LA SUERTE ESTÁ ECHADA para los medios de comunicación electrónicos de la misma forma que para los ciudadanos en Venezuela al ser aprobada en discusión de mañana martes el proyecto de reforma a la llamada Ley de Responsabilidad Social de Radio y TV mejor llamada Ley Mordaza antes que por su abreviatura de Ley Resorte.

La prohibición de que la señal de una radio o una televisora pueda ser retransmitida ni siquiera por otra estación radial o televisiva cercena de un machetazo la existencia de circuitos radiales o de televisoras que puedan ser vistas en otros canales en cualquier zona del país y, más aún, dependiendo de la discrecionalidad del individuo que esté en el ente regulador, ni siquiera la utilización de servicios de transmisión por cable o satélite para llevar esas señales.

Lo que más ha llamado la atención de la reforma presentada- como todo lo que últimamente viene haciendo el régimen en la actual asamblea que termina su vigencia el 5 de enero próximo- ha sido la conexión a través de un solo nodo central para la Internet. La regulación de servicios como el Twitter o Facebook va implícita en la reforma así como el establecimiento de grandes multas, impagables para que se declaren en quiebra apenas se las exijan.

Todo esto bajo la premisa de reformas legales que prevén la creación de un punto único de acceso a Internet para todo el país y la prohibición de publicar mensajes que puedan “alterar el orden público”

De obtener sanción, las enmiendas impulsadas penalizarán a la prensa por la publicación de mensajes, que “pudieran inducir al magnicidio, constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra o alterar el orden público”, o que “atenten contra las buenas costumbres”.

Además, el gobierno busca incrementar el control estatal sobre Internet a través de cambios a Ley Orgánica de Telecomunicaciones que dará nuevas facultades al ente regulador del sector. El establecimiento estatal de “un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet en Venezuela” y la exigencia a los operadores de poner en marcha “mecanismos que permitan restringir” la divulgación de contenido prohibido por la ley bolivariana son las medidas que más inquietan de esta reforma.

, estudioso dedicado a la comunicación social y miembro del equipo técnico de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), alertó que “la reforma de la Ley Resorte se inscribe dentro de una lógica que busca cercenar la pluralidad informativa y de opiniones, como parte de la política por consolidar una hegemonía comunicacional por parte del gobierno del presidente Hugo Chávez”.

En el proyecto legislativo se “incrementan las causales para el cierre” de los medios de comunicación, las cuales no está claramente definidos y se prestan “a una interpretación política”, dijo la MUD.

Por su parte, una nota informativa del Parlamento señalaba que la reforma a la Ley Resorte “tiene como finalidad establecer el compromiso social de los prestadores” de los servicios de radio y televisión, “así como de los proveedores de servicio de internet y medios electrónicos”.

La diputada oficialista y periodista Desireé Santos Amaral negó que se pretenda “censurar”, y señaló que la reforma a la Ley Resorte buscan establecer una “regulación” para que haya “responsabilidad, porque a veces en esas páginas (electrónicas) hay opiniones que crean zozobra”, según le declaró al diario Últimas Noticias.

La reforma de la Ley Resorte plantea, entre otras, prohibir la difusión de mensajes, a través de radio, televisión y medios electrónicos, que “pudieran inducir al magnicidio, constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra o alterar el orden público”, o que “atenten contra las buenas costumbres”.

“Los proveedores de servicios de internet, deberán establecer mecanismos que permitan restringir la difusión de mensajes y acceso a portales” que emitan los mensaje prohibidos, indica el proyecto.

La reforma faculta a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) a “ordenar a los proveedores de servicios de internet, restringir el acceso a mensajes y portales divulgados a través de ésta u otros medios electrónicos” que emitan los mensajes prohibidos.

Añade que las violaciones a la norma acarrearán multas de entre 1 y 10 por ciento de los ingresos brutos de los medios, e incluso la suspensión por hasta 72 horas.

