El fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, informó este viernes 12 de enero que el Ministerio Público solicitó órdenes de aprehensión contra los empresarios Hjalmar Gibelli y Fabrizio Della Polla De Simone, presuntamente involucrados en la obtención de divisas de manera ilegal.
Explicó que una vez acordadas las órdenes de aprehensión se procederá a solicitar la alerta roja a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), además de adelantar las extradiciones correspondientes. Al ofrecer declaraciones desde la sede principal del Ministerio Público en Caracas, Saab acotó que ambos son procesados actualmente en Estados Unidos por lavado de dinero.
Informó que Della Polla “es propietario de la empresa Servicios de Nutrición Animal C.A. (Servinaca), a la que le fue liquidada la cantidad de 234 millones 276 mil 52 dólares a través de solicitudes de importación de mercancías” y rubros utilizados en la producción de alimentos.
Por su parte, la empresa Sport Life 2002, propiedad de Della Polla y Gibelli, obtuvo irregularmente 11 millones 227 mil 211 dólares.
Precisó que ambas personas serán imputadas por los delitos de obtención fraudulentas de divisas, asociación y legitimación de capitales.
El titular de la acción penal en Venezuela y presidente del Poder Ciudadano indicó que para investigar el referido caso fue comisionada la Fiscalía 28ª Nacional.
Detalló que, en el marco de la lucha anticorrupción que emprende el Ministerio Público, fueron identificadas 100 nuevas empresas que estarían involucradas en la obtención irregular de divisas a través de la Comisión de Administración de Divisas y el Centro Nacional de Comercio Exterior.
Desfalco en Aragua
El Fiscal General también se refirió a la detención de cuatro personas por su presunta participación en el desfalco de más de 14 millardos de bolívares a la Gobernación del estado Aragua, hecho denunciado en diciembre de 2017.
Destacó que la Secretaria de Hacienda, Administración y Finanzas del citado ente gubernamental, Sinamay Linarez, y su hija Omaira Cabrera están privadas de libertad por fraude electrónico, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Saab dijo que Linarez creó dos falsos usuarios para transferir los recursos a las cuentas de siete empresas, desde donde inmediatamente fueron transferidas a otras cuentas de personas naturales y jurídicas.
Mencionó que estas irregularidades fueron detectadas producto de la denuncia realizada por el gobernador de Aragua, Rodolfo Marcos Torres, y el presidente del Banco de Venezuela, José Morales.
Acotó que por este hecho también fueron aprehendidos Harold Bernal, de la empresa Bernal Zeis Constructores C.A, y Yaritza Vásquez, de Yaris Fashion C.A. Además están pendientes por materializar otras ocho órdenes de aprehensión.
Puntualizó que entre las empresas involucradas en el desfalco a la gobernación aragüeña también están V.J. Construcciones C.A, Agropecuaria Agrocampo 2015 C.A., Construcciones y Remodelaciones ZR2 C.A., JACCI Bouique C.A. y Nuñera C.A.
Respecto a este punto, el Fiscal General señaló que ninguna de esas compañías aparecía como proveedora de productos o servicios a la aludida gobernación.
Añadió que, producto de la acción del Ministerio Público, se ha recuperado la mitad del dinero sustraído ilegalmente y que la aspiración es recuperar la suma total.
Saab resaltó la celeridad para esclarecer el caso, y reiteró que su gestión no permitirá que sigan ocurriendo estos hechos impunemente.
Caso Viena
El Fiscal General anunció adicionalmente que el Ministerio Público solicitó a la Interpol la alerta roja para tres exintegrantes de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, filial de Petróleos de Venezuela-Europa (Pdvsa).
Recordó que el exgerente general de la Oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera con sede en Viena, Bernard Mommer de Grave; la exgerente de oficina, Irama Quiroz De Mommer, y la exconsultora legal, Mariana Zerpa Morloy, están directamente implicados en la subvaloración del precio del crudo venezolano en Europa, lo que generó daños patrimoniales al Estado por al menos 4 mil 800 millones de dólares.
El titular de la acción penal en Venezuela agregó que se requirió la inmovilización y bloqueo de cuentas bancarias; así como la prohibición de gravar y enajenar bienes para los tres presuntos implicados.
“Se sienten tan culpables los señalados que han manipulado de manera torpe lo que hemos denunciado y no han podido defenderse”.
Cuestionó que la anterior gestión de este organismo no impulsara alguna acción penal en el caso. “Me imagino que el Ministerio Público pudo saber de esto en el pasado y a nuestros antecesores poco les importó y, como ocurrió con la trama de Andorra, lo engavetó”.
Saab rechazó los ataques en su contra y aseguró que el órgano garante de la legalidad cuenta con pruebas abundantes sobre estas irregularidades detectadas a partir del año 2009, a raíz de la contratación de la empresa JBC Energy.
“Tendrán que explicar, particularmente Rafael Ramírez y Mommer, por qué contrataron por tantos años a JBC Energy; por qué le dieron tanto poder e información clasificada del movimiento petrolero venezolano para que tasaran el valor del crudo luego de lo que publicase México”, expresó.
Añadió que el Ministerio Público, con sus acciones, “quiere enviar un mensaje al país de que la justicia en cualquier terreno debe llegar” y que se continuará la lucha contra las mafias, delincuencia organizada y los delitos comunes, siguiendo el debido proceso establecido en la legislación.
“Nadie que tenga un cargo en la administración pública o en una empresa privada puede pensar que va a cometer una afrenta que cause daños patrimoniales al Estado de manera impune”, sentenció.
