Erick S. González

A dos meses del incidente que mantuvo bajo fuego a la Cota 905 y siete parroquias de Caracas por tres días, las secuelas y el impacto que dejaron estos hechos de violencia y la intervención de los cuerpos de seguridad en las comunidades se manifiestan de distintas maneras: Las detenciones arbitrarias de mujeres familiares de algunos delincuentes es una de estas expresiones 

El viernes 9 de julio de 2021, Yaneimy Yenibett Suárez Coronado, de 38 años de edad, fue detenida sin una razón aparente por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, que irrumpieron a las 7:00 pm en su casa, ubicada en la urbanización Gran Colombia, en El Cementerio, al suroeste de Caracas.

Las autoridades informaron que  a Suarez se la llevaron por ser, supuestamente, miembro de la megabanda del “Koki” y portar armas de fuego. A la mujer también se le acusó de transportar municiones que pertenecían a los integrantes de la organización delictiva. De acuerdo con la versión policial, al momento de su detención Suarez se disponía a abastecer a los delincuentes; por lo que fue atrapada en flagrancia. 

Sin embargo, el principal argumento para la detención de Suárez fue que la mujer había sido pareja sentimental de Carlos Luis Revete, alias “Koki”, uno de los líderes de la organización delictiva de la Cota 905. De inmediato las imágenes de su arresto minaron las redes sociales y su nombre fue vinculado al del “Koki”.

Se dijo que Suárez mantenía una relación sentimental con el delincuente que supuestamente es buscado por las autoridades. Sin embargo, sus familiares y allegados desmintieron la información divulgada por la policía y aseguraron que desde hace 15 años ella y Carlos Revete estaban separados. También negaron que perteneciera al grupo criminal liderado por su expareja.

En el contexto de estos enfrentamientos no solo fue detenida Suárez. También fueron encarceladas otras tres mujeres. Una de ellas es Cleinyerlis Damaris Barcelo Calderón, de 22 años de edad, supuesta sobrina de Carlos Calderón, alías “Vampi”, y quien es el líder de la banda de la Cota 905. 

Las otras dos aprehendidas fueron Miller Andreina Ochoa, supuesta pareja de alías “Obrayan”; y una adolescente de 17 años, hija de uno de los cabecillas de la megabanda del “Koki”.

Extraoficialmente, se conoció que el objetivo de estas detenciones era ejercer presión y coaccionar a los integrantes del grupo criminal para que se entregaran a las autoridades. Sin embargo, eso no ocurrió. Todas las mujeres permanecen detenidas y solo la adolescente fue liberada.

La detención de mujeres y adolescentes pertenecientes a la familia del “Koki” y de otros miembros de su banda, es una de las consecuencias de los tiroteos ocurridos en la Cota 905 entre el 8 y 9 de julio en la Cota 905. Se trata de acción arbitraria e ilegal, que viola la Constitución, vulnera y violenta los derechos de estas ciudadanas aprovechándose de su condición de mujeres. Algunas de las detenidas han sido expuestas al escarnio público, maltratadas físicamente y abusadas por los funcionarios de los cuerpos de seguridad. 

Expertos consultados por Monitor de Víctimas explicaron que la responsabilidad penal es individual. Lo que significa que los familiares de presuntos delincuentes no tienen responsabilidad sobre las acciones ilícitas que estos realicen. Los delitos no se heredan a las familias, hijos, parientes cercanos ni a las parejas, según lo establecido en el artículo 44 de la Constitución.

“Las buscan por ser parejas sentimentales de líderes negativos. Ser familiar consanguíneo o afín de una persona buscada o delincuente no es delito alguno. La responsabilidad es individual. El delincuente es la persona, no el entorno familiar. No se puede heredar a sus hijos, ni forma parte del patrimonio de nadie. Es una medida usada para presionar a los delincuentes. Eso es una privación ilegítima de la libertad”, explicó Joel García, abogado penalista y profesor universitario.

No fue en flagrancia

Días después de la detención de Yaneimy Suárez, sus familiares denunciaron los hechos ante Monitor de Víctimas, tras no ver cambios en su situación.

No solo desmintieron los señalamientos hechos contra Suárez por los funcionarios de seguridad, sino también aportaron detalles sobre su encarcelamiento, que constituye una detención arbitraria. “No solo se la llevaron detenida, también le robaron el carro y destrozaron su casa”, explicó uno de los allegados, quien pidió reservar su identidad.

Suarez se dedicaba al comercio de prendas y artículos de belleza. Viajaba frecuentemente a Colombia donde compraba los productos para revenderlos en Venezuela. “Ella no es ninguna delincuente”, enfatizó el familiar.

Desde hacía 15 años, Suárez y Carlos Luis Revete no tienen ningún tipo de relación. “Ellos fueron pareja hace años, pero cuando comenzó el asunto de la delincuencia… se separaron”, reveló el familiar de Suárez, que pidió no publicar su nombre por razones de seguridad.

“Los funcionarios llegaron a las 6:00 pm del 9 de julio a la casa de Yaneimy. Comenzaron a tocar de forma insistente exigiendo que abriera la puerta o la tumbarían. Eran entre siete y ocho funcionarios, todos hombres. No tenían orden de allanamiento”, relató el familiar de la mujer a Monitor de Víctimas.

Al entrar a la casa, los oficiales de las FAES revisaron el apartamento y obligaron a Yaneimy Suárez a desnudarse y a que se bañara frente a los oficiales de seguridad. Su hija mayor intentaba interponerse entre los funcionarios y su madre, pero “la comenzaron a jamaquear y le decían que no se metiera”, dijo.

“Los funcionarios le gritaban cosas feas a la niña —relató el familiar —. La hija, al ver este tipo de agresión, intentó proteger el orgullo de su madre al interponerse frente a los oficiales, quienes la agredieron físicamente”, describió.

La irrupción en el hogar duró alrededor de una hora, en el allanamiento se llevaron dinero en efectivo, joyas y aparatos electrónicos. Asimismo, incautaron el automóvil de Suárez, un Aveo, dos puertas color azul.

Suárez quedó detenida desde las 7:00 pm, cuando los oficiales se la llevaron en su automóvil. Fue llevada hasta la sede de la FAES ubicada en la Quebradita. Pero, sus familiares desconocían su paradero. No fue sino hasta las 11:00 pm del sábado 10 de julio que lograron encontrarla.

Suárez fue procesada judicialmente. Sus familiares desconocían el momento en el que fue trasladada a un juzgado, los cargos que le imputaron y cuál fiscalía realizaba la imputación. “Nunca nos dijeron nada. Nos enteramos casi cinco días después de que la detuvieron”, sostuvo el familiar que conversó con Monitor de Víctimas.

Luego se conoció que a Suárez le atribuyeron la presunta comisión de los delitos de terrorismo, tráfico de explosivos y tráfico de municiones, y fue imputada ante el tribunal 4to de Control con competencia en Terrorismo, el mismo que el gobierno de Nicolás Maduro usa para imputar a los presos políticos.

La pareja de Obrayan Romero

Miller Andreina Ochoa, de 29 años de edad, fue detenida la mañana del 29 de julio de 2021, en San Josecito Municipio Torbes, Estado Táchira, cuando supuestamente intentaba cruzar la frontera colombo-venezolana, desde el estado Táchira. 

El “delito” que se le atribuye es ser la pareja sentimental de Obrayan Adams Romero de la Rosa, alias “Obrayan”, miembro de una organización delictiva de la Cota 905, en Caracas.

Según el acta policial de la aprehensión, a la cual tuvo acceso Monitor de Víctimas, la joven supuestamente iba a huir del país. Se escribió que: “se presume que la misma emprendiera huida hacia la frontera de la región andina, con la finalidad de salir del territorio nacional (…)”.

Sin embargo, el abogado Joel García aclaró que no es posible que se diga que Ochoa intentaba huir. Pues es imposible que judicialmente se diga que alguien que no ha cometido un delito, ni está solicitada por las autoridades, está tratando de huir. 

Los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) constituyeron una comisión con 14 efectivos policiales para aprehender a Ochoa. Una vez identificado el automóvil donde iba la joven, los funcionarios efectuaron la detención. En ninguna parte del acta policial se habla de alguna orden de aprehensión expedida por un juez.

