Ya han sido seleccionados los dos candidatos para las próximas elecciones presidenciales en Perú. Ollanta Humala, militar retirado, de ideología de izquierda, detractor del neoliberalismo, y nacionalista a ultranza, apoyado por la agrupación política “Gana Perú”; Keiko Fujimori, joven congresista de derecha, esposa, madre de dos niñas, hija del ex presidente -actualmente en prisión-, Alberto Fujimori, y quien se presenta apoyada por la organización política “Fuerza 2011”, correrán en la recta final que representa las elecciones del próximo 5 de junio. Tal y como lo demuestran los resultados de la primera vuelta electoral, si consideramos los votos obtenidos por dichos candidatos, (31 por ciento a favor de Humala, y 23 para Fujimori), es lógico suponer que la primera opción, a primera vista, la posee el candidato del nacionalismo. Esto, a pesar de la igualdad de condiciones en la cual participarán dichos candidatos
Perú, un país que en los últimos años ha venido ocupando el primer lugar de crecimiento económico en el Continente Americano, y con grandes posibilidades de mantenerse así hasta el 2015, según lo asegura el Fondo Monetario Internacional, se encuentra una vez más con la posibilidad de dirigir su destino como Nación para los próximos cinco años.
Si bien nuestra intención no es opinar respecto a los aspectos políticos que ha generado la mencionada elección, cabría resaltar el estrepitoso error en el que incurrieron los contrincantes de los dos ganadores, al olvidar el rechazo generalizado que hoy en día en el mundo pareciera existir frente a los partidos políticos tradicionales, hecho que en la América Latina, como hemos podido apreciar en los casos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, es más que evidente.
De haber contado con esto los candidatos perdedores, muy posiblemente la estrategia hubiera sido distinta; y es que si en vez de pretender apabullarlos con sus maquinarias políticas, títulos doctorales y calificativos peyorativos, hubieran podido demostrar algunas de sus cualidades personales, que muy seguramente los oponentes poseen, tal vez la contienda hubiera sido mucho más productiva.
Pero aún bajo el desagradable signo de la derrota, la responsabilidad de los líderes rechazados, no puede limitarse a llorar en casa, quejarse con sus asesores, y terminar escondiéndose de los financistas defraudados. Sólo por poner un ejemplo, si las expresiones del ex presidente Alejandro Toledo son ciertas, al manifestar la deuda que representa para él haber recibido un importante caudal de votos de parte de sus compatriotas, todavía hay mucho que éste, y los demás candidatos, pueden hacer por su país.
Puede que a muchos les hubiera sorprendido el triunfo de Keiko Fujimori, o el cuarto lugar de Alejandro Toledo, en la ronda electoral; pero lo que nunca estuvo en duda, fue el desbordante primer lugar al cual llegaría Ollanta Humala. De allí, que cuando de la noche a la mañana, la candidatura del militar comenzó a subir como la espuma, a nadie sorprendió. Tanto así, que si bien resultaba evidente la cantidad exorbitante de dinero utilizada para financiar su campaña electoral, si bien muchos la criticaron, tales críticas no pasaron de ser un susurro en medio de la algarabía. No sólo nadie insistió fervientemente en que se verificaran los montos, así como el origen del dinero invertido por el militar en retiro, sino que ni siquiera la autoridad electoral, la Oficina Nacional de Procesos Electorales del Perú (ONPE), se molestó en llamar al candidato al botón, y exigirle públicamente que aclarara sus cuentas. Muy por el contrario, la situación fue tan confusa, que terminaron unos y otros candidatos acusándose entre sí por la falta de claridad en sus presupuestos y el misterio de la identidad de sus financistas.
De Ollanta Humala se hizo un culto, una ficción que casi lo convertía en el héroe vengador de las películas de ficción; hasta tal punto que casi parecía susurrarse el mensaje de que “hay viene Humala”, como el resultado de un hecho cumplido. A Humala no se le podía perseguir, pensarían algunas autoridades equivocadamente, porque eso hubiera significado demostrar algún tipo de discriminación, o de abuso de poder en su contra. Humala lo entendió, y siguió adelante, como si nada.
