DIM

Adolfo Baduel, hijo del General Raúl Isaías Baduel, denunció la noche de este martes que una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIM) “fuertemente armada” se encuentra en la residencia de su padre en Aragua.

“En este momento se encuentra una comisión del DIM en la casa de mi padre, lo buscándo, desconocemos el motivo. FAVOR DIFUNDIR!”, escribió en su cuenta de Twitter (@jbaduel).

Hasta los momentos se desconoce el motivo de los hechos.

Baduel tiene liberta condicional desde el 2015. El general fue ministro del presidente Hugo Chávez, a quien criticó y posteriormente fue puesto tras las rejas bajo investigación por supuesta corrupción.

#Atencion En este momento se encuentra una comisión del DIM en la casa de mi padre, lo buscándo, desconocemos el motivo. FAVOR DIFUNDIR

— ADOLFO BADUEL (CUENTA INACTIVA TEMPORALMENTE ) (@jbaduel) January 11, 2017

Favor difundir mis mensajes, comisión FUERTEMENTE armada esta en la residencia de mi padre buscándolo, desconocemos su paradero y el motivo

— ADOLFO BADUEL (CUENTA INACTIVA TEMPORALMENTE ) (@jbaduel) January 11, 2017

#Atencion FAVOR DIFUNDIR comision del DIM esta en la residencia de mi padre BUSCANDOLO, Urbanización la Morita, calle tacarigua, casa 176.

— ADOLFO BADUEL (CUENTA INACTIVA TEMPORALMENTE ) (@jbaduel) January 11, 2017

#Atencion FAVOR DIFUNDIR comisión FUERTEMENTE ARMADA se encuentra en la residencia de mi padre Raúl Baduel, lo buscan y desconocemos motivo

— ADOLFO BADUEL (CUENTA INACTIVA TEMPORALMENTE ) (@jbaduel) January 11, 2017

#AtencionVzla Hago responsable al régimen de lo que le pueda ocurrir a mi padre Raúl Baduel. Desconocemos el motivo detesta arremetida.

— ADOLFO BADUEL (CUENTA INACTIVA TEMPORALMENTE ) (@jbaduel) January 11, 2017

Irregularidades en urbanización villas de aragua nadie puede salir ni entrar funcionarios quieren llevarse a baduel pic.twitter.com/a3aylVyp4M

— Gabriel Peñaloza (@Gabo_penaloza) January 11, 2017

Residencia del General Baduel en urb villas de aragua, tomada por inteligencia militar pic.twitter.com/0LIh3mnLUY

— gilberto lopez (@abogadomarcial) January 11, 2017

Instantes en que inteligencia militar allana residencia del General Baduel pic.twitter.com/PQrltFyZVZ

— gilberto lopez (@abogadomarcial) January 11, 2017

Foto: DIM y SEBIN en casa del Gral. Raúl isaías Baduel en #Maracay #Aragua supuestamente en busca de armas. pic.twitter.com/hhiFd2AuvE

— Jose Luis Cedeño (@joseluiscedenog) January 11, 2017

Funcionarios de DGIM frente a la residencia de general Baduel pic.twitter.com/nIqP0iobAD

— Doricer Alvarado (@doricer) January 11, 2017

En un comunicado Cofavic expresó su profunda preocupación por las presuntas ejecuciones extrajudiciales de nueve personas en la población de Cariaco y la presunta detención arbitraria, desaparición forzada y posterior localización con signos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y ejecución extrajudicial de doce ciudadanos en el Municipio Acevedo del estado Miranda y en las que se ha identificado la presunta participación de efectivos militares pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

De acuerdo con información pública disponible, el viernes 11 de noviembre de 2016, nueve hombres presuntamente murieron baleados, con tiros en la cabeza, en el sector El Porvenir de Cariaco, capital del Municipio Ribero, estado Sucre.

En el estado Miranda también se registró un nuevo hecho con elementos similares. De acuerdo con versiones de testigos y familiares de las víctimas, el pasado 15 de octubre presuntos funcionarios del Ejército practicaron una serie de detenciones en el Municipio Acevedo, en el marco de uno de los operativos de seguridad en la zona.

Los familiares de las personas detenidas denunciaron las desapariciones ante el Ministerio Público y ante la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, el 25 de noviembre, se conoce del hallazgo de fosas comunes en dos áreas de Barlovento, el sector La Maturetera del Municipio Brion y en el sector Aragüita.

Según la información pública disponible, las  localizaciones se dieron a través de la actuación de los funcionarios de la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del CICPC  y de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar. Frente a estos hechos, el Ministerio Público,  informó que imputará a 11 funcionarios del Ejército por la muerte de 12 personas que fueron halladas en el sector El Café y Araguita.