Ochoa fue detenida junto al taxista que la transportaba y ambos fueron llevados a la delegación de la División Nacional contra Secuestros Eje Táchira, donde les exigieron dar declaraciones. “Seguidamente los referidos Ciudadanos fueron trasladados por la comisión hacia la sede de este Eje. Una vez en este Despacho se le preguntó a los ciudadanos en referencia que si tenían alguna relación con la banda delictiva del KOKI,  de la COTA 905, de la Caracas, Distrito Capital, o alguno de sus integrantes; respondiendo la ciudadana luego de ser impuesta del precepto constitucional establecido en el artículo 49 numeral 5, manifestó LIBRE DE APREMIO Y SIN COACCIÓN ALGUNA, ser la ciudadana en mención y que efectivamente mantiene una relación sentimental con el Ciudadano OBRAYAN ADAMS ROMERO DE LA ROSA con quien hacía vida en la Cota 905 en la Ciudad de Caracas, antes de que los mismos huyeran del sitio por los fuertes enfrentamientos que hubieron en el sector los primeros días del corriente mes motivado al gran despliegue policial que se realizó en la Cota 905 con la operación GRAN CASIQUE GUAICAIPURO”, se lee en el acta de aprehensión.

Ochoa fue detenida, por la presunta comisión de delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Sin embargo, los delitos nunca se especificaron en el acta. “(…) Se encuentra detenida por estar incursa en uno de los delitos contemplados en LA LEY  CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, de conformidad con lo establecido en el artículo 234° del Código Orgánico Procesal, siendo impuestos de sus derechos contemplados en los artículos 44° ordinal 01 y 49° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del artículo 127° del Código Orgánico Procesal Penal, a quien luego de ser leídos los mismos, firmó conforme”, se lee en el documento.

La imputación de los delitos quedó a cargo del fiscal vigésimo noveno del Ministerio Público, Luis Ernesto Dueñes Reyes, del Estado Táchira.

Ante el hecho, el abogado Joel García explicó que existen muchas arbitrariedades en la detención de Ochoa, y por lo escrito en el acta, se puede hablar de una privación ilegítima de la libertad.

García puntualizó que, según los hechos descritos en el acta policial, las declaraciones hechas por Ochoa ante la policía también están al margen de la ley, debido a que, en el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 132, se establece las condiciones y oportunidades de un imputado para dar su testimonio. “La declaración será nula si el imputado no está en presencia de su abogado defensor; asimismo, será nula la aprehensión arbitraria. Está claro, en este caso, que estamos en presencia de una privación ilegítima de la libertad”, señaló.

García recordó el principio del artículo 49 de la Constitución que establece, en su numeral 5, que: “ninguna persona podrá ser obligada a confesarse culpable o declarar contra sí misma, su cónyuge, concubino o concubina, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad”.

El experto agregó que “no es punible el encubridor de sus parientes cercanos. Entonces tampoco es un delito”, agregó, con base en el artículo 257 del Código Penal.

La sobrina de Carlos Calderón, alias “Vampi”

Otra detención similar fue la de Cleinyerlis Damaris Barcelo Calderón, de 22 años de edad, quien fue aprehendida por funcionarios del Cicpc, la mañana del 28 de julio de 2020, en la troncal 5 de la parroquia La Concordia, municipio San Cristóbal, estado Táchira.

Según el parte policial, la joven presuntamente intentaba huir hacía Colombia, con un arma de fuego y varias municiones. “Al lograr la retención del vehículo y efectuar la respectiva inspección, le fue ubicada un arma de fuego tipo pistola, 30 municiones, dos celulares y un bolso, con lo que pretendían huir al vecino país; siendo encarados por los sabuesos, por lo que Barcelo manifestó ser sobrina del líder hamponil apodado El Vampi, integrante del grupo hamponil de la Cota 905, dedicada a cometer múltiples delitos, entre ellos: secuestros, homicidios, extorsiones y robos en la ciudad de Caracas”, publicó Douglas Rico, director General del Cicpc, el 28 de julio.

Pero, como en el caso de Ochoa, no se puede decir que Barcelo Calderón intentaba huir pues tampoco tenía solicitudes por parte de las autoridades. Por esta razón los hechos descritos por Rico ponen en duda la legalidad de la detención; sobre todo porque el argumento principal fue que Barcelo fue detenida por ser sobrina de alias “Vampi”, líder de la megabanda del “Koki”.

Una adolescente hija de un miembro de la banda también fue víctima 

Una adolescente fue arrestada el sábado 10 de julio, a las 3:00 pm. Ella sería la hija de un integrante de la megabanda del “Koki” y ese parentesco fue la razón de su detención.

Personas allegadas a la familia de la joven detallaron que luego de las detenciones arbitrarias en El Cementerio, entre el jueves 8 y viernes 9, a la adolescente la fue a buscar una comisión de la FAES, con la excusa de que llevara comida a un familiar.

“A ella la engañaron y la metieron en el carro para llevarle la comida a una familiar. Cuando llegó al sitio, la detuvieron. No dijeron por qué, solo se la llevaron”, sostuvo una de las fuentes, quien aseguró que a la adolescente la obligaron a grabar un testimonio.

En la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna), en su artículo 88 se estipula que: “todo adolescente tiene derecho a la defensa en todo estado y grado de cualquier proceso administrativo o judicial. Asimismo, tienen derecho al debido proceso, en los términos consagrados en esta Ley y el ordenamiento jurídico”.

Los adolescentes al ser sujetos a una investigación o detención tienen derecho a la dignidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.

En la Convención de los Derechos de los Niños, adoptada y ratificada por Venezuela, se establece en la parte I, artículo 2, numeral 2, que: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares”.

Gracias a las garantías desarrolladas por el sistema de protección universal los actos cometidos por el padre de la adolescente, no pueden ser un condicional para la detención, procesamiento e investigación de su hija.

Por otra parte, Monitor de Víctimas conoció que la adolescente fue procesada judicialmente, luego de pasar más de 48 horas detenida. Esto representa una violación a su derecho al debido proceso, en el que se establece un máximo de 48 horas para ser presentada ante un juez.

El 15 de julio de 2021, Tribunal Supremo de Justicia a través de una nota de prensa informó sobre el arresto de una adolescente, seis días después de la detención arbitraria.

El Tribunal Especial Primero de Primera Instancia en Funciones de Control Penal de Responsabilidad del Adolescente con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional ordenó medida preventiva privativa de libertad, por la presunta comisión de los delitos de terrorismo agravado en grado de cooperador inmediato, asociación para delinquir y tráfico de armas en modalidad de ocultamiento, “por los mismos hechos ocurridos en la Cota 905”.

Por otra parte, en la misma nota de prensa del TSJ dice que la presentación de Yaneimy Suárez fue hecha ante el juez del Tribunal Estadal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Jurisdicción Nacional y Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo, instancia que decretó la medida privativa preventiva de libertad “contra un grupo de ciudadanas y ciudadanos aprehendidos en la Cota 905 de Caracas durante la Operación ‘Cacique Indio Guaicaipuro’». Se trata de otras 15 personas detenidas, todas de sexo masculino.

Una aspirante a aeromoza 

Erilin Alejandra Lugo Semeco, de 19 años de edad, fue detenida en su casa, ubicada en El Cementerio, por funcionarios de la Brigada de Acciones Especiales (BAE) del Cicpc, a las 2:00 pm del viernes 9 de julio. Ella estaba con su madre cuando alrededor de 10 funcionarios se la llevaron por presuntamente pertenecer a la banda del “Koki”.

Lugo es una aspirante a azafata. “Ella no es ninguna malandra. A Erilin la detuvieron malamente”, comentó uno de sus allegados, quien mantiene su nombre en anonimato por razones de seguridad.

La información difundida en Venezolana de Televisión, el canal de Gobierno, el 16 de julio de 2021, señaló a Lugo como la presunta secuestradora de una sexagenaria en la parroquia Santa Rosalía, durante el tiroteo entre la megabanda delictiva y la policía.

“El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) capturó a cuatro (4) hombres y a una (1) mujer que habían tomado como rehén a una señora sexagenaria en el sector El Cementerio, parroquia Santa Rosalía, Caracas, todos integrantes de la banda de ‘El Koki’, de la Cota 905, duramente golpeada luego de un operativo que se extendió entre los días 8 y 9 de julio”, se lee en el portal web.

En el supuesto hecho, fueron detenidos Ricardo José Velásquez Acosta, de 26 años, Yosmar Adrián Medina, de 19, Daniel José Torres Mijares, de 29, Eliecer David Barreto Rodríguez, 28, y Erilin Alejandra Lugo Semeco, de 19 años de edad.

Pese a que la familia desmintió los hechos, a la joven se le imputaron delitos relacionados con terrorismo y al porte ilícito de armas. No obstante, sus allegados y abogados, hasta el momento de la entrevista, no tuvieron acceso a su expediente.

“No puedo comentar más de los hechos, porque no tenemos el expediente en la mano. Los abogados nos aconsejaron no hablar con la prensa. Pero de algo sí estoy segura, ella no es ninguna criminal”, sostuvo.

La joven sigue privada de libertad en una dependencia de la policía judicial.

