El juez les ordenó comparecencias cada 15 días y les retiró el pasaporte
La Justicia española dejó este 23 de diciembre en libertad a la que fuera tesorera nacional de Venezuela y enfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Díaz, y a su marido, Adrián José Velásquez, que habían sido detenidos horas antes en Madrid en base a una reclamación de Estados Unidos por un presunto delito de blanqueo.
Tras ser arrestados, ambos fueron puestos a disposición de la Audiencia Nacional española, donde prestaron declaración ante un juez de guardia, que los puso en libertad aunque les ordenó comparecencias cada 15 días y les retiró el pasaporte, informaron fuentes judiciales.
El juez no ve «justificada» la prisión provisional de manera que acuerda su libertad «a la vista de las circunstancias personales, familiares y laborales concurrentes», así como «las circunstancias y relativa gravedad» de la conducta por la que son reclamados.
No obstante, para asegurar su disponibilidad ante la justicia española, les impone comparecencias quinquenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país.
Díaz y Velásquez, a quienes la Audiencia Nacional rechazó en su día extraditar a Venezuela por posible vulneración de sus derechos, están reclamados por Estados Unidos por los presuntos delitos de conspiración para cometer blanqueo de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios, castigados cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó recientemente de esta reclamación por su presunta participación en una «trama de lavado de dinero y cambio de moneda» por valor de «miles de millones de dólares».
Según la acusación, Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, pagó presuntamente millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Díaz Guillén, y a Velásquez «para asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el Gobierno venezolano a tasas favorables».
El empresario de medios venezolano, al que la Justicia estadounidense considera prófugo, residente en Venezuela, fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de los mismos cargos de «conspiración para lavado de dinero» y «lavado de dinero».
Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a diez años de prisión en noviembre de 2018 por su «participación en la conspiración para cometer lavado de dinero».
Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de 1.000 millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros implicados «a cambio de usar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país».
