A pesar de los mecanismos que los distintos gobiernos han adelantado en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la práctica ha demostrado la dificultad para neutralizar las acciones de estas organizaciones criminales. Si a esto le agregamos la inacción de algunos gobiernos, y los intereses políticos de otros por tratar de ocultar las realidades, para evitar escándalos, el mandado ya está hecho para dichas agrupaciones.
El pasado 23 de abril los venezolanos fueron objeto de una visita inesperada, cuyas circunstancias han pretendido pasar desapercibidas las partes involucradas. Joaquín Pérez Becerra, periodista de origen colombiano, y editor de la “Agencia de Noticias Nueva Colombia” (Anncol), llego al aeropuerto internacional Simón Bolívar, Venezuela, procedente de Frankfurt, Alemania, siendo detenido inmediatamente por funcionarios de Interpol y de la policía política del país.
De acuerdo a declaraciones del presidente de Colombia, este solicitó al presidente Hugo Chávez la captura de Pérez Becerra, alias “Alberto Martínez”, quien llegaría a ese país en horas de la tarde de la fecha señalada. “Alberto”era requerido por la justicia colombiana mediante un alerta roja difundido por Interpol, por la comisión de los delitos de “concierto para delinquir, financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas”.
La historia de “Alberto Martínez” y/o Pérez Becerra, no difiere de muchos otros casos en los cuales personas involucradas en hechos delictivos, directa, o mediante la cooperación con organizaciones criminales, disfrutan de una doble vida para el cumplimiento de sus funciones, así como para garantizarse la impunidad.
Según funcionarios colombianos, las computadoras decomisadas en el campamento en donde falleciera el comandante guerrillero Raúl Reyes, determinaron que Pérez Becerra formaba parte de la nómina de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), como una especie de “agente diplomático”. Por orden del secretariado de las Farc su misión se extendió a países como España, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia, Noruega, Dinamarca, Rusia y hasta el Líbano. Su tarea era supervisada por Rodrigo Granda, hasta el momento en que éste fue capturado, en diciembre de 2004. Para ese momento, Granda, considerado como “el canciller de las FARC”, hacía vida regular en Venezuela, siendo detenido allí y trasladado a Colombia gracias a la colaboración de militares venezolanos, a espaldas del presidente de Venezuela. Esto creó un impasse entre los dos gobiernos, e incluso los efectivos venezolanos que participaron en dicha captura fueron enjuiciados y condenados en Venezuela.
A Pérez Becerra se le incluye dentro del estado mayor del bloque internacional de las Farc, responsabilizándose del manejo de contactos conorganizaciones como “Eta”, y hasta de intervenir en la compra de armamento para las Farc. Pérez se encargaba de apoyar la imagen de las Farc, a fin de que la misma fuera considerada como “beligerante” en Europa, así como debía obtener recursos económicos para dichos fines. Para esto utilizaba como fachada una agencia de noticias internacional, la cual era manejada desde Suecia, país del cual habría recibido la ciudadanía.
Pasadas 48 horas de su detención en Venezuela, Pérez Becerra fue trasladado a Colombia, cuyo intempestivo traslado produjo un contundente rechazo por parte de algunos partidos políticos, y organizaciones civiles oficialistas. Otras organizaciones internacionales, como la “Coordinadora Continental Simón Bolívar”, se unieron a la protesta.
Tales organizaciones destacaron la nacionalidad sueca del visitante, hecho que fue corroborado por el consejero político de la Embajada de Suecia en Bogotá, Tommy Stromberg, en entrevista ante los medios de comunicación de Colombia. Si consideramos tales declaraciones como ciertas, el gobierno venezolano, por lo menos ha debido notificar sobre el caso a las autoridades de ese país, a los fines de permitir asistencia jurídica a dicho ciudadano, de acuerdo al Derecho Internacional.
Indistintamente de la posición que pudiera tener cada cual respecto a las actividades realizadas por el sorpresivo visitante, existen algunas circunstancias vinculadas con su presencia en Venezuela, las cuales nos obligan a considerarlas, toda vez que las mismas comprometen la seguridad de los ciudadanos que conviven a lo largo y ancho de la geografía venezolana.
