La fiscalía 81 del área metropolitana de Caracas (AMC) imputó a nueve funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el 11 de diciembre de este año. La múltiple presentación en tribunales ocurrió cinco días después de que dos adolescentes fueran asesin
El Ministerio Público indicó que el Tribunal 1º de Control del AMC aceptó la imputación de los hombres por homicidio calificado con alevosía y por motivos fútiles, uso indebido de arma orgánica, encubrimiento y omisión al socorro.
La muerte de Yonaiver Moreno, de 15 años de edad, y Ricardo Castro de 12 años, fue judicializada. Entre mayo de 2017 y octubre de 2018, estas dos víctimas de las armas policiales son las únicas que tuvieron justicia pública en El Valle. Según fuentes extraoficiales, uno de los jóvenes es familiar de un funcionario de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), unidad adscrita a la PNB.
En ese período hubo un total de 77 muertes violentas en las que participaron funcionarios de seguridad del Estado. Esta cifra se obtuvo gracias al registro de Monitor de Víctimas, que desde mayo de 2017 chequea las morgues del Área Metropolitana de Caracas para conocer los datos de las víctimas de la violencia.
Hasta octubre de este año en la parroquia El Valle, una de las 32 del AMC, 150 personas murieron en hechos violentos: 51% por acción policial y 33% por civiles y 13% no se pudo precisar. En esta parroquia viven 155 mil personas, según el Ministerio para Relaciones Interiores Justicia y Paz.
La data de Monitor de Víctimas revela no solo que la mayor cantidad de personas muertas por la violencia fueron agredidas por un uniformado. También muestra que en la mayoría de los hechos violentos con más de una víctima, los responsables son policías. Es decir, hay más muertes múltiples en un mismo hecho cuando interviene un efectivo policial que cuando participa un delincuente.
En el periodo registrado por Monitor de Víctimas, hubo 15 homicidios múltiples. Este término se acuña a casos en los que hubo más de una víctima. De este total, en 80% de los casos los responsables fueron funcionarios de seguridad, en su mayoría oficiales de la PNB y de la Faes: Javier Eduardo Hernández Ulaso, Neibis Ramses Chirinos Requena, Daniel Alejandro Sánchez Vásquez, Yonaiker Javier Ocanto Piñate, Ediver Daniel Chávez Escalona, Eddie Alexander Oñates Méndez y Dannys Yefran Oropeza.
Estos ocho nombres son parte de las nueve víctimas de un operativo policial en El Valle. El 31 de agosto de este año, nueve jóvenes, entre 15 y 24 años, murieron dentro de una vivienda ubicada en la calle Apure del sector Las Filas, en la parroquia El Valle del municipio Libertador de Caracas. Fueron “neutralizados” por la policía, y que además habrían lanzado una granada contra los uniformados. La familia desmintió esta versión y acusó a los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado de haber activado el artefacto explosivo.
El suceso, en el que participaron funcionarios del Cicpc y la PNB, terminó con la explosión de una granada.
“Si la granada se la lanzaron a los policías, ¿cómo usted explica que no haya un policía muerto o un policía herido?”, se pregunta Neida Oropeza, tía de Dennys Yefran Oropeza, de 18 años, quien terminó sus estudios de bachillerato en julio y estaba en búsqueda de trabajo. Él fue uno de los caídos. “Eso no fue enfrentamiento”, insistió.
Mientras la policía tiene este expediente de muerte; las bandas criminales suman más víctimas. El caso con mayor cantidad de asesinatos causados por agrupaciones delictivas dejó cinco fallecidos: Irma del Valle Peña Cañizales, Jonathan Enrique Rincón García, Edgar José Peña Andara, Javier Enrique Rincón García y Jaime Emiro Rincón García.
Estas personas fueron halladas en el interior de una vivienda en el sector La Cuadra de El Valle el 27 de febrero. Estaban atadas de manos y pies con un mecate color amarillo. Todos presentaban impactos de bala en la cabeza.
El Cicpc abrió el caso con la hipótesis de que se trató de un sicariato y lo catalogó como ajuste de cuentas. Sobre este hecho se supo más tarde que las víctimas estaban relacionadas con un grupo delictivo de Trujillo.
Historia de violencia
En El Valle los índices delictivos siempre están en rojo. La parte alta de esta parroquia es el sitio idóneo para los delincuentes que usan lo engorroso del terreno para ocultarse. Desde allí se organizan secuestros y mantienen a las víctimas mientras se acuerda el pago por su vida.
Actualmente hay cerca de cuatro bandas consolidadas en la parroquia, pero dos son las que más le han dado dolor de cabeza a las autoridades: la del barrio el 70 y la de “El Loco Leo”.
Entre 2013 y 2015, los grupos armados acordaron unirse para combatir a las fuerzas de seguridad del Estado. A esto le llamaron la “paz de los malandros”. El pacto era no matarse entre ellos, sino enfocar sus esfuerzos en repeler la acción policial.
Tal fue la unión que para principios de 2015 el sitio era una zona prohibida para los policías. Hasta que llegaron las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP) en julio de ese año. Oficialmente estos operativos que mezclaban policías y militares dejaron 505 víctimas en todo el país.
Las bandas volvieron a pelearse entre sí el control del negocio del secuestro y drogas. “Esto está terrible. Por un lado tenemos los operativos policiales, por el otro a los malandros. Cuando llega la policía se metan para arriba y de ahí se van a Valles del Tuy a esconderse. Algunos hasta se han ido del país”, manifestó una mujer que tiene más de 20 años viviendo en la parroquia.
¿Quién investiga?
El 4 de diciembre se presentó el balance de la PNB. Según el director, Alfredo Pérez Ampueda, hay 89 funcionarios de la Faes detenidos por averiguaciones por presuntos abusos de autoridad. No detalló si entre estos investigados se encuentran los señalados por ejecución policial.
Días antes, el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC),
