LA FIRMA CON COLOMBIA de un plan de acciones de lucha antidrogas ratifica el empeño de Venezuela en priorizar la cooperación en el combate a ese flagelo, aseguró hace unos días el ministro del Interior, Tareck El Aissami quien junto con el titular colombiano de Defensa, Rodrigo Rivera, afirmó que eso demostraba la confianza en un país que en el último lustro erradicó los cultivos ilícitos y duplicó las incautaciones de estupefacientes.
El Aissami y Rivera firmaron un plan para potenciar el intercambio de informaciones operativas y el accionar conjunto contra “organizaciones criminales que tratan de sacar provecho de los dos mil 200 kilómetros de frontera común”. El venezolano dijo que su país ha suscrito 53 instrumentos antinarcóticos con casi 40 países.
“Nosotros no producimos drogas ni somos grandes consumidores, por lo que nuestro aporte a la comunidad internacional es trabajar cada vez más duro para impedir el uso de nuestro territorio como tránsito”, apuntó.
El Aissami repite lo que incesantemente dice Chávez: “Venezuela se considera una víctima del flagelo, al estar ubicada en medio de las rutas entre productores de estupefacientes como Colombia y sus principales mercados, Estados Unidos y Europa”.
Sin embargo, detrás de toda esta fachada de cooperación hay varios temas que poco afloran en los medios:
1-La obligación establecida entre los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez de cooperar en esa materia. Santos demostró a Chávez todo lo que éste quiso saber y preguntar del narcotráfico y la guerrilla. La cooperación que hoy exhibe El Aissami antes era con la narcoguerrilla, sin disimulo, como se ha comprobado en varios casos.
2-La necesidad de Venezuela ante Estados Unidos de allanar el camino para que no lo sigan marcando como cooperador del narcotráfico y el terrorismo. La angustia de que en pocos días puedan cargarse las visas de otros militares del proceso, muy importantes, como hicieron con Rangel Silva, Carvajal y Rodríguez Chacín a través del Departamento del Tesoro o la DEA.
3-La última, pero no por ello la menos importante, asegurarse que el narcotraficante detenido en Colombia, Walid Makled, sea enviado a Venezuela y no a los Estados Unidos, país que también lo está requiriendo del gobierno de Santos. La declaración del ministro de Defensa colombiano ratificando que la extradición de Makled sigue en pie demuestra que esa “cortesía” con Venezuela no es de gratis. A pesar de esta aseveración Colombia ha seguido cumpliendo al pie de la letra la oferta del presidente Santos a la DEA: Makled está en permanente contacto con el organismo antidroga estadounidense, del que tiene un Blackberry 9700 por el que se comunica directamente con los investigadores gringos. Otros dos celulares le permiten contactar a sus amigos en Venezuela. Makled aún podría alegar el temor a perder su vida si es trasladado a Caracas como una excusa para la justica colombiana. Sus cartas bajo la manga, que aun no ha exhibido del todo, incluyen un magistrado del TSJ, una jefa de jueces, una docena de militares y otra de civiles comprometidos con él desde hace años. La decisión final no estaría en manos solamente de Juan Manuel Santos, “el nuevo mejor amigo de Chávez”, sino de la Corte Suprema de Colombia que tendrá que tomarse su tiempo, unos seis meses más, antes de dar su veredicto.
