Luis Alejandro Borrero / El Pitazo
Los vecinos notaron algo extraño. Antes de los masivos allanamientos en los Altos Mirandinos en mayo, que precedieron a la “Operación Tun Tun por la Paz”, pequeños aparatos sobrevolaban San Antonio de Los Altos, en Miranda. Eran manejados por control remoto. Se trataba de drones, usados en una política de vigilancia que esa vez terminó con al menos 30 detenidos y varias incautaciones de herramientas utilizadas por manifestantes en las protestas.
Un dron es perfecto para la vigilancia. Son sigilosos, pequeños, ágiles y versátiles. Su definición formal es la de vehículo aéreo no tripulado. Son capaces de realizar, de manera autónoma, un vuelo sostenido y controlado. Además son reutilizables y pueden tener motores de explosión, a reacción o eléctricos. Este último tipo es el que se utiliza en ambientes urbanos.
No solo en Miranda se han utilizado. En Palma Real, al norte de Valencia, se reportó que hubo drones recorriendo la urbanización que, desde el inicio de las masivas protestas antigubernamentales en abril, ha sido un símbolo de la resistencia. Misma receta: sobrevuelos de reconocimiento y luego allanamientos masivos.
La compra y utilización de drones para la vigilancia en operativos de inteligencia es una política de Estado.
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la compra de drones para reforzar los dispositivos de seguridad llamados “cuadrantes de paz”. Hizo el anuncio el 17 de enero de este año. El mayor general detalló que para ese momento había instalado 2.119 cuadrantes. La meta era de 2.300 al finalizar 2017. Entonces, era momento para que el Gobierno se fuera de compras.
Trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en Monagas (Petromonagas) filtraron un documento que prueba que el Gobierno destinó 7 millones 484 mil 170 dólares para comprar drones, a través de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La aprobación del contrato la hizo Edgar Sifontes, presidente de la estatal petrolera.
Los drones también sirven para la contrainteligencia. El 18 de mayo en Maracaibo, dos infociudadanos contaron a El Pitazo que durante un escenario de represión salieron a tomar fotografías de cómo la Guardia Nacional lanzaba bombas lacrimógenas en zonas residenciales Mara Norte.
Con sus celulares, se escondieron detrás de un aire acondicionado industrial en uno de los edificios. De pronto, empezaron a caer bombas cerca del aire acondicionado —donde en teoría no había nadie, pues los guardias no tenían rango de visión. Cuando levantaron la mirada vieron un dron sobrevolando encima de ellos, equipado con una cámara y, presumiblemente, transmitiendo en directo su ubicación.
El basamento legal para la contratación directa es el numeral 2 del artículo 101 de la Ley de Contrataciones Públicas, refrendada en la Gaceta Oficial 6.154 del 19 de noviembre de 2014. Ese apartado especifica que la adquisición de material mediante contratación directa puede hacerse —sin importar el monto— cuando “las condiciones técnicas de determinado bien, servicio u obra así lo requieran o excluyan toda posibilidad de competencia o si, habiendo adquirido ya bienes, equipos, tecnología, servicios u obra a determinado proveedor o contratista, el contratante decide adquirir más productos del mismo proveedor o contratista por razones de normalización o por la necesidad de asegurar su compatibilidad con los bienes, equipos, la tecnología o los servicios que ya se esté utilizando”.
Además se agrega: “el volumen relativamente bajo del contrato propuesto en comparación con el contrato original, el carácter razonable del precio y la inexistencia de otra fuente de suministro”.
Es decir, el artículo que cita el documento oficial filtrado de Petromonagas demuestra una relación comercial previa a la compra que se autorizó en noviembre del año pasado.
La razón social de la empresa —de actividades primarias de exploración y explotación de crudo— no tiene nada que ver con la seguridad u orden interno. Tampoco queda claro el papel de un organismo militar como la Dgcim en la transacción a través de una petrolera.
Petromonagas es la misma empresa señalada en 2017 por la Asamblea Nacional. El parlamento aprobó por unanimidad un documento en rechazo a la venta de acciones de la empresa a la estatal rusa Rosneft. Esa transacción, por 500 millones de dólares, violó la Constitución, según los diputados.
El piloto García: un hombre clave
A 2.438 kilómetros de la sede de Petromonagas, en el condado de Sunrise en Florida, Tito García Montero sube una foto a su Instagram. Está probando los nuevos modelos de drones.
El hombre es un amante de la aviación y militar retirado venezolano radicado en Estados Unidos. También una persona clave en la transacción filtrada: García es presidente de TGM Aviation LLC —registrada en 2015 en Florida—, la proveedora de los equipos voladores por más de 7 millones de dólares al gobierno de Nicolás Maduro a través de Petromonagas.
