La Asociación Civil Control Ciudadano divulgó este 31 de marzo su informe «El crecimiento de la red de empresas militares en Venezuela. ¿Hacia dónde va la FANB?», en el que revela que el tamaño de la estructura burocrática militar ha crecido tanto en las últimas décadas que hoy en el país hay 44 compañías militares, órganos desconcentrados, entes descentralizados, institutos autónomos, empresas del Estado, fundaciones y asociaciones civiles adscritas al Ministerio para la Defensa.
A continuación, presentamos 12 claves del informe:
La pertinencia de este documento
En julio de 2018, Control Ciudadano publicó un modesto informe que daba cuenta del entramado de empresas, fundaciones y órganos militares en Venezuela. El primero en su tipo, que determinaba el número de órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio para la Defensa. Sin embargo, ha continuado la activación de empresas militares en Venezuela, por parte del Ejecutivo nacional, a pesar de la crisis económica. Al menos una empresa militar ha sido creada a partir de 2018, desde la publicación del informe de Control Ciudadano. Se trata de la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (EMASPROFORN) en diciembre de 2020, así como el servicio desconcentrado para la gestión y administración de las zonas económicas especiales militares de carácter industrial y productivo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEZEEMFANB). También se han creado dos zonas económicas especiales militares que complementan “por ahora” el portafolio de empresas militares adscritas al Ministerio del poder popular para la Defensa. Una en el Estado Aragua y otra que abarca territorios de los Estados Bolívar y Delta Amacuro, como se explicará más adelante.
Expansión de las actividades de la FANB al margen de la Constitución
El tamaño de la estructura burocrática militar ha ido en crecimiento en las últimas décadas en Venezuela, hasta llegar en la actualidad a estar conformado por cuarenta y cuatro (44) compañías militares. Parte de la burocracia de empresas militares ya existía previo a la llegada de Hugo Chávez Frías al poder en 1998, sin embargo, durante su gobierno se expandió, para consolidarse en la gestión de Nicolás Maduro y orientarse hacia la explotación de actividades estratégicas asociadas al petróleo, los minerales, industria en general y servicios ambientales, algo nunca antes visto en la historia de la Fuerza Armada Nacional y ciertamente cuestionable, dadas las ya exigentes funciones constitucionales que tiene asignada la Fuerza Armada Nacional, de garantizar la soberanía e integridad del espacio geográfico nacional, que no están resultando eficazmente cumplidas.
FANB empresarial
Son 44 las competencias que actualmente tiene la Fuerza Armada Nacional y que les han sido asignadas por la vía de las empresas militares adscritas al Ministerio para la Defensa, a través de decretos presidenciales.
Características de las empresas militares
- No son capaces de exhibir a la fecha dividendos ni transparencia pública de su gestión.
- La suscripción de contratos y prestación de bienes y servicios de estos entes son completamente opacos para la sociedad.
- Se desconoce si están realizando las rendiciones físico financieras ante la Contraloría General de la República y la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, según el caso, de acuerdo a la Ley.
- Las competencias que tienen asignadas en muchos casos se solapan. Y en otros, las empresas, ejercen claramente funciones inconstitucionales, pues son incompatibles con las que tiene atribuida la FANB. En el caso concreto de CAMIMPEG y EMASPROFORN con funciones de explotación ambiental irreconciliable con la función de guardería ambiental que tiene asignada la institución militar.
- Sus competencias, bienes y servicios, no están solo dirigidos, hacia la Fuerza Armada Nacional y los efectivos militares, sino en la mayoría de los casos al público en general, lucro y explotación de bienes públicos y recursos naturales. Y en algunos casos orientados al mercado nacional e internacional.
- A pesar de la proliferación y competencias asignadas, no satisfacen las demandas logísticas propias de la FANB, ni hay evidencia que han motorizado la economía productiva del Estado y el desarrollo integral de la Nación, o aumentado el apresto operacional de los componentes armados.
- En general son un archipiélago de empresas creadas para manejar recursos, con amplios márgenes de discrecionalidad, repitiéndose casi todas, en la misión estatutaria que tienen establecida.
De la militarización de lo público a la explotación de recursos naturales
Dentro de los cuarenta y cuatro órganos desconcentrados, entes descentralizados, empresas del Estado, institutos autónomos y fundaciones del Estado, adscritos al Ministerio para la Defensa, de lo que Vladímir Padrino López, titular de esa cartera, denomina el “Motor de la industria militar”, CAMIMPEG es, sin duda, la empresa más importante de todas, en este momento, reforzada en 2020 por la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales y Recursos Naturales, S.A., (EMASPROFORN), con el fin de hacerle más fácil su trabajo y sacar provecho de los bosques.
Militares al frente de los recursos naturales
Las empresas militares y las Zonas Económicas Especiales militares son el resultado de un proceso de modificaciones, tanto jurídicas como de cambios en la estructura castrense, proceso que se lleva a cabo, básicamente, en un lapso no mayor de 10 años.
Camimpeg
No es una empresa militar más, es la empresa gubernamental más importante del momento, y la que se supone más rentable (se supone, porque no hay información oficial).
