El pasado 28 de julio Ollanta Humala asumió el cargo de presidente de la República del Perú para el cual fue elegido por los próximos 5 años. Después de tanta tensión en la contienda electoral, ese día prometía un poco de tranquilidad. Por lo menos así lo aseguraba el propio presidente electo, si bien su antecesor, y todavía presidente en funciones, Alan García,  presentía algún tipo de desaguisado, razón por la cual prefirió no asistir al evento de juramentación, sabia decisión.

A pesar de haber transcurrido poco menos de un mes del evento, existen algunas circunstancias vinculadas a las actividades del nuevo gobernante, que ameritan algún tipo de análisis a los fines de tratar de interpretar lo que eventualmente sería el camino que podría tomar este gobierno que apenas comienza.

El 28 de julio, por sí solo, es una fecha que produce cierto impacto cabalístico. Además de conmemorarse la independencia del Perú, y de ser la oportunidad fijada por la Constitución de la República para asumir la presidencia, curiosamente se celebra el cumpleaños de dos personalidades controversiales (las cuales en su oportunidad mantuvieron una estrecha relación), que de una u otra forma han marcado los destinos del actual mandatario peruano. Nos referimos a la fecha de nacimiento del presidente Hugo Chávez, de Venezuela, y del ex presidente Alberto Fujimori, del Perú. Aun existiendo esta curiosidad, el hecho al que nos queremos referir no se debe a la prodigalidad de cumpleaños, ni a la independencia del país, sino a la particular manera cómo el presidente Humala ha comenzado a gobernar, hecho que tarde o temprano podría repercutir en los destinos de su país.  Una de estas circunstancias se refiere a la juramentación al cargo de presidente de la República.

A diferencia de lo que tradicionalmente había venido sucediendo con los mandatarios anteriores, el nuevo gobernante, en ese momento solemne, decidió invocar la Constitución derogada de 1979, en vez de referirse a la vigente (1993).

No importaba que el propio mandatario hubiese sido electo en base a esta última Constitución, que a todas luces despreciaba. Tampoco que su vida como político hubiera estado amparada por los mandatos de esta Constitución, o que los derechos de sus hijos hubieran sido resguardados bajo la misma, e incluso que el sistema democrático de su país hubiera podido mantenerse bajo los principios, normas y valores de la Constitución que desdeñaba.  Para él era suficiente que la Carta Magna hubiese sido promulgada bajo instancias del para entonces presidente Alberto Fujimori, (a quien el presidente Ollanta, y su hermano Antauro intentaran derrocar el 29 de octubre de 2000) para que, per se, el instrumento jurídico careciera de validez. Ese mismo ejemplo de Humala, lo asumieron los demás funcionarios juramentados por el mandatario; y bajo estos mismos conceptos, unos más fanáticos que otros, se pronunciaron algunas autoridades representativas de las instituciones políticas del Estado.

El presidente del Tribunal Constitucional,  Carlos Mesía, por ejemplo, no encontró ningún inconveniente respecto a la juramentación del presidente. De acuerdo a su criterio, a pesar de la actitud del mandatario, se daba por entendido que el gobernante juraba por los mismos principios y valores establecidos en la Constitución actual. Para afianzar su posición, señalaba el Magistrado, (adelantando opinión respecto a una situación que muy posiblemente podría llegar a sus manos, de interponerse algún recurso jurisdiccional al respecto) que dicha Constitución, en su artículo 116, no establecía fórmulas obligatorias para jurar como presidente de la República.

Otros, como la primera vicepresidenta del Perú, la Sra. Marta Espinoza, y el segundo vicepresidente, Omar Chehade (juramentados por el propio presidente Humala, bajo similar formalidad) se enfrascaban en una confusa explicación en la cual, si bien pretendían restarle importancia al juramento, parecieran preparar el terreno para lo que sin duda alguna será la reforma constitucional por venir. Es cierto que en principio las opiniones de estos funcionarios, y del mismo presidente Humala, apuntan hacia una reforma que sería iniciada por el Congreso de la República, pero es evidente que produciéndose la misma a sugerencia del mandatario, dichas reformas contendrán los deseos presidenciales.