Luis Izquiel, abogado criminólogo, señaló que las detenciones efectuadas a los familiares del “Koki” y los miembros de la banda, tienen por finalidad presionarlos. Señaló que las detenciones se deben hacer cuando se comete un delito. “Ser familiar de un delincuente no es un delito. Tampoco las familias están obligadas a declarar en contra de sus familiares”, sostuvo.

Izquiel enfatizó que las detenciones hechas a los familiares de los integrantes de la megabanda del “Koki”, constituyen una privación ilegítima de la libertad. 

Tres municipios del Distrito Capital presentaron casos de muertes por balas pérdidas entre enero y junio de 2021: Libertador, Sucre y Baruta

12 de las víctimas fueron heridas en la cabeza y cinco de las víctimas eran mujeres

Tres parroquias que forman parte de los territorios controlados por la megabanda de “El Coqui” concentran 71,4 % de las muertes. Se trata de La Vega, El Paraíso y El Valle

@erickgncal

El lunes 24 de mayo, Diego Alejandro Infante decidió comenzar su rutina de ejercicio a las 12:00 del mediodía. Ya no tenía obligaciones pendientes en sus clases online de 5to año bachillerato, que usualmente lo llevaban a realizar su entrenamiento entrada la tarde.

Hasta su entrenador, quien abrió un gimnasio en la comunidad de Las Terrazas de la Vega debido a la pandemia del COVID-19, se sorprendió porque ese día había llegado más temprano de lo habitual.

Diego Alejandro no había ido a entrenar la semana anterior debido a que estaba terminando los últimos ajustes de su proyecto de grado, para optar por su título de bachiller. Como aquel lunes había una mañana soleada y tranquila, le pareció que era el momento de retomar su rutina. 

Pero ese día, otro enfrentamiento entre las bandas delictivas que operan en la parte alta de La Vega y la policía acabó con sus planes. Diego Alejandro fue heridos por una bala perdida. No estaba en la línea de fuego, se podría decir que estaba a salvo en su comunidad de las Terrazas de la Vega, mientras hacía ejercicio. Sin embargo, una bala sin orden ni dirección dio directo en su cabeza.

El adolescente, de 16 años de edad, falleció cinco días después, en el hospital Pérez Carreño de La Yaguara, luego de presentar una lesión cráneo encefálica. Le indujeron un coma para que bajara la presión en su cerebro. Sin embargo, la madrugada del 29 de mayo de 2021 sufrió un paro respiratorio.

Las muertes por balas perdidas han acaparado los titulares de las páginas de los medios desde inicio del 2021. Monitor de Víctimas, a través de su registro diario, contabiliza 14 casos de muertes por balas perdidas entre el 1ro de enero y el 15 de junio de 2021, en los cinco municipios de Caracas. 

Esta cifra es similar a la reportada durante todo 2020, cuando hubo 14 casos en 12 meses. Esto significa que en lo que va de 2021 se han producido en promedio dos muertes al mes por tiroteos ocurridos en zonas populares. 

En el municipio Libertador de Caracas se reportaron 12 casos, seis de ellos en la parroquia La Vega, en el contexto de los enfrentamientos entre funcionarios policiales y miembros de bandas delictivas de la zona. Hubo un caso en el municipio Sucre y otro en Baruta.

12 víctimas fueron heridas en la cabeza. Ninguna sobrevivió más de una semana tras ser alcanzada por el proyectil. En su mayoría fallecieron en el sitio donde se encontraban cuando recibieron el impacto.

Las víctimas de la expansión territorial de “El Coqui”

Los enfrentamientos entre la policía, principalmente la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la PNB, y la megabanda delictiva de la Cota 905 han sido el principal generador de violencia en La Vega, El Paraíso, El Valle, El Cementerio y sus alrededores. 71,4 % de las víctimas de balas perdidas vivían en estas zonas.

El grupo armado conocido como la banda de “El Coqui” ha logrado expandir su control territorial a la parroquia La Vega, y eso ha venido afectando la calidad de vida de los habitantes de esa localidad. Los vecinos sufren directa o indirectamente de los tiroteos, casi a diario, en su zona.

Desde finales de 2020, luego de que la megabanda delictiva liderada Carlos Calderón, alias “Vampi”; Carlos Luis Revette, alias “El Coqui”; y Garbis Ochoa Ruiz, alias “Garbis”, decidiera tomar control de La Vega para ampliar su territorio delictivo, los tiroteos y enfrentamientos entre delincuentes y funcionarios policiales se volvieron más frecuentes.

Una de estas balaceras, que ya son “comunes” para los habitantes de La Vega, no parecía motivo para que Diego, sus amigos y el instructor, suspendieran su rutina de entrenamiento. El sonido de las detonaciones provenía de un lugar alejado. Ninguno imaginó que los proyectiles alcanzaran a la comunidad, mucho menos a Diego, quien por un momento se sentó en un banco.

Cuando las detonaciones se escucharon más cerca. Todos salieron a esconderse y protegerse de las balas, pero Diego todavía estaba acostado en el banco inmóvil. Un amigo lo fue a buscar y, entre el ajetreo por el sonido de los proyectiles, se percató que el adolescente estaba herido en la cabeza.

Así se lo relataron al padre de Diego Alejandro, Juan Carlos Rivas, de 51 años de edad, un promotor de música llanera, residenciado en el estado Barinas, en el occidente del país.

“Recibí la llamada. Fue lo peor que me han dicho por teléfono. Me llamaron a las 1:00 pm, creo que fue su mamá o uno de mis hijos. Estaba en Barinas y no podía salir de allí al instante. Sin embargo, logre cuadrar un carro y gasolina. Para las 7:00 am del siguiente día, ya estaba con mi hijo. Pero él estaba luchando por su vida”, relató Rivas.

Diego estaba a meses de salir de 5to año de bachillerato. Como muchos jóvenes, tenía planes de emigrar del país, una vez culminara sus estudios universitarios. Su padre, Juan Carlos, lo describió como un adolescente cariñoso y amable. “Era buen estudiante, le gustaba hacer ejercicio; debido a la cuarentena, comenzó una rutina en su casa. Siempre hablamos, más que todo de música. A él le gustaba mucho la de cantantes de habla inglesa, en especial Michael Jackson, su canción favorita era Thriller”, explicó.

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En un limbo judicial

La procedencia de la bala que impactó en la cabeza de Diego aún es un misterio. Según los familiares de la víctima, la fiscalía no ha iniciado el proceso de investigación, para identificar a los culpables del hecho.

“Tengo entendido que se abrió un expediente, pero no nos han contactado para ver cómo inició la investigación. No queremos que el caso quede impune”, sostuvo Rivas.

Para investigar casos de muertes por proyectiles, los inspectores del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), deben hacer pruebas de balísticas, por lo que necesitan el proyectil que causó la herida y el arma de fuego que se detonó. “Este proceso puede llevar meses, debido a que existen muchas irregularidades en los casos donde las personas mueren por balas perdidas. En especial, si en dicho enfrentamiento actuaron funcionarios de la FAES”, señaló una fuente cercana al Ministerio Público.

Enfatizó que, una vez identificada el arma de fuego, es más fácil llegar al culpable. “Sin embargo, el siguiente problema es que si el culpable es parte de una de las megabandas de la zona, es muy difícil que los funcionarios de seguridad puedan hacer cumplir la orden de aprehensión”, explicó la fuente.

Un informe publicado en 2016 por el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (Unlirec, por sus siglas en inglés), y citado en un artículo por el periodista Javier Ignacio Mayorca, concluye que en 2015 Venezuela fue el segundo país de la región con más muertes por balas perdidas, con 57 casos.

En esa oportunidad, el comisario Luis Godoy, exjefe de la División contra Homicidios de la policía judicial, explicó que la expresión ‘bala perdida’ se refiere a “proyectiles que impactan contra un individuo que no estaba en la mira de quien accionó el arma… Los agentes determinan que una muerte se produjo por esta razón cuando el proyectil impacta en el cuerpo de la víctima con poca fuerza… Los niveles de impunidad en estos casos son más elevados que los habituales en el país, debido a la dificultad para establecer un nexo directo entre la persona que hace los disparos y quienes resultan afectados”.

Una lista de impunidad

El funeral de Diego se llevó a cabo una semana después de ser herido por la bala perdida. El sitio de encuentro fue en su comunidad, las Terrazas de la Vega. Lo acompañaron sus hermanos, sus amigos del liceo y sus vecinos, todos con pañuelos blancos, cantando y aplaudiendo mientras paseaban el ataúd.

“Fue un funeral bonito. Fue bien despedido por sus amigos del liceo y sus vecinos. Nosotros estábamos abatidos por toda esta situación. Diego era un ángel que aspiraba a muchas cosas buenas. Dios quiso llevárselo. Tal vez era su momento. Ningún padre debería despedirse de sus hijos antes de tiempo”, relató Rivas.

