represión del régimen, a quienes disentíamos, no era infrecuente y la violencia inspiró (y a menudo, trastornó) a grupos que actuaron inspirados por el fanatismo y los silbidos caninos de Chávez. En aquellos días, fui víctima de asaltos durante mi viaje diario al Capitolio; y peor aun, fui dos veces blanco de ataques fallidos y secuestros por parte de chavistas armados, mientras estaba con mi familia o, incluso, en mi casa. Eran, a no dudarlo, eventos de motivación política, que se mezclaron con el caos de seguridad ciudadana existente y creado por el régimen, dando así cobertura a los grupos que constituían parte de su base política. 

Los hechos violentos en Charlottesville, Pittsburgh, Charleston, El Paso, así como el asesinato más reciente en Kenosha WI, han sido atribuidos por muchos analistas a un estímulo puesto en marcha por la retórica presidencial.

Durante el reciente debate, el presidente Trump en lugar de condenar a los supremacistas blancos, les sugirió que «esperaran». Además, su incapacidad para comprometerse con una transferencia pacífica del poder remitió con nitidez al autoritarismo que padecí en Venezuela.

Esta semana, en el debate presidencial, una vez más expresó conceptos despectivos con respecto a los migrantes latinos, al defender su política de separación de familias que literalmente ha dejado hasta ahora 545 niños detenidos sin que se puedan ubicar sus padres; además de afirmar que no puede permitir que las familias tramiten su asilo en libertad con obligación de comparencia a las autoridades porque, según él (a contravía de los hechos), la mayoría son criminales. ¡Y los que se presentan a sus audiencias son personas de bajo coeficiente intelectual!

Escuchar a Trump referirse una vez más de esta forma a nuestra comunidad latina es simplemente la reiteración de su ataque racista y xenófobo. Que además desconoce el drama humanitario de las familias migrantes y los valores estadounidenses como nación, abierta a los refugiados de tragedias como las que afectan en general a los solicitantes de asilo.

En las últimas semanas, hemos visto también a grupos violentos interferir con las actividades de los partidarios de Biden en caravanas de automóviles en Miami.

Personalmente, hace unos meses viví el acoso y la provocación de los «Trump Proud Boys» en esa ciudad de Florida, mientras estaba en una conferencia de prensa, frente a Liberty Tower, donde me uní a la congresista Donna Shalala y otros defensores de los derechos del migrante que exigen que esta administración suspenda las deportaciones de refugiados cubanos, venezolanos y nicaragüenses.

También fuimos testigos (y víctimas) de campañas deliberadas de desinformación en las redes sociales, a menudo impulsadas por troles y bots atribuibles a actores rusos y extranjeros, al estilo del G2 cubano. No descarto que ello tenga que ver con los temas dirigidos a confundir a la comunidad venezolana en Florida, todas estas diseñadas para acosar a los adversarios de Trump con acusaciones falsas y etiquetas que podrían desencadenar acciones lesivas, además del linchamiento reputacional digital. Estas acciones son parte del esfuerzo deliberado para dividir y polarizar al electorado. Y para obstaculizar la convivencia democrática.

Y como tema de cierre, leímos con inmensa inquietud el informe del FBI que indicia a miembros de un grupo de extrema derecha de conspiración para secuestrar a los gobernadores de Michigan y Virginia. Sin más vueltas, EE. UU. se encamina en la dirección equivocada. No es posible prescindir del hecho de que esos eventos fueron precedidos por una retórica de odio, discursos de intolerancia y tuits belicosos del propio presidente Trump, expresados en el grito: «LIBEREN A MICHIGAN» y «LIBEREN A VIRGINIA.”

Esto es antiestadounidense. Ni más ni menos. Debe detenerse. Como ciudadanos de una democracia ejemplar, bastión de los valores de Occidente, debemos utilizar el poder de nuestro voto para frenarlo.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

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Puerto Rico puede decidir la elección

Banderas de Puerto Rico, los EE. UU. y la Cruz de Borgoña en el histórico Castillo de San Cristóbal. Foto Birga en Pixabay.

@lecumberry

La crisis y el futuro de Puerto Rico son un problema y un desafío que demandan respuestas inaplazables. La administración de Donald Trump ha maltratado a nuestra querida Isla del Encanto, al extremo de relegar a los boricuas a ciudadanos de segunda clase, durante y después de la tragedia de los huracanes Irma y María. E incluso, en los momentos más difíciles del pueblo puertorriqueño, sondeó a su equipo en la Casa Blanca sobre la posibilidad ¡de vender la isla!, en lugar de cumplir con su deber, facilitando los recursos que la emergencia exigía.

