Desde la distribución de alimentos hasta la seguridad, ninguna función se manejará con la participación de alcaldes o gobernadores de oposición
Javier Ignacio Mayorca
El Ejecutivo inició los contactos para la conformación de un “gabinete de gobierno del estado Miranda”, en el que no tendrían participación el gobernador de la entidad Henrique Capriles ni los alcaldes de partidos distintos del Psuv.
El ministerio de la Defensa empezó las comunicaciones con los distintos despachos públicos que podrían participar en esta iniciativa. Esto incluye tanto al presidente de la República como al vicepresidente Tareck El Aissami, los directores y ministros así como 17 alcaldes de ese estado afines al oficialismo.
En materia de seguridad, de acuerdo con los documentos disponibles, se estableció un grupo de trabajo dirigido por el general Irwin Ascanio, jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral, y se incorpora a representantes de los ministerios de la Defensa (generales Isidro Lugo Becerrit y Fabio Zavarce) y Relaciones Interiores (Rafael Betancourt). También se cuenta con delegados de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, el ministerio para el Deporte y el Movimiento por la Paz y la Vida, que ha sido el conducto para la estructuración de las “zonas de paz” en todo el país.
Aunque el proyecto se encuentra en fase de elaboración, el Ejecutivo ya ha tomado la decisión de aportar todos los recursos disponibles para suplantar la acción del gobierno regional, encabezado por uno de los principales líderes opositores y promotor del referendo revocatorio contra Maduro. Por esta razón, de antemano se decidió que se dispondrá de “oficinas, galpones, sedes, centros educativos, salud, deportivos, de acuerdo a lo que aplique para el área”. Igualmente, de todos los medios de transporte que sean necesarios para el cumplimiento de la tarea.
Plan relámpago
Los sectores involucrados en este gabinete están en las áreas de alimentación, obras públicas, vivienda, servicios, salud, producción, protección social (educación, cultura y deporte), además de seguridad.
A cada representante involucrado se le remitió un instructivo en el que se establece una agenda de actividades a desarrollar durante este año, pero con énfasis en los objetivos que se pretende cumplir durante el mes siguiente a la aprobación del plan.
Estas actividades, indica el instructivo, deben tener “impacto político”. Por ejemplo, la entrega de créditos para la producción agrícola, apartamentos o casas de la Gran Misión Vivienda Venezuela o algún plantel educativo construido por completo o sometido a mantenimiento.
En todos estos casos, el órgano ejecutor de la obra debe indicar la fecha prevista para la entrega de las obras y la autoridad del gobierno central que debe asistir para encabezar el acto. Esto incluye desde altos representantes del Ejecutivo hasta integrantes del partido de gobierno.
El germen del plan
El “gabinete de gobierno del estado Miranda” excluye por completo la participación de funcionarios electos que no pertenezcan al oficialismo. Sin embargo, la planificación de las actividades puede partir de un alcalde afín al partido de gobierno o del director de algún ente del Ejecutivo como Corpomiranda.
En todos los casos se deberá elaborar un diagnóstico breve de la “situación actual del sector a ser intervenido por el Gabinete de Gobierno”. Por ejemplo, en el Ejecutivo se admite que la distribución mensual de 200.000 bolsas Clap en 945 comunidades de Miranda puede ser insuficiente para las necesidades de una región con más de 3 millones de habitantes. Entonces, se establecería a través de este plan una meta para cada una de las alcaldías o entidades involucradas en la distribución, siempre y cuando sean del oficialismo. En Guarenas, por ejemplo, participaría el gobierno local. Pero en el municipio Sucre esto se haría a través de Mercal o de Corpomiranda, no a través de las autoridades municipales regidas por Carlos Ocariz.
Luego del diagnóstico, el órgano ejecutor establecería una meta. Por ejemplo, pasar de las 300.000 bolsas Clap a 600.000 en toda la región. Luego, se haría un inventario de los recursos disponibles para el cumplimiento de la misión, así como el tiempo estimado.
Apuro oficialista
Un aspecto fundamental de esta iniciativa es la necesidad de producir lo que se denomina “victorias tempranas”.
“Son aquellos logros que se pueden obtener en un plazo de hasta dos meses”, indica el instructivo distribuido entre los participantes. Son, por ejemplo, el número de bolsas Clap o de artículos deportivos que se logró entregar efectivamente, las ambulancias recuperadas o los centros educativos y de salud que fueron rescatados del abandono.
“Aquí también se indicará la ubicación, la fecha en la que se cumplirá el logro o victoria temprana y el ente responsable”, añade el documento. Esto para los efectos de la explotación propagandística de los logros, a través de los medios estatales que también forman parte de la iniciativa.
A todos los participantes en el plan se les entrega un directorio con los nombres, teléfonos, cargos y correos electrónicos de los integrantes de cada gabinete sectorial. En materia de educación, por ejemplo, se incluye los nombres de los directores de las zonas educativas ministeriales en cada sector del estado, pero no el del director de educación de la gobernación de Miranda, Juan Maragall. En cuestiones de alimentación, la coordinación estará a cargo de Luis Figueroa, y en salud Gustavo Imery.
La semana entrante se llevará a cabo una de las reuniones preparatorias para la conformación de este gabinete, en un auditorio del Ministerio para la Educación Universitaria.
Despliegue en Guarenas y Guatire
Uno de los primeros pasos dentro de este plan del gabinete de gobierno en Miranda fue el despliegue este viernes de un contingente de efectivos de la FANB y de policías preventivas en los municipios Plaza y Zamora.
El comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral de Miranda, general Irwin Ascanio, informó que en esa actividad solo participaban elementos militares, de las policías de Plaza y Zamora, Cicpc y Protección Civil, todos de instituciones regidas por el gobierno central. Entre todas suman 675 funcionarios.
Según el oficial, la acción se enfocará en “espacios que han sido ocupados por elementos delictivos para desvirtuar la política de paz” del presidente Maduro. Precisó que las operaciones son decididas según los vaivenes estadísticos en materia de criminalidad recogidos por el Observatorio Venezolano de Seguridad.
Es un “plan piloto”
El diputado opositor Angel Alvarado cree que el gobierno central está sentando las bases para una posible derrota generalizada en las elecciones de gobernadores.
“Lo de gabinete es un término nuevo. Pero hay una línea nacional de montar gobiernos paralelos donde crean que van a perder. Se están preparando para una elección, y eso lo dice gente del propio Psuv”, afirmó.
Según el parlamentario, Miranda es diseñado como un “plan piloto” porque supuestamente el oficialismo sabe de antemano que allí no tiene oportunidad de vencer en los próximos comicios.
Recordó que hasta el momento el Ejecutivo intentó utilizar a Corpomiranda como entidad para suplantar a la gobernación. La entidad a cargo de Luis Figueroa tendría bajo su responsabilidad la distribución de las bolsas Clap de alimentos en el nuevo plan.
Alvarado apuntó que la decisión sobre la convocatoria a elecciones en las regiones dependería en parte del precio del petróleo en el mercado internacional.
“Ellos se considerarán cómodos si el petróleo está por encima de los 45 dólares el barril”, afirmó.