La familia de Diego siempre recordará sus ocurrencias y su alegría. Pero es evidente que, en su casa, en su grupo de graduación y en su gimnasio faltará una persona. Tal vez en su casa vuelvan a escuchar su canción favorita, Thriller, para recordarlo. Las lágrimas volverán, Diego no.

No existe un patrón exacto en los tiroteos en los barrios de La Vega, la Cota 905 y el Cementerio. Pueden comenzar a cualquier hora del día. Y pueden durar horas. Las víctimas de las balas perdidas en los enfrentamientos también son variadas: cualquiera puede ser blanco.

Según los datos de Monitor de Víctimas, de las 14 personas fallecidas por las balas perdidas, tres eran niños, niñas o adolescentes; dos pertenecen al grupo de adultos mayores de 55 años de edad y el resto tenían edades entre 20 y 41 años de edad. Cinco de las víctimas eran mujeres.

La primera víctima por balas perdidas registrada en 2021 fue Nelson Enrique Villalta Lima, de 41 años de edad, el 8 de enero de 2021 cuando quedó entre la línea de fuego durante un enfrentamiento entre delincuentes de la banda de El Coqui y funcionarios de las FAES.

Mientras Villalta intentaba resguardarse de la balacera, recibió un disparo desde la parte alta de La Vega. Era profesor de la Fundación Musical Simón Bolívar (Fundamusical), en el núcleo Chapellín, y también trabajaba en el hotel Altamira como vigilante. Falleció en el sitio.

Nelson Duarte, de 41 años, fue el segundo fallecido por bala perdida la tarde del 8 de enero, durante el enfrentamiento entre funcionarios de la FAES con delincuentes de la zona. Falleció en la parte alta de la Calle Zulia.

A las 7:00 pm del jueves 11 de febrero de 2021, Juan Jhon Martínez Corrales, de 41 años, fue asesinado durante un enfrentamiento entre bandas delictivas de la Zona 7 del Barrio José Félix Ribas, en Petare, municipio Sucre.  La víctima era comerciante desde hacía 7 años, cuando llegaba a su casa, tras culminar sus labores, comenzó el tiroteo.

Uno de los proyectiles impactó al comerciante en la cabeza y le ocasionó la muerte en forma inmediata. Martínez Corrales era padre de dos hijos, uno de 2 años y otro de 18 años de edad.

Jeison Rafael Rivera Morales, de 28 años, falleció el 16 de febrero de 2021, en el barrio Santa Cruz del Este, en el municipio Baruta, víctima de una bala perdida. El joven estaba en una fiesta callejera, cuando un grupo de delincuentes llegó disparando a los asistentes. Mientras corría, recibió un disparo en la cabeza. Falleció al instante.

El 19 de marzo de 2021, Edwin Méndez, de 17 años de edad, falleció a causa de una bala perdida, durante un tiroteo entre bandas rivales de El Valle. El adolescente regresaba de la sede del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) para averiguar qué cursos ofrecían.

Al llegar al barrio San Andrés comenzó el tiroteo. Una bala perdida del enfrentamiento le impactó en la cabeza. Falleció en el sitio. El adolecente era una nueva promesa del béisbol venezolano. Había ingresado al equipo  de la Universidad Central de Venezuela. Sus sueños se apagaron por la violencia en el barrio.

Ese 19 de marzo, pero en otro intercambio de disparos, falleció Deisy Coromoto Rivas Castro, de 55 años, quien estaba en el balcón de su apartamento en el edificio City Park, de El Paraíso, cuando una bala perdida la hirió de muerte.

Brenda Vanessa Palacios González, de 38 años, falleció el 2 de abril de 2021, resultado de una herida en la cabeza, provocada por el impacto de una bala perdida. El hecho ocurrió el 28 de marzo en el barrio de San Agustín, sector el Morín, calle sexta, durante un enfrentamiento entre funcionarios policiales y delincuentes de la zona.

La víctima fue llevada de emergencia hasta el hospital Clínico Universitario, en donde fallecería, luego de que le practicaron una operación cráneo encefálica.

El 13 de abril de 2021, falleció la tercera adolescente por causa de una bala perdida. Jeanquelis Dubraska Parra Ponce, de 13 años de edad, fue alcanzada por un proyectil que le impactó en la cabeza, durante un intercambio de disparos entre delincuentes del barrio San Agustín.

Parra conversaba con unas amigas en la entrada de su casa, cuando inició el tiroteo. Falleció al instante de recibir el disparo. Sus familiares claman justicia y protección en los barrios.

El 24 de mayo de 2021, Blanca Violeta Orellano, de 64 años, falleció a causa de una bala perdida, durante el tiroteo entre funcionarios de las FAES y delincuentes de La Vega.

La víctima vivía en la calle El Rosario, recibió un disparo en el abdomen. Falleció dentro de su casa. Era comisionada jubilada de la PNB, adscrita al Servicio de Tránsito Terrestre, y madre de un funcionario del mismo cuerpo policial.

Ángelo Grendel, de 27 años, iba como copiloto en un camión que circulaba por la autopista Valle-Coche cuando fue alcanzado por una bala perdida en la cabeza. El hecho ocurrió el 30 de mayo.

Desde las 9:00 am hasta las 5:00 pm del 14 de junio, un enfrentamiento se desarrolló en la parroquia La Vega, entre miembros de la megabanda de “El Coqui” y funcionarios de seguridad del Estado. 

El tiroteo dejó 2 víctimas por balas perdidas: Guillermo José Gregorio Belisario, de 50 años de edad; y Yoraima Margarita Díaz Araujo, de 47 años de edad.

Gregorio Belisario falleció mientras ingresaba a un local comercial en la calle San Antonio, cercano a una cancha deportiva en La Vega; mientras que Díaz Araujo fue alcanzada por una bala perdida en las cercanías de la redoma de La India, entrada del sector.

El tiroteo inició en los 12 puntos de control de la Policía Nacional Bolivariana distribuidos en La Vega, que habían sido instalados el fin de semana pasado, para frenar el avance de la megabanda delictiva de “El Coqui”.

El lugar fue atacado por supuestos delincuentes de las bandas delictivas de la Cota 905, en respuesta al operativo iniciado por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, donde según fuentes oficiales participaron 1.420 funcionarios del Estado entre oficiales de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y de la Dirección de Inteligencia y Estrategia (DIE).

La toma de sectores de La Vega por parte de la megabanda de “El Coqui”, la intervención policial en el sector y las acciones del Estado para frenar la avanzada delictiva, han puesto en peligro la vida de sus ciudadanos. La única certeza, frente a la falta de información oficial es que en La Vega faltan seis personas.

A tres meses de la masacre de La Vega, impunidad y silencio es lo que se respira en la parroquia asediada por la violencia. De los casos registrados por Monitor de Víctimas en enero de 2021, solo entre los días 7 y 8 se reportaron 15 personas muertas en el marco del operativo policial 

@erickgncal / foto: Román Camacho

La parroquia de La Vega al inicio del 2021 estuvo marcada por la violencia. Monitor de Víctimas registró 21 casos de homicidios y ejecuciones extrajudiciales, ocurridos durante los 31 días de enero. 

Además de todo lo que rodea estas muertes, llama la atención que, según la base de datos de Monitor de Víctimas, en enero de 2021, el aumento de los homicidios en La Vega fue de 1800% en comparación con enero de 2020 cuando se registró solo un homicidio en esa parroquia. 

Por otra parte, durante los 365 días del 2020 en La Vega se documentaron 29 homicidios, ocho asesinatos más que los contabilizados solo durante enero de 2021. 

Con base a los registros de Monitor de Víctimas se puede concluir que el aumento de asesinatos en la parroquia, está relacionado con las muertes ocurridas en la masacre de La Vega, entre el 7 y el 8 de enero. Se logró registrar que en ese solo hecho hubo 15 víctimas, de las cuales 14 fueron presuntamente ejecutadas por los cuerpos de seguridad del Estado y otra murió en el marco del operativo, al parecer a manos de la fuerza pública. 

La primera masacre del año 

Hablar de La Vega en 2021, es recordar la masacre del 8 de enero. De las 15 víctimas, cuatro eran adolescentes de 17 años de edad. En el procedimiento participaron funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) y la Unidad de Operaciones Tácticas Especiales (UOTE) de la PNB. 

Una semana antes de que ocurriera la llamada Masacre de La Vega, funcionarios de la PNB informaron que algunos sectores de esa parroquia habían sido tomado por miembros de la megabanda de “El Coqui”, el grupo delincuencial que mantiene el control territorial en la Cota 905, un barrio vecino de La Vega. 

Según los uniformados, los delincuentes habrían llevado a cabo esta acción como una forma de extender su dominio en Caracas. 

A los pocos días de este anuncio, en redes sociales se comenzaron a publicar imágenes de presuntos miembros de bandas delictivas con armas de fuego larga en la zona. 