En pleno proceso electoral, Trump, llevando al paroxismo la marca populista, anuncia que desembolsará los fondos que ha retenido todos estos años, a los que Puerto Rico tiene derecho. Pero, ¿por qué ahora?, si los reclamos se han acumulado sobre el escritorio de la Sala Oval por tanto tiempo. ¿Será que la oferta tiene un trasfondo de extorsión y el pertinaz verdugo de Puerto Rico pretende ahora cortejar el voto boricua?

No es difícil percibir esta movida con malicia. Los puertorriqueños han cambiado el mapa electoral de los Estados Unidos, principalmente en la Florida, donde se cuentan más de 700.000 electores de ese origen.

Pero no solo allí. También en otros campos de batalla fundamentales, como Pensilvania y Texas, donde se calculan más de 200.000 electores puertorriqueños, respectivamente; o en Georgia, donde se aproximan a los 50.000.

En el pasado, cuando pensábamos en el voto boricua, nos circunscribíamos a Nueva York. Pero, como resultado de la crisis en la isla, la diáspora puertorriqueña creció de forma exponencial en el territorio de los EE. UU., al punto de que, de los casi nueve millones de boricuas, unos seis millones viven en los EE. UU. En Florida se han residenciado en el llamado eje de la autopista I4, que va desde Orlando hasta Tampa.

Al momento en que este inmenso contingente de puertorriqueños se reubicó en territorio continental, activó de manera automática su derecho a votar como ciudadanos americanos. Uno de los absurdos vestigios del sistema neocolonial, que se impone a Puerto Rico, es que, siendo ciudadanos, no pueden elegir al presidente de su país si están residenciados en su tierra natal. Escandalosa cláusula con la que se castiga a un pueblo que no ha escatimado aportes a la cultura de la Unión y, por cierto, tributado su sangre en el ámbito militar estadounidense. Por si fuera poco, la negligencia dispensada en la terrible emergencia de estos años puso de relieve también la inequidad fiscal y política con la que el sistema político-jurídico de EE. UU. gestiona a Puerto Rico, a consecuencia del estatus territorial.

Es cierto que la deuda y la situación fiscal de Puerto Rico exigen un plan de ajustes en el gasto o las políticas de la isla. Pero más allá de la racionalización de su política fiscal, el gobierno federal tiene un rol que jugar en este asunto. Puerto Rico es parte integral y vibrante de la sociedad estadounidense.

Desde la perspectiva económica y financiera, el caso de Puerto Rico, en el contexto del sistema federal americano, es similar al de Grecia en la Unión Europea, con una variante fundamental y es que la fiscalidad y profundidad del mercado de capitales de los Estados Unidos ofrece muchas más posibilidades para tramitarlo con éxito. Es inexplicable que no haya conciencia de ello en los representantes republicanos que integran el liderazgo del Congreso y el Senado. Hasta ahora, ha sido el partido demócrata en el Congreso el que se ha hecho sentir con energía y propuestas concretas para dar a Puerto Rico el trato digno que le corresponde.

Joe Biden ha comprendido esto. Y lo ha asumido como una prioridad en su programa de gobierno. Su plan para Puerto Rico ha sido calificado por todos los líderes de la isla como abarcador, acertado y sintonizado con las prioridades del pueblo boricua. Biden plantea, con detalles programáticos y compromisos financieros:

1) apoyar una recuperación total y la reconstrucción de la infraestructura para cumplir con los estándares modernos;

2) invertir en el futuro de Puerto Rico mediante iniciativas de desarrollo económico y apoyo a las familias;

3) proveer alivio de una deuda insostenible; y

4) ampliar el acceso a la educación y capacitación de la fuerza laboral.

En su discurso en Orlando hace unas semanas, Biden fue más allá. Se empinó por encima de las políticas públicas para hacer un pronunciamiento de magnitud y resonancia política al afirmar que en su presidencia abordará la cuestión del estatus territorial de Puerto Rico: «Mi preferencia personal es que Puerto Rico sea un estado. Corresponde a los puertorriqueños decidirlo soberanamente y nosotros debemos corresponder esa decisión de forma vinculante, a nivel federal».

En términos francos, una administración Biden-Harris estaría comprometida con la ruta a la estadidad de Puerto Rico, si así lo decide el pueblo boricua, que se ha pronunciado con bastante claridad en recientes eventos populares de carácter no vinculante.

La oferta es potente. No es cualquier cosa contar con el inmenso poder e influencia de la Presidencia para tramitar la admisión de un nuevo estado a la Unión Federal, que exige de un acto legislativo del Congreso, según la llamada Cláusula de Admisión del Artículo IV de la Constitución.

Una revisión de las encuestas y su peso relativo en distintos estados clave revela que el voto puertorriqueño puede elegir el próximo presidente de los EE. UU. Así como suena.

