De comprobarse la muerte de 28 mineros desaparecidos en Tumeremo, se trataría de la mayor masacre que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 30 años
Abandono del Estado en yacimientos de oro permitió la llegada de grupos criminales para el control del negocio de extracción, similar a lo que ocurrió en las cárceles
Se produjo una migración de bandas delictivas de las zonas urbanas del norte del estado Bolívar hacia el sur, por lo atractivo del negocio minero, simbiosis civil y militar y ausencia de controles
@boonbar
EL SUR DEL ESTADO BOLÍVAR es un territorio minado, no sólo de yacimientos de oro sino también de bandas delictivas que controlan desde hace unos 6 años el negocio de extracción en la región, imponiendo un esquema de violencia que recuerda las formas de las mafias de la construcción en Ciudad Guayana y prácticas de algunas cárceles del país.
La denuncia sobre la desaparición de 28 mineros en Tumeremo ha sacado a la luz la presencia de grupos criminales en zonas de explotación minera artesanal que, según testimonios de los sobrevivientes, habrían actuado en complicidad con efectivos del Servicio Nacional de Inteligencia (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Sin embargo, no serían los primeros homicidios que se registran en este territorio de minería ilegal. De comprobarse la muerte de los 28 mineros desaparecidos de Tumeremo y la participación de organismos de seguridad del Estado, como aseguran testigos y familiares, se trataría de la mayor masacre que ha ocurrido en Venezuela en los últimos 30 años.
En el caso de las minas de Tumeremo (a unos 200 kilómetros de Puerto Ordaz), donde desaparecieron los 28 mineros desde el viernes 4 de marzo, actúa la banda de Hendry Norberto Bonalde, alias “El Topo”, uno los cuatro grupos que controlan las minas al sur del estado junto con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) y del Cicpc, según un perfil publicado por el Correo del Caroní (06/03/2016). Era el tercer hombre más buscado de la región, según una nota de la gobernación del estado Bolívar que anunciaba su detención en mayo de 2015. Pero los habitantes de Tumeremo aseguran que sigue libre y opera a sus anchas.
Históricamente ha habido irregularidades en las minas de Bolívar (las que no están bajo la administración de la estatal Minerven). Sin embargo, los conflictos que trascendían eran marginales, describe el periodista y analista Damián Prat. “A la actividad minera se le cuestionaba por su impacto ambiental, las condiciones de vida deplorables y la comercialización del oro por los caminos verdes. También operaban los llamados ‘garimpeiros’, que eran mineros provenientes de Brasil, que explotaban el oro y se lo llevaban fuera del territorio venezolano”.
Pero en los últimos años comenzaron a organizarse bandas hamponiles en la región para “garantizar” la seguridad en el trabajo a los mineros al mismo tiempo que controlar el negocio a punta de sangre y fuego. El avance de estos grupos irregulares deja en entredicho la actuación de las autoridades militares en la zona. La violencia se fue instaurando en las minas, hasta llegar a los niveles de hoy, registra la prensa regional.
Entre agosto y diciembre de 2015, se registraron 28 personas fallecidas y seis heridos en los pueblos mineros El Callao, Guasipati, El Manteco, Tumeremo y las Claritas, según conteo del Correo del Caroní.
El año pasado, ocurrieron 70 asesinatos por conflictos relacionados con la minería sólo en el Callao, confirmó a El Nacional el alcalde de la jurisdicción, Coromoto Lugo.
“Las masacres han evolucionado, ahora la ejecutan los pranes a los que les entregaron las minas”, afirmó el diputado Américo de Grazia durante su intervención en la sesión de la Asamblea Nacional del martes 8 de marzo de 2016.
Los sucesos de Tumeremo están relacionados con la existencia de grupos irregulares en las zonas mineras como “consecuencia de la ausencia total del Estado y de un plan sustentable de desarrollo minero”, aseguró el alcalde del municipio Sifontes, Carlos Chancellor, en entrevista a Globovisión (8/03/2016).
“Lo que ocurrió en Tumeremo responde al abandono de la zona por parte del Estado permitiendo que los bloques criminales tomaran el control, muy parecido a lo que pasó con las cárceles venezolanas”, analizó el crimonólogo Fermín Mármol García. “Se terminó por instaurar una simbiosis entre el funcionariado municipal, estatal y nacional, de corte civil y militar, en una región donde armas de fuego, sustancias ilícitas y metales preciosos tienen mucho valor”.
