Amnistía Internacional se pronunció ante la detención del alcalde metropolitano Antonio Ledezma y calificó como «inaceptable»que se detenga a una persona sin evidencia admisible. Aseguraron que las autoridades venezolanas no les interesa dar prioridad a la protección de los derechos humanos, sino «acallar a las voces críticas».
«La detención del Alcalde de Caracas suma una persona más a la ya extensa lista de detenciones motivadas políticamente», aseguró la organización. El comunicado hace referencia Alí Fabricio Paredes; juez del caso de Walid Makled, y Tadeo Arrieche, abogado de la cadena de automercados Día a Día; recientemente detenidos. Afirmaron que de no darle espacio a la disidencia, «el país seguirá en una espiral de deterioro».
A continuación el comunicado completo:
Venezuela: ¿Continua la cacería de brujas?
La detención del Alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, el día de ayer es sumamente preocupante. En el contexto venezolano actual no queda más que asumir que una vez más a las autoridades no les interesa dar prioridad a la protección de los derechos humanos sino acallar a las voces críticas.
En un estado de derecho en el cual se deben proteger los derechos humanos de todas las personas, es inaceptable que se detenga a individuos sin evidencia admisible de que hayan cometido delito alguno. En el último año se han detenido arbitrariamente a personas por el simple hecho de ser opositores o por tener una visión crítica del Gobierno. La detención del Alcalde de Caracas suma una persona más a la ya extensa lista de detenciones motivadas políticamente.
En la última semana además Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de que se ha detenido al juez Alí Fabricio Paredes, supuestamente como consecuencia de la sentencia que habría dictado en un caso de alto perfil y que no habría satisfecho los deseos del Ejecutivo. Asimismo, se habría detenido al abogado Tadeo Arrieche como represalia por el desempeño de sus funciones, al ejercer como abogado de una empresa acusada de desestabilizar la economía.
Mientras las autoridades venezolanas no se tomen en serio dar prioridad a los derechos humanos y entiendan que en un estado de derecho se debe dar espacio a la disidencia, el país seguirá en una espiral de deterioro que sobre todo afectará a las personas más vulnerables.