Violaciones a los DDHH en el Arco Minero
Entre diciembre del 2015 y febrero del 2016 se aprueba la ley para la explotación del oro, la creación de CAMIMPEG y del Arco Minero del Orinoco. La situación del país, que ya era lamentable, se agravó tanto, que a finales del 2015 y definitivamente en 2016 entramos en lo que las Naciones Unidas define como Emergencia Humanitaria Compleja. Aumentan las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos y el Arco Minero se convierte en un tema muy controversial y no solamente por el problema ambiental. Otra forma de violencia es la falta de servicios de salud y el aumento de enfermedades como la malaria, de alta incidencia en la zona. En el aumento de la malaria inciden, según afirman expertos, las lagunas que los mineros van dejando en el terreno. El Arco Minero también está generando un desplazamiento humano hacia el sur del país, justamente porque “allí hay trabajo”. El problema socio-ambiental desatado por el Arco Minero en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, es de absoluta responsabilidad del estado.
La Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal
A diferencia de la anterior, esta zona económica, que nace con el decreto 4.292, ya tiene asignado el sector comercial en el cual se va a desempeñar: el desarrollo forestal. Y aunque circunscrita a los municipios Sifontes, del Estado Bolívar y Antonio Díaz, del Estado Delta Amacuro, abre posibilidades de trabajar en otras zonas donde haya madera que cortar o bosque que talar en todo el país.
El Sedezeemfanb
También a través de la Gaceta Oficial 42.034, se dicta el Decreto 4.392, que crea el Servicio Desconcentrado para la Gestión de Protección de Productos Forestales y Recursos Naturales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (SEDEZEEMFANB), unidad de gestión de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal “ZEEMDEF, y de las otras Zonas Económicas Especiales Militares que sean creadas por el Ejecutivo Nacional en materia forestal y de recursos naturales (Artículo 6), que podrá establecer oficinas regionales en cada una de las zonas ambientales de atención, incluyendo las regiones insulares, con apoyo de las Unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana” (Artículo 7).
El Decreto asigna las más amplias atribuciones al SEDEZEEMFANB, en los espacios o zonas ambientales, bajo el resguardo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (artículo 9), entregando a la Guardia Nacional Bolivariana de manera específica la dirección y gestión de las mismas y autorizando al Comando General de ese componente, a través de los medios de los que dispone a realizar las operaciones derivadas de las actividades y atribuciones del servicio desconcentrado y para la gestión de la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal “ZEEMDEF”.
Contradicciones en el funcionamiento de las empresas militares y las competencias de la FANB
- La función de la Fuerza Armada Nacional es el resguardo de la Nación. Están al servicio del Estado y sus habitantes. No es su tarea convertirse en personas de negocios.
- Las empresas y zonas económicas especiales militares están actuando en contra del patrimonio natural del país, de los bienes públicos y del patrimonio de la Nación. Los militares deberían protegerlos, deberían ser los garantes y custodios de esas riquezas naturales. Nunca valerse del poder de las armas o del uniforme, para beneficiarse económicamente.
- Existe el precedente de PVDSA que desvió su atención del negocio petrolero y asumió otras tareas. La historia se repite con el sector militar, que ahora, afirman los decretos, tiene la capacidad de ocuparse de cualquier rama comercial e incluso técnica, descuidando sus propias funciones de resguardo de la soberanía de la Nación.
Recomendaciones
- Es imperativo la restitución de la institucionalidad en el sector castrense.
- Es necesario el resguardo de la Nación y se hace un llamado a los militares a que retomen sus funciones.
- Hay que restaurar la institucionalidad ambiental, y los centros de generación de conocimiento, recuperando dentro de lo posible, los espacios intervenidos, en fin, proteger nuestro patrimonio natural.
- Respetar, proteger y permitir el desarrollo de la vida y culturas indígenas.
- Ratificar el Convenio de Minamata y honrar los compromisos de todos los convenios internacionales adquiridos.
- Es urgente que se firme el ejecútese a la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonia.
- Tal como se señaló, la voracidad de afectar amplias zonas del territorio nacional para colocarlas bajo régimen militar es un fenómeno en expansión en Venezuela. Una tendencia que está siendo fortalecida con la creación, por ahora, de dos Zonas Económicas Especiales Militares, que además pasan a ser zonas de negocios económicos para la FANB. Estos regímenes especiales de ordenamiento territorial no pueden continuar generalizándose en términos de afectación del territorio y los derechos de las personas, mucho menos para ser ahora gestionados por empresas militares.
- Es urgente una auditoria del entramado de empresas militares, pero, además, la disolución de la mayoría, con una reingeniería organizacional que ajuste sus actividades a la ley y oriente sus funciones actuales, hacia los sectores públicos o privados que corresponda, salvaguardando el patrimonio público y propiciando la transparencia y rendición de cuentas.
- Finalmente, es necesario derogar los decretos de creación del arco minero, de CAMIMPEG, de SEDEZEEMFANB y de La Fuerza Armada Nacional no puede tener atribuidas funciones de guardería ambiental y ser titular del derecho de explotar y destruir el medioambiente en Venezuela.
