@loremelendez
Modesto Ramón Díaz, de 63 años, no recordaba cómo había llegado al Helicoide. Sí sabía que lo habían detenido cerca de su casa, específicamente frente a la clínica Vidamed de la avenida Solano, de Sabana Grande, en Caracas. También se acordaba de que habían allanado su vivienda, aunque eso no apareciera en el expediente que levantaron sobre su caso. Después de eso, a su mente solo venía el momento en el que se despertaba preso en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), donde se presume que murió el pasado 4 de noviembre.
De aquellas lagunas de su memoria se habían enterado sus familiares cuando lo vieron, casi dos meses después de que lo arrestaron. Lo habían capturado el 25 de agosto y dos días después lo presentaron ante tribunales, donde estuvo junto a sus abogados. Le imputaron porte ilícito de armas por supuestamente llevar consigo un fusil de asalto R15 y lo dejaron tras las rejas. Aunque sus defensores intentaron que se le otorgara un beneficio procesal que le permitiera estar en su casa por su edad y porque se trataba de un delito menor, nada consiguieron.
Durante dos meses, Díaz permaneció recluido en los calabozos del Sebin sin contacto alguno. “Nos dijeron que no lo podíamos ver porque estaba en período de adaptación”, relató a Runrun.es Queover Díaz, uno de sus hijos.
Fue el domingo 28 de octubre cuando por fin se autorizó la visita al arrestado. Al verlo, los familiares se encontraron con un hombre afectado tanto mental como físicamente. No tenía lesiones visibles, pero dicen sí lo torturaron psicológicamente. “Le habían dicho que todos los miembros de la familia estábamos detenidos”, aseguró un allegado. En los brazos, afirmó su hijo, “tenía marcas de pinchazos”, similares a los que dejan las agujas para canalizar vías venosas.
A Díaz debían trasladarlo a tribunales el jueves 1 de noviembre para su audiencia preliminar, en la cual se determinaría si su caso iría a juicio o si se sobreseería, pero aunque sí llevaron a otros detenidos, a él no lo transportaron. Eso lo deprimió, según sus parientes.
El fin de semana pasado, sus familiares fueron a verlo al Helicoide y seguía “ido” y ya no podía caminar solo. El domingo 4 de noviembre, a las 3:00 pm, Queover se despidió de él. Una hora después de este encuentro, según el acta de defunción, Díaz falleció de un infarto intestinal agudo.
A las 6:30 pm sonó el teléfono de Marvin, otro de los hijos de Modesto Díaz. Desde el Sebin le avisaban que su padre sería trasladado al Hospital Clínico Universitario de Caracas porque se sentía mal. La familia llegó al centro de salud pero tardaron horas en saber si Díaz estaba allí. Tiempo después, un médico que acababa de recibir la guardia les informó que el detenido había llegado sin signos vitales al hospital y que por eso había sido trasladado de inmediato a la morgue de Bello Monte. Allí, finalmente, hallaron el cadáver luego de constatar que algo inusual sucedía en las instalaciones: el Sebin había cerrado la calle y custodiaba los accesos de la institución.
“Aquí estaba gente de la Fiscalía, de Derechos Fundamentales y creo que también de la Defensoría del Pueblo… Para mí, él murió en el Sebin”, señala uno de los parientes.
Díaz es la tercera persona que muere en un edificio del Sebin. Hace un mes, el 8 de octubre, el concejal Fernando Albán cayó desde el piso 10 de la sede de este organismo en Plaza Venezuela, donde se encuentran los calabozos subterráneos conocidos como “La Tumba”. Aunque la versión oficial dice que Albán –detenido arbitrariamente el 5 de octubre por estar presuntamente implicado en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro del pasado 4 de agosto– se suicidó, las incongruencias de las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, y del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aunado a las inconsistencias del hecho –los uniformados nunca dejan solo al prisionero, ni siquiera en el baño–, y las denuncias del diputado Julio Borges, quien aseguró que al detenido lo mataron y luego lo arrojaron por una ventana, siembran dudas sobre lo ocurrido.
En abril de 2015, hallaron muerto en su celda de El Helicoide a Rodolfo González, un ex piloto de la aviación civil apodado “el aviador”. Un año antes lo detuvieron por su actuación en las protestas de 2014 y se le acusó por asociación para delinquir, tenencia de explosivos y tráfico de armas de fuego. El gobierno indicó que se había ahorcado.
Las muertes de Díaz, Albán y González son responsabilidad del Estado. Así lo establece el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que subraya la inviolabilidad del derecho a la vida y prohíbe la pena de muerte. “El Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad, prestando el servicio militar o civil, o sometidas a su autoridad en cualquier otra forma”, se lee en el apartado.