Grupos armados con armas largas y granadas tomaron desde el 1ro de Enero el sector Los Naranjos y la calle Zulia. Transeúntes alegan que pertenecen a la gente de "El Coqui" quienes colocan alcabalas en busca de funcionarios que residan en la zona para que se retiren #Caracas pic.twitter.com/DbTUCIIW2n

— Eleazar Urbaez (@FEDGLOCK) January 5, 2021

Habitantes de La Vega consultados para este trabajo confirmaron que desde octubre de 2020 comenzaron a ver jóvenes, que en su mayoría no eran de la zona, transitando con armas de fuego por las calles.

“Su interés se centra en expandir el control territorial en La Vega, debido a que en este sector se encuentran salidas estratégicas de Caracas, como es la carretera Panamericana, contactada en la parte alta de La Vega, y salidas hacía Montalbán, Caricuao y Las Adjuntas”, sostuvo un funcionario policial, quien pidió que no se revelara su identidad. 

Cuatro adolescentes muertos entre las víctimas

Para las 11:00 am del pasado 8 de enero ya habían muerto 15 personas, en el marco del operativo policial en La Vega. Las autoridades informaron que las muertes de estas personas se habían presentado en enfrentamientos con funcionarios de los cuerpos élite policiales. 

Si embargo, familiares de los fallecidos dieron otra versión de los hechos a los periodistas de Monitor de Víctimas. Todos estos relatos apuntaron a que lo ocurrido en La Vega fue una masacre ocasionada por la violencia policial. 

“Queremos que de verdad se haga justicia”, fue el petitorio de los familiares de Carlos Alfredo Hernández Hurtado, de 17 años de edad, ejecutado por funcionarios de las FAES ese 8 de enero. 

El adolescente abandonó sus estudios de bachillerato para ponerse a trabajar lo antes posible y ayudar con los gastos del hogar. Laboraba en una carnicería de la zona. “Fue a comprar queso cuando la policía lo agarró y lo mató”, señaló Carmen Hurtado, madre de Carlos. 

Carmen sabe exactamente cuántos días han pasado desde que mataron a su hijo. “Sabes, esta semana, el 8 de abril, se cumplen 3 meses desde que asesinaron a mi hijo”, cuenta Carmen. Son 90 días desde la intervención policial. 

La madre no ha tenido comunicación con los fiscales del Ministerio Público; pesé a hacer una denuncia ante la fiscalía de derechos fundamentales en Parque Carabobo, casi un mes después de la ejecución del joven. 

Ni una llamada, comentario, ni acción por parte de las autoridades recibió Carmen a tres meses de la masacre. Su caso está impune.  

“Tuve que ir a la fiscalía para meter la denuncia. No me dieron ningún papel. Al menos me atendieron bien, pero ya pasaron dos meses y ni una llamada he recibido”, agregó. 

Hasta el momento, ninguna autoridad del gobierno de Nicolás Maduro se pronunció sobre los hechos. El silencio de Tarek William Saab, Fiscal General; y de Alfredo Ruiz, defensor del Pueblo, marca un precedente preocupante para las víctimas que buscan justicia.

Para Carmen, lo más importante es que se diga la verdad. “Se lo que dicen. Que mi hijo era un malandro. Pero no es así. Es verdad, mi hijo había dejado sus estudios de bachillerato para ayudarme con los gastos del hogar. Sin embargo, él iba a continuar con sus estudios. Tenía pensado inscribirse en la academia militar para ser guardia nacional, unos días después de que cumpliera 18 años”, agregó. 

Para la madre, la versión policial solo estigmatiza, daña y rompe con la vida, no solo de las víctimas, sino también de sus allegados. “Sabes, mi hijo era un chamo sano. Ni siquiera vivía en La Vega. Se había mudado dos años antes a Altagracia de Orituco, a una casa que tengo allá. Esa semana, aquella en donde fue asesinado, estaba ayudándome a buscar las cosas para terminar la mudanza”, confesó la mujer.

Los relatos de los familiares de otras 10 víctimas, publicados en su momento por Monitor de Víctimas, son similares. 

Perfil de las víctimas y su ubicación geográfica

De los 21 homicidios ocurridos en La Vega en enero, 14 fueron por violencia policial, 3 por robo, 3 por causas por determinar y 1 por balas perdidas. En este último móvil se encuentran la otra víctima del operativo policial en La Vega.

La edad promedio de los fallecidos fue de 26,5 años, lo que nuevamente indica que la mayoría de las víctimas eran jóvenes en edades productivas. De los 21 asesinados, una víctima era de sexo femenino. 

Para el padre Alfredo Infante, párroco de La Vega, el incremento de la violencia en la parroquia del suroeste de Caracas se debe a una serie de factores socioeconómicos vinculados también a la acción directa del Estado venezolano, mediante a sus cuerpos de seguridad. 

“No podemos hacer una tesis como tal sobre si las protestas por los servicios básicos (agua y gas) en la parroquia fueron los precursores de la arremetida del gobierno en el sector. Ese aumento en las muertes no solo expresa lo que pasa en La Vega, sino en Venezuela”, señaló. 

Infante, quien es coordinador de Derechos Humanos del Centro Gumilla, identificó las zonas en donde los índices delictivos se mantienen en aumento. La parte baja, que va desde la entrada, en la redoma de La India hasta la calle Zulia, es donde hay mayor incidencia de homicidios. 

“Hay una distribución interesante de los hechos violentos. Por los datos que tienen, se puede decir que la mayor parte de los homicidios se cometieron en la parte baja de La Vega, en donde está la zona más comercial. Seguida por la parte media del sector. La parte baja es la que más ha sufrido la violencia, pese a que allí haya mayor presencia policial”, sostuvo Infante. 

“Llama la atención que el lugar con mayor incidencia es también el lugar de mayor presencia policial. El que la policía esté presente no es garantía de la disminución del delito”, agregó el sacerdote. 

Las víctimas del operativo policial:

Luis Alejandro Ramírez (17) 

Wilfredo Marcano (36)

Yerikson José García Duarte (32)

Raúl Antonio Lira Sánchez (25)

Eliécer Rafael Martínez Rojas (23)

Richard Alejandro Chile Cabello (20)

Julio Alexander Pino Moreno (23)

Yeferson José Moreno Plazola (28)

Carlos Alfredo Hernández Hurtado (17)

Jonathan Useche (17) 

Jonathan Efrén Durán González (17)

Néstor Duarte

Nelson Enrique Villarta Talima (49)

Eglis Rivas (25) 

Un hombre sin identificar 

Los registros de Monitor de Víctimas indican que los victimarios más recurrentes fueron las parejas o ex parejas. Cuatro casos corresponden a menores de edad, dos de las cuales fueron asesinadas por sus padres o padrastros

En la mayoría de los casos el principal victimario es la pareja. En los registros se constató que diez mujeres fueron asesinadas a manos de sus cónyugue, que previamente habían cometido algún tipo de violencia de género en su contra.

El 25 de mayo de 2019, Deylimar del Carmen Velázquez, de 23 años de edad, fue asesinada por su pareja, Yondry Zambrano, un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, que hacía los trámites para pertenecer a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

El hecho ocurrió en  su casa ubicada en el sector El Chorrito 2, La Dolorita, municipio Sucre. Discutían por los videos que reproducía el funcionario en torno a sus entrenamientos para las FAES. A Deylimar le disgustaban. Zambrano sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza.

Ex novios asesinos

En cinco de los casos registrados por Monitor de Víctimas, una alianza de medios de comunicación a la cual pertenece Proiuris, las mujeres fueron asesinadas con hombres que habías sido sus novios.

Este patrón se evidenció el 27 de julio de 2019, cuando Ana Daidé Brazón, de 41 años de edad, fue asesinada en el sector Agua China del barrio Kennedy, en Las Adjuntas, por Yorkis Alexander Marcano Sarmiento, su ex novio.

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Brazón había terminado la relación un año antes del feminicidio su asesinato. Según el relato de los familiares de la víctima en la morgue, el hombre tenía días buscándola en el sector, hasta que la noche del 27 de julio, tras regresar de una fiesta, la asesinó en la puerta de su casa.

Otro caso similar ocurrió el 21 de abril de 2019, Ailin Oriana Silva Solórzano, de 18 años, falleció por las quemaduras ocasionadas por la ex pareja de su prima, Ray Josué Escalona López.

Desde la separación de Escalona dela prima de Ailin, él tomó actitudes violentas con los familiares. Las amenazas, agresiones verbales y físicas de Escalona contra quienes defendieran a su ex pareja se volvieron frecuentes. Una de las que más la defendía era Ailin Oriana.