El primer elemento es que Joaquín Pérez no viajó hasta Venezuela, poniendo en riesgo su vida y libertad, (después de haber huido de Colombia en el año 94, a raíz del asesinato de su esposa por grupos paramilitares), al menos que hubiera una causa muy poderosa que lo obligara a hacerlo.
Todo parece indicar que la causa por la cual el periodista se traslada a Venezuela es la orden que le transmitiera desde Venezuela, el conocido guerrillero, “Iván Márquez”, miembro del secretariado de las Farc. Este pretendería incluir a Pérez en las reuniones que desde hace meses se han venido gestando con otros compañeros guerrilleros, como “Timochenko”, Rodrigo Granda, Romaña, así como con la ex senadora Piedad Córdoba, y amigos del gobierno bolivariano, en Venezuela. El objetivo de la reunión sería “discutir la posibilidad de la liberación de los secuestrados por razones políticas en manos de las Farc, como parte de su estrategia para un acuerdo de paz”.
Justo es reconocer que Juan Manuel Santos jamás ha sido partidario de solicitar mediaciones de personas, o gobiernos extranjeros. Lo rechazó como ministro de la defensa, en la oportunidad en que el presidente Álvaro Uribe autorizó la participación de Hugo Chávez como facilitador para la liberación de algunos secuestrados por las Farc. Estas críticas, del entonces ministro, ocasionaron una severa reprimenda pública del anterior mandatario, hasta el punto de haber obligado a Santos a poner su cargo a la orden.
Como presidente, Santos ha rechazado las intermediaciones nuevamente. Lo hizo a pocos días de su toma de posesión, como consecuencia de la explosión de un carro bomba cuya autoría se le reconoce a las Farc, frente a los edificios en donde se encuentra ubicada la conocida estación de radio “Radio Caracol”. Lo hizo frente a la solicitud que precisamente, la Agencia de Noticias Nueva Colombia “Anncol”, remitiera de parte de Alfonso Cano, líder máximo de las Farc, a la “UNASUR”, quien manifestaba estar “dispuesto a dialogar con el nuevo gobierno colombiano”. Lo hizo el pasado 14 de febrero, cuando frente a la insistencia de la ex congresista Piedad Córdoba respecto al tema de las negociaciones, manifestó no sólo que “el Gobierno no ha autorizado a nadie, ni piensa hacerlo, para que sostenga contactos con grupos al margen de la Ley”, sino que criticó a la ex senadora, advirtiendo que “Piedad Córdoba abusó de la confianza y la generosidad del Gobierno brasileño, del colombiano y del CICR para “organizar fiestas para celebrar con los secuestrados los supuestos actos de generosidad de la guerrilla”.
Casualmente, la referida solicitud de las Farc ante “UNASUR” fue presentada en la misma semana en que el presidente de Venezuela señalara ante la misma organización, “que el conflicto colombiano era una amenaza a la paz regional y que los países miembros debían unirse para impulsar un plan de paz”.
Pero así como el presidente Santos ha rechazado rotundamente tales negociaciones de paz por parte de la guerrilla, sin que se cumplan ciertas condiciones exigidas por aquél, resulta más que evidente el interés de la organización guerrillera de demostrar al mundo su voluntad de liberar a quienes se han convertido en víctimas de sus secuestros. La excusa de lograr la paz en Colombia, produce altos dividendos para las Farc, trasladando al Estado colombiano toda responsabilidad de no lograrse un acuerdo.
A esa necesidad, de mejorar la imagen internacional de las Farc, se le une la de la ex senadora Piedad Córdoba, actualmente inhabilitada para ocupar cargos públicos por el lapso de 18 años. Esta, si desea seguir percibiendo fondos económicos para sus actividades, y beneplácitos de la colectividad agradecida, necesita mantener su vigencia.
