Este miércoles 8 de febrero el Parlamento venezolano abrió oficialmente la investigación por el supuesto pago de 98 millones de dólares en sobornos a funcionarios venezolanos, cancelados por la empresa brasileña Odebrecht para obtener importantes contratos de construcción de obras públicas en el país. La información salió a la luz tras las declaraciones del presidente de la compañía, Marcelo Odebrecht.
Citar a dos representantes de la constructora en Venezuela, Maryorie Garboza Ceballos y Jesús Azuaje, será el primer paso que seguirá la Comisión de Contraloría para meter la lupa al caso. Garboza y Azuaje deberán acudir ante la instancia legislativa en condición de comparecencia.
Aprueban desde la CP de Contraloría citación de representantes de Odebrecht en Venezuela para iniciar la investigación. pic.twitter.com/gXCwJYpW8j
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 8 de febrero de 2017
Para hacer seguimiento al estatus de la treintena de obras a cargo de la constructora, se creará una Comisión Especial que será presidida por Juan Guaidó, integrada por Ismael García, Robert Alcalá y otros dos diputados.
“Deben investigarse los porcentajes de ejecución y financiamiento que no coinciden en las memorias y cuentas. Por ejemplo, el puente sobre el Orinoco nos costó 400 millones de dólares y ni siquiera está terminado. Nosotros pagamos hasta siete u ocho veces más a precio internacional. Las empresas involucradas tienen que dar respuesta cómo es que nos cuesta más a los venezolanos”, intervino el presidente de la comisión, Juan Guaidó.
Adicionalmente, el legislador Ismael García, ex vicepresidente de la comisión, propuso que la secretaría incluya el informe sobre obras inconclusas aprobado con anterioridad en la comisión, especialmente el referido al Ferrocarril Regional del Centro (desde Maracay, pasando por Puerto Cabello, hasta Valles del Tuy).
“Se trata de la segunda obra a nivel nacional de mayor impacto que debió ser entregada en 2016 y que iba a transportar 18 millones de pasajeros al año. Incluso Diosdado Cabello fue señalado en esa investigación, estamos en la obligación de enviarle un cuestionario”, manifestó.
Robert Alcalá planteó se investigue también el esquema de sub-contrataciones promovido desde el Poder Ejecutivo. “¿Cómo es posible que el Gobierno nacional contratara obras públicas con trasnacionales que no ejecutan la obra sino que sub-contratan hasta cincos seis empresas más (locales e internacionales) que son las que terminan de hacer la obra?”, se preguntó el legislador. Aseguró que muchas de esas compañías intermedias “terminan siendo de maletín, donde se queda el dinero”.
Solicitó además que se investiguen a todos los encargados del despacho de Obras Públicas: “Deberíamos empezar por invitar a Haiman El Troudi a una reunión con la comisión a ver si viene a dar respuestas”.
Una vez aprobado el expediente que resulte de la investigación, pasará a la plenaria para declarar la responsabilidad política de los responsables.
