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Funcionarios de la extinta PM siguen presos mientras sus familiares mueren por la crisis de salud

A LOS 83 AÑOS FALLECIÓ EN Guatire Maximiliano Toro, padre del inspector Héctor Rovaín, uno de los nueve funcionarios de la extinta Policía Metropolitana, condenados de manera injusta por las muertes ocurridas el 11 de abril de 2002 en Puente Llaguno.

Maximiliano Toro padecía una penosa enfermedad, cuyo tratamiento se dificultó por la escasez y el alto costo de las medicinas para los pacientes oncológicos. Él estuvo recluido durante 15 días en el hospital de Guatire, donde lograron recuperarlo de una infección urinaria y otros padecimientos.

Sin embargo, el tratamiento se hizo cuesta arriba debido nuevamente a la dificultad para encontrar, y costear, los medicamentos necesarios. Esta tarde, cerca de las 3:30 p.m. murió producto de un paro respiratorio, sumiendo en la tristeza a sus seis hijos, demás familiares y amigos, en especial al inspector Héctor Rovaín, privado de libertad desde hace 16 años y 5 meses por un crimen que no cometió.

La tragedia de la familia Rovaín inició el 11 de abril de 2002. Pero comenzó a concretarse en abril de 2003 cuando Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar, Luis Molina, Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas, Julio Rodríguez, Marco Hurtado y Arube Pérez decidieron entregarse para demostrar su inocencia. Tres años más tarde, en el juicio más largo de la historia, Maryorie Calderón los condenó a 30 años de prisión, con excepción de Marco Hurtado que recibió una pena de 16 años y 8 meses y Arube Pérez a 17 años y 10 meses.

Rovaín, Bolívar, Molina, Hurtado y Pérez aún permanecen tras los barrotes de la cárcel de Ramo Verde. Los otros cuatro recibieron medidas humanitarias y casa por cárcel por las graves enfermedades que presentaban, la mayoría como consecuencia del inhumano encierro que los privó hasta de los rayos del sol.

En la última entrevista realizada a Maximiliano Toro, a propósito de conmemorarse en 2017 15 años del 11 de abril, él nuevamente criticó el ensañamiento contra su hijo y sus compañeros.

«Esto es una barbaridad. Es un valle de sufrimiento para todos nosotros. Su madre, mi esposa, falleció el 7 de junio de 2013 sin poder ver la libertad de su hijo. Mi nieto, su único hijo, tenía apenas siete años cuando se produjo la sentencia. El sueño de todo padre Héctor no pudo cumplirlo: llevar a su hijo, de la mano, al preescolar, a la primaria, no pudo asistir a su graduación para verlo con toga y birrete”, dijo.

Maximiliano Toro era un hombre alegre. Le gustaba tocar la guitarra y compartir en familia. Esa alegría la perdió en abril de 2003, cuando su hijo confiado en su inocencia y en la justicia decidió entregarse para iniciar un proceso que le permitiera demostrarla.

Hoy Maximiliano Toro murió y su hijo sigue en prisión. Son aristas de una misma tragedia, esa que inició cuando Hugo Chávez ordenó buscar culpables por los asesinatos de Puente Llaguno, una orden que Eladio Aponte Aponte, Luisa Ortega Díaz, Maryorie Calderón y muchos otros funcionarios del gobierno acataron con prontitud, pese a que violaba todos los principios legales y éticos que en su momento debieron haber jurado defender.

Sus restos serán velados en su casa en Guatire.