guerrillas

El Director de la Fundación en defensa de los Derechos Humanos REDES, Javier Tarazona, solicitó ante sede del Ministerio Público el inicio de una investigación, debido a que al menos en diez estados del país, tanto la guerrilla colombiana de las Farc como la del ELN, “ejercen influencia y presión directa sobre la población” para que asistan a votar el próximo 20 de mayo por el candidato a la reelección Nicolás Maduro.

Explicó que luego de una amplia investigación que realizaran desde REDES en los estados Táchira, Zulia Apure, Barinas, Mérida, Portuguesa, Amazonas, Bolívar, Cojedes y Guárico, pudieron constatar y tener acceso a panfletos y comunicados, presumiblemente de ambos grupos armados quienes llaman a la defensa del proceso que representa Nicolás Maduro en el país. “Exigimos que se garanticen los derechos de los venezolanos que están siendo vulnerados en estos diez estados por grupos irregulares ilegales y ajenos a nuestra geografía”.

Tarazona recordó que esta situación encendió las alertas de la organización que representa, luego de que los guerrilleros de ambos grupos participaran de forma activa en el simulacro electoral del pasado 6 de mayo en los estados fronterizos, situación que alertó, viola la Declaración universal de los Derechos Humanos en su artículo 21, así como los artículos 2 y 25 del Pacto internacional de Derechos Civiles y políticos del cual Venezuela es firmante.

Destacó que vienen haciendo este seguimiento y registro de la actuación de la guerrilla colombiana en materia electoral en suelo venezolano desde 2007. “Cabe recordar que en el referendo que hiciera el difunto Hugo Chávez ese año, la guerrilla tuvo participación reuniendo a los ganaderos, vecinos y campesinos a fin de ejercer presión para que respaldaran su propuesta, situación que se repitió en 2015 en la elección de la Asamblea Nacional y denunciamos en su momento”.

“Cuando la guerrilla abiertamente está apoyando a través de estos panfletos al régimen de Nicolás Maduro, reviste un nivel de importancia la necesidad de que el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el propio Consejo Nacional Electoral actúen en defensa de los derechos de los ciudadanos que están siendo vulnerados”, sentenció.

Rechazó lo que definió como un “acto de complicidad” entre el gobierno de Maduro y los grupos irregulares colombianos, anunciando además que la fundación que dirige, se encuentra en un proceso de documentación para elevar estas denuncias este año a las Naciones Unidas, a la Corte Penal Internacional y a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Estas denuncias surgen un día después de que el presidente Colombiano, Juan Manuel Santos, revelara un plan del gobierno para cedular y trasladar ciudadanos colombianos para que voten el próximo domingo 20 de mayo.

*Con información de Prensa de Solidaridad

El diputado a la Asamblea Nacional, Hiram Gaviria, continuó su gira por el país juramentando a las directivas del Partido Unión y Entendimiento (Puente). En esta ocasión desde el estado Apure, en un acto realizado la ciudad de San Fernando.

Gaviria ve con beneplácito la reunión entre los presidentes de Colombia, Juan Manuel Santos, y su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, prevista para el próximo lunes 21 de septiembre, en la ciudad Quito, Ecuador, en especial por la situación fronteriza entre ambos países, pues “como lo hemos venido sosteniendo, a través del diálogo y la diplomacia se podrán resolver los problemas fronterizos”.

Al mismo tiempo, el parlamentario espera que durante el encuentro de los mandatarios se incluya en agenda, el tema de la presencia de guerrillas (FARC y ELN) no sólo en pueblos de Apure, sino también los estados Táchira, Amazonas, Barinas y Zulia.

“Hemos constatado esta situación en el propio Apure, donde estos grupos irregulares imponen su ley. Si se quiere paz en la frontera se debe también combatir estos grupos irregulares, que viven de intimidar a familias rurales y productores agropecuarios”, explicó.

Gaviria, también hizo un llamado a rescatar al estado Apure de la crítica situación de productividad. “Este es un estado que era un gran productor de reses, algodón, maíz, frijol, quesos; además de productos tradicionales como pieles de babo y carne de chigüire. Debido a la inseguridad tanto personal como jurídica, esto se ha venido al suelo. En particular, la confiscación de Agroisleña y de grandes hatos como El Frío, El Cedral y San Pablo Paeño, entre otros; ha sido un gran perjuicio para el pueblo, incluso para los propios trabajadores de esas unidades de producción”, añadió.

*Con información de nota de prensa