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Stephen O’Brien, coordinador humanitario de la Organización de las Naciones Unidas, informó el pasado jueves sobre algunos de los efectos devastadores que está dejando el fenómeno climatológico El Niño en distintas regiones del planeta, por lo cual instó a generar medidas de acción.

«Si actuamos ahora salvaremos a muchas personas y sus medios de vida y evitaremos emergencias humanitarias más graves. En algunas regiones millones de personas ya experimentan inseguridad alimentaria causada por las sequías relacionadas con El Niño», dijo O’Brien en una reunión informativa realizada por el ente internacional para reiterar la alarma mundial que existe alrededor del fenómeno meteorológico.

«En otras partes del mundo contamos con un margen muy reducido para prepararnos para lo que sabemos que ocurrirá dentro de unos meses», reseñó la ONU en su página oficial.

El también responsable de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés), señaló que la fuerza del actual episodio de este fenómeno ha colocado al mundo en una situación desconocida, ya que sumado al cambio climático que atraviesa el planeta, hace menos predecible su impacto.

Igualmente, O´Brien expresó su especial «preocupación por los países de Centro y Sudamérica, de la región del Pacifico y del este y occidente de África», agrega la nota.

Las constantes lluvias registradas la última semana del año 2015, en los países de Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay dieron como resultado el desbordamiento de distintos ríos de la región dejando a más de 170 mil personas desplazadas.

Asimismo, destacó que los otros países Centroamericanos que se encuentran en situación vulnerable son Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití, los cuales registraron niveles de sequía entre los meses de marzo y septiembre del año pasado, lo que provocó pérdidas significativas en cosechas, aumentando así la grave situación alimentaria de estos países.

Recordó que en Haití alrededor de 3 millones de personas, sufren inseguridad alimentaria, mientras que en Centroamérica hay más de cuatro millones de personas que afectadas por una de las sequías más severas en la historia de la región.

La “reingeniería” de la policía judicial llegó a un punto culminante. El nuevo organigrama del organismo, elaborado en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, orienta la mayoría de los recursos a la investigación de los llamados “delitos graves”, los que tienen penas superiores a 8 años de prisión, propuesta que ya había realizado el comisionado Freddy Bernal, quien señaló que la PNB se encargaría de los «delitos menores».

El esquema impone además cambios en la nomenclatura de la superioridad jerárquica. En el tope de la pirámide ahora figura un consejo directivo o junta superior. En el nivel inmediato inferior, el “presidente”, figura que en la actualidad equivale al director general. Se dedicará casi con exclusividad a la “gerencia integral” de la policía. Por tanto, ya no se involucrará directamente en la instrucción de los expedientes. No estará en las actuaciones de campo.

El subdirector se llamará vicepresidente. Será un ejecutor de los grandes lineamientos operativos, tácticos y criminalísticos. También podrá “intervenir y supervisar en el sitio del suceso la investigación penal en casos relevantes”.

El organigrama propuesto para el nuevo Cicpc tiene otros tres niveles: el sustantivo, el desconcentrado territorial y el de apoyo. En el nivel sustantivo serán creadas cuatro direcciones generales. La referida a las delegaciones estatales, a través de la cual se manejarán todas las sucursales de la policía judicial en el interior del país.

Cada delegación deberá reproducir el mismo esquema en cuanto a los ámbitos de actuación: homicidios, robo y hurto de vehículos, extorsión y secuestros, manejo de materiales estratégicos, laboratorio criminalístico, y búsqueda y captura. Se trata, por tanto, de los delitos considerados de “alto impacto” cuyas penas son superiores a los ocho años de prisión.

Los casos de violencia intrafamiliar y los referidos al tráfico de drogas no tienen direcciones o divisiones específicas.

Por otra parte, se plantearía una expansión de despachos como Antiextorsión y Secuestros, que actualmente solo disponen de siete brigadas. Otras dos direcciones generales de la nueva estructura serían Criminalística e Investigaciones Penales. En esta última se incorporan importantes despachos como Interpol, Inteligencia, Delitos contra la Propiedad, Crimen Organizado y la Brigada de Acciones Especiales (BAE) cuya disolución se discutió a propósito de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Finalmente, en el nivel de las direcciones generales se crea una instancia totalmente nueva llamada “del Poder Popular”. Su finalidad sería impulsar la participación ciudadana y la articulación de la policía con los consejos comunales.

En esta estructura se plantea la creación de una división que mantendrá relaciones con esas entidades y las “redes de inteligencia social”, en las que el gobierno ha incorporado a los llamados “patriotas cooperantes”.

Más operativa. El exdirector del Cicpc, comisario Miguel Dao, indicó que el esquema propuesto le da mayor importancia a las cuestiones operativas que a las de investigación criminal. “En el orden de los cuadros la parte operativa está al nivel más alto en la línea de mando. No debe ser. Pareciera que le están dando mayor énfasis a la represión con peinilla que a la investigación criminal”, afirmó.

Expresó su acuerdo con quitarle a este cuerpo policial las competencias de investigación de delitos menos graves y menores. Indicó que el organigrama dibuja una etapa de transición en el Cicpc hacia la “ocupación total” por parte del Ministerio Público, que ha desarrollado unidades que duplican las funciones de la policía judicial. “Por el COPP deberían sincerarse. La dirección funcional de la institución ahora compete al Ministerio Público. Pero ese tránsito completo no lo aprecio, aun cuando es ley”, señaló.

El Dato
En agosto de 2013 se ordenó por decreto presidencial la reestructuración del Cicpc para lo que se creó una comisión. El proceso duraría un año; sin embargo, la revisión del organismo ha demorado más tiempo. En noviembre de 2014 se creó otra comisión de reforma de todo el sistema policial que aún está en funciones