Ya sea decidiendo el destino electoral de la Florida, -estado sin el cual Trump no tiene camino a la reelección-, en la reconquista de Pensilvania o en el viraje hazañoso en Texas o Georgia, donde la concentración de puertorriqueños es vital en estos días.

Sin pasiones, sin engañarnos y sin manipular los hechos, no se puede sino concluir que los puertorriqueños tienen dos razones muy potentes para ejercer ese súbito poder. Con su voto por Joe Biden, despedirían a un presidente que los ha discriminado y ha condenado a su isla a sinfín de injustas precariedades. Y, luego, empoderarían una administración comprometida a luchar por la estadidad… si esa es la decisión soberana del pueblo boricua, claro.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Los impuestos de Trump: más que un enigma fiscal, un desafío ético

@lecumberry

El país está perplejo. Nos enteramos de que casi todos pagamos más impuestos que el magnate presidente. Lo hemos sabido por una fuente que merece toda la confianza, The New York Times, cuyos bien fundamentados informes de investigación, basados en las declaraciones de impuestos de Trump por más de una década, demuestran que el multimillonario pagó un total de $ 1.500 (para ser precisos, $ 750 en 2016 y en 2017).

Un hogar de clase media estadounidense promedio (el de enfermeras, maestros, oficiales de policía o trabajadores manuales) tributa no menos de $ 5.000 al año. Casi siete veces más.

La revelación viene acompañada de otro datos inquientes: el jefe del Estado debe a prestamistas privados 420 millones de dólares. ¿Cómo puede un multimillonario, que opera en los mercados inmobiliario y de los casinos en grandes hoteles pagar casi cero impuestos durante una década? La tasa impositiva efectiva promedio en tales sectores, entre las empresas generadoras de dinero, ha sido del 22 %, para los desarrolladores inmobiliarios; y del 17 %, para los hoteles y los juegos, según una investigación de la NYU Stern Business School.

Por lo tanto, o Trump está involucrado en una planificación fiscal evasiva y abusiva ¡contra el país que gobierna!, o sus empresas están perdiendo dinero masivamente… en tiempos de expansión económica, ya que el país está fuera de recesión desde 2009.

Solo dos opciones pueden concluirse, a la luz de las declaraciones de impuestos de Trump: ha violado de la ley o es un terrible hombre de negocios. Pero esto no es lo más alarmante. Finalmente, si Trump ha defraudado al Estado o es un empresario lamentable, estas son cuestiones personales. Graves, que claman al cielo, pero individuales.

Lo verdaderamente desolador aflora cuando se asume que, como Trump y sus defensores aducen, esa suma de $750 al año de tributación está ajustada a la ley.

Si esto es así, estamos ante una aberración, puesto que en ese caso el sistema está trabajando para beneficiar a los más ricos a expensas de la clase media y trabajadora, que paga una tasa impositiva efectiva promedio del 19,7 %, según una investigación y datos de Americans for Tax Fairness (organización no partidista).

Más allá de la arena de los impuestos y la política tributaria, nadie ha aclarado quiénes son los acreedores privados (no bancarios) de los $ 420 millones que adeuda el presidente de los Estados Unidos. Un compromiso que, dada la investidura del deudor, es asunto de la ciudadanía en pleno. Estos dos asuntos deben, sin duda, constar entre las prioridades del debate electoral.

Si no bastara la exigencia ética que debe pesar sobre el gobernante, que se destaque, entonces, la coyuntura actual, en la que el déficit fiscal creció de 2,8 % a 4,8 % del PIB, durante los últimos tres años; después de que Trump y el Partido Republicano redujeran los impuestos a las corporaciones más grandes y opulentas de Estados Unidos.

Y si esto tampoco arrojara una sombra ominosa sobre el presidente candidato a la reelección, que se tome en cuenta el malestar social causado por el hecho de que  la tributación injusta, evaluada en investigaciones del Instituto de Política Económica, es uno de los impulsores de la desigualdad de ingresos en Estados Unidos.

Por donde se le mire, no hay manera de echar un vistazo a las planillas de impuestos de Trump sin sentir que hay algo muy anómalo en el paisaje. Y que si la sociedad le deja pasar esta, se convertirá en cómplice de su propio desmedro. Más que en lo económico, en lo moral.

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El debate evidenció quién tiene talante de jefe de Estado

@lecumberry

En la noche del martes 29, se produjo el primer debate entre el ex vicepresidente Joe Biden y el presidente Trump. De muchos asuntos que podrían analizarse, vamos a espigar tres:

Las encuestas revelan con nitidez un ganador: Joe Biden

Según un sondeo de CNN, seis de cada 10 observadores del debate dieron a Biden como el triunfador; y solo el 28% de los observadores pensaron eso de Trump. No hay duda de que Biden superó a Trump, quien no hizo más que sabotear el evento, sin advertir que, de hecho, se perjudicó a sí mismo y, desde luego, al ejercicio de la democracia.