Algunos relacionaron la nueva riqueza de este candidato, con contribuciones provenientes del exterior, haciendo alusión al presidente Hugo Chávez, de Venezuela, aún cuando en esta oportunidad, el candidato se deslindó, por lo menos en público, de dicho personaje. Esto, en vista de la estrepitosa derrota que en los comicios pasados le produjo dicha compañía. Otros hicieron mención a la contratación de los asesores brasileños, Luis Favre y Valdemir Garreta, conocidos colaboradores del Partido de los Trabajadores de Brasil, enviados por el ex presidente Lula, a quien se vincula con el “Proyecto Inambrai”. Para quienes no lo conocen, el proyecto Inambrai es un convenio suscrito entre los gobiernos de Brasil y Perú, para la construcción de una gran represa, y la puesta en operación de una central hidroeléctrica de alta tecnología, en el río Inambari, en los departamentos de Cuzco, Madre de Dios y Puno. Este proyecto, si bien fue acordado en el 2008 por ambos gobiernos, ha sido objeto de críticas por posibles daños ambientales en las áreas del Perú a ser afectadas, así como por la necesidad de exigir la salida de los pobladores de la zona. De cualquier manera, en el caso de la asesoría brasileña, Humala, con una candidez que rozaba con la temeridad, justificó la contribución brasileña como “actividades ejecutadas por su partido político, distintas a las realizadas por él”, como si la gestión y apoyo de su partido, en plena campaña electoral, correspondiera a objetos y personas diferentes. De más está decir, que sobre esta denuncia, y tan irrelevante respuesta, no hubo ninguna actuación por parte de las autoridades electorales.
El hecho es que, habiendo indicios de graves irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral del candidato Humala, ninguna reacción se produjo para corregirlas; y así, el “candidato del pueblo”, pasó de la noche a la mañana, de asegurar ante el Jurado Nacional Electoral que sus gastos no superarían los tres millones de soles, a convertirse en el magnate electoral.
Sólo por poner un ejemplo, en lo que fueron los tres primeros meses de este año, sus gastos en publicidad ascendieron a cinco millones 900 mil soles, el doble de lo que el candidato juró invertiría en “toda la campaña en general”.
La situación llegó hasta tal punto, que los propios funcionarios de su partido político pretendieron justificar la imposibilidad de demostrar el origen de los fondos obtenidos, bajo la idea de que ni la Ley de Partidos Políticos, ni el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, establecían la obligación de declarar los nombres de los financistas en estas actividades proselitistas. En otras palabras, que a juicio de tales personajes, en un mundo dominado por la globalización, en donde todos los gobiernos del planeta se enfrentan a enemigos tan terribles como el narco lavado, el narcotráfico y el crimen organizado, en Perú, según ellos, cualquiera puede utilizar la excusa de participar en una contienda electoral, para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas, toda vez que ni la Ley de la materia, ni su reglamento, hacen ninguna exigencia al respecto. Buen dato para los delincuentes, diría alguien.
La Ley de Partidos Políticos N° 28.094 del Perú (LPP) establece todo lo concerniente a la constitución y reconocimiento de los partidos políticos, movimientos y organizaciones de alcance local, así como al financiamiento de los partidos, entre otros asuntos.
Respecto del financiamiento, el Artículo 28 de LPP reconoce que éste puede ser público o privado. En el caso de los fondos públicos, (Artículo 29 LPP), sólo los partidos políticos que obtienen representación en el Congreso reciben del Estado financiamiento directo. En cuanto al financiamiento privado, (Artículo 30 LPP), los partidos pueden recibir recursos de la financiación privada, mencionados en sus diversos literales. Pero en todos estos casos, tal y como lo señala dicha normativa, “las aportaciones procedentes de una misma persona natural o jurídica no pueden exceder, individualmente, las sesenta unidades impositivas tributarias al año. Los ingresos de cualquiera de las fuentes establecidas en el presente artículo se registran en los libros de contabilidad del partido político”.
En relación con las contribuciones extranjeras, y de otras entidades, el Artículo 31 LPP prohíbe a los partidos políticos recibir contribuciones de partidos políticos y agencias de gobiernos extranjeros, “excepto cuando los aportes estén destinados a la formación, capacitación e investigación” (literal c).
