El aislamiento de Venezuela se evidenció el 5 de junio pasado con 19 votos a favor y 11 abstenciones con las que se aprobó la resolución en la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se calificó de ilegítimo el proceso electoral celebrado en el país el pasado 20 de mayo. Con esta medida también se desconocieron los resultados de los comicios conjuntos, donde la alianza que apoyó a Nicolás Maduro resultó ganadora para el periodo 2019-2025 en los Consejos Legislativos. Además de Venezuela, solo tres países se sumaron a votar en contra de la propuesta.
De la falta de apoyo regional, el internacionalista Carlos Luna, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela (UCV), asegura que lo decretado en la Asamblea General de la OEA es un último chance para que el gobierno rectifique y se enfile por la vía democrática. “Es prácticamente una prórroga más”, apunta. La resolución hace mención en su último punto a la aplicación de los mecanismos establecidos en los artículos 21 y 22 de la Carta Democrática Interamericana. Allí se nombra lo relacionado con la suspensión de un Estado miembro al haberse roto el orden democrático, incluidas gestiones diplomáticas infructuosas.
Según el profesor universitario, una eventual suspensión de Venezuela de la OEA “abre las puertas a la aplicación de los artículos 333 y 350 de la Constitución. Es legítimo”. El desconocimiento nacional se conjugaría con el de la región, ya evidenciado en discursos y ahora en papel. Luna destaca que en el punto 8 del documento se invita a los Estados miembro y observadores a implementar “medidas que estimen convenientes a nivel político, económico y financiero para coadyuvar al restablecimiento del orden democrático en Venezuela”.
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