“Sindicatos” mineros
Las bandas armadas presentes en las minas bolivarenses se autodenominan “sindicatos”, aunque no representen a los mineros, ni negocien contratos colectivos o estén formalizados bajo una organización central que defienda los derechos de los trabajadores. Tampoco están conformados por obreros que sudan extrayendo oro. Bajo el clásico esquema de las mafias, se dedican más bien a monopolizar el negocio minero, mediante el cobro de comisiones, extorsión, contrabando y el tráfico ilegal hacia Brasil vía la frontera o dentro del mismo país.
El término alude a los sindicatos de la construcción de Ciudad Guayana, cuyos dirigentes comenzaron a contratar a probados delincuentes para garantizar su protección, a manera de guardespaldas, justo en la época cuando el gobierno de Hugo Chávez, con María Cristina Iglesias como ministra de Trabajo, decidió enfrentar a la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV) creando organizaciones paralelas, analiza Prat. Más adelante, los “malandros” se apropiaron de la actividad y empezaron a ejecutarla por su cuenta.
Mármol García identifica a los pseudos sindicatos de la construcción de Ciudad Guayana junto con los pseudos sindicatos mineros como parte de un mismo bloque criminal que opera en Venezuela. “Se trata de un problema que se remonta a unos 10 años y que se agravó al no ser atendido justo cuando el gobierno emprendió una lucha jurídica contra las corporaciones internacionales, que terminaron por convertir el sur de Bolívar en tierra de nadie. El pranato del llamado sindicato minero tomó control de esos territorios y articuló de manera similar al pranato carcelario: todos los miembros deben pagar cuotas, cumplir determinadas normas y reglas y asumir el tiempo que le permitirán participar en la explotación”.
La práctica irregular de los sindicatos de la construcción en Ciudad Guayana se ha extrapolado a otras regiones del país. En el caso de las minas de Bolívar, se produjo una migración de grupos delincuenciales de las zonas urbanas del norte del estado hacia el sur, por lo atractivo del negocio minero (un kilo de oro puede cotizarse en Bs. 28 millones) además de la ausencia de vigilancia policial e instituciones, según se desprende de una consulta entre analistas de la región.
El uso del arsenal de guerra por parte de los sindicatos en las minas es otro posible indicio de la complicidad entre delincuentes y uniformados. Para que estas armas de uso exclusivo de la Fanb lleguen al sur del Orinoco, deben pasar por varias alcabalas custodiadas por la GNB. Igual ocurre con máquina pesada especialmente diseñada para la explotación de minas auríferas.
Yacimiento de masacres
Las masacres en las minas de Bolívar se institucionalizaron el 26 de septiembre de 2006, puntualizó De Grazia ante el parlamento del 8 de marzo. La fecha remite a la masacre de La Paragua, en el municipio Raúl Leoni en Bolívar, donde 7 mineros fueron asesinados por 10 agentes de la GNB pertenecientes al Teatro de Operaciones número 5 (TO5). Los uniformados recibieron una condena de 15 y 17 años por la autoría material del homicidio calificado con alevosía, uso indebido de arma de fuego y simulación de hecho punible.
Desde la masacre de La Paragua, los asesinatos a mineros se convirtieron en moneda común, aunque muchos no trascienden más allá de las orillas del Orinoco, lo que hace difícil su seguimiento.
Seis años más tarde, el 31 de marzo de 2012, ocurrió la masacre de Payapal, en el municipio Sifontes (alto Cuyuní). Cinco mineros, entre ellos tres hombres y dos mujeres, fueron asesinados por seis irregulares a quienes habían contratado para custodiar y trasladar el mineral de oro extraído. Los criminales –pertenecientes a bandas que operaban entre La Paragua y el kilómetro 88, según autoridades– decidieron matar a los mineros que no pudieron pagarles porque no lograron sacar todo el mineral esperado.
