Representantes de Brasil, Panamá, Ecuador y Colombia presentaron casos y estrategias para la prevención e investigación del lavado de capitales. Alejandro Rebolledo, por Venezuela, adelantó que presentarán a la Asamblea Nacional un borrador para la reforma de Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada
Jesús Alberto Yajure | @albertoyajure
La recuperación de los activos en el extranjero producto de actividades ilícitas y la incorporación del contrabando y la evasión fiscal como delitos “generadores” del lavado de capitales son algunos de los puntos que contiene un borrador para la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, que quiere promover el abogado y especialista Alejandro Rebolledo.
El exjuez fue uno de los organizadores de la XI Conferencia Internacional Antilavado de Dinero, Contra el Riesgo y el Fraude que se celebró durante dos días en el hotel Eurobuilding de Caracas y que culminó este jueves 18 de junio. Al evento asistieron 280 participantes de más de 11 países del hemisferio.
Rebolledo es optimista con respecto al proyecto. Critica las propuestas para reformar el texto de la Ley Contra Ilícitos Cambiarios porque —asegura— “ese no es el problema”. Considera que la debilidad institucional, la falta de autonomía, así como la corrupción, son grandes problemas que afronta el país y que dificultan la investigación y prevención de lo que califica como actividades ilícitas y delitos graves.
En el país no hay una cultura bien desarrollada contra el lavado y la impunidad también afecta este tipo de delitos. Las cifras que aporta son elocuentes: La Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) dependiente de la Superintendencia de Bancos (Sudeban) registró en 2014 3.000 reportes de actividad sospechosa en el sistema bancario. En ese mismo período el Ministerio Público dictó apenas 281 actos conclusivos (que pudieron terminar en archivo fiscal, sobreseimientos o acusaciones). Solo ocho casos llegaron a juicio.
“Hay que emprender todo un trabajo, porque la corrupción no es solo un asunto público, también existe entre particulares. No tiene color político, sino aliados de turno. Es necesario atender muchos temas, como la recuperación de los activos en el extranjero producto de actividades ilícitas, el contrabando, la evasión fiscal. La clasificación de las personas políticamente expuestas”, asegura.
Asegura que 2015 marcará “un antes y un después” en la manera de procesar las investigaciones contra el lavado de capitales. Principalmente, por los casos y escándalos que han estallado en el continente y —también— porque la región “tiene un problema grave”: Los casos recientes de corrupción que involucran a funcionarios venezolanos y brasileños con cuentas en bancos suizos, como el HSBC; las causas judiciales contra funcionarios y empresarios por corrupción en el Convenio Sucre, suscrito entre países miembros del ALBA; y el escándalo por sobornos y apropiación indebida en la estatal brasileña Petrobras son algunas muestras de estos problemas.
“Un punto clave es cambiar la legislación. Cuando trajimos la documentación de CAP [el expresidente Carlos Andrés Pérez] esta ley que tenemos ahora no existía. Hubo mucha gente que trabajó para impulsar una nueva legislación. Ahora creemos que es momento de hacerlo de nuevo”, afirma Rebolledo, quien pone en una lista algunos de los retos: actualizar las normas para ajustarlas a los estándares internacionales; capacitar el personal; modernizar el sistema y los métodos de trabajo; mejorar las condiciones socioeconómicas de los funcionarios e investigadores.
“Los delitos contra el patrimonio público no prescriben. Para recuperar los activos en el extranjero producto de actividades ilícitas tiene que haber confianza en el país, hay que contar con asistencia legal mutua con otros países, además de cooperación internacional y crear un marco legal para la indemnización de las víctimas”.
Las Unidades de Análisis Financiero en el país no son autónomas, porque dependen de la Superintendencia Nacional de Bancos. Rebolledo propone la creación de un Fideicomiso que pueda administrar los bienes y activos recuperados fuera del país.
Brasil: “Petrobras es el caso de corrupción más grande”
Anne Caroline Prudencio es abogada y especialista en prevención de lavado en Florianópolis, Brasil. Destaca el trabajo de los periodistas, que denuncian constantemente casos de corrupción, narcotráfico y legitimación de capitales. Asegura que el escándalo en Petrobras es el mayor caso de corrupción en la historia del país, incluso mayor que el caso Mensalao que opacó el segundo gobierno del expresidente Luiz Inacio Lula Da Silva, por lo complejo del entramado que involucra a más de 100 empresas ficticias empleadas para mover grandes sumas de dinero desde la estatal hasta cuentas en el extranjero.
“Las seis mayores empresas de construcción Brasil están involucradas. Se ha descubierto una red muy sofisticada que está vinculada a altos funcionarios del Gobierno de Brasil. Todavía es imposible cuantificar el daño patrimonial porque las investigaciones siguen su curso y cada semana se descubren nuevas cosas”, relata.
