La democracia, por definición, es el imperio de las leyes en contraste con la imposición de los hombres. Para que haya democracia, tiene que existir un gobierno legítimo elegido por el pueblo, tiene que haber separación y equilibrio entre los poderes y tiene que haber respeto de los DDHH.
Con las elecciones del 15-O terminaron de caer las máscaras y desapareció cualquier vestigio de legitimidad. Tales elecciones no pueden ser consideradas como una expresión de soberanía. Fueron el resultado de un fraude sistemático y continuado en el cual uno de los gobiernos más corruptos, ineficientes e impopulares de nuestra historia se alzó con casi todas las gobernaciones. Como bien decía Stalin, “Qué importa quien vote. Lo que importa es quien cuenta los votos”.
Para colmo, en aquellos casos en que a pesar de todas las trampas no pudo ganar, el régimen impuso una nueva aberración exigiéndole a los gobernadores electos de la oposición subordinarse a una Constituyente que también fue producto de otro fraude. Sólo uno de esos cinco gobernadores, Pablo Guanipa, levantó la frente y se opuso, transformándose así en un punto de referencia en el panorama político venezolano.
La legitimidad de un gobierno debe ser de dos tipos: de origen y de desempeño. Es evidente que la legitimidad de origen, que debe ser el resultado de sufragios transparentes, ha rodado por el fango. Sólo el Poder Legislativo dispone de legitimidad de origen, pero el régimen le ha arrebatado sus facultades.
En cuanto a la legitimidad de desempeño la situación es aún peor. El irrespeto constante a la Constitución es la prueba. La separación y el equilibrio de los poderes, condición indispensable de esta forma de legitimidad ya no existe.
“Dictadura” -según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española- es un “régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales”.
Wikipedia complementa la definición al agregarle que la Dictadura “se caracteriza por la ausencia de división de poderes…”
«Le pouvoir arrête le pouvoir» sostenía Montesquieu (1689-1775). «El poder frena el poder». Vale aquí preguntarse, ¿están el Poder Judicial, el Poder Electoral o el Ciudadano frenando al Poder Ejecutivo o simplemente actúan en connivencia para mantener un régimen a todas luces ilegítimo?
En igual sentido se pronunciaba John Locke (1632-1704) filósofo inglés del Siglo de las Luces que sostenía que los poderes no debían ser dirigidos por las mismas personas, pues se requería un equilibrio que favoreciese el bien común. Si los gobernantes incumplían el pacto con los ciudadanos, estos tenían el derecho de echarlos.
Coincidía con James Madison (1751-1836), padre de la Constitución de EEUU, quien al igual que los más ilustres defensores de la libertad, advertía: «La acumulación de todos los poderes, en las mismas manos … puede considerarse con toda exactitud, como la definición misma de la tiranía». Los padres fundadores de los EEUU, conscientes de los riesgos planteados, diseñaron en su Constitución un mecanismo de “checks and balances” para evitar que una rama de los Poderes dominase a las demás.
Los anteriores son los fundamentos en los que se basa la Democracia. Fueron recogidos en la Carta Democrática Interamericana, cuyo artículo 3 dice:
«Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo… y la separación e independencia de los poderes públicos».
Mal podría hablarse en Venezuela de «derechos humanos y libertades fundamentales», cuando el mundo entero reclama la libertad de unos 400 presos políticos y cuando las torturas y otras barbaridades han sido abundantemente documentadas ante la OEA.
Los pueblos que viven bajo el imperio de las leyes son pueblos libres. Pero cuando las leyes no se utilizan para garantizar las libertades ciudadanas sino para coartar sus derechos, la libertad muere y los hombres que se pliegan quedan sometidos a la voluntad de un dictador.