Recordemos que este año 2010 han sido detenidas algunas personas por haber “instigado” al asesinato de Chávez a través de mensajes y fotos difundidos en Twitter, y también por enviar por ese mismo medio falsedades sobre la banca. Aunque en éste último caso se determinó que la persona era una empleada oficial en la gobernación del estado Bolívar, inscrita en el partido de gobierno PSUV,  que pensó que atacando a la banca le hacía un favor a Chávez quien ha anunciado varias veces sus intenciones de nacionalizar ese sector de la economía venezolana.

En marzo pasado, Chávez solicitó apoyo de la Fiscalía para actuar contra “delitos” en páginas web, después de que un portal nacional publicara la falsa muerte del entonces ministro Diosdado Cabello.

“La internet no puede ser una cosa libre, cada país tiene sus normas, la regulación y las leyes. Todas esas páginas tienen un administrador y hay que actuar en esto”, dijo Chávez en ese momento. Conociendo a sus colaboradores más cercanos del ala radical, encabezados por el actual vicepresidente Elías Jaua junto a sus asesores comunistas españoles y la influencia que sobre el gobierno ejerce el régimen de los hermanos castro de Cuba podemos imaginarnos de donde ha salido este desaguisado que cercenará, de ser aprobado, desde el próximo miércoles al 80% de las radios y televisoras de Venezuela.

¿Tendrán el cinismo suficiente los actuales parlamentarios rojos, de los cuales tres cuartas partes no repiten en la nueva Asamblea, de aprobar estas censuras solamente parecidas a las de China, Cuba y Corea del Norte?

ANTE LA PREOCUPACIÓN EXISTENTE en el alto gobierno de que la actual situación provocada por las lluvias vaya aumentando la olla de presión ya existente desde hace meses motivada por la inflación, la delincuencia y la falta de soluciones a los múltiples problemas del país, pareciera concebirse  un plan de aumentar la inestabilidad y así someter a prisión a varios civiles y militares con la acusación de esta preparando un golpe de estado contra el presidente Chávez.

El asomo de un descontento extremo en algunos sectores de la fuerza armada como lo escribió Rafael Poleo en el diario El Nuevo País y en la revista Zeta serviría como excusa para montar las acusaciones.

El plan, nos dicen, fue montado en Cuba. El presiente solicitaría a esta Asamblea Nacional tomar las acciones que llevarían al Tribunal Supremo de Justicia a decretar un estado de excepción lo que le permitiría a Chavez hacer lo que a bien le viniera en gana para aumentar la represión y los controles en el país.

Todo lo que en estos días hemos venido presenciando, desde la expropiación de fundos productivos que en ningún momento entrarían en la categoría de latifundio, o los controles mas estrictos en materia de libertad de información que van hasta controlar el libre acceso a la Internet son indicativos del desespero presidencial ante la ineficiencia, la imprevisión, el deterioro de la infraestructura de la nación y la enorme corrupción de su gobierno lo empujarían sin mucho freno a tomar las medidas aquí planteadas.

Hay que estar pendientes pues el camino que ya tomo el comandante presidente es el de avanzar a paso doble hacia un comunismo trasnochado con la etiqueta del llamado socialismo del siglo 21 que de verdad es del siglo 19.

La orden de vigilar las 24 horas todas las instituciones militares y la supuesta suspensión de las visitas a las guarniciones militares como se acostumbra por la época navideña indicarían el nerviosismo reinante.

SE FILTRÓ UNA INFORMACIÓN DESDE CHINA en la que se confirma el deterioro de la industria petrolera venezolana, tal como también aparece en uno de los cables filtrados de Wikileaks, y la imposibilidad por parte del gobierno venezolano de cumplir con el acuerdo suscrito con el gigante asiático de entregarle 50 Mil barriles diarios de crudo hasta el 2012 con una meta futura de 400 Mil al día.