Registros empresariales del país norteamericano muestran como responsable de TGM Aviation al teniente retirado de la Aviación Militar. García es natural de Caracas, cursó estudios en el liceo militar Jáuregui y luego entró a la Academia Militar de la Aviación, donde se graduó en 2003. Estudió desde 2006 a 2007 investigación de accidentes aéreos en la Escuela Superior de Guerra Aérea.
La empresa no aparece registrada en el Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), un requisito indispensable para proveer al Estado de bienes o servicios. Uno de los socios o personas cercanas a García es Claudia Crescenzi Duva. La mujer aparece como directora en Global Bussines TCG, de la cual, el exoficial es presidente desde 2012 hasta la fecha, según uno de sus perfiles en redes sociales.
Esta segunda empresa aparece en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), pero se especifica que no está inscrita, pues no terminó el proceso. Según el perfil de García, se desempeña como presidente de esa segunda firma (Global Bussines).
En Venezuela, García aparece ligado a otras empresas. Es la persona de contacto en la Constructora Corazón de España C.A., una empresa registrada con archivos en la oficina auxiliar de Pdvsa en Maturín, cerca de Petromonagas. La constructora se inscribió en el RNC en 2012 (requisito indispensable para hacer negocios con el Gobierno). Se venció un año después y actualmente está inhabilitada para contratar con el Estado según el RNC.
Crescenzi también tiene nexos empresariales en Venezuela: es la persona de contacto en la Almaduan JCA C.A., con sede en Puerto Cabello, y actualmente inhabilitada para contratar con el Estado.
El exaviador lo reconoce: hace negocios con el Gobierno. En el perfil de la red social aparece un comentario de una persona interesada en comercializar drones hacia Venezuela.
García, a través del perfil @Tito_rector, le responde al usuario: “Gracias, hermano. Sí, yo vendo al gobierno venezolano drones profesionales para vigilancia y usos industriales”, dijo en un comentario publicado hace 28 semanas. Pero sobre su registro, detalles de los contratos, modelos de los drones confeccionados y márgenes de ganancias no hay datos públicos.
El Pitazo intentó comunicarse con García a través de sus redes sociales y correos electrónicos disponibles en el RNC para obtener una opinión sobre sus vinculaciones con el Gobierno. Para el momento de la publicación de este reportaje no había respuesta del empresario.
Mercado en auge
El mercado de los drones dejó de ser incipiente. En la actualidad, la gama de posibilidades es amplia y satisface una gran variedad de necesidades. La unidad de investigación de El Pitazo ha comparado los modelos con cámara integrada de las dos principales fabricantes: las empresas chinas DJI y Syma. Los resultados comparativos de precios respecto con la orden de compra de Pdvsa demuestra que con esa cantidad de dinero se podría comprar entre 4.408 y hasta 152.025 drones, dependiendo del precio.
Es decir, suponiendo que el Gobierno desplegara un dron por cuadrante, quedarían entre 2.289 y 149.906 unidades más de las que podría requerir. Eso representa un porcentaje de compra de entre 162% y 664% más de lo que se necesita.
En el caso de que sean dos dispositivos por cuadrante y se utilizara uno de los modelos más costosos (DJI Phantom IV Pro Display), cuyo precio ronda los 1.697,99 dólares, al menos 170 unidades sobrarían.
Los modelos avanzados no son baratos. En algunos portales web de Venezuela especializados en ventas los equipos pueden conseguirse con precios que oscilan entre los 200 mil bolívares —modelos que no son para la recreación y que tienen autonomía de batería mayor a 15 minutos— hasta los 9 millones de bolívares en sus modelos más avanzados. Hay incluso publicaciones que exceden los 13 millones de bolívares.
De acuerdo con análisis disponibles en Internet, una de las marcas más destacadas en el apartado drones es DJI. Su modelo Phantom IV convencional, al que se le puede adaptar una cámara para la videovigilancia, puede costar 858 dólares.
En el país hay vendedores que lo ofrecen por siete, nueve y hasta 13 millones de bolívares. Otros más accesibles, como el DJI Phantom III puede tener un precio de 550 dólares.
Pero TGM Aviation LLC no prueba drones de marcas existentes únicamente. Tito García es fabricante. Sus redes sociales empresariales están repletas de modelos propios, cuya confección se ve mucho más avanzada y funcional que la de las marcas chinas.
