El Estado Venezolano desestimó 81 recomendaciones del informe final del Examen Periódico Universal (EPU) en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, llevado a cabo en Ginebra.
En el segundo examen realizado en noviembre de 2016, el Estado venezolano recibió 274 recomendaciones de 102 países miembros de la ONU. De este total, aceptó 193 y tomó nota de 81 (42%), manifestando no estar en disposición de cumplir 53, que representan 65% del total de las anotadas.
En las 28 recomendaciones que el Estado desestimó como “anotadas” se encuentran ratificar los protocolos de denuncia en casos de tortura y violaciones a derechos del niño; garantizar el respeto a las libertades de expresión y asociación y un entorno propicio para la sociedad civil; poner fin a la prisión arbitraria y liberar a todos los presos políticos; respetar el debido proceso y los derechos humanos de las personas privadas de libertad; garantizar derechos a personas transexuales, transgénero y parejas del mismo sexo; y aceptar la asistencia y la cooperación internacional para enfrentar la crisis del sector salud y la escasez de alimentos, ésta última por no tomar en cuenta la guerra económica, el asedio y la amenaza de “poderes fácticos y políticos–económicos de ciertas élites nacionales e internacionales”.
Conforme a los procedimientos del EPU se permite a los Estados hacer una excepción con algunas recomendaciones en las que sólo se tome nota, sin que esto signifique desentenderse de ellas. Manifestó no estar dispuesto a implementar un gran número de recomendaciones que están dentro de sus obligaciones
“La mayoría de estados que participaron en el EPU llamó la atención del Estado venezolano sobre la afectación de un amplio espectro de derechos humanos, la falta de cooperación con la Oficina del Alto Comisionado y la negativa a invitar al país a representantes de los Procedimientos Especiales”, dijo Feliciano Reyna, quien habló en nombre de las 170 organizaciones autónomas de la sociedad civil venezolana.
«Periodistas, estudiantes, activistas políticos y defensores de derechos humanos son objeto de estigmatización y criminalización y las personas detenidas son sometidas a torturas y tratos crueles; el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y la Defensoría del Pueblo no actúan con independencia, afectando así las garantías de protección de los derechos humanos; el Servicio de Inteligencia venezolano debe dejar de operar como un sistema de justicia paralelo y debe cesar el uso de la justicia militar para procesar civiles», agregó Reyna.
Reyna señaló que las libertades de asociación, manifestación pacífica y expresión están severamente restringidas en Venezuela.
“Vivimos una emergencia humanitaria compleja, 82% de la población venezolana vive hoy en pobreza, 1 de cada 10 niños y niñas menores de 5 años en 4 estados de Venezuela presentaron Malnutrición Global Aguda en diciembre de 2016, 75% de hospitales públicos no puede prestar atención mínima adecuada por falta de medicinas e insumos y no hay reactivos para pruebas de control para el VIH, 4 millones de personas no tienen desde hace meses acceso a las medicinas que su condición con urgencia requiere”, acotó.
El Estado estuvo representado por la ministra del Servicio Penitenciario, Iris Varela, afirmó que en Venezuela «se respetan todos los derechos humanos y libertades, existe plena independencia y autonomía de los poderes públicos, se garantiza el derecho a referendo revocatorio y la recolección de manifestación de voluntades ciudadanas y se mantiene una sistemática cooperación con el sistema universal de derechos humanos, al que se transmite amplia información».
Dentro de las 53 recomendaciones que “no contaron con el apoyo” del Estado luego de su análisis por considerarlas “sesgadas, confusas, políticamente mal intencionadas y elaboradas sobre bases falsas”, se encuentran:
1. Revertir la denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos,
2. Aceptar las visitas solicitadas por órganos de las Naciones Unidas y atender los llamados del Alto Comisionado,
3. Todas las relacionadas con reconocer y restaurar las potestades de la Asamblea Nacional y respetar plenamente la democracia y la participación política,
4. Todas las referidas a la protección de los defensores de los derechos humanos,
5. Garantizar el cese de la persecución y violencia política,
6. Respetar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica y adecuar la vigilancia de comunicaciones a las normas de derechos humanos,
7. Poner fin a la Operación Liberación y Protección del Pueblo,
8. Garantizar los derechos a los colombianos afectados por el cierre de fronteras,
9. Reducir los homicidios, combatir la impunidad y poner fin a los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad,
10. Asegurar mejores condiciones de reclusión para el elevado número de personas detenidas y el excesivo hacinamiento en las cárceles,
11. Eliminar la instrucción premilitar en las escuelas,
12. Ajustar la Ley de Educación a la protección del derecho a la autonomía y la libertad de cátedra.