La noche del 16 de abril el hombre de 21 años de edad la roció con gasolina y le encendió fuego mientras dormía. Escalona fue privado de libertad por la presunta comisión del delito de femicidio agravado. La orden fue dictada por el Tribunal 3° de Contol de Área Metropolitana de Caracas. Aún no se ha hecho el juicio.

Padres y padrastros victimarios

Una adolescente de 13 años de edad y una niña de 4 años fueron asesinadas a manos de sus padres o padrastros en 2019.

Escarly Alardin González Lucena, de 13 años de edad, fue encontrada sin vida luego de permanecer desaparecida 22 días. La adolescente había denunciado el abuso por parte del padrastro y siempre fue reprimida y castigada. Se había mudado con su padre, pero la tarde del 8 de julio de 2019, desapareció en el sector Puerta Negra de Turgua, municipio El Hatillo.

El caso aún está siendo investigado por funcionarios del Cicpc, quienes tienen como principal sospechoso al padrastro de la niña.

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La segunda víctima fue Ariannys Valentina Guevara Martínez, de 4 años de edad, quien fue asesinada por su padre, Luis Guevara Castillo, quien la lanzó desde el Nivel Feria del Centro Sambil Caracas, la noche del viernes 20 de diciembre, luego de que el hombre tuviera una pelea con su pareja. Luego el hombre se suicidó lanzándose al vacío, como hizo con la niña.

Denunció pero no fue protegida

El caso de  Melissa Sidney Arcila Ruiz, de 38 años de edad, fue uno de los que más revuelo causó, pues quedó en entredicho la protección que debe brindar el Estado, y específicamente el Ministerio Público, a víctimas de violencia de género.

Arcila había denunciado al hombre que finalmente la asesinó reiteradas veces ante las oficinas de Atención a la Víctima del Ministerio Público, pues meses antes su agresor le había fracturado la nariz tras dos golpizas. Pero las autoridades hicieron caso omiso a su denuncia.

La expareja de Melissa, José Gregorio Pérez, la apuñaló 12 veces con una tijera en el pasillo del edificio Unep, en Los Jardines de El Valle, a las 6:30 a.m. del lunes 20 de mayo. El hombre se escondió en las escaleras y cuando ella regresó de dejar a sus dos hijos en el transporte, para ir a la escuela, la sometió y la mató.

Policías, fiscales y jueces operan articuladamente para que se mantengan impunes las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. A través de la investigación “Las FAES matan con patrocinio del Estado”, Proiuris revela los modus operandi de una matanza sistemática

Reporte Proiuris

A través del análisis de 51 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales directamente documentados por Proiuris, la organización no gubernamental de promoción y defensa de derechos humanos identificó 16 mecanismos habituales en la actuación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, fiscales y jueces.

Los patrones están descritos y analizados en la investigación “Las FAES matan con patrocinio del Estado”, la cual corresponde a la labor de documentación de ejecuciones extrajudiciales y acompañamiento de las víctimas sobrevivientes que desarrolla Proiuris.

El 17 de julio de 2019, Nicolás Maduro manifestó su pleno respaldo al grupo élite de la Policía Nacional Bolivariana que acumula la mayor cantidad de denuncias sobre atropellos en el ejercicio de la fuerza pública. “¡Viva el FAES”! expresó Maduro, ignorando los llamados de atención formulados desde diversas instancias nacionales e internacionales, entre ellas la Alta Comisionada de las Naciones para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien estuvo en Venezuela en junio de 2019.

Cada uno de los 16 patrones está fundamentado en los relatos de familiares de los fallecidos y testigos de los hechos. En todos los casos, las víctimas sobrevivientes desmienten las versiones oficiales sobre presuntos enfrentamientos entre policías y delincuentes, que son calificados jurídicamente como casos de resistencia a la autoridad” y no son debidamente investigados por el Ministerio Público.

El reportaje especial “Las FAES matan con patrocinio del Estado” también incluye el análisis del shock hipovolémico, como causa genérica de muerte asentada en los certificados de defunción correspondientes a presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como la documentación de cuatro masacres perpetradas por cuerpos de seguridad del Estado durante 2019, que suman 26 muertos.

La brutalidad policial tiene un impacto diferenciado en mujeres y en niños, niñas y adolescentes. Las viudas deben asumir la carga del sostén económico de la familia y la canalización de los duelos. Entre enero y septiembre de 2019, 301 niños, niñas y adolescentes han quedado huérfanos por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de sus padres.

Irrupción violenta en residencias y domicilios. 

Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado suelen irrumpir violentamente en los lugares donde desarrollan sus operativos.

 “Sabemos que fue la policía. Pero nadie habló de lo que ocurrió, solo la familia. Los vecinos no quieren decir qué pasó”. Carlos Herazo, sobre la muerte de Noelkis Carolina Ramírez Blanco, de 21 años de edad

El 8 de febrero de 2019, funcionarios de las FAES tomaron el barrio Felipe Acosta Carlez, ubicado en Las Mayas, en Caracas, para vengar el homicidio de uno de sus compañeros de la Policía Nacional Bolivariana.

En el procedimiento fue asesinada Noelkis Carolina Ramírez Blanco, de 21 años de edad, a quien confundieron con un hombre. Según testigos y familiares de las víctimas, antes del mediodía otros cuatro jóvenes del sector habían sido asesinados: José Arteaga, de 18 años de edad; David Arteaga, de 21; José Moisés Flores Espinoza, de 19; y Vicente Ramírez, de 22 años de edad.

Concentración de la actuación policial en barrios pobres.

La mayoría de las actuaciones de los cuerpos de seguridad del Estado se lleva a cabo en sectores urbanos y rurales habitados por personas pobres, lo cual apunta hacia una matanza selectiva.

“Están haciendo fiesta con los que son y con los que no son. Han matado mucha gente inocente en Coche. Los policías lo que hacen es robar y maltratar”. Familiar de Freyiber González, de 16 años de edad.

Siete muertos fue el resultado de la razia que se prolongó durante siete horas en varios barrios del Kilómetro 2 de la Carretera Panamericana, el 27 de agosto de 2019.

Según la versión oficial, difundida por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, los miembros de la banda delictiva de “El Peluca” fueron “neutralizados” al “enfrentarse” contra comisiones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana.

Durante las siete horas del “operativo”, los vecinos del sector “La Invasión” permanecieron encerrados en sus hogares, a la espera de los resultados fatales. En la morgue de Bello Monte, se precisaron las identidades familiares de cinco de los fallecidos: Freyiber González, de 16 años de edad; Alber José Armas Armas, de 35; Tony Arsenio Armas Armas, de 30; Yorman Gabriel Puerta Gómez, de 20; y Edwar Zambrano, de 23 años de edad.

Las víctimas más frecuentes son hombres jóvenes en edad productiva.

Hombres con edades comprendidas entre 16 y 41 años de edad son los muertos más recurrentes en operativos policiales que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales.

“Lo estaban ahorcando. Lo sé porque su esposa logró verlo a través de la ventana. Pero no la dejaron pasar. La tenían sometida a ella mientras tenía al niño en brazos”. Luego, se escucharon los disparos”. Familiar de Antony José Matos, de 22 años de edad.

El asesinato del comisionado en jefe de la Policía Nacional Bolivariana Carlos Valverde, de 43 años de edad, desencadenó la furia de las FAES. Mediante una razia que se desarrolló el 24 de julio de 2019, durante doce horas consecutivas, en varios barrios de El Valle y El Cementerio, funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mataron a siete personas.

Los funcionarios de las FAES reportaron solamente un fallecido, cuya identidad no fue suministrada en el reporte filtrado a la prensa. Los reporteros pudieron determinar que los muertos a manos de las FAES son: William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19; Javier Noria, de 32; Carlos Javier González, de 22; Antony José Matos Hernández, de 22; y Raifer Martínez, cuya edad no se logró precisar. Según sus familiares, todos fueron ejecutados dentro de sus hogares.

Presuntos enfrentamientos calificados jurídicamente como resistencia a la autoridad.

En todos los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la versión oficial indica que presuntos delincuentes abrieron fuego contra los funcionarios actuantes, quienes “se vieron obligados” a repeler el ataque, en legítima defensa y en cumplimiento de su deber.

“Antes de dispararle, uno de los FAES le dijo: tú no eres familia mía. Mi hijo estaba durmiendo con su bebé, mientras que mi yerno con su hija pequeña. A ellos los despertaron los policías. No hubo el enfrentamiento que tanto dicen”. Nereida Parra, madre de Jonathan Eduardo Gil Parra, de 27 años de edad.

Fue un doble homicidio. Gil Parra habría sido ejecutado junto a su cuñado, Manuel José Martínez, de 21 años de edad, el 20 de marzo de 2019, cuando funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, que esta vez actuaron junto con agentes de la Policía del Estado Miranda y de la Policía Municipal de Santa Lucía, allanaron la residencia donde vivían ambos, en el barrio Mano Amiga del sector Los Jabillos, en Mariche.