El monopolio del marco legal
En agosto de 2016, durante una rueda de prensa, a espaldas de Reverol había 11 unidades móviles —tipo camiones— equipadas con aparatos de vigilancia. El ministro dijo que eran parte de un sistema integrado de monitoreo y vigilancia.
“Con la finalidad de ejercer un monitoreo permanente de todas las actividades inherentes a la seguridad ciudadana y a garantizar el orden interno y la paz”.
Añadió la adquisición de 30 nuevos drones y la publicación en Gaceta Oficial de una resolución conjunta de los Ministerios de Interior, Justicia y Paz; y el de Transporte Aéreo y Acuático para regular el uso de las aeronaves pilotadas a distancia.
El 29 de agosto de 2016, Reverol anunció que el uso de drones estaba prohibido hasta el 5 de septiembre, luego de que el Gobierno diera con un presunto plan desestabilizador que sería ejecutado en la marcha convocada por la oposición para el 1° de septiembre denominada “La Toma de Caracas”.
El ministro especificó que pilotar aeronaves no tripuladas sería castigado con la confiscación de los aparatos. También prometió que en 120 días los organismos debían desarrollar un sistema de registro de este tipo de aparatos y que toda persona que tuviera uno debía notificarlo al Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) para obtener un permiso.
El 31 de agosto se publicó la Gaceta Oficial 40.978, en la que existe una resolución del Ministerio de Defensa. Allí se explica que el vuelo de drones es un asunto de seguridad nacional y que puede ser sensible para la estabilidad del Estado en algunas zonas. Por eso el plan de vuelo, despegue y aterrizaje de los drones manejados por civiles debe estar previamente autorizado por el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Armadas y también debe contar con una planilla de registro llenada y aprobada con las características de la aeronave.
Contra los opositores
Los esquemas de vigilancia del Gobierno han funcionado no solamente contra la delincuencia organizada —como ha prometido Reverol— sino contra objetivos políticos. La noche del 6 de febrero del año pasado la esposa del líder opositor venezolano, Leopoldo López, denunció que un dron sobrevoló su casa. El dispositivo grabó durante varios minutos a través de la ventana de su casa y en los cuartos de sus hijos.
Cuando la activista de derechos humanos se percató, cerró de inmediato las cortinas hasta que el dron se marchó. Pero no le queda duda: era manejado por organismos de inteligencia “para amedrentarla”. Eso fue tres días antes de que Reverol anunciara un plan para la vigilancia con drones como parte del dispositivo Carnavales Seguros 2016.
En este video puede ver algunos de los usos que el Gobierno le da a los drones:
Otro caso es el del exdirector de la Oficina de Seguimiento y Evaluación de la Presidencia de la AN, Alejandro Puglia. El joven permaneció 56 días privado de su libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el Helicoide. Su aparente delito fue volar un dron durante la gran marcha convocada por la oposición denominada “La Toma de Caracas” el primero de septiembre de 2016. El argumento de la juez 37 de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Yesenia Maza, fue presunto “favorecimiento bélico”.
La semana del 5 de junio, durante disturbios en los edificios “Los Verdes”, en el sector El Paraíso de Caracas, vecinos reportaron que drones sobrevolaron los apartamentos. Allí, funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) han tumbado los portones de conjuntos residenciales para dar con el paradero de manifestantes encapuchados. Pero están, al igual que en Maracaibo, apoyados desde el aire.
En zonas de alta conflictividad, como el estado Táchira, las unidades militares ya han anunciado el uso de los aparatos voladores para la vigilancia de actividades principalmente opositoras.
El jefe de la Región de Estratégica de Defensa Integral (Redi), el general José Morantes Torres, anunció que drones serían utilizados para monitorear las concentraciones y protestas.
“A partir de ahora no aceptaremos que la marcha dé las sorpresas que se reúnen en un lugar y no sabemos para dónde van”, se lee en una declaración recogida por el diario La Nación de San Cristóbal.
Lo que ven los vecinos de San Antonio de Los Altos en el cielo y en Valencia es lo mismo que vieron Tintori o Puglia. O lo que divisan los habitantes de Maracaibo o “Los Verdes” en El Paraíso: una política de Estado para la vigilancia. Y a pesar de ser costosa, ya tiene recursos, proveedores y un futuro promisorio fuera de Venezuela, en los cálidos atardeceres de Sunrise, en Florida.
Nota del editor: Este reportaje fue realizado por la Unidad de Investigaciones de El Pitazo. Participaron en la reportería César Bátiz, Jesús Alberto Yajure y Luis Alejandro Borrero. Se utilizaron datos aportados por Pola del Guidice desde San Antonio, estado Miranda. Fue escrito por Luis Alejandro Borrero
