Un juez laboral y dos ciudadanos fueron privados de libertad por un tribunal por presuntamente hallarse incursos en una red de extorsión judicial que solicitaba dinero a cambio de beneficios procesales a instancias jurisdiccionales.
El Tribunal Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas privó de libertad al juez laboral Glenn David Morales Rivera y a los ciudadanos David Norberto VIamizar y Nergan Antonio Pérez Borjas por la supuesta comisión de los delitos de extorsión agravada, suposición de valimiento y asociación para delinquir.
De acuerdo a la nota de prensa publicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la denuncia fue formulada por el hijo de una persona que fue aprehendido por presuntamente estar solicitado por la Interpol. El denunciante contactó a Morales Rivera para asesoría y este le solicitó una suma de dinero estimada en cuatro millones de dólares, y en caso de no tenerlos, ofreció un grupo de personas que fungirían como prestamistas si ponía una serie de bienes a sus nombres. El denunciante fue amenazado con el encarcelamiento de su padre y la inclusión de su familia en la alerta roja internacional por parte de la Interpol.
En el caso se vieron implicados una serie de personas, uno de ellos siendo el abogado de la contraparte, debido a que bajo coacción y amenazas le impuso al padre de la víctima firmar el pago de honorarios profesionales. Asimismo, esto causó que cinco personas adscritas a diversos organismos del Estado (Tribunales, Defensa Pública, Ministerio Público, y otros), así como personas externas se hayan implicado en el caso, describe la nota de prensa del máximo tribunal.
De la declaración del denunciante se desprende la acción ilícita cometida por varios funcionarios adscritos a las instituciones antes mencionadas, quienes de manera reiterada habrían sometido a las víctimas a la entrega de varias sumas de dinero, utilizando los nombres de Magistrados para ejecutar la acción y prometer una ayuda en la causa penal, por lo que se ordenó un procedimiento de autorización de entrega controlada, resultando detenidos los ciudadanos antes señalados.