Más allá de las encuestas

Otras consideraciones En segundo lugar, deben medirse otras consideraciones, más allá de las encuestas de desempeño en el debate. Las tendencias posteriores al encuentro reafirmaron el liderazgo que ya tenía Biden. La encuesta aludida, realizada por SSRS para CNN, revela que el debate no cambió significativamente las preferencias previas del electorado (por Trump o por Biden), ni movió de manera significativa a los votantes indecisos. Sin embargo, los datos muestran una ligera inclinación contra Trump, tras su actitud en el debate; y el dato que resalta en las mediciones es que las personas que creen que Biden ganará las elecciones (independientemente de su preferencia) saltaron del 53 % al 60 %, después de ver el debate.

El carácter de los participantes

Más importante aun, dado que los debates evidencian el carácter de los participantes, este ofreció otra prueba monumental de que Trump no tiene cualidades de estadista y que Biden, en cambio, tiene el talante presidencial. Biden, enfrentando con éxito el sabotaje de Trump, habló directamente a la audiencia en varias ocasiones y mostró su empatía por los estadounidenses, en medio de la crisis que vivimos. Específicamente, describió de forma somera su plan para proteger y expandir la Ley de Cuidados Asequibles (Obamacare); y esbozó su plan para conciliar la recuperación de la economía con la protección de la salud y la vida de las personas frente a la COVID-19.

Trump, por su parte, mostró lo que sus acciones han demostrado: a él no le importa la gente, se trata de él y de imponer su agenda personal (y la de quienes tienen poder económico a su alrededor) a través de su presidencia.

Debe enfatizarse, una y otra vez, que Trump no condenó, en el debate, a los grupos que promueven la supremacía blanca. Más bien, les pidió que “se mantuviera al margen y atentos” (stand-back and stand-by, fueron sus palabras). Una posición contraria a los valores americanos.

Este llamado a los supremacistas blancos para que simplemente «se mantengan en espera» es muy preocupante en sí mismo, pero particularmente peligroso a la luz de las declaraciones de Trump de no comprometerse a reconocer el resultado de las elecciones ni garantizar una transferencia pacífica del poder, como es la tradición estadounidense. El Senado ya había aprobado una resolución unánime, la semana pasada, respondiendo a semejante absurdo. No obstante, insistió en ello durante el debate.

La alarmante afirmación de Trump carece de fundamento. La posibilidad de fraude o error en los votos por correo es de menos del 0,0025 % (prácticamente inexistente) según todos los estudios bipartidistas. El propio director del FBI de la administración Trump ha negado rotunda y categóricamente esa posibilidad hasta la fecha.

El voto postal es una alternativa legítima y legal del votante, esencial en pandemia y, según las encuestas, el método preferido de votación para los electores demócratas y los adultos mayores. Esto abre la posibilidad de que Trump esté incurriendo en otro «silbido canino» a los supremacistas blancos (para que estén listos si él aprieta el gatillo de no seguir el camino institucional), antes de que se obtengan los resultados finales; contando, según la ley, todas las boletas enviadas por correo.

El pueblo estadounidense se merece algo mucho mejor de lo que vimos en el primer debate presidencial. Y no hay duda de que, con base en lo que acaba de ocurrir, corresponde exclusivamente al presidente Trump ponerse a la altura de las normas democráticas.

El mundo también está mirando estos debates y preguntándose si el pueblo estadounidense impulsará cambios a la Casa Blanca, si reclamará el liderazgo moral en los asuntos internacionales, o si la presidencia de Trump es una indicación fatal de un declive en la posición de Estados Unidos frente a los asuntos globales.

Las encuestas recogen las reacciones de los consultados, lo que dicen ante una pregunta, pero no registran las impresiones que han empezado a tomar cuerpo en la sicología colectiva.

El debate del martes no dejó lugar a dudas. El país y el mundo saben quién es quién. Cualquier decisión se tomará sobre la base de unas opciones muy claras.

Al momento de escribir esta nota, se ha confirmado que Trump está contagiado con COVID-19. El diagnóstico proyecta una sombra de incertidumbre sobre muchas cosas, pero, de seguro, sobre los dos futuros debates, dado que el presidente entra en cuarentena y habrá que esperar cómo evoluciona su salud. En cualquier caso, con más debates o sin ellos, esperemos que triunfe la democracia y gane la esperanza frente al oscurantismo encarnado por Trump.

Nos leemos en Twitter por @Lecumberry

* Miembro del Comité Nacional Demócrata (DNC) y presidente del Comité Nacional del Latino Victory Project.

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