Advirtiendo expresamente dicha normativa, que “los candidatos no pueden recibir donaciones directas de ningún tipo, sino con conocimiento de su partido político, y con los mismos límites establecidos en el Artículo 30 de la Ley. Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por los partidos políticos se presumen de fuente prohibida”. (Subrayado nuestro)
Respecto al Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP), El Artículo 29.- dispone las normas generales del financiamiento privado de los partidos políticos. En este sentido los partidos políticos sólo pueden recibir financiamiento privado de las fuentes no prohibidas por la Ley, advirtiendo que “están expresamente prohibidos los aportes de personas jurídicas de derecho público, empresas del Estado o con capitales o participación de éste y confesiones religiosas de cualquier denominación. Asimismo están prohibidos los aportes anónimos, salvo en los casos de las actividades de financiamiento proselitista y siempre que no superen el tope máximo anual establecido en el inciso b) del artículo 30° de la Ley (no podrán exceder de treinta unidades impositivas tributarias al año).
Por último, el Artículo 38.- RFSFP, hace referencia al financiamiento extranjero, de donde los aportes en dinero o especie de las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero permitidas por la Ley, “deben contar con los documentos y acreditaciones necesarios que permitan identificar plenamente a quien realiza el aporte.” Aclarando que en el caso de aportes de agencias de gobiernos extranjeros o de partidos políticos extranjeros, para que sean considerados válidos, de acuerdo a lo señalado en el inciso c) del artículo 31° de la Ley, deben cumplir con las formalidades allí contenidas.
A diferencia de lo que parecieran pensar los representantes de “Gana Perú”, el Artículo 39.- RFSFP, al referirse a las donaciones o aportes a candidaturas, dispone que cualquier aporte destinado a algún candidato a cargo de representación política, sea con recursos provenientes del propio candidato, o de terceras personas naturales o jurídicas, se considera aportación al partido político, con los mismos límites señalados en el artículo 30° de la Ley y debe ser de conocimiento formal del tesorero en un plazo de siete (7) días calendario. Recalcando que “cualquier actividad de campaña electoral efectuada por un candidato, una vez convocado un proceso electoral, se considera como actividad partidaria y los ingresos obtenidos para solventarlas, así como los gastos incurridos en ella, deben ser registrados en la contabilidad del partido político y sustentados con la documentación que se exige para los aportes hechos al partido”.
El caso concreto de Ollanta Humala resulta preocupante, no sólo por las circunstancias antes advertidas, sino por algunos antecedentes que vinculan a dicho candidato con relaciones poco convencionales. La situación concreta resulta altamente delicada si consideramos que una de las agrupaciones con quien se le ha relacionado es la organización maoísta “Sendero Luminoso”, de la cual existen algunos elementos dignos de mencionar.
Como antecedente, recordemos que el origen de “Sendero Luminoso” data de finales de la década de los 60, época en que el entonces profesor “Abimael Guzmán’, hoy cumpliendo prisión perpetua en Perú, creó lo que serían los fundamentos de la doctrina maoísta de los militantes de ésta. Para solo dar una idea de la conducta sangrienta y temeraria de esta agrupación, debemos señalar que si bien el mundo se ha asombrado con las actividades ejecutadas por la organización terrorista “Al Qaeda”, en el presente, la cual utiliza escalofriantes métodos de tortura y asesinato a sus oponentes, para la época de su apogeo, el Sendero Luminoso, ya realizaba juicios populares en contra de sus víctimas (sacerdotes, maestros de escuela, líderes políticos democráticos, etc.) y aplicaba como penas, actos tan viles como los degollamientos, estrangulaciones, lapidaciones y hasta la hoguera.
La referida agrupación terrorista, si bien a partir del 92 virtualmente había desaparecido, -casualmente gracias a la política desarrollada por el entonces presidente Alberto Fujimori en su contra-, en la actualidad ha venido desarrollándose nuevamente, si bien limitada a cierta parte del territorio peruano, específicamente a lo que se conoce bajo el nombre del “VRAE”, zona andina oriental del Perú. Dentro de las nuevas acciones de la organización, se le conocen actividades guerrilleras a partir de 2003, específicamente el ataque a un campo militar y la toma de rehenes de trabajadores de la empresa argentina “Technint”. Si bien las autoridades peruanas han tratado el tema con aparente normalidad, han sido conocidas las actividades de tan terrible agrupación en épocas posteriores. Tanto así, que para el 2005, el propio presidente Alejandro Toledo, se vio obligado a declarar el estado de emergencia en la localidad del departamento de Huánuco, debido a las actuaciones sangrientas del grupo terrorista. Para el 2008 el Sendero Luminoso atacó un convoy militar, asesinando a civiles y militares; y ya para el 2010, el presidente Alan García tuvo que ordenar la intervención de las “Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina de Guerra (FOES) a fin de combatir al grupo en cuestión.