“Siembra” de armas para simular enfrentamientos. Las versiones oficiales siempre dan cuenta de presuntas incautaciones de armas a las personas que resultan fallecidas en operativos policiales.

“Los policías me dijeron que lo iban a ayudar, que no le iban a sembrar ni drogas o armas, que solo le iban a imputar ese delito. Nunca entendí esa ayuda”. Tairuma Moreno, madre de Giovanni Alejandro Contreras Moreno, de 19 años de edad.

Los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) le habían advertido que si no se llevaba a su hijo del barrio se lo iban a matar. Un mes después, el 24 de julio de 2019, en medio de una razia en el barrio 70 de El Valle, ejecutaron a Giovanni Alejandro Contreras Moreno, de 19 años de edad.

Conozca las otras 11 formas en que las FAES matan haciendo click aqui 

El shock hipovolémico es la causa de muerte que usualmente se registra en las actas de defunción correspondientes a presuntas ejecuciones extrajudiciales. Expertos explican cómo el disparo en una zona vital causa una muerte casi inmediata

Disparan a zonas vitales para causar la muerte ipso facto. Y si el herido permanece vivo, les basta demorar el traslado a un centro de salud para que fallezca en el camino. El objetivo es que no haya sobrevivientes que puedan contar la brutalidad policial en condición de víctima directa, en primera persona. Se trata de dos de los patrones de actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana.

Einson Castañeda Ríos, de 20 años de edad, fue herido con 10 impactos de bala por funcionarios de las FAES, a las 6:00 pm del martes 27 de agosto, en Plaza Catia, Caracas. Fue trasladado hasta el hospital Miguel Pérez Carreño, donde fue ingresado sin signos vitales.

La distancia entre Plaza Catia y el hospital Miguel Pérez Carreño es de 6,5 kilómetros. Son 20 minutos sin tráfico en la vía. A menos de 2 kilómetros del lugar de los hechos está el hospital Periférico de Catia, a 8 minutos con tráfico.

La pregunta es por qué trasladaron a Castañeda Ríos a un hospital lejano. “Ellos no quería que viviera. Lo querían muerto, por eso se ensañaron”, sostuvo uno de los familiares de la víctima.

Castañeda Ríos falleció junto con Yorgenis Antonio Orellana, de 27 años de edad. Los dos iban a bordo de una motocicleta rumbo a sus hogares en el sector Libertad del barrio Isaías Medina Angarita. El primero era comerciante, mientras que su compañero era barbero.

En ambas actas de defunción se estableció como causa de muerte “shock hipovolémico causado por el impacto de un proyectil en el pecho”. Esta indicación médico-forense es el común denominador en los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.

Shock hipovolémico

Entre los patrones de actuación policial identificados por Proiuris está el disparo en el tórax. En la mayoría de las actas de defunción sobre casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales se señala que el shock hipovolémico es la causa de la muerte.

“El shock hipovolémico es causado por una disminución intensa del volumen de sangre circulante en el cuerpo; es decir, una hemorragia aguda, debido, por ejemplo un disparo en el pecho o tórax”, explicó un médico forense, quien prefirió no ser identificado.

El experto forense recalcó que las muertes por armas de fuego son las más comunes en los casos de presuntos enfrentamiento con funcionarios de las FAES.

Por su parte, Alexis Parra, médico cirujano, explicó que en caso de que el disparo sea justo en uno de los grandes vasos principales (ejemplo la aorta), la persona fallecería en menos de 20 segundos. “Este tipo de shock hipovolémico causa una pérdida masiva de sangre. Depende mucho de la presión arterial del paciente. Pero, cuando la bala toca uno de los vasos principales o el corazón la muerte es prácticamente inmediata”, sostuvo.

Otro médico, experto en cardiología, quien también pidió reserva de su identidad, explicó que las heridas de armas de fuego propinadas en el pecho, a la altura tórax, son mortales, debido a que en esa zona pasan arterias importantes del cuerpo. “Una persona fallece en menos de 20 segundos cuando e le impacta un disparo en el pecho, en la zona de los grandes vasos arteriales, como es la aorta”, sostuvo.

“Eso es una ejecución. Si te disparan en la cabeza, o justamente en el pecho por donde pasa la aorta, es una muerte segura”, expresó un médico residente del Hospital Periférico de Catia, quien prefirió no ser identificado.

Agregó que las zonas blandas del abdomen, cabeza y tórax son muy vulnerables. “Hay muy pocas probabilidades de supervivencias, sobre todo, si la persona no es trasladada de inmediato a una emergencia”, señaló.

No todos los familiares de las víctimas de presuntas ejecuciones a manos de las FAES tienen acceso a los informes médico legales, donde se determina la hora de muerte. Entre los pocos que hacen buen uso del dato están los familiares y abogados de Fernando Lira y Eligio Duarte, asesinados por funcionarios del cuerpo élite de la PNB, la tarde del 6 de marzo, en Guarenas. En el informe médico legal (la autopsia) de Fernando Lira, se estableció que el hombre falleció 20 segundos después de ser impactado por una bala en su pecho.

“Lira falleció en menos de 20 segundos producto de los impactos de bala en el pecho. A ambos se les colocó que fallecieron por el shock hipovolémico causado por el impacto de un proyectil en el tórax, está en el expediente. En otras palabras, lo ejecutaron”, enfatizó el abogado Alexis Lira, hermano de la víctima.

En 20 segundos

Los médicos consultados coincidieron que el impacto de una bala en regiones del cuerpo dónde hay grandes vasos sanguíneos, el tiempo de muerte es menor a 20 segundos. “Dependiendo de la presión sanguínea, una persona promedio se puede desangrar en menos de 20 segundos, si no se les realiza los primero auxilios de inmediato. Esta atención tiene que ser oportuna”, sostuvo.

Los expertos enfatizaron que los primeros auxilios tienen que ser practicados oportunamente. Que es necesario presionar donde está la herida para mitigar el bombeo masivo de sangre y, obviamente, trasladar al herido de forma expedita al hospital más cercano. “Si no se atiende a una persona a tiempo, no habrá ninguna respuesta”, sostuvo el cardiólogo consultado.

En entrevistas realizadas a víctimas sobrevivientes de los casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, la mayoría coincide en señalar que sus allegados fueron llevados a hospitales distantes del sector donde ocurrieron los hechos. Si son heridos en Petare, en vez de trasladarlo al hospital Domingo Luciani, son llevados al hospital Pérez Carreño, y viceversa.

En 100 Sentencias de Muerte, investigación realizada por Proiuris, se determinó que la intención de los funcionarios policiales es no dejar sobrevivientes. “En el análisis de 100 minutas realizado por Proiuris destaca la relación en términos de mortalidad entre presuntos delincuentes asesinados y policías y militares es 171 a 0”, se lee en el trabajo.

Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado están obligados por la ley a prestar primeros auxilios a los heridos y a procurar una atención más integral posible y sin demora. Sin embargo, en casi todos los casos las víctimas son ingresadas a los hospitales sin signos vitales.

La policía usa el traslado como una forma de justificar que “realizaron” los primero auxilios con el fin de salvar la vida de la víctima. “…se intentaron realizar la imperiosa labor de prestarle primeros auxilios trasladando al herido a un hospital, pero quedó sin signos vitales al llegar al hospital (SIC)”, se lee en las minutas policiales.

Para los deudos la intención no es salvar sino asesinar, como fue el caso de Jesús Gabriel González, de 21 años de edad, y de Henry Antonio López, de 25 años, ejecutados la mañana del martes 12 de agosto, en la pensión Manzana de Oro, ubicada en la esquina Aguacaticos de la parroquia San Juan.

“Se escuchaba como los oficiales decían que uno, Jesús, no se moría y que tenía que fallecer en menos de 30 segundos, por eso le dispararon en la cabeza”, aseguró uno de sus familiares para la entrevista realizada dos días después de la muerte de los jóvenes; también enfatizó que González y López, efectivamente, fueron llevados al hospital Pérez Carreño, luego fallecer en la pensión donde fueron ejecutados.

EL ASESINATO DEL COMISIONADO EN JEFE DE LA POLICÍA NACIONAL BOLIVARIANA Carlos Valverde, de 43 años de edad, desencadenó la furia de las FAES. Mediante una razia que se desarrolló este 24 de julio y durante doce horas consecutivas en varios barrios de El Valle y El Cementerio, funcionarios del cuerpo élite de la Policía Nacional Bolivariana mataron a siete personas. Además de la familia del jefe policial, otras seis quedaron en luto por una acción policial con ribetes de venganza.