Tenemos entendido que el ministro de Energía Rafael Ramírez se reunió en Beijing, a principios de Diciembre, con los socios en el acuerdo para manifestarle que por el momento no pueden cumplir las cuotas establecidas. China habría sugerido entonces que le permitan explorar y explotar las áreas que se le otorgaron y ellos mismos comercializar su extracción para así pagarse la deuda suscrita.

Aunque Pdvsa asegura que la disminución del envío sería temporal, fuentes de la petrolera indican que el declive en la producción es sostenido y por eso le será imposible cumplir el acuerdo por el que China adelantó buena parte de los 20 mil millones de dólares comprometidos a futuro.

La nota publicada en su momento por la agencia china de noticias fue ésta:

China y Venezuela firmaron un acuerdo marco de financiación por el que el país asiático concederá a Caracas préstamos por algo más de 20.000 millones de dólares, destinados principalmente a proyectos de extracción de petróleo, según confirmó ayer el gobierno chino.

El anuncio fue realizado ayer por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Jiang Yu, que confirmó que el Banco de Desarrollo de China liberará los fondos para el desarrollo del acuerdo, la mitad en dólares y la otra mitad en yuanes.

“Confiamos en que ambas partes se esforzarán para implementar los acuerdos ya suscriptos y llevar las relaciones China-Venezuela a un nivel más alto”, dijo Jiang.

Según la prensa de China, una delegación de ese país firmó el sábado pasado en Caracas el acuerdo marco con el presidente venezolano, Hugo Chávez. El convenio contempla diversos proyectos industriales y de infraestructura en los sectores petrolero y eléctrico, principalmente.

El presidente chino, Hu Jintao, tenía previsto asistir a la firma de los acuerdos, pero suspendió su viaje a último momento debido al terremoto que sacudió la provincia de Yushu.

El proyecto más relevante es el memorando de entendimiento firmado entre la corporación estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y China National Petroleum Company (CNPC) para desarrollar el bloque petrolero Junín 4 en la faja oriental del Orinoco, que cuenta con una reserva de unos 8700 millones de barriles.

Para el desarrollo de ese proyecto se anunciaron inversiones en los próximos tres años por un valor de 16.323 millones de dólares, de los cuales 10.323 millones se dispondrán para la producción y el resto, 6000 millones, para el mejoramiento del crudo, según indicó el Ministerio de Energía de Venezuela. La empresa china pagará 900 millones de dólares por su participación en el proyecto.

Hasta 400.000 barriles

Las autoridades venezolanas estiman que el proyecto comenzará a producir 50.000 barriles diarios en 2012 hasta alcanzar los 400.000 barriles por día en 2016, cuando comience sus operaciones la planta de mejoramiento de crudo.

Ambos países establecerán una empresa de capital mixto para el desarrollo de los proyectos de inversión, en la que China tendrá el 40 por ciento y Venezuela, el 60 por ciento.

Después de la firma de los acuerdos, China se asegura una parte del petróleo venezolano para alimentar su voraz economía y Venezuela consigue una financiación millonaria en un momento complicado para sus finanzas debido al bajo precio del petróleo.

Según datos oficiales chinos, las importaciones de petróleo venezolano se situaron en 132.000 barriles diarios en el primer trimestre de 2010. El gobierno de Chávez prevé aumentar sus ventas petroleras a China a un millón de barriles diarios antes de 2012 y construir tres refinerías en el país asiático.

Por otra parte, el presidente de Pdvsa y ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, anunció ayer que la empresa estatal obtuvo beneficios de 8000 millones de dólares en 2009. El funcionario, que no especificó si esa cifra correspondía a la ganancia neta, confirmó que la compañía negocia un préstamo de 1500 millones de dólares con un grupo de bancos.

En 2008, Pdvsa tuvo un beneficio neto de 9413 millones de dólares.

Agencias AP, EFE y REUTERS