La presencia del Sendero Luminoso no puede considerarse un hecho aislado que sólo deba preocuparle a los ciudadanos peruanos, y cuya acción se limita a esporádicos actos de terrorismo. En efecto, tal y como comprobaron las autoridades colombianas encargadas de examinar el contenido de las computadoras encontradas en el campamento del ex jefe guerrillero Raúl Reyes, (quien falleciera como consecuencia de un ataque al campamento guerrillero en territorio ecuatoriano), miembros de la organización guerrillera FARC mantienen estrecha relación con el Sendero Luminoso. De hecho, el propio ministro de la defensa de Colombia, para la época, y actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, señalaba en junio 2008, que su gobierno había advertido al canciller peruano, la relación existente entre las FARC y las organizaciones terroristas peruanas Sendero Luminoso y el MRTA. En este sentido, de más está decir que todas estas organizaciones son financiadas por el narcotráfico, actividad ésta que en el caso del Perú, posee conexiones muy amplías, las cuales van desde los centros de poder en Bolivia, hasta los cárteles mejicanos de la droga y el crimen organizado, pasando por la guerrilla colombiana, y muy posiblemente por otras conexiones alternas europeas.
Según las investigaciones, dentro de los responsables del auge del narcotráfico en el Perú, se encuentran algunas autoridades bolivianas. Estas habrían otorgado al Sendero Luminoso, una “línea” (concesión) para la producción de coca boliviana. Tales concesiones han sido otorgadas también a otras organizaciones criminales, como el Cártel de Juárez, en Méjico, y el Cártel del Norte del Valle, en Colombia. Incluso, se dice que gran cantidad de la droga producida en el Perú es adquirida por los cárteles mexicanos de Juárez, Tijuana, Sinaloa y del Golfo.
Para nadie es un secreto que el Perú se ha venido transformando, de productor de pasta de cocaína, la cual vendía a los colombianos en la década de los noventa, a productor de cocaína, como lo han tenido que reconocer los informes de las autoridades peruanas, confirmando el incremento de los cultivos de coca en ese país. Tan grave es la situación, que el Perú ha llegado a ocupar el tercer lugar de las inversiones mejicanas en América del Sur (junto a Argentina y Brasil), siendo que la “Unidad de Inteligencia Financiera del Perú” ha venido advirtiendo respecto a la posibilidad de que el narcotráfico esté introduciendo en el sistema financiero peruano, como parte de su lavado de dinero, por lo menos un monto de unos 380 millones de dólares al año.
Lo inquietante de esta situación que hemos mencionado, radica, no en el hecho de que la organización Sendero Luminoso hubiera podido sobrevivir todos estos años, sin que al parecer la comunidad internacional lo haya percibido seriamente; o que dicha agrupación mantuviera contactos con otras organizaciones criminales, y con autoridades gubernamentales de otros países, sino en la relación que eventualmente pudiera existir entre la mencionada organización peruana, y quien hoy en día nuevamente pretende dirigir los destinos del Perú.
Un elemento que llamó poderosamente la atención, y que al parecer olvidaron en el Perú, fue la declaración que en el año 2009, el Sr. Ollanta Humala hiciera al noticiero de televisión “90 Segundos”, en Madrid, en el cual -tal y como hoy en día todavía puede apreciarse en YouTube-, el hoy candidato presidencial hace mención al “Sendero Luminoso” y a su líder Abimael Guzmán, comparando a las actividades iniciales del grupo terrorista, con el legendario “Robin Hood”. Esta situación en su momento resultó bastante controvertida, hasta el punto de que el propio partido “Gana Perú” denunció la edición fraudulenta del video, circunstancia que fue rechazada categóricamente por el espacio televisivo.
