La peor crisis en la historia de Venezuela está en ebullición cuando se inicia el proceso de discusiones entre el Gobierno y la Oposición con mediación del Vaticano para encontrar salidas al grave conflicto nacional que se servirá en cuatro platos: cronograma electoral, soberanía nacional, derechos humanos y situación económica

Lisseth Boon | @boonbar

Lorena Meléndez G. | @loremelendez

Ilustración e infografía: Juan Carlos Hernández / Paola Martínez

Confianza y cronograma electoral

«Pasamos de una democracia representativa a una democracia protagónica. En Venezuela existe la participación directa”, dijo la canciller Delcy Rodríguez en octubre pasado durante la reunión de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea (Celac). Su afirmación la sustentó con la veintena de procesos electorales que ha habido desde que el chavismo, hace 17 años, llegó al poder.

Y sí. Las elecciones son tan importantes para el partido de gobierno que, dentro del Plan de la Patria 2013-2019, pone el tema entre sus primeros objetivos. Así, destaca la necesidad de “desplegar todas las acciones políticas” que garanticen votaciones en un clima de estabilidad y la convocatoria a «todos los sectores democráticos y honestos del país” a que contribuyan al desarrollo pacífico de los comicios.

Sin embargo, en la práctica, la “revolución” se contradijo. Durante 2016 torpedeó las decisiones emanadas por la Asamblea Nacional, que en diciembre fue elegida por votación popular. Además, el estado Amazonas quedó sin representación en el hemiciclo luego de que se impugnaran los actos de totalización, adjudicación y proclamación de los diputados de esa entidad.

El ataque siguiente fue contra el referendo revocatorio impulsado por la oposición. “La situación electoral actual es muy comprometida, porque el gobierno cercenó el derecho a la participación política (…) a través de los órganos que controla, que son el poder judicial y el Consejo Nacional Electoral (CNE)”, explicó Vicente Díaz, ex rector de esta última institución, quien condenó la suspensión del mecanismo que, de hacerse este año, hubiese dado paso a unas presidenciales.

“La mayoría de los venezolanos confía en el sistema electoral y sabe que los resultados se cuentan escrupulosamente. Pero dudan del papel del árbitro por la falta de control del ventajismo que detenta el oficialismo, el uso del dinero público en campañas electorales, y al momento de asumir posturas que favorecen al gobierno, como hizo ahora con el referendo”, señaló Díaz.

Verdad, justicia, derechos humanos, reparación de las víctimas y reconciliación

El gobierno de Nicolás Maduro nunca se mostró tan interesado en atender los derechos humanos como en los últimos dos años. Paralelo a las crecientes denuncias presentadas por organizaciones no gubernamentales sobre las continuas violaciones de DDHH bajo su gestión y las observaciones de diferentes organismos internacionales,  han surgido instancias de atención a víctimas con apoyo gubernamental en ámbitos de interés del proyecto bolivariano.

A las existentes Comisión por la Justicia y la Verdad (asociación de los combatientes guerrilleros de los años 60); Víctimas del 27 de Febrero; Asociación de Víctimas del 11 de abril de 2002; Fundación de Protección de Familiares de Víctimas del Sicariato Campesino y Asociación de Víctimas del Paro Petrolero, desde 2014 se han sumado: el Comité de Víctimas de las Guarimbas y del Golpe de Estado Continuado; Consejo de Derechos Humanos (abril 2014); Comité Promotor de la Patria de los Derechos Humanos  (27 de febrero 2016 como respuesta a la Ley de Amnistía propuesta por la AN) y Comisión de la Verdad, la Justicia y Reparación de las víctimas (abril 2016) para “atender integralmente a las víctimas de violación de DDFF en 17 años de revolución”.

Pero las evidencias de violaciones a DDHH en Venezuela no pueden ser opacadas. El Ministerio Público admitió en su Informe Anual que 17.778 personas fueron asesinadas en 2015, lo que ubica la tasa de homicidios en 58,1 por cada 10 mil habitantes, una de las más altas de mundo.

Foro Penal registra 111 presos políticos desde 2002 hasta la actualidad. La mayoría fueron detenidos durante las protestas de 2014 que dejaron 43 muertos, 878 heridos y 3.102 detenidos (2.029 con medidas cautelares). En noviembre de ese año, el Comité contra la Tortura de ONU cuestionó a Venezuela por tratos crueles y degradantes.

Paz, respeto al Estado de derecho y soberanía nacional

«La mesa de diálogo es un ejercicio de paz y la movilización del pueblo hoy, en las calles, es otro ejercicio de paz (…) Es un pueblo que está dispuesto a dar su propia vida por mantener la paz (…) Nosotros somos la única garantía de paz que tiene el país», dijo este jueves Nicolás Maduro desde la Plaza O’ Leary, en Caracas, en un empeño por mostrar la faz pacificadora de su administración.