Por su parte, con relación a los hechos ocurridos en el sector El Porvenir de Cariaco, el Ministerio Público informó que 5 funcionarios del Comando Nacional de Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana (CONAS) fueron privados de libertad por la presunta comisión del delito de homicidio intencional calificado con alevosía, agavillamiento, uso indebido de arma orgánica y robo agravado.

Responsabilidad del Estado 

Con respecto a estos hechos, el Estado venezolano debe cumplir con su obligación de esclarecer los hechos, juzgar a todos los responsables en forma efectiva y recobrar los cuerpos de las presuntas víctimas, identificando individualmente a cada uno mediante mecanismos confiables e independientes.

Dada la magnitud de los hechos y el temor en los familiares de las víctimas y en la población civil, es posible determinar que en ambos casos existió un pleno conocimiento del Estado sobre los hechos, debido a que son zonas de alta militarización y control policial, en las cuales  se han venido realizando operativos enmarcados dentro de la denominada “Operación de Liberación del Pueblo”.

El Estado venezolano es responsable por los sufrimientos físicos, mentales y morales padecidos por las presuntas víctimas, los sobrevivientes y sus familiares, así como por la falta de investigación y por todos los daños ulteriores que se deriven de estos lamentables acontecimientos, si los mismos no se investigan de manera imparcial, efectiva y conclusiva.

El Estado tiene la obligación intransferible de atender la seguridad ciudadana sin sacrificar los derechos humanos.

La Corte Interamericana ha manifestado en el desarrollo de estándares internacionales de obligatorio cumplimiento que: “los Principios básicos sobre empleo de la fuerza establecen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. En todo caso, sólo se podrá hacer uso intencional de armas letales cuando sea absolutamente inevitable para proteger una vida”

En reiteradas oportunidades, Cofavic ha alertado y denunciado la política equivocada del Estado venezolano, en la cual se han cedido espacios vitales que solo deben estar bajo su control a grupos armados civiles y bandas delictivas. La creación de las denominadas “Zonas de Paz” y la aceptación que líderes negativos autodenominados “pranes” gobiernen cárceles o territorios bajo el argumento que, negociar con el crimen tendrá como resultado que acabe, ha terminado fortaleciendo a quienes cometen actos delictivos.

PETITORIO

Por todo lo anterior, Cofavic insta al Estado venezolano a:

Con respecto a los hechos destacados:

1. Investigar de manera independiente, eficaz y conclusiva los referidos hechos (Arts 23, 29 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela CRBV).
2. Realizar las investigaciones exclusivamente en la jurisdicción civil (Art. 29 de la CRBV). Deben separarse de todo el proceso de investigación a los organismos de seguridad del Estado cuyos funcionarios presuntamente puedan haber participado de manera directa o indirecta en los hechos.
3. Utilizar estándares internacionales para documentar los presuntos crímenes (art 23 de la CRBV)con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas y el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas.
4. Asegurar la participación, incorporación y protección de las víctimas durante el proceso de investigación y el trámite judicial. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, o sus familiares, deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación. El Estado debe sin dilación y con todas las garantías incorporar a los sobrevivientes como víctimas y documentar debidamente las lesiones sufridas por estos.

Con respecto a las medidas de seguridad ciudadana y control de orden público:

1. Que el Poder Ejecutivo revoque las resoluciones que ha dictado para la creación de las denominadas “Zonas de Paz” y haga público la estructura y características, así como informes sobre el denominado plan de seguridad “Operación de Liberación al Pueblo”.
2. Garantizar que los órganos policiales y los organismos de seguridad ciudadana, tengan un carácter estrictamente civil y profesional en todos sus niveles jerárquicos con clara diferenciación tanto institucional como conceptual, de la labor de prevención delictiva y de la investigación criminal.

3.- Que el Poder Ejecutivo enmarque todas sus actuaciones en materia de seguridad ciudadana en los principios del Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley así como los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de las Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley, ambos aprobados por la Organización de Naciones Unidas.

4. Ratifique Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Redacción Runrunes

(*) Con información de ABC Color

Un grupo de empresarios paraguayos defraudaron a Venezuela mediante el incumplimiento de contrato y apropiación de convenios suscritos entre la empresa estatal venezolana CASA y entidades en el país austral para la compra e importación de carne. El diario paraguayo ABC Color reflotó esta semana el caso, que data de 2008, en el que se habría causado un perjuicio al Estado venezolano por un monto que asciende a 11,8 millones de dólares en una trama que se fraguó desde Miami y que involucró también a venezolanos.