La utilización de la intermediación en la búsqueda de la paz de Colombia, ni es un evento exclusivo de estos tiempos, ni se circunscribe únicamente a los ciudadanos colombianos. De hecho, el mismo presidente Chávez lo hizo en 1999, cuando utilizaba consuetudinariamente la imagen del gobernante colombiano para dar a entender un rol que no le había sido autorizado (“mediador”) de dicho gobierno. Lo intentó hacer el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, hecho que fue rechazado por el gobierno colombiano.
En el caso del visitante Pérez, muchos se han sorprendido por la pronta respuesta del gobernante venezolano en ordenar su traslado hacia Colombia, (a espaldas de las autoridades del país del cual aparentemente Pérez es nacional hoy en día). Para explicarlo valdría la pena mencionar algunos casos de visitantes indeseables que han acudido en otras oportunidades a Venezuela, y que en la mayoría de los casos los propios venezolanos desconocen. De igual forma, cabe mencionar ejemplos específicos respecto a visitantes inesperados, cuya presencia, al volverse incómoda para las autoridades, éstas los han hecho abandonar a su propia suerte.
Muy probablemente el personaje más siniestro de todos los conocidos mundialmente, que haya visitado Venezuela, (si bien su presencia no puede imputársele a ningún gobierno del país), haya sido hace un poco más de dos décadas, el de “Mohamed al Amir Awad al Sayid Atta”. Tal y como han podido comprobar los organismos de inteligencia norteamericanos, “ Mohamed Atta” fue responsable del secuestro del avión del vuelo # 11, de American Airlines, el cual fue estrellado, junto a otra aeronave, por el grupo de terroristas contra las Torres Gemelas, en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
En lo que va del presente gobierno, quizás el caso de mayor repercusión fue el de Vladimiro Montesinos, ex asesor de inteligencia, y mano derecha del para entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori. Montesinos, buscado por los organismos de inteligencia de su país, fue detenido el sábado 23 de junio de 2001 por miembros de la Dirección de Inteligencia Militar de Venezuela. Por lo menos así lo aseguro el jefe de Estado, Hugo Chávez, durante la clausura de la XIII Cumbre Andina de Presidentes que se desarrolló en la ciudad de Valencia, estado Carabobo.
Si bien desde semanas atrás los órganos de inteligencia más importantes del mundo ya conocían de la presencia del personaje en territorio venezolano, e incluso días antes un ciudadano venezolano informara directamente a las autoridades estadounidenses respecto a la ubicación de Montesinos en la ciudad de Caracas, el mandatario se hacía de la vista gorda frente a esta realidad.
La situación era tan evidente que bastaba examinar el documento de inmigración que el mismo Vladimiro Montesino llenara al ingresar -vía marítima- a territorio venezolano. Como quien llega a su propia casa, Montesinos escribía el nombre de uno de los ministros más importantes del régimen venezolano -hoy en día en la oposición- como la persona a quien visitaría en este país. De igual forma, Montesinos agregaría allí la dirección exacta de la residencia personal del funcionario en cuestión, ubicada en la urbanización Altamira, de Caracas.
Paradójicamente, el epilogo de la “aparición” de Montesinos en Venezuela quedó evidenciado con las expresiones del para entonces canciller del Perú, Javier Pérez de Cuéllar, quien en la referida cumbre de presidentes manifestaba que: “Esta captura ha sido posible gracias a la colaboración brillante e indispensable de Venezuela”.
Existen infinidad de ejemplos respecto a la descarada presencia de ciudadanos indeseables en territorio venezolano, así como de la presunta relación de estos con autoridades políticas del país.
El caso de los miembros de la agrupación terrorista “ETA”, resulta relevante. No solo por las circunstancias de sus actividades en Venezuela, sino porque en la actualidad, dicho caso es ventilado por las Cortes de España. Allí resalta el nombre de Arturo Cubillas, quien vive en Venezuela y se encuentra procesado en ausencia por la Audiencia Nacional de España, en la misma causa que se les sigue en dicho Tribunal a miembros de la ETA. A éstos se les vincula con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc). En este caso, las autoridades españolas han solicitado la extradición de Cubillas a España. De acuerdo al juez español, Cubillas habría participado en el adiestramiento de miembros de las FARC en los campamentos denominados “Malanga”, “El Tigre”, y “Las Pavas”, en territorio venezolano, a partir de 2006.