Desde sus inicios, la “paz” es una palabra clave del discurso chavista. Está incluida entre los 5 objetivos históricos del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI –el cuarto tiene como fin “el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria”– y también fue agregada al nombre de un ministerio –el de Relaciones Interiores, Justicia y Paz–, y al de diversas misiones sociales –como “Nueva Frontera de Paz” y  “Protección Social Garante de Paz”–. Por si fuera poco, designa a uno de los programas más polémicos del gobierno de Maduro: el de las «Zonas de paz», con el que se pretendía lograr la pacificación de las bandas delictivas a través de pactos de no agresión entre las bandas.

Sin embargo, desde organizaciones que defienden los derechos humanos como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se ha señalado que las acciones del gobierno, en lugar de alentar la paz, atizan el conflicto: se cercena el derecho a la protesta, se reprimen manifestaciones, se mantiene un lenguaje de confrontación y se impulsa a grupos civiles armados (colectivos) a hostigar y perseguir a quien se levanta en contra del oficialismo. El vocablo se desvirtúa todavía más si se recuerda que las «zonas de paz» se convirtieron en espacios de la impunidad donde los criminales controlan los negocios de secuestro, extorsión y drogas. En la mayoría de estos territorios se ha ejecutado la llamada «Operación de Liberación del Pueblo» (OLP), que a su paso ha dejado más de 300 muertes, 17 mil allanamientos y 1.500 desalojos de viviendas.

«Si bien es cierto que no hay una guerra, los venezolanos estamos en manos del hampa y la única política de seguridad ha sido mandar a matar a ciudadanos o dejar que se maten entre ellos», señaló Gustavo Linares Benzo, abogado constitucionalista.

Aunado a ello están las denuncias de la violación del estado de derecho.  Aunque durante la presentación del Examen Periódico Universal 2016 ante la ONU, el Tribunal Supremo de Justicia venezolano aseguró que su Sala Constitucional era la máxima garante del cumplimiento de la Carta Magna, expertos en el área aseguraron que, en la práctica, esta misma institución ha avalado sentencias que han frenado el fuero de la Asamblea Nacional, e incluso ha limitado la facultad del control político que el Legislativo tiene sobre otros poderes.

«El estado de derecho se entiende cuando el poder público esté sometido al derecho y eso en Venezuela no existe», apuntó Linares Benzo, quien recordó que desde 2004, el TSJ siempre le ha dado la razón al Ejecutivo, tal como lo demostró el abogado Antonio Canova y su equipo en el libro El TSJ al servicio de la revolución. «Un tribunal que siempre sentencia a favor de una parte, es un empleado, no es un tribunal», acotó.

En el capítulo de la soberanía nacional queda pendiente que ambas partes se comprometan a respetarla. Mientras que desde la oposición se critica que Cuba se haya infiltrado en diversos aspectos de la vida nacional, desde el gobierno se acusa a la oposición de responder a intereses “imperialistas” y aliarse con el “paramilitarismo colombiano”.

«Esta mesa parte de la base de que el Gobierno no obedece al derecho, revela es que el derecho vale muy poco porque todo lo que la Asamblea pide es el estricto cumplimiento de la ley (…) Esto prueba el carácter dictatorial del régimen», afirmó el abogado.

Eje económico social

Venezuela se sienta a la mesa de diálogo en el peor momento de su historia económica, a decir de los indicadores que evidencian la profundidad de la crisis a que se le suma la opacidad de las cifras oficiales.

En el primer semestre de 2016, el índice de precios al consumidor se ubicó en 172%, según cifras extraoficiales del Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística.

Al cierre de 2016 la grave situación “empeorará”, pronostica el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su informe Perspectivas Económicas Globales, (octubre 2016) calcula que   la economía caerá 10%, la  inflación se elevará casi 500% y el desempleo será de 20%. De continuar con las mismas políticas económicas, en 2017 la inflación llegará a 1600%, “la peor evolución de crecimiento del mundo”.

La escasez de productos básicos regulados, que crea una fuerte presión en los precios, se encuentra en 70%, según la firma Datanalisis.

Mientras que expertos identifican estos indicadores -con  alto impacto en la población- como muestra del colapso del modelo económico, Nicolás Maduro lo atribuye a la “guerra económica”, constructo con el que explica la intervención de agentes externos en la crisis económica.  El más reciente intento de combatirla es la Misión Abastecimiento, lanzada en julio de 2016 con el fin de “liberar al pueblo de la economía criminal y vicios en la producción y distribución de alimentos impuestos por el capitalismo”. Asignó el control de este plan al ministro para la Defensa, general Vladimir Padrino López, quien  también se encargará del sector agroalimentario, farmacéutico e industrial.