Las instituciones de Brasil han jugado un papel importante, afirma, porque actúan de manera autónoma, lo que ha permitido que avancen las acusaciones y el procesamiento de políticos: “El tesorero del PT [Partido de los Trabajadores] está preso, hay políticos en la cárcel. Y esto ha sido posible porque la Policía Federal ha cumplido con su trabajo con independencia. Tenemos también jueces, como Sergio Moro, que ha impulsado sentencias duras. El trabajo de los periodistas y de los medios ha sido extraordinario porque contribuyen con sus denuncias”.
Ecuador: Poderes Públicos están concentrados en el Ejecutivo
“Todas las pruebas están en la Fiscalía. Tienen toda la documentación, pero no ha habido ningún empuje, ninguna voluntad de castigar a los responsables”, asegura María Dolores Torres, supervisora bancaria y subdirectora de prevención de lavado de activos en Ecuador. No se refiere a cualquier caso, habla de los desfalcos y fraude en el Sistema Unitario de Compensación Regional, conocido como Convenio Sucre y suscrito entre países miembros del ALBA.
Los casos han sido conocidos recientemente gracias trabajos periodísticos publicados por medios en Quito, Miami y Caracas. Algunos han tenido como trasfondo los acuerdos bilaterales para establecer relaciones comerciales bilaterales, aunque no se han excluido otras prácticas: importaciones falsas, el cobro de altas sumas de dinero por servicios no prestados, contrataciones para obras públicas con sobreprecio, pago de comisiones y fraude cambiario.
En el caso de Ecuador, el debilitamiento de las instituciones y la partidización de los Poderes Públicos estimulan la impunidad: “No se ha castigado a los culpables porque en mi país todos los Poderes Públicos están concentrados y responden al Ejecutivo. Y esto es muy grave, porque son delitos trasnacionales, que debilitan la imagen de los países y las relaciones bilaterales”.
Panamá quiere un centro financiero transparente
Con la reforma de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero, Panamá apuesta a ser sacado de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (Gafi), que incluye en su clasificación a países considerados como de alto riesgo o que no cooperan con las autoridades en la prevención de delitos financieros.
Juan Manuel Martans, Ex Superintendente del Mercado de Valores de Panamá, explica que el país quiere cambiar su imagen de paraíso fiscal y convertirse en un centro financiero transparente: “Sí, éramos un centro financiero, pero habíamos atraído a mucha gente que hacía negocios sucios. Ahora lo que queremos es gente que haga las cosas bien. Y para eso se ha reformado esta ley. Los que quieran seguir aquí tendrán que cumplirla, y los que no, que se vayan, porque no los queremos haciendo negocios turbios en Panamá”, asegura.
Asegura, además, que la ley es solo una parte del trabajo. Hacerla cumplir será complejo: “Hay que insistir en las políticas de compliance [fiel cumplimiento], en el fortalecimiento de las instituciones para poder identificar a los responsables, procesarlos y castigarlos. Puedes tener una ley muy buena, pero después debe haber voluntad para hacerla cumplir”.
Colombia: Las multas a oficiales de compliance pueden alcanzar los 50 mil dólares
Oficiales de fiel cumplimiento [compliance] en Colombia pueden recibir multas de hasta 50 mil dólares si son hallados responsables de omitir información o facilitar delitos financieros como el lavado de capitales, asegura la colombiana Mónica Alonso Mora, abogada de la firma Lozano Consultores, quien destaca que las normas para la prevención de delitos se hacen cada vez más exigentes, en la medida que las prácticas se tornan más complejas.
La clave está, afirma, en la insistencia de las entidades en poner más rigor en el cumplimiento de las reglas básicas de procedimientos: conoce a tu cliente (KYC, know your customer), políticas de identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y medición de riesgo. Pero, además, del establecimiento de normas propias: “Los controles corporativos no son suficientes. Hay que aprender de la experiencia. En las señales de alertas o reportes de actividades sospechosas son tan importantes las categorías cuantitativos como las cualitativas: edad del cliente, tipo de operación, factores de riesgo”.
Alonso también resalta el carácter punitivo de las normas y leyes que buscan impulsar un trabajo más riguroso de los oficiales y Unidades de Análisis Financiero (UAF). En Colombia las multas no son excluyentes y un funcionario puede incluso recibir sanciones penales si se comprueba que no siguió los procedimientos de prevención o si omitió información de manera deliberada. La carga de la prueba recae en los oficiales de compliance, quienes deben demostrar que todo el análisis se hizo de acuerdo a los procedimientos establecidos.
