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Congreso español pide ampliar sanciones contra altos funcionarios venezolanos

 

El pleno del Congreso de los Diputados españoles aprobó este jueves una moción en la que se insta al Gobierno de ese país a seguir ejerciendo el liderazgo en la Unión Europea (UE) en la defensa de los derechos humanos y las libertades en Venezuela.

La moción fue aprobada con los votos a favor del partido gobernante PP (centroderecha) y Ciudadanos (liberales), 162 votos en total a favor, la abstención del PSOE (socialistas), para un total de 94 abstenciones en total, y el voto en contra de Podemos (izquierda), con 79 votos en contra en total.

En la resolución se insta al Ejecutivo de Madrid a no reconocer la convocatoria de las elecciones presidenciales de mayo en Venezuela “por carecer de las mínimas garantías democráticas y por la falta de un calendario y unas condiciones de libre competencia electoral acordadas entre gobierno y oposición” y, en consecuencia, no reconocer sus resultados.

En el texto de la moción se hace también un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que revierta su decisión de declarar persona non grata al embajador de España, en aras de una normalización de las relaciones diplomáticas.
 La iniciativa solicita al Ejecutivo de Maduro que implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional.

Asimismo, se recomienda la ampliación de sanciones específicas a altos cargos venezolanos en el seno de la UE “debido a la ruptura de los principios democráticos y el Estado de Derecho, por la represión de la oposición y la sociedad civil y las violaciones graves de derechos humanos”, entre otros.

En la moción, los diputados también le piden al gobierno trabajar con la comunidad internacional. Entre las instituciones mencionadas, con la Corte Penal Internacional, específicamente con la Fiscalía “en relación con el examen preliminar abierto (en febrero de este año) sobre la situación en Venezuela para analizar la posible comisión de crímenes por parte de altos cargos del Gobierno de Venezuela”.

Igualmente pide abordar el tema en el Consejo de Derechos en Naciones Unidas y llevar a cabo las gestiones necesarias para que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU apruebe la creación de una Comisión o Misión de Investigación.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, uno de los partidos impulsores de la resolución, tuiteó que con esta medida le exigirán al gobierno ” que inicie las sanciones a los dirigentes de la tiranía de Maduro y se rechace el proceso electoral fraudulento en Venezuela.”

 

El diputado liberal Fernando Maura, explicó que solicitaron la ampliaciones de las sanciones ya impuestas “por los actos de corrupción, la represión de la oposición y la sociedad civil y las violaciones graves de los derechos humanos”.

El PSOE decidió abstenerse porque, según su portavoz de Exteriores, Ignacio Sánchez Amor, el texto de la iniciativa, en los términos en que se ha votado, “no contribuye en la medida que debería a que España ayude a encauzar la actual situación”.

En el texto que proponían los socialistas se consideraba que las elecciones presidenciales “deben enmarcarse en el contexto del diálogo nacional con las fuerzas políticas, de modo que se cumplan unas condiciones de participación equitativas justas y transparentes”.

Eso implicaba, para los socialistas, la liberación de los denominados presos políticos y la supresión de las prohibiciones sobre políticos de la oposición y por la composición equilibrada e imparcial de los órganos de la administración electoral encargados del desarrollo de los comicios.

El portavoz de Exteriores del PP en el Congreso, José Ramón García Hernández, aseguró que las elecciones del 20 de mayo, “convocadas ilegalmente, carecen de todas las garantías democráticas que tienen que tener unas elecciones” y ha hecho hincapié en que Venezuela “debe tener unas elecciones libres, transparentes y absolutamente democráticas”.
Congreso de Diputados español pedirá la liberación de opositores venezolanos

Ledezma y Leopoldo

 

 

El pleno del Congreso de los Diputados de España pedirá el próximo martes la liberación inmediata del coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y de otros políticos del país encarcelados.

La proposición no de ley que se prevé aprobará la Cámara Baja, pactada por el gubernamental Partido Popular y el socialista PSOE (la mayor fuerza de la oposición), reclama al Gobierno español que lleve a cabo todas las iniciativas necesarias ante las autoridades de Venezuela para lograr la puesta en libertad de los presos políticos.

El debate de esta iniciativa, similar a la que aprobó el Parlamento Europeo el pasado 12 de marzo, quedó aplazado al suspenderse el último pleno del Congreso en señal de duelo por el accidente del avión de Germanwings en los Alpes, el 24 de marzo pasado.

La moción insta al Gobierno de Mariano Rajoy a que tome “todas las iniciativas pertinentes” para lograr la liberación inmediata de Ledezma, de López y del exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos.

También pide la puesta en libertad “de los demás opositores, estudiantes y manifestantes arbitrariamente encarcelados en Venezuela en el contexto de las protestas pacíficas iniciadas en enero de 2014”.

PP -con mayoría absoluta en el Parlamento- y el PSOE emplazan al Ejecutivo a actuar ante el Gobierno venezolano, ante la comunidad internacional y en el marco de la UE y de los organismos internacionales en los que España tiene representación.

En la exposición de motivos del texto, PP y PSOE lamentan que el Gobierno de Maduro haya ignorado todas las reclamaciones de libertad para López, Ledezma y Ceballos, pese a los dictámenes de la ONU y a los llamados de otras organizaciones internacionales y civiles.

En el caso de Leopoldo López, se afirma que “ningún tribunal ha podido avalar las acusaciones presentadas” contra él.

PP y PSOE recuerdan que Venezuela es el segundo país de América Latina donde más españoles residen, aproximadamente 200.000.

“Venezuela ha sido una generosa tierra de acogida con la que los españoles tenemos una deuda de gratitud”, destacan.

De momento, las formaciones izquierdistas y nacionalistas españolas Izquierda Plural, Amaiur, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bloque Nacionalista Gallego (BNG) presentaron una enmienda alternativa que va en dirección distinta al acuerdo entre los dos principales partidos.

Estas cuatro formaciones piden al Gobierno “no contribuir a la desestabilización” de Venezuela, ni alentar las “acciones golpistas” respetando su soberanía, favoreciendo la solución dialogada de las diferencias, la paz y el respeto al orden constitucional vigente y a sus instituciones democráticas, así como promoviendo el respeto a los derechos humanos.

También expresan su rechazo a las “acciones violentas” protagonizadas por sectores de la oposición venezolana durante 2013 y 2014 “con el objetivo de subvertir el orden constitucional de Venezuela y el funcionamiento de sus instituciones democráticas”, al tiempo que manifiesta su solidaridad con las víctimas.