La escasez es un tema que está asfixiando y llevando al borde de la desesperación a infinidad de familias venezolanas. El drama de la escasez se torna tanto más perverso por cuanto viene acompañado por la inflación más alta del mundo, que según el BCV superó en el 2015 el 180%. Esa cifra, sin embargo, es engañosa. Con poco rigor científico, el BCV modificó los parámetros de cálculo, para esconder lo que fue un aumento mucho más severo en el nivel de los precios. El FMI estima que en el 2016 la inflación superará el 720%.
El oficialismo trata de desviar la culpa. Aristóbulo Istúriz sostuvo en la Asamblea Nacional que el 70% de la inflación era atribuible al dólar paralelo y antes había afirmado que este representaba el 10% de las transacciones. Magistral fue la respuesta de José Guerra:
“Si el dólar paralelo representa apenas el 10% de las transacciones, no puede explicar ese 10% el 70% de la inflación. Está malo ese modelo económico”
Lo sostenido por Guerra está sólidamente respaldado por las cifras del BCV. Veamos: el Banco Central señala que los auxilios financieros a PDVSA alcanzan a 138.958 millones de dólares. La cifra es espeluznante. Equivale a 10,2 veces el monto de las Reservas Internacionales totales en poder del BCV y supera ampliamente el Patrimonio de PDVSA que llega a apenas US$ 89.757 millones. Lo que más atemoriza de esa cifra es que implica que PDVSA ya no es capaz de cumplir con sus funciones sin ser auxiliada. Evidencia que la estatal petrolera padece un brutal déficit en su flujo de caja del orden de los 19.000 millones de dólares al año. Para que pueda seguir operando el BCV ha tenido que imprimir ingentes cantidades de bolívares inorgánicos, por el equivalente a los 138.958 millones de dólares antes mencionados. Esos son los bolívares, fabricados por el BCV, que permiten que el mercado paralelo haya alcanzado los niveles en que se ha ubicado.
Esa es la verdadera causa de la inflación. La emisión de bolívares sin respaldo para auxiliar a PDVSA y otras empresas públicas provocó que el nivel del circulante se duplicase en el 2015. Esos son los bolívares a los cuales se refería José Guerra al decir:
“Para comprar un dólar a mil bolívares tienen que haber los bolívares y, ¿quién fabrica estos?: el Banco Central. Si no hubiera creación de dinero inorgánico, no hay manera de hacer transacciones a una tasa de cambio de mil bolívares. El responsable es el BCV”.
No quiere el gobierno reconocer que la culpa de lo que está ocurriendo es del modelo fallido que está imponiendo, claramente en contra de la voluntad popular que se expresó en forma diáfana el 6D y que en todas las encuestas manifiesta hoy un rechazo al gobierno del orden del 80%.
La inflación se cura con dos simple fórmulas: produciendo más e impidiendo menos dinero inorgánico.
En torno a estos dos planteamientos se hace necesario construir todo un conjunto de políticas económicas.
Para producir más hay que comenzar por eliminar los controles de precios. Esos controles no logran otra cosa que contribuir a la escasez, lanzándonos hacia un proceso hiperinflacionario. Si se logra aumentar la producción de bienes, la escasez disminuiría y los precios también. Desparecerían los bachaqueros.
La otra cara de la moneda es que hay que devolverle la autonomía al BCV para impedir que siga emitiendo dinero inorgánico para financiar el brutal déficit fiscal del gobierno que ya alcanza al 20% del PIB. Si esto se logra, comenzarían a “secarse” los excedentes monetarios que circulan en la economía. Ya no existirían bolívares inorgánicos en el sistema capaces de financiar compras de dólares paralelos a una tasa de 1.000 bolívares (al decir del diputado Guerra), ni tampoco de provocar un aumento en el nivel de los precios.
Lo anterior tendría que ser acompañado por una racionalización del mercado cambiario y la eliminación del régimen de cambios diferenciales que no hace más que fomentar la corrupción. Recuperada la sensatez habría que aplicar un tipo de cambio único con lo cual los equilibrios macroeconómicos tenderían a recuperarse y los dólares comenzarían a fluir hacia el aparato productivo, contribuyendo así al primer objetivo, o sea, el de producir más, mediante el fomento de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, que con tanta urgencia requiere el país.
Por supuesto eso sólo se lograría si simultáneamente somos capaces de devolverle la seguridad jurídica a Venezuela y a los inversionistas.
Ese conjunto de medidas, por sí mismas, implicaría desmontar lo que ha llegado a transformarse en un modelo fallido, que junto con la inseguridad las violaciones a los DDHH, el narcotráfico, el desprecio a las instituciones democrática y el progresivo aislamiento internacional, terminarían por conducirnos hacia el precipicio de un estado fallido.
