Siempre me ha resultado chocante el nacionalismo exagerado de algunos venezolanos que buscan argumentos absurdos para pontificar que este es “el mejor país del mundo”. Un lugar común para alimentar tal pedantería es aquel ligado a las ventajas naturales. Sobre todo, la belleza paisajística y la riqueza agrícola y mineral. En todo caso, ya que estos dotes no se deben a actividades humanas, deberían ser más motivo de agradecimiento que de orgullo. Dios, la suerte o como lo quieran llamar nos bendijo con una extensión de tierra llena de diversos minerales y apta para el cultivo de una muy amplia variedad de productos campestres. Desde la colonia los bienes primarios han sido el principal motor de nuestra economía, comenzando por el cacao. La fuente del chocolate fue nuestro principal producto de exportación hasta el siglo XIX, cuando lo desplazó el café (a su vez sustituido por el petróleo). Hoy Venezuela no figura entre los principales productores de cacao, pero sí destaca en cuanto a calidad. El grano criollo es empleado para elaborar algunos de los chocolates más valorados del orbe. Si la cantidad igualmente se elevara hacia cumbres internacionales, habría entonces una oportunidad de desarrollo de la que sí podríamos enorgullecernos, así como una fuente de prosperidad para regiones empobrecidas como Barlovento y la Península de Paria.
Resulta por lo tanto para nada alentador enterarse, gracias a una investigación del portal periodístico Armando Info firmado por Isabel Guerrero, que en el estado Miranda las nuevas autoridades regionales han tramado un tal “Plan Cacao” que básicamente consiste en monopolizar la distribución dentro y fuera del país. Aunque no se trate de una estatización total y declarada, se está limitando enormemente la libertad de los productores para disponer de sus frutos como deseen. Ellos son obligados a venderle a la gobernación por precios irrisorios: Bs 500.000 por kilo en el caso del cacao de más alta calidad, según el reportaje. Sin embargo, los agricultores deben pagar 20% a las autoridades intermediarias y un 15% adicional a las alcaldías de los municipios donde trabajan (todas en manos del oficialismo), de manera que al final solo reciben Bs 325.000 por kilo.
A manera de compensación, la gobernación y las alcaldías se comprometen a brindar “asistencia y acompañamiento” a los productores. Es decir, a brindarles todo lo que necesiten para optimizar la producción. La realidad es otra, pues los servicios públicos son deficientes, muchas arterias viales están en mal estado y, lo peor, la delincuencia hace de las suyas con impunidad. Barlovento es la región con más homicidios en todo Miranda. Bandas hamponiles se dedican, entre otras cosas, a extorsionar a los productores de cacao, quienes de paso, según ellos mismos denuncian, deben lidiar con la “vacunas” que les cobran los organismos de seguridad para permitirles circular con la mercancía.
Mientras tanto, el cacao obtenido a precio de gallina flaca por la gobernación es vendido en divisas con precios internacionales. Para ello, el ejecutivo regional ha negociado acuerdos con los amigos extranjeros del chavismo en Rusia, China, Irán y Turquía. La cotización internacional del cacao en promedio es de aproximadamente 2,5 dólares por kilo. Este gobierno podría considerar un delito que se exprese aquella cantidad de moneda extranjera en bolívares a la única tasa a la que casi todos los venezolanos tienen acceso. No importa. Cualquiera puede notar la diferencia con respecto a lo que se impone al productor.
Los monopolios, públicos o privados, no suelen ser señal de una economía sana. La falta de competencia fácilmente desalienta la innovación. Son esquemas comerciales que cada vez tienen menos que ver con un mundo dinámico, heterogéneo y globalizado. Al contrario, evocan experiencias históricas que ya se ven muy distantes en el retrovisor. Cabe recordar que la Corona española prohibió a sus colonias americanas el intercambio de bienes ajeno a Madrid. Los bienes agrícolas y minerales del Nuevo Mundo hispánico solo podían salir rumbo a la metrópoli. En el caso de la Provincia de Venezuela, el monopolio sobre el comercio fue administrado desde La Guaira por la infame Compañía Guipuzcoana.
¿Cuántas veces, a lo largo de su trayectoria por el sistema nacional de educación básica, escucha cada venezolano el relato sobre la institución real con nombre vasco? Tantas que es casi inevitable que en algún momento escuchar sobre ella le provoque bostezos, como ocurre tristemente con casi todo lo que pasa por nuestra reiterativa y exageradamente romántica forma de enseñar historia a niños y adolescentes. Pese al tedio, casi siempre queda al menos grabado en los dominios de Mnemosine la noción de la Guipuzcoana como uno de los factores que preparó el terreno para la independencia. Más precisamente, el orden monopólico encarnado en la Guipuzcoana provocó en el siglo XVIII fuerte indignación entre los hacendados de la provincia, que debían tratar con los agentes reales para que sus bienes se hicieran a la mar. Y como ocurre con prácticamente todas las restricciones al libre comercio, surgió un pujante mercado negro, puesto que era mucho más rentable para la población local vender por debajo de la mesa a los ingleses, franceses y holandeses que regían las Antillas menores.
Los precios impuestos por la Guipuzcoana, así como la persecución a los contrabandistas, generó un creciente descontento entre los habitantes de la provincia. Dado que, como ya se dijo antes, el cacao era el principal producto de exportación en la Venezuela colonial, no sorprende que el mayor hervidero de antipatía hacia los encargados del monopolio haya sido Barlovento. Ahí, el canario Juan Francisco de León se había establecido para dedicarse a la producción y comercio del germen del chocolate. Justo en la mitad del siglo, De León encabezó una rebelión que marchó desde Panaquire, localidad que había fundado, hasta Caracas, para exigir la abolición de la Guipuzcoana. Aunque al principio los alzados pudieron asustar a las autoridades, para 1752 estaban derrotados. Su líder fue hecho prisionero y enviado a la cárcel de La Carraca, en Cádiz, donde murió enfermo al poco tiempo, suerte que más de media centuria después repetiría Francisco de Miranda.
Todo este episodio quedó marcado en monumentos patrios y libros escolares como uno de los primeros “movimientos precursores de la independencia”. Aunque sus banderas no clamaban por cortar los hilos controlados desde el trono, sí hubo un intento por poner fin a un sistema oprobioso y contrario a la libertad individual que a fin de cuentas tenía su fuente en la península.
Es una triste ironía que la autoproclamada Revolución Bolivariana, obsesionada con el proceso independendista e identificada (por sus propios gestores, claro está) como su sucesora, más bien mantenga políticas públicas que recuerden a las prácticas de la Guipuzcoana. Más allá de los chistes de pésimo gusto que a veces produce la historia y de las denuncias de los productores de cacao hoy, es de temer qué ocurrirá con este sector de la economía a partir de ahora. El resultado del control gubernamental sobre la elaboración del café, solo por nombrar uno entre tantos ejemplos, es suficiente razón para sentir inquietud. En realidad, las esperanzas de que cualquier área económica se desarrolle hasta niveles que nos permitan enorgullecernos son nulas mientras el desastre desatado en 1998 se mantenga.
@AAAD25