Armero de funcionarios
Díaz, nacido en febrero de 1955 en San Francisco de Cara, estado Aragua, era armero de oficio. Fue sargento primero de la Guardia Nacional pero a principios de los 80 dejó el uniforme militar para quedarse con el mantenimiento y reparación del armamento. Según sus familiares, su vida la dedicó a las armas y hasta fue propietario de un local –que contó con registro mercantil– en donde las vendía. También fue miembro de la Federación Venezolana de Tiro.
Desde que se prohibió el porte de armas, Modesto Díaz solía trabajar solo con el armamento de funcionarios que conocía. “Él se movía en ese mundo”, dijo en una entrevista a VPI Marvin Díaz.
“Él era un hombre fuerte, robusto, saludable. Y en dos meses pasó a ser una persona a la que se le olvidaban las cosas. No caminaba porque la última vez (el domingo 4) los funcionarios lo trajeron a cuestas para que estuviera con nosotros. Tampoco comía porque la comida le sabía mal y pensaba que lo querían envenenar”, comentó Queover Díaz.
Modesto Díaz también perdió peso. Tenía una prótesis en la cadera y mientras estuvo recluido en el Sebin, nunca pudo usar su bastón. El aislamiento, presumen los parientes, pudo haber empeorado sus condiciones de salud. “A lo mejor cometió un error y por eso estaba allá adentro, pero no le puedes quitar el derecho a ver a su familia (…) Aislarlo dos meses, sin saber absolutamente nada, yo creo que eso no le hace bien a nadie”, recalcó Marvin Díaz. En estas últimas semanas, señaló, su padre estaba desorientado. “No era él, no era una persona que estaba en sus cabales”, acotó.
El aislamiento del detenido constituye una desaparición forzada, entendida según el Alto Comisionado para las Naciones Unidas como cualquier forma de privación de libertad hecha por agentes del Estado o por grupos que actúan con su autorización y apoyo o, seguida de “ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
Mi Madre, mi familia y yo EXIGIMOS QUE PARE LA INSJUSTICIA, la maldad en contra de Luis Lugo, exigimos le den su merecida LIBERTAD #LiberenALuisLugo @TarekWiliamSaab pic.twitter.com/qgmsdaYknE
— Allehts (@Allehts) 8 de noviembre de 2018
Estas actuaciones se han vuelto frecuentes cuando de presos políticos se trata. Sucedió con el diputado Juan Requesens, quien pudo ver a su familia 44 días después de su arresto por estar presuntamente implicado en la explosión de drones contra Maduro. Familiares de varios de los apresados por esa misma razón también permanecieron encerrados y sin ningún contacto con sus parientes durante semanas. Uno de los casos más recientes es el de Luis Lugo Calderón, el teniente retirado de la Aviación que fue detenido el 14 de octubre. Tres semanas después, su paradero se desconoce y ninguna institución pública responde.
A esas desapariciones se suman las afecciones y enfermedades. De acuerdo con cifras recabadas por la ONG Foro Penal, más de 40 % de los presos políticos tiene problemas de salud. “Hay casos mucho más graves que otros (…) A veces uno piensa que un problema por falta de atención odontológica pareciera muy simple o poco grave para un ciudadano común que tiene la posibilidad de ir a un odontólogo, que está bien en su casa y que se puede poner un pedazo de hielo en la boca. Pero para un preso que esté en situaciones paupérrimas, un problema odontológico es un dolor terrible que le causa mayores problemas de bacterias y que se puede convertir en algo grave”, dijo Alfredo Romero, director ejecutivo de la organización, en una entrevista a Unión Radio.
Aunque el acta de defunción indica que Díaz murió a las 4:00 pm, a la familia le avisaron dos horas y media después del hecho. En el espacio de causa de la muerte se lee: “infarto intestinal agudo aterosclerosis severa calificada obstructiva de arterias y sus ramas y vasos mesentéricos”.
Un médico forense consultado sobre el tema indicó que un infarto intestinal no provoca la muerte inmediata de quien lo padece. “Él tenía que haber tenido síntomas, por lo menos de dolor intestinal agudo, sangramiento rectal, distensión abdominal, vómitos”, añadió. Pero Díaz no había manifestado tener este malestar a sus familiares.
Otro especialista consultado aclaró que no siempre se presentan síntomas previos y que este tipo de afecciones se producen por una isquemia. Los parientes de Díaz, sin embargo, piensan si lo hubieran tratado a tiempo, todavía estuviese con vida.
