La Corte Electoral de Uruguay, que preside el Consejo Electoral de la Unasur, considera y advierte que la misión observadora que sería enviada a controlar las elecciones en Venezuela está en «riesgo» por las «demoras» y el «agotamiento» de los plazos para la integración de la misma, a causa de las diferencias de criterios de los países que integran el bloque latinoamericano.
Ayer, la Corte Electoral alertó de la situación a todos los gobiernos de los países que integran Unasur (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela) y a la secretaría general del organismo.
En la resolución adoptada por unanimidad —a la que accedió El País—, la Corte Electoral expresó su preocupación por la demora en la concrección de los términos del acuerdo de la misión, y advierte: «en tales circunstancias, si no es posible conformar la misión en tiempo y forma, se considera que no debe realizarse (la misión)» para «preservar la trayectoria construida a favor del ejercicio democrático en la región». No obstante, la declaración manifiesta su aspiración a que la Unasur «extreme todos los esfuerzos para contribuir al desarrollo del proceso electoral en la región».
La razón por la que entiende que no están dadas las condiciones para participar en la elección legislativa venezolana, la que se realizará el próximo 6 de diciembre, está asociada a «la demora» para la aprobación de la misión observadora.
Por ejemplo, hubo demoras en la designación del representante especial, la posterior integración de la misión por parte de las autoridades electorales de los Estados miembros y su participación en las instancias preparatorias establecidas en el cronograma electoral. Esto no es solo responsabilidad de Venezuela, sino de todos los países que integran la Unasur.
Según la Corte Electoral, estas demoras en la integración de la misión «ponen en riego» el sentido mismo de la elección, en relación con la experiencia acumulada en el Consejo Electoral de la Unasur en la materia y «la seriedad y el prestigio» ganados en los ámbitos internacionales.
La semana pasada, la Unasur aseguró que el jurista brasileño Nelson Jobim no había sido vetado para la misión que el organismo enviará a las elecciones parlamentarias venezolanas.
Unasur se pronunció sobre este asunto después de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil anunciara que declinó participar en la misión por falta de respuesta de las autoridades de Venezuela sobre las garantías para una «observación objetiva e imparcial» y por un supuesto veto impuesto por el gobierno de ese país a Jobim como líder de la misión.
En medio de este cortocircuito con el gobierno de Dilma Rousseff, el presidente venezolano Nicolás Maduro envió a Uruguay a su emisario y excanciller Elías Jaua a reunirse con el exmandatario José Mujica y el Secretariado del Frente Amplio, el pasado jueves 22.
En el encuentro, Jaua trasmitió la invitación para que Uruguay participe en una misión observadora de la Unasur. Además, aseguró al oficialismo que las elecciones legislativas se desarrollarán en un marco de «transparencia».
La coalición de izquierda quedó de valorar el ofrecimiento. Por su parte, Venezuela rechazó que la Organización de Estados Americanos (OEA) envíe a veedores como propuso el secretario general de ese organismo y excanciller Luis Almagro. Por este tema, Jaua protagonizó una dura polémica con Almagro debido al ofrecimiento que éste hizo para que esa organización participara en una misión observadora en las elecciones venezolanas.
En ese momento, Jaua tildó de «traidor antivenezolano» a Almagro, pero en la reunión con el Secretariado del Frente puso paños fríos al enfrentamiento. Aunque dejó en claro que discrepa con los posicionamientos de la OEA por entender que está influenciada por Estados Unidos.
