El auge de este delito obliga al MRI a diseñar soluciones de “mano dura”. Barlovento y los estados centrales son los nuevos escenarios de actuación de las bandas
@javiermayorca
LUIS MALASPINA AÚN NO HA PRECISADO qué salió mal durante la negociación del secuestro de su hermano, Juan Malaspina Salaverría.
El hombre de 31 años de edad fue secuestrado el 7 de septiembre a las 7 am, cuando bebía café en una lunchería de la avenida Bolívar en Las Mercedes del Llano, estado Guárico.
El momento fue presenciado por múltiples testigos. Pero a los captores eso parecía no importarle mucho.
El hermano del cautivo tuvo sobre sus hombros el proceso de negociación.
“(Los secuestradores) siempre llamaban a otros familiares preguntando por mí, (…) A veces tenía que trasladarme desde afuera hasta el lugar donde estaba el teléfono para tomar la llamada”, recordó.
Los antisociales exigieron el pago de cinco millones de dólares. Una cantidad que desde luego los Malaspina no tenían a disposición.
“Lo que uno les ofrecía siempre les parecía poco”, relató.
Durante la semana que duró el cautiverio, la policía judicial y la Guardia Nacional hicieron esfuerzos para identificar a los secuestradores y lograr la liberación del hombre. Cicpc incluso reforzó el grupo investigador con agentes de Carabobo.
Pero fue inútil. El cadáver de Juan Malaspina fue hallado en el sector El Arbolito de la vía Chaguaramas-El Sombrero, envuelto parcialmente en una bolsa negra. Lo mataron con cuatro disparos, luego de infligirle numerosos maltratos.
Con él, suman veinte los asesinados en el país mientras estaban en poder de sus captores durante 2016.
El 10 de septiembre, mientras Malaspina estaba en cautiverio, falleció en una clínica de Caracas el baterista Guillermo Moreno, quien recibió un tiro en la cabeza cuando fue secuestrado meses atrás. El caso de Moreno no figuraba en las listas de víctimas conocidas extraoficialmente de fuentes policiales. Los detalles fueron relatados en una nota de prensa, que recordaba el pasado de la víctima como percusionista del grupo Candy 66.
Para la segunda semana de septiembre, el número de fallecidos en cautiverio es 122% superior al total de muertos por la acción de secuestradores en el mismo lapso del año pasado (9).
La virulencia de las bandas de secuestradores ha sido uno de los factores tomados en cuenta por el nuevo ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (GN) Néstor Reverol, para anunciar un plan nacional contra este delito.
El funcionario ha sostenido reuniones para analizar este problema con representantes del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la GN (Conas) y de la división correspondiente en la policía judicial.
Varios documentos e informes se han presentado en los últimos días. Un teniente coronel de la GN, por ejemplo, advirtió que el secuestro podría recrudecer en virtud del proceso de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), unido a la formación de bandas en las que participan delincuentes de carrera y expolicías.
Pero esto no explica por qué las muertes en cautiverio se han multiplicado este año. Para el consultor Mario Mármol, en la actualidad ocurre un “recliclaje” permanente de delincuentes dedicados al secuestro.
“Lamentablemente, hemos visto que los agentes de Cicpc y del Conas detienen a los secuestradores e inmediatamente los sueltan. Estas modalidades de ejecutar a las víctimas, como ocurrió en Guárico, vienen de las penitenciarías”, alertó.
Más secuestros, menos efectividad
Entre el 1 de enero y la segunda semana de septiembre han sido secuestradas en el país 411 personas. Esto representa un incremento de 87% con respecto al mismo lapso de 2015.
Pero esto son solamente casos conocidos por la policía judicial. La cifra real es mucho más alta. Entre el sábado 17 y el domingo 18 de septiembre hubo denuncias de dos secuestros en Distrito Capital, mientras que por lo menos otras tres víctimas se abstenían de acudir a las autoridades.
