El 4 de abril se allanó el camino del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a prisión, luego de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil rechazara su solicitud de habeas corpus.
Seis de los 11 jueces de la Suprema Corte del país votaron a favor de su encarcelamiento, en un juicio que duró 12 horas y se centró en una pregunta: ¿debe el popular exmandatario iniciar el cumplimiento de la sentencia por corrupción a la que fue condenado por un tribunal de Porto Alegre o puede esperar en libertad hasta que su caso sea analizado por las instancias superiores?.
Investigadores de la llamada Operación Lava Jato, de la cual forma parte el juicio a Lula da Silva, han señalado que para la continuidad de las investigaciones es importante que los procesados inicien el cumplimiento de sus penas después de haber sido condenados en segunda instancia.
Lula fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero, tras ser hallado culpable en julio de 2017 de aceptar sobornos por US$1,1 millones de la constructora OAS.
El dinero habría sido utilizado para reformar y amueblar un apartamento de tres pisos de lujo (triplex) en la localidad costera de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.
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Máximo tribunal de Brasil decide que expresidente Lula puede ser encarcelado por corrupción https://t.co/uAvCzV8vYJ pic.twitter.com/iFA8xHkoaG
— Runrunes (@RunRunesWeb) April 5, 2018
Aunque Lula da Silva negó en todo momento ser propietario de ese inmueble que formalmente aparece registrado a nombre de OAS, durante el juicio los fiscales señalaron que “varias pruebas dicen lo contrario”, incluidos testimonios de la portería, un síndico y dos ingenieros de OAS.
En enero de este año, tras la apelación, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región ratificó la condena de forma unánime y aumentó la pena hasta los doce años y un mes de prisión.
Lula, quien sigue siendo el político más popular de Brasil, aspira a presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2018, pero la condena y su posible estancia en la cárcel van en contra de sus aspiraciones.
Pero el expresidente brasileño tiene tres opciones jurídicas a las que puede recurrir para lograr evadir la prisión:
1. Su defensa puede presentar nuevos pedidos de habeas corpus.
2. Su condena puede ser anulada por los tribunales superiores.
3. El Supremo puede modificar su posición sobre la prisión después de condenas en segunda instancia para todos los reos del país, lo que beneficiaría al líder del Partido de los Trabajadores.
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