En 2014, las bandas de “El Chingo” González, El Javier y El Guille impusieron el terror en El Callao con un poderoso arsenal. Hasta agosto de ese año, unas 30 personas fueron asesinadas por enfrentamiento entre estos grupos que “tienen sometida a la colectividad”, advirtió el alcalde Coromoto Lugo. En agosto tirotearon la estación policial de El Callao y mataron a un funcionario. No sólo se dedicaban al cobro de vacunas para permitir que los mineros trabajaran, sino también a otras actividades como tráfico de drogas, prostitución y “talibaneo” (como denominan en la zona al contrabando de gasolina y alimentos).
La noche del 17 de diciembre de 2014, fue acribillado en su propia casa en El Callao el minero y luchador social Pedro Fabio Arzola, conocido como Manganzón, quien era un activo crítico de las políticas del gobierno, como el decreto ley 8.413 que nacionaliza la explotación aurífera excluyendo a los trabajadores artesanales. También denunciaba abiertamente la corrupción y extorsión desatadas por las mafias mineras al sur de Bolívar.
2015 fue un año particularmente sangriento en los yacimientos del sur de Bolívar. Se registraron al menos 17 casos violentos por enfrentamientos entre bandas por el control minero, en los que también incursionó el Ejército.
En agosto, se registró la masacre de siete personas, que fueron desmembradas, por bandas enfrentadas por el control de la mina Corre-Gente, municipio Sifontes en Tumeremo, donde estalló una bulla (manantial de oro).
En noviembre de 2015, tres mineros resultaron muertos como resultado de una incursión del Ejército en la mina El Miamo, cerca de la finca de San Francisco, en Guasipati. A las víctimas se les incautó una pistola Beretta y una escopeta de acción de bombeo, conocida pajiza, reportó el Correo del Caroní.
El recrudecimiento de la violencia en la región coincidió con la llegada de la Operación Liberación del Pueblo (OLP) a la región, con 4 operativos aplicados por el Ejército y la GNB. El 26 de agosto de 2015, el entonces presidente de la AN Diosdado Cabello anunció en su programa de televisión que el presidente Nicolás Maduro lo había instruído “para la liberación del estado Bolívar, de los garimperios, mafias que operan en las minas y esclavizan gente y que además se llevan el oro de Venezuela”.
Estrecha relación
El gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez fue uno de los primeros en pronunciarse sobre las denuncias sobre los mineros de Tumeremo, pero para desmentir que se tratara de una masacre (en entrevista de VTV y vía Twitter el sábado 5 de marzo de 2016). Cuatro días después admitió que estaban desaparecidos y que se había emprendido oficialmente su búsqueda en la zona. Sin embargo, continúa negando que haya muertos.
Aunque el Gobierno de Maduro insiste en que se trata de “enfrentamiento entre bandas”, existen antecedentes sobre la relación entre grupos delictivos de Guayana no sólo con uniformados sino también con altas esferas del poder en Venezuela.
Un caso patente de esta controversial alianza fue el del “Gordo” Bayón, alias de Jorman Pedro Márquez Rodríguez, quien fue asesinado el lunes 2 de junio de 2014 en Caracas, al salir de una reunión en Miraflores en la que se discutía el contrato colectivo de Sidor entre autoridades y representantes del sindicato de la siderúrgica en Bolívar.
La presencia de “El Gordo” Bayón en el Palacio de Gobierno provocó el estupor nacional ya que se trataba del líder de una de las principales bandas delictivas de Ciudad Guayana, quien había sido imputado por triple homicidio y porte ilícito de arma de fuego. En el momento de su muerte, estaba bajo régimen de presentación y tenía prohibición judicial de salida del estado Bolívar. Hasta la actualidad, órganos del Estado mantienen un completo hermetismo sobre el crimen, así como también sobre la relación del Gobierno con Márquez Rodríguez, quien había ingresado a la nómina de Sidor en mayo de 2012 pese a tener una orden de aprehensión, revela un reportaje de El Correo del Caroní.
Desde el plan Piar de 2003 (que en 2005 se convirtió en misión) hasta la Comisión Presidencial para la promoción de la minería ilegal de 2014, el gobierno venezolano ha lanzado cinco planes en los últimos 13 años para poner orden en las minas y ofrecer mejores condiciones a los mineros. Ninguno ha tenido éxito. El 8 de marzo de 2016, a raíz del escándalo de los mineros de Tumeremo, Nicolás Maduro asomó un sexto plan que contempla la “militarización del arco minero” para proteger la actividad explotadora en la región.