La mayor demanda de un servicio tan especializado como la investigación antisecuestros aparentemente tomó por sorpresa a los cuerpos de seguridad. Mientras que en 2015 la efectividad declarada en las evaluaciones internas era de 82% en 2016 ha disminuido a 62%. Para llegar a esta cifra se compara el número de casos conocidos con los casos en los que las víctimas quedaron en libertad sin haber pagado el rescate.
En otras palabras, actualmente las víctimas prefieren negociar con los captores y no denunciar oportunamente a las autoridades. Esto ha fortalecido a los grupos de secuestradores.
“Mientras la gente no denuncie los secuestros, y prefiera empeñar hasta su vida y pedir entre sus amigos para pagar los rescates, las bandas invertirán en armas para continuar con el negocio”, explicó la ex subdirectora de la policía judicial, comisaria Odalis Caldera.
Según la ex funcionaria, los pagos de secuestros y extorsiones han robustecido especialmente a las organizaciones que operan en los municipios de Barlovento.
Indicó que son grupos conformados mayoritariamente por menores de edad, aunque liderados por mayores. Se dedican al robo y la piratería de carreteras, pero secuestran cuando ven que las víctimas o sus familiares pueden pagar un rescate.
“Son bandas que están ubicadas e identificadas en la mayoría de sus miembros. Son hombres que conocen bien las montañas de Barlovento y arremeten cuando ven a una víctima que circula sola o de noche. Por eso es cuesta arriba la investigación de estos casos”, dijo.
MRI procesa datos
Desde agosto, la policía judicial envía al MRI un reporte diario sobre lo que llaman “casuística actualizada” en materia de secuestros y extorsiones.
Se incluye nueve grupos de datos, que incluyen la identificación del expediente según la nomenclatura policial, el delito investigado, los datos del denunciante, la víctima, los investigados, las armas usadas y denunciadas así como los vehículos utilizados.
En esos reportes queda en evidencia la falta de información precisa sobre los procedimientos aplicados por los secuestradores, aún si se trata de Caracas y el estado Miranda. Por ejemplo, en la casilla referida a la hora en que fue capturada la víctima solo se posee datos en 19 de los 40 expedientes analizados. En ningún caso, la hora de intercepción fue superior a las 8:30 pm. Hubo además cuatro oportunidades en las que el secuestro fue perpetrado en la mañana.
En lo referido a las bandas involucradas solo se obtuvo información relacionada con 12 de los 40 casos. Una de las organizaciones está liderada por dos fugados del internado judicial de Tocorón, y tiene su centro de operaciones en edificios cercanos al teleférico en Maripérez.
Otro grupo llamado Gasper opera en la Cota 905. Según Mármol, parte de esta organización migró al este para aliarse con los llamados Petareños. También fueron a los Valles del Tuy.
Una tercera organización surgió en Hornos de Cal y guarda relación con bandas que operan en Barlovento. Su líder es apodado Luisito, tiene 40 años de edad y posee registros por lesiones.
La banda llamada los Petareños tiene un núcleo de seis hombres, en su mayoría con edades superiores a los 35 años. Mármol advirtió que es la más activa en la actualidad. Opera en Altamira, Los Palos Grandes, el eje Los Chorros-Sebucán y Santa Eduvigis. También en Valle Arriba, donde supuestamente plagiaron a una persona el pasado fin de semana. Usan automóviles Toyota Corolla y Mitsubishi Sygno.
Búsqueda y captura
Dentro del plan nacional contra los secuestros se maneja la idea de conformar un grupo élite de búsqueda y captura de secuestradores plenamente identificados como líderes o lugartenientes de bandas.
El equipo estaría integrado por quince agentes. La semana pasada comenzó la convocatoria. Muchos de ellos fueron transferidos a otras divisiones o grupos de trabajo.
Las operaciones comenzarán en Distrito Capital y Miranda, donde se concentra el 82% de las víctimas de este año. Pero no se descarta apoyar las operaciones en la zona central del país, especialmente en los estados Carabobo, Aragua y Guárico, donde se ha reportado un repunte general de los secuestros a partir de julio.