Los funcionarios de las FAES reportaron solamente un fallecido, cuya identidad no fue suministrada en el reporte filtrado a la prensa. Los reporteros pudieron determinar que los muertos a manos de las FAES son: William Daniel Chacón Mendoza, de 19 años de edad; Giovanny Alejandro Contreras Moreno, de 19 años; Javier Noria, de 32 años; Carlos Javier González, de 22 años; Antony José Matos Hernández, de 22 años; y Raifer Martínez, cuya edad no se logró precisar. Según sus familiares, todos fueron ejecutados dentro de sus hogares.

Testigos del hecho relataron que aproximadamente 30 funcionarios irrumpieron en la calle 9 de El Valle y avanzaron hacia el barrio El 70, el cual se prolonga hasta El Cementerio. Iban vestidos de negro, encapuchados y con armas largas. En camionetas tipo Hilux y motocicletas de alta cilindrada recorrieron la zona hasta llegar a las casas de las víctimas.

Los cuerpos sin vida fueron traslados al hospital Pérez Carreño de Caracas. Allí los médicos informaban a cada familia que su muerto no era el único del operativo, que hubo una masacre ese miércoles 24 de julio.

La mañana de este viernes 26 de julio, los familiares de las víctimas de las FAES continuaban los trámites para retirar a sus allegados. Se les dijo que debían esperar a fiscales del Ministerio Público para realizar reconocimientos post morten. Hasta el mediodía no habían sido entregados los cadáveres.

Más información en Proiuris.

Reporte Especial Proiuris

TRANSCURRIDO UN MES, EL DUELO QUE TODAVÍA ATURDE a la familia impidió cualquier tipo de celebración por el Día del Padre. El 13 de mayo de 2019, 16 días después del nacimiento de su primer hijo, Víctor Alejandro Rangel Maita, de 32 años de edad,  fue asesinado en medio de una razzia de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, en la calle 17 de Los Jardines de El Valle.

La orfandad del muchachito podría quedar, literalmente, sellada en su identidad. Los familiares del fallecido aseguran que los funcionarios de las FAES no les devolvieron la cédula laminada de Rangel Maita y que ahora tienen mucha dificultad para registrar el nacimiento del niño. “Mi hermano nunca pudo presentarlo, porque cuando nació el bebé (el 28 de abril de 2019), hubo una protesta frente a la Maternidad (Concepción Palacios). Luego de eso, estuvo haciendo los trámites para obtener la partida de nacimiento, pero no alcanzó a hacerlo”, señaló Viana Rangel.

Los deudos también tienen que lidiar con la versión oficial que se divulgó por varios medios de comunicación sobre lo ocurrido en las Residencia Fenade, aproximadamente a las 9:00 am de aquel 13 de mayo: “Efectivos de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la PNB realizaron un dispositivo de saturación y contención de área en la avenida intercomunal de El Valle, con la finalidad de dar captura a integrantes de una banda delictiva que tiene azotada a la comunidad. Sostuvieron un enfrentamiento con varios delincuentes. Los antisociales neutralizados quedaron identificados como Ángel Gabriel Santaella Hernández, Víctor Alejandro Rangel Maita y Jorge Luis Malavé, integrantes de la peligrosa banda “El Brayan”,; a quienes se le incautaron en el lugar del hecho tres armas de fuego. El funcionario herido fue atendido, se encuentra estable de salud y ya fue dado de alta”.

 “No sabemos qué pasó adentro de ese edificio. Uno de los vecinos dice que mi hermano estaba subiendo las escaleras cuando llegaron los oficiales. Otros dicen que lo agarraron y lo metieron en un apartamento. Yo puedo asegurar que no tenía pistola ni pertenecía a una banda delictiva”, enfatizó la hermana.

Como las autoridades insisten en que Rangel Maita abrió fuegos contra los funcionarios de las FAES, la familia también tiene que lidiar con la escasa posibilidad de que el Ministerio Público realice una investigación eficiente del caso a efectos de determinar, como presumen, que la muerte de Víctor Alejandro Rangel Maita corresponde a una ejecución extrajudicial.

Viana Rangel extraña a su padre, Hugo Rangel, que fue funcionario de la extinta Policía Metropolitana y murió hace dos años: “Mi papá, que era policía, nunca habría podido imaginar que otro policía le matara a un hijo”.

De la búsqueda a la denuncia

Juliza Ramos esperaba que Víctor Alejandro, su primer novio de la adolescencia y ahora su esposo, regresara a la casa donde ambos residían, en Las Casitas de La Vega. Le dejó muchos mensajes: “Víctor contesta” “Estoy preocupada ¿Dónde estás?”.

Desesperada, a las 9:00 pm, llamó por teléfono a su cuñada. “En ese momento me asusté. Presentía que a Víctor le había pasado algo”, indicó Viana Rangel. Al día siguiente, la familia comenzó a preocuparse aún más, cuando se enteraron de que funcionarios de las FAES ejecutaron un “operativo” en El Valle, precisamente en el sector Los Jardines, donde está ubicada la charcutería en la que Víctor Alejandro trabaja desde hacía cinco años.

Recorrieron puestos policiales y hospitales.  “Cuando mi otro hermano llegó al hospital Pérez Carreño, le informaron que Víctor fue ingresado sin vida por funcionarios de las FAES. De allí nos fuimos a la morgue”, relató.

Rangel Maita fue herido por una bala en el tórax. En el acta de defunción se reseñó como causa de muerte un shock hipovolémico por el impacto de una bala en el tórax.

El martes 14 de mayo, en la comandancia central del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, Viana formalizó la denuncia contra los funcionarios de las FAES y se disponía a completar trámites para que le entregaran el cuerpo de su hermano. “Allí me dijeron que otra supuesta hermana de Víctor ya había hecho las diligencias. Estaba muy molesta. Soy la única hermana de Víctor, hasta donde tengo conocimiento. No me querían tomar la denuncia; es más, creo que pretendían que les pagara algo, no sé. Al final, luego de pelear con los funcionarios, me dieron mi papel para retirar el cadáver de mi hermano”, sostuvo.

En el Cicpc persistían en la tesis del enfrentamiento. Sin embargo, Viana junto con sus hermanos, la desmentían. “Pregunté por la cédula de mi hermano. Nadie sabe qué se hizo. Es más, los funcionarios tampoco me dijeron qué hacer para conseguirla. Su identificación, así como todas sus cosas, desparecieron”, sostuvo.

El estigma de los antecedentes

Dos años antes de ser asesinado, Víctor Alejandro Rangel Maita había sido detenido por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Estuvo dos días desaparecido. Al tercer día, luego de que sus familiares realizaran una angustiosa búsqueda en hospitales, puestos policiales y en la morgue, el hombre llegó vivo a su casa… pero muy asustado.

Para reconstruir aquel primer encontronazo de su hermano con la PNB, Viana recreó el diálogo que tuvo con Víctor Alejandro.

—De broma de mataron, dijo Víctor.

— ¿Pero qué pasó? ¿Te detuvieron? ¿Por qué? ¿Hiciste algo?, le preguntó Viana.

—Fue la PNB. Como vieron que tenía antecedentes, me agarraron en una alcabala. Me pusieron una capucha y comenzaron a preguntarme si yo había secuestrado a alguien. Negué todo. Me ponían la pistola en la sien— relataba Víctor simulaba el movimiento del funcionario que lo habría sometido— Así me mantuvieron dos días, dentro de un carro. Me ruletearon por una zona que nunca pude identificar. Me decían que me iban a matar. Una de las funcionarias me dijo: di tus últimas palabras. Solo les respondí: si me van a matar, háganlo ya.

La historia concluyó con el abandono de Víctor Alejandro en unos matorrales por  Caricuao, luego de que los funcionarios se percataran de que lo habían confundido con otra persona. Según su hermana, le pidieron que no volteara hasta que ellos se fueran: “A mi hermano casi lo matan en esa oportunidad. Se salvó gracias a la obra de Dios. Pero quedó muy asustado”. 

Hace 13 años, Víctor Alejandro, de 18 años de edad para ese entonces, fue detenido por funcionarios de la Policía Municipal de Vargas, por su participación en un robo, junto con otras tres personas.

Inicialmente lo condenaron a 9 años de prisión, pero al final lograron una reducción de la pena a 4 años y medio. “Víctor estuvo preso un año en la Planta (El Paraíso), luego le dieron libertad condicional. Permaneció bajo régimen de presentación durante los tres años restantes de su condena. Cumplió la condena que le impusieron, pero nunca lo sacaron del Sistema de Información Policial (Sipol). Aun cargaba con esa cruz”, dijo su hermana.

No solo los adultos de la familia sufren por la muerte de Rangel Maita. Uno de sus sobrinos, de diez años de edad, lo extraña mucho: “A veces me pongo triste, incluso lloro. Pero sé que está en un mejor lugar”, dijo mientras jugaba con un carrito.