Otro visitante indeseable sería el etarra “Antón Troitiño”, de quien se ha especulado sobre su presencia en Venezuela. De acuerdo al diario español “El Mundo”, los servicios de información españoles estarían tras la pista de dicho ciudadano. Este, una vez en libertad (por un error de cálculo en la pena impuesta), se habría trasladado al País Vasco, refugiándose posteriormente en el sur de Francia, para luego, el 18 de abril, partir hacia Holanda y al día siguiente embarcarse hacia Venezuela.
A pesar de que las autoridades españolas niegan la salida de Troitiño hacia Venezuela, el hecho es que la mera suposición de su traslado, hacia el país que le ha dado cobijo a organizaciones como las mencionadas, no sorprende absolutamente a nadie.
Esta situación, de presencia de individuos indeseables en Venezuela, ha llegado a tal extremo, que el pasado 21 de febrero, William Hague, ministro de Exteriores británico, señalara públicamente la posibilidad de que el líder libio Muamar al Gadafi, podría haber abandonado su país y se encontraría viajando rumbo a Venezuela. Si bien hoy en día esta información ha sido comprobada como negativa, lógico es pensar que la misma no deja de tener una base cierta dada la relación de amistad existente entre los mandatarios, libio y venezolano, así como en virtud de la deplorable práctica a la cual nos hemos referido anteriormente por parte del gobierno de Venezuela.
Las circunstancias inicialmente planteadas resultan ejemplificantes respecto a esta nueva manera en que las autoridades gubernamentales de Colombia y Venezuela, pretenden enfrentar los retos políticos que se les presentan, bajo el principio de “No me digas, no te he visto, no quiero saber”.
En el caso del mandatario colombiano, es obvio que éste ha estado al tanto de todas las estrategias que desde hace algunos meses han venido desarrollando las organizaciones guerrilleras (y particularmente las Farc), junto con individualidades, o gobiernos, interesados en ganar prebendas tratando de hacerse ver como “luchadores por la paz de Colombia”. Aún así, frente a un hecho tan evidente, como la presencia del ciudadano sueco-colombiano en Venezuela, el gobernante ha preferido limitarse a denunciar el traslado de su compatriota desde Alemania hacia el país vecino, como si su visita no fuera más que un viaje de placer y no la intervención de un irregular.
Al calificar al viajero como ficha de las Farc, Santos se encuentra en el deber de explicarle a propios y extraños qué hace un personaje como Pérez Becerra en Venezuela, así como cuál es el objeto de su viaje, y con qué personas pretendía entrevistarse. Hechos éstos que en ningún momento ha pretendido exponer, y muy posiblemente no lo haga nunca.
Resulta entendible el interés del gobernante colombiano, de mantener a toda costa relaciones productivas con su homólogo venezolano. De allí, que frente a un hecho tan contundente, como la aparición del visitante en tierras vecinas, haya preferido no solo callar, sino no mirar; y lo más grave aún: no querer saber. La realidad, respecto a la posibilidad de que el gobierno bolivariano estuviera detrás de posibles negociaciones de la guerrilla, a espaldas del gobierno de Colombia, sería difícil de enfrentar.
Por el lado venezolano, la situación no es más favorable. Basta con verificar el mero hecho de que el presidente Santos hubiera escogido llamar al presidente bolivariano -y no al gobierno de Alemania- para solicitar su apoyo en la detención del viajero, para que el mandatario venezolano se preguntara con suspicacia del porqué su colega tendría que haberlo molestado a él precisamente. Resultaba mucho más sencillo, y confiable, el que las autoridades de uno de los gobiernos más competentes en materia de seguridad, como Alemania, hubiera detenido, aunque fuera para un simple interrogatorio, al periodista. A Chávez, bajo estas circunstancias, prácticamente de verse descubierto por el esposo de la mujer compartida, no le ha quedado más remedio que renegar de la amada, y deshacerse de la evidencia lo antes posible, terminando así “Alberto” en Colombia.