La firma Giroski Agro Group, utilizando para el efecto a las empresas paraguayas Agropecuaria ParaKe SA y Carpe-Diem SA, para defraudar a la importadora venezolana CASA, en un contrato para proveer de carne al mercado del país caribeño, teniendo como acuerdo marco un convenio firmado en 2008 entre los presidentes Fernando Lugo y Hugo Chávez. La oficina gubernamental CASA realizó adelantos por US$ 21,8 millones a la firma ParaKe SA, que solo entregó carne por valor de US$ 10 millones (recién una vez descubierta las irregularidades del caso).

Acuerdos bilaterales y desfalco

El expresidente Fernando Lugo, en el 2008, firmó varios acuerdos con su par de Venezuela, Hugo Chávez (fallecido en 2013), entre los que se encontraba un convenio para “resolver las fallas alimentarias internas” del país caribeño.

Luego vino la firma de un contrato entre la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA), del Gobierno de Venezuela, y la firma privada Agropecuaria ParaKe S.A., por el que se acordó la compra/venta de 8.000 toneladas de carne por unos US$ 40 millones.

Apenas firmado el contrato, CASA “adelantó” a la firma ParaKe S.A. US$ 22 millones, por los cuales recibió apenas 1.931 toneladas de la carne paraguaya. Quedó así un agujero de nada menos que US$ 11,8 millones. La Embajada de Venezuela en Paraguay, a cargo de Alfredo Murga, no quiere hablar sobre este caso.

Comando a distancia

Según fuentes locales que pidieron guardar sus identidades por temor a represalias, ParaKe SA, cuyo director titular figura el abog. Carlos Darío Ruffinelli Céspedes, nunca tuvo habilitación de Senacsa para exportar carne, por lo que operó con la firma Carpe-Diem SA del alemán Gerhard Hans Bauser.

Sin embargo, las propias fuentes citadas por ABC Color señalan que, en realidad, la empresa madre de todo el operativo era Giroski Agro Group LLC, una firma que tenía su matriz en la dirección Brickell Avenue Suite 900, Miami-Florida (EE.UU.) y sucursal en la dirección Torre de la Castellana, Caracas (Venezuela), ambas inactivas tras del negociado.

De hecho, la paraguaya ParaKe SA operaba en Venezuela en alianza con Benjamín Rosales, un venezolano que figura en los registros corporativos de la Florida como gerente de Giroski Agro Group LLC.

Asimismo, figuran como gerentes de Giroski, los también venezolanos James Varnadoe y Juan Carlos Aguila Barajas, los mismos que aparecen como accionistas en la constitución de la empresa paraguaya Agropecuaria ParaKe SA, junto al director titular Carlos Ruffinelli.

Cabe mencionar que, pese a los numerosos involucrados en este caso, hay un solo enjuiciado y condenado, el paraguayo Félix Humberto Álvarez Estévez, quien figuraba como gerente de Agropecuaria ParaKe SA, y que purgó tres años de cárcel en Venezuela y luego desapareció.

Un solo detenido.

Félix Humberto Álvarez Estévez, paraguayo, de 44 años, es la única persona que ha sido detenida por el caso. Lo que tenía que haber sido un paliativo a las fallas alimentarias de Venezuela, con la provisión de carne paraguaya, terminó siendo un feroz negociado, aparentemente entre los mismos funcionarios del Gobierno venezolano y la empresa paraguaya, con un millonario perjuicio para el Estado caribeño.

Álvarez Estévez es casado, y hasta octubre del año pasado estuvo detenido en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) de Venezuela purgando su condena. Álvarez fue liberado y deportado a Paraguay, cambió todos sus números telefónicos y sus direcciones y hasta ahora no se lo puede ubicar por ningún lado, reseña ABC Color.

Asimismo, en la firma Agropecuaria ParaKe S.A., aparentemente creada al solo efecto de perpetrar el negociado, figuraban también como accionistas los venezolanos James Varnador y Juan Carlos Aguila Barajas, y como director titular el abogado paraguayo Carlos Darío Ruffinelli Céspedes, con quien intentamos contactar, pero nos informaron que se encuentra de vacaciones fuera del país.

Álvarez y Ruffinelli serían las personas que podría dar los detalles más importantes de este caso, sin embargo no se puede contactar con ellos. Este silencio también llegó a la sede diplomática de Venezuela en Paraguay. El embajador Alfredo Murga, pese a nuestra insistencia, no dio la cara para brindar algún tipo de explicación.