Pero indistintamente de lo poco afortunadas que hayan podido ser dichas declaraciones, el caso es que desde hace algunos meses, la profusión de ingresos económicos, que como hemos venido señalando, ha acompañado al candidato de la izquierda, ha hecho investigar a las autoridades correspondientes, la posibilidad de que los mismos pudieran provenir de un origen ilícito. Y es así, que llega al conocimiento de algunos investigadores, la presunta celebración de lo que fuera una de las tantas reuniones, ésta realizada entre los días 3 al 7 de marzo del presente año, en la ciudad de La Paz, Bolivia, en donde habrían participado temibles personajes, y quienes en conjunción con sus anfitriones gubernamentales, habrían discutido, durante casi cuatro días, el futuro de las actividades irregulares que han venido ejecutando en el Perú.
El caso concreto se refiere a la presencia de los líderes del grupo Sendero Luminoso, Miguel Ángel Quispe, (“Camarada Raúl”); Carlos Quispe, (“Camarada Gabriel”) y el “Camarada Celestino”, junto con autoridades gubernamentales bolivianas, supuestamente representadas por Feliciano Vegamonte, conocido en su país como enlace con la mencionada organización.
Como era de esperarse, la reunión fue organizada con las mayores medidas de seguridad. Aún así pudo conocerse, que los prenombrados invitados fueron alojados en el “Hostal Internacional”, ubicado a cinco minutos del aeropuerto internacional de la ciudad de “El Alto”, en La Paz, para posteriormente ser dirigidos por personal militar de la estricta confianza de los anfitriones, al hotel “La Joya”, cuya ubicación resultaba altamente estratégica, al considerarse que su emplazamiento hacia la calle Max Paredes, en La Paz, les permitiría trasladarse hacia las oficinas del gobierno municipal, de manera natural. Es importante señalar que en esas oficinas se encuentra la sede de la Policía Municipal, lugar en el cual se habría practicado el conciliábulo. Según cuentan, la conclusión de la reunión fue muy sencilla: Se continuaría con las contribuciones económicas de parte del grupo terrorista, al candidato presidencial Ollanta Humala, a cambio de la ratificación de la no intervención de éste, -de llegar a presidente de la República- en la erradicación de la siembra de coca en territorio peruano. En otras palabras; si Ollanta Humala fuera electo presidente, la erradicación de la siembra de coca se paralizaría. De igual forma el grupo acordaría la contribución de cantidades de dinero posteriores, a cuyo efecto se fijó supuestamente la zona turística del balneario “La Florida”, ubicado en “Achocalla”, ciudad de La Paz, para las entregas correspondientes.
Cierto o falso, el caso es que casualmente, el pasado 22 de marzo, a dos semanas de haberse celebrado el evento señalado, el candidato Ollanta Humala, en declaraciones ante los medios de comunicación, (Peru21.com) recalcaba su propuesta de suspender la erradicación de hoja de coca, manifestando que “Lo que queremos nosotros es encontrarle, realmente, una alternativa rentable a la hoja de coca, de tal manera que el agricultor pueda tener la posibilidad de elegir”. De igual forma destacaba que mantendría una política de “cero tolerancia con la cocaína, pero sí a la hoja de coca”.
Como puede apreciarse, estos hechos resultan de una gravedad tal, que sólo el poder mencionarlos es capaz de causar preocupación en el más temerario de los mortales. Si a esto le sumamos la realidad que el país anfitrión se encuentra padeciendo en relación con el incremento de producción, a escalas inimaginables de coca, bajo la mirada impávida de las autoridades internacionales, así como las investigaciones que han venido apareciendo respecto a las aparentes conexiones entre grupos de narcotraficantes y autoridades de otros gobiernos, la situación da para pensarlo.
Son muchas las conexiones que últimamente han salido a la luz pública, en donde altísimas personalidades de distintos gobiernos, aparecen agarrados de la mano con criminales y peligrosos cárteles de la droga. Para que comprendamos cuál podría ser el panorama que le esperaría al Perú, basta con mencionar el caso de los hermanos Eduardo y Gustavo Juliá, detenidos en Barcelona, España, por tráfico de cocaína, los primeros días de enero del 2011, y quienes, según las investigaciones realizadas por las autoridades españolas, mantuvieron tiempo atrás relaciones comerciales con el ex presidente Néstor Kirchner y con el empresario cercano al Gobierno Lázaro Báez. Debemos aclarar que los hermanos Juliá son hijos del ex brigadier, y jefe de la Fuerza Aérea Argentina, durante el gobierno del presidente Menen, José Juliá.