El tema del juramento en cuestión resulta interesante desde el punto de vista jurídico, y poco menos que infeliz, desde el punto de vista político. Esto último, por cuanto que si el nuevo mandatario quería comenzar su gestión en paz y concordia, lo menos que ha debido hacer es evitar causar resquemores desde el primer día de su mandato, más aún cuando casi la mitad de la población rechazó su propuesta electoral.

Es cierto que en la Constitución vigente no existe una fórmula sacramental para la juramentación, como si ocurre en la vigésima enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Recordemos, incluso, que debido al error cometido por parte del presidente Obama en el momento de repetir las palabras sacramentales, fue necesario días después, repetir dicha juramentación. Pero esta circunstancia, de no existir exactamente un rosario específico de palabras para ser repetidas por el presidente peruano, no le resta importancia a un acto, que como el de juramentación, le otorga eficacia al acto administrativo de proclamación dictado por la máxima autoridad electoral del Perú.

Admitir, (como automáticamente pretendieron hacerlo las personalidades aludidas), que lo importante era simple y llanamente jurar por aquello que considerara conveniente el Sr. presidente, haciendo referencia a una Constitución distinta (aún cuando en la práctica ambas Constituciones no fueran tan disímiles), nos llevaría a aceptar que el presidente Humala hubiera decidido jurar por la Constitución bolivariana, o por la ecuatoriana, o tal vez  hasta por la francesa, si éstas recogían, “a su juicio”, similares principios a los por él concebidos como respetables. Reconocer como válidas estas consideraciones permitiría incluso, que el día de mañana el presidente de turno, jurara por la Constitución de una compañía anónima, o por el Decreto de Guerra a Muerte del Libertador Simón Bolívar, simplemente porque a aquél le pareciera que los principios allí contenidos se asimilaban mejor con sus requisitos particulares.

Pero aún a despecho de la opinión del alto Magistrado judicial, valdría la pena hacer un recuento de lo que ha significado el acto de juramentación en  una República como la del Perú. Así tenemos que la primera Constitución del Perú, (1828), en su artículo 87°, establecía formalmente el contenido sacramental del referido juramento. En este sentido señalaba: “El Presidente y Vicepresidente, para ejercer su cargo, se presentarán al Congreso a prestar el juramento siguiente:   “Yo, N.N. juro por Dios y estos Santos Evangelios que ejerceré fielmente el cargo de Presidente (o Vicepresidente) que me ha confiado la República: que protegeré la religión del Estado, conservaré la integridad e Independencia de la Nación, y guardaré y haré guardar exactamente su Constitución y leyes”.

Posteriormente, la Constitución de 1839 disponía, en su artículo 86°, el texto que había venido siendo usado hasta el presente (si bien se eliminó la mención específica de resguardar la religión católica). Esta circunstancia sería prácticamente repetida 14 años después (1853) en el Reglamento Interior de las Cámaras Legislativas, cuando el Congreso era bicameral.

Aún así, teniendo en consideración éstos antecedentes, el juramento formulado por el presidente Humala fue el siguiente: “Juro por la Patria que cumpliré fielmente el cargo de Presidente de la República que me ha confiado la Nación por el período presidencial 2011-2016; que defenderé la soberanía nacional, el orden constitucional, y la integridad física y moral de la República y sus instituciones democráticas, honrando el espíritu y los principios de la Constitución de 1979 (subrayado nuestro); que reconoceré y respetaré la libertad de culto y de expresión, y lucharé incansablemente por lograr la inclusión social de todos los peruanos, especialmente de los más pobres.”

La Constitución peruana vigente establece los lineamientos generales de lo que representa la investidura del presidente de la República. Señala: “De la  Función Pública: Artículo 39°. Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la Nación. El Presidente de la República tiene la más alta jerarquía en el servicio a la Nación y, en ese orden, los representantes al Congreso, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura, los magistrados supremos, el Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, en igual categoría; y los representantes de organismos descentralizados y alcaldes, de acuerdo a ley”.

El Artículo 40° de dicha Constitución dispone: “La ley regula el ingreso a la carrera administrativa, y los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos”.

Esa “Ley” a la cual hace mención el documento fundamental peruano, no es otra que la “Ley de Funcionarios Públicos y Empleados de Confianza del Perú”, la cual en su Artículo 6º.- dispone: “De la clasificación: Los Funcionarios Públicos se clasifican en:

6.1.- Funcionario público de elección popular, directa y universal o confianza política originaria.- Es aquel elegido mediante elección popular y universal, conducida por el organismo del Estado autorizado para tal fin. El ingreso, permanencia y término de su función están regulados por la Constitución y las leyes de la materia.

Son funcionarios públicos de elección popular, directa y universal:

a) Presidente de la República.

b) Vice Presidentes de la República.

c) Congresistas de la República.

d) Presidentes y Consejeros Regionales.

e) Alcaldes y Regidores.

Igualmente el Artículo 8º.- de la mencionada Ley, señala: “Del nombramiento y designación en el cargo y su publicidad: Se adquiere la condición de funcionario público a partir del nombramiento para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado. Sin embargo, sólo a partir de la toma de posesión podrán ejercerse las atribuciones que el cargo reconoce de acuerdo a las reglas contempladas en leyes especiales y las que disponga el reglamento de esta ley teniendo en cuenta el tipo de cargo que se desempeñe. Se requiere del juramento en los casos en que la ley lo establezca. Para el nombramiento se sigue la regla especial de la legislación que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento de los funcionarios públicos. La notificación y publicación del nombramiento son requisitos necesarios para el ejercicio del cargo. El acto administrativo que nombra en el cargo a los funcionarios públicos rige a partir del día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano”.

Por último,  las Disposiciones Finales, Transitorias y Complementarias de dicha Ley, establecen: “Segunda.- Responsabilidad por incumplimiento: El incumplimiento de las reglas contenidas en esta Ley origina responsabilidad administrativa a los funcionarios públicos y empleados de confianza y a quienes se encuentran en la obligación de cumplir estas reglas, sin perjuicio de la responsabilidad derivada de normas especiales”.

De lo antes expuesto se evidencia que el presidente de la República, efectivamente es un funcionario público, elegido por elección popular, directa y universal. Pero aún así, en el caso de Ollanta Humala, habiendo resultado ganador en las pasadas elecciones del 5 de junio, ese triunfo no era suficiente para iniciar su mandato, a cuyo efecto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), semanas después de la oficialización de los resultados electorales totales por parte del organismo, procedió a proclamar al presidente electo, entregándole las credenciales que lo acreditaban como tal. No obstante, ese acto de proclamación por sí solo, para gozar de eficacia requería de la juramentación del gobernante,  y sólo a partir de ese momento, el jefe de Estado se encuentra en capacidad de iniciar su mandato.

Esa juramentación a la cual se le pretende restar importancia, tiene tal relevancia, que la tradición ha exigido el otorgamiento de un pergamino, que el propio presidente Humala firmó públicamente en pleno evento ante el Congreso de la República. Ese documento contiene no sólo el nombre del mandatario, sino “la fórmula de la juramentación usada por el nuevo gobernante”, así como la fecha de transmisión de mando. En estos términos, cualquiera que tenga acceso a dicho documento podrá verificar que el contenido del juramento allí transcrito, difiere del juramento verbalmente hecho público por el jefe de Estado ante el Congreso de su país.

Pero adicionalmente a las opiniones antes señaladas, existen dos declaraciones, que por los personajes involucrados, vale la pena mencionar. Uno de ellos es Antauro Humala, hermano del presidente de la República,  y quien cumple condena de 25 años de prisión  por haber participado en la toma de la comisaría policial de Andahuaylas, como parte de un intento de golpe de Estado en contra del para entonces presidente Alejandro Toledo, y que produjo como consecuencia la muerte de cuatro funcionarios.

Antauro, en la conocida revista “Caretas”, además de manifestar su certeza de que saldrá en libertad próximamente, hizo importantes revelaciones en relación con el significado de la juramentación realizada por su hermano, manifestando que éste “ha creado una coyuntura política constitucional que hace posible mi pronta liberación”; siguiendo más adelante: “Los que nos rebelamos por restituir la Constitución del 79, ahora somos precursores de este nuevo gobierno que ha jurado por esta Carta Magna. Ollanta ha reivindicado así las tres gestas militares dentro del estado genuino de derecho que estaba vigente en dicha Constitución. Me refiero a las insurgencias del general (Jaime) Salinas Sedó, de 1992, y a las dos de los hermanos Ollanta y Antauro Humala, en Locumba, el 2000, y en Andahuaylas, el 2005” (sic).

El otro personaje que ha opinado al respecto es el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, quien nuevamente interviene en la política del país andino afirmando que la Constitución de 1993, “no posee legitimidad”, así como reconociendo la actitud del presidente Humala al desechar la Constitución vigente en su juramentación, como “un gesto muy valiente”.

Adicionalmente a la controversia de la juramentación del nuevo mandatario, han surgido alrededor de su persona otros elementos que evidencian una serie de irregularidades imposibles de esconder.

La primera de ellas se refiere a la visita que el hermano menor del presidente Humala, Alexis, realizara a Rusia días antes de la juramentación de su hermano, y en donde dicho ciudadano se reunió con miembros del gobierno de ese país a fin de negociar acuerdos de turismo, pesca, gas y de armas para el Perú. Paradójicamente, la Comisión Disciplinaria del partido de gobierno, el Partido Nacionalista, procedió a suspender de militancia partidista, por 6 meses, al joven Alexis, “por haber viajado a Rusia sin autorización del partido, ni del Comité Ejecutivo Nacional”. A pesar de esto, en ningún caso se ha planteado- y el presidente se ha mantenido mudo- el fondo del asunto, como lo es la intervención de un hermano del presidente de la República, (cuyo mandato ni siquiera había comenzado), para gestionar a título personal, negocios en los cuales estaría comprometida la República y que por ende deben obedecer a una política concertada por los organismos competentes, y bajo los parámetros jurídicos correspondientes.

Adicionalmente a estas circunstancias, podemos apreciar cómo su hermano Antauro, además de ofrecer declaraciones como las anteriormente mencionadas, logra prodigiosamente la rebaja de la condena impuesta en su contra, de 25 años de prisión por el homicidio de cuatro funcionarios policiales por los hechos antes señalados, a 19, o 17 años de prisión. Para ello la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú ha decidido una disminución de la referida condena, en función de haber declarado “nula” la sentencia que condenó a Antauro por el delito de tenencia ilegal de armas, así como por “modificar” la calificación de homicidio calificado, inicialmente imputada al enjuiciado, por la de “homicidio simple”. En todo caso, la decisión definitiva, respecto a si la rebaja llevaría la pena a los 19 o a los 17 años de prisión, deberá ser tomada en las próximas semanas.

Pero aparte de la reprobable actitud asumida por los hermanos Humala entre sí, -bajo la mirada lánguida del presidente Ollanta-, la situación aumenta de volumen, al apreciar ciertas designaciones que ha venido haciendo el mandatario, las cuales dejan mucho qué desear respecto a esa atmósfera de honestidad y total transparencia con que en tantas ocasiones se había comprometido el estrenado mandatario.

Así, mientras se festejaba el nombramiento de los miembros del gabinete económico, como garantía de continuidad en la política económica y financiera del Estado, la sociedad, -e incluso la comunidad internacional-, pareciera estar en ascuas respecto al nombramiento de Ricardo Soberón, como presidente ejecutivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).  Para los que desconocen el significado de esta responsabilidad, es necesario aclarar que ésta se asimila a la designación de un  “zar antidrogas”.

El caso de Soberón nos confirma el supuesto compromiso que el entonces candidato Humala (incluido en nuestro artículo “El Triángulo de las Bermudas de Ollanta Humala, runrun.es) habría adquirido con un sector de la agrupación terrorista “Sendero Luminoso”, quien amparada en su estrecha relación con autoridades de la vecina Bolivia, habrían contribuido económicamente con la candidatura presidencial de Humala, “a cambio de su compromiso de no erradicación de la hoja de coca”.  De ser cierta esta información contenida en ese artículo, no habría mejor candidato para cumplir con dicho acuerdo, que el propio Ricardo Soberón, conocido por su crítica a la erradicación de la hoja de coca, así como por su cercanía con las organizaciones cocaleras peruanas en los valles del Alto Huallaga, de los ríos Apurímac y Ene y en la cuenca de La Convención y Lares (Cusco), los cuales tradicionalmente se han opuesto a la erradicación de la coca, y  de las cuales ha fungido por años como asesor.