Tal y como refirió el diario “Clarín”, de Argentina, en 2003 el avión Lear Jet 25, (matrícula LV-ZTH), utilizado por los hermanos Juliá, fue el avión elegido para el equipo de campaña del para entonces candidato Kirchner.
Los hermanos Juliá también le alquilaban sus aviones al departamento santacruceño, Bolivia, para la realización de vuelos sanitarios, cuando las máquinas provinciales no podían despegar. Todo esto bajo la fachada de la compañía familiar “Medical Jet S.A.”, constituida en 1994 para negociados en la década del presidente Menen.
Los negocios de los jóvenes Juliá resultaban cada vez más florecientes por la gama de relaciones mantenidas en su Patria, llegando a adquirir en el 2010 lo que se convertiría en el avión más moderno de la Argentina: un Challenger 604, valuado entre 12 y 15 millones de dólares. Con esa aeronave, la cual posee una autonomía de vuelo que les permitía trasladarse a Europa sin escalas, comenzaría la nueva etapa criminal de estos distinguidos ciudadanos. El 5 de noviembre de 2010, el avión aterrizó en la base aérea de Morón, circunstancia ésta inimaginable si consideramos que estamos hablando de un avión privado, a cuyo efecto tendría que haber obtenido la autorización de alguna persona muy influyente para ser utilizado para fines particulares en una base militar.
Lo que llama la atención de toda esta situación, es la relación que una vez más puede verificarse con el país boliviano, toda vez que el 18 de abril del año pasado, el avión utilizado por los Juliá para su fatídico vuelo a Barcelona, llegó a Santa Cruz, Bolivia, a fin de participar en una reunión con el colombiano, John Wilson Díaz Vélez, y el argentino, Daniel Amitrano, con el objeto de acordar el envío de los 944 kilos de la droga a España. Tal y como se ha podido constatar posteriormente, el camino de la droga comenzó en Colombia (de manos del Cartel del Norte del Valle), para luego ser transportada a Bolivia, a fin de ser procesada, y de allí a Argentina, y de ésta a Barcelona, España.
Como si todo esto no fuera suficientemente sugestivo, el dato más interesante resulta al conocerse de parte de las autoridades españolas, que la droga fue cargada en la mencionada base aérea de Morón, lugar en donde el avión estuvo estacionado hasta el 30 de Diciembre de 2010, sin que a nadie le perturbara su presencia.
Estas circunstancias son parte de muchas otras historias que llenan los expedientes y archivos de las organizaciones gubernamentales de lucha contra el narcotráfico, las cuales en más de una oportunidad, por la naturaleza de los involucrados, permanecen en el anonimato hasta una mejor opción de ser dados a conocer a la opinión pública internacional. No obstante, la mera posibilidad de que por un error de cálculo en el destino del Todopoderoso, personas que eventualmente pudieran llegar a ocupar los destinos de sus países, pudieran tener algún tipo de relación con hechos similares, por muy indirecta que ésta fuera, nos han hecho reaccionar a fin de presentar ante el mundo lo que podría ser una catástrofe de infinitas consecuencias para la humanidad.
Los venezolanos en la oportunidad de elegir a nuestras autoridades, fallamos. Muy posiblemente por falta de conocimiento respecto a quiénes serían los elegidos. Los ecuatorianos, pretendiendo deshacerse de su pasado, pródigo en jefes de Estado execrados del poder, no pudieron entender la nueva amenaza que se les presentaba.
Los bolivianos, confiados en sus organizaciones regionales, y en su capacidad productiva, creyeron poder dominar a un hombre, que antes de ser presidente de una Nación, preferiría seguir siendo líder de todas las organizaciones cocaleras de su país, como en efecto lo es.
Los peruanos, hombres y mujeres de leyenda, cuna de premios nobeles, país con un horizonte de prosperidad, tienen la posibilidad de defender su destino, o de entregarse a éste sin luchar.
Perú: !No te dejes!