Por si esto fuera poco, resulta del conocimiento público la relación del flamante zar antidroga,  con el colectivo “Legaliza Perú”, encargado de facilitar asesoría legal a quienes resulten involucrados en asuntos en materia de drogas, y posesión de marihuana en particular. De igual forma, es un hecho público la relación existente entre el nuevo funcionario antidroga y el actual presidente de Bolivia, Evo Morales. De hecho en el año 1995, el hoy presidente de “Devida”, el actual presidente de Bolivia y Hugo Cubieses, éste último allegado igualmente al presidente Humala, y supuestamente a la organización “Sendero Luminoso”(ver artículo “Gana Perú, runrún.es), estuvieron detenidos por las autoridades bolivianas, en “Copacabana”, zona boliviana fronteriza con Perú, presuntamente por actividades subversivas. Estos tres personajes fueron recluidos en una base naval a orillas del lago Titicaca, para luego ser liberados y expulsados,  Soberón y Cubieses, hacia Perú.

Junto a esta designación, debemos mencionar el nombramiento del coronel, retirado, Adrián Villafuerte, como asesor personal en asuntos militares del presidente Humala. Tal y como referimos en nuestro artículo “Gana Perú”, Villafuerte durante el gobierno fujimorista se desempeñó como secretario del general Cesar Saucedo, uno de los hombres más cercanos al poderoso Vladimiro Montesinos.

Otra de las designaciones que llama la atención se refiere a la del coronel, en situación de retiro, Luis Pereyra Briceño, como Director Nacional de Defensa Civil (INDECI).  Para tener una idea del personaje, el coronel Pereyra  fue objeto de una formal denuncia en 2006 por parte de la Inspectoría General del Ejército, por la desaparición del expediente que se le seguía al actual presidente Ollanta Humala (conocido como el “capitán Carlos”) por la violación de derechos humanos durante su gestión como jefe de la base militar antiterrorista de “Madre Mía”.

Por si los casos anteriores resultaren insuficientes, hace pocos días los medios de comunicación del Perú sorprendieron a la población con la noticia de la escogencia de la economista Tania Lourdes Quispe, prima de la primera dama, Nadine, como Jefa de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Los hechos aquí mencionados, han sido seleccionados dentro de una gama de circunstancias  que han venido rodeando al presidente Ollanta Humala, que de no atenderse a tiempo, podrían ocasionar un vuelco en la vida política, social y económica del Perú, país que a pesar de la necesidad de profundizar sus políticas para lograr una mejor distribución de la riqueza, ha sido ejemplo de un importante crecimiento económico.

Mientras el nuevo presidente se inicia con decisiones como las señaladas, reconociendo públicamente lo “difícil que resulta gobernar”, los partidos políticos y sus líderes, al igual que sucedió durante la campaña presidencial, andan en desbandada.   Es cierto que muchos otros gobiernos en la América Latina,  se han mantenido con mayor o menor estabilidad, bajo el amparo de mecanismos populistas parecidos al que pretende implantar el mandatario peruano, pero el caso del Perú representa un riesgo mucho mayor que aquellos, si recordamos que según todos los indicadores internacionales, Perú se ha convertido en el mayor productor de coca en el mundo.  Mientras la sociedad civil y las organizaciones políticas comienzan a estirar las piernas después de un largo descanso, organizaciones narco terroristas, como Sendero Luminoso, ya han practicado con largas vueltas de calentamiento.  Ojalá que la sociedad peruana organizada no se duerma, su pueblo no se los perdonaría.

“Nuevos precios” parece ser el lema de todas las empreses que fabrican consolas de videojuegos, algunas con razones muy claras (Nintendo) y otras no tanto (Sony), pero todas ante la crisis…

Luego del fracaso del Nintendo 3DS, la empresa japonesa decidió afrontar su posible derrota en el mercado de las consolas portátiles de una manera diferente luego de que los resultados de la misma no cumplieran ni el peor de los escenarios planteados por la casa de Mario.

La idea fue rebajar el precio del 3DS para impulsar las ventas, lo que nadie se esperaba es que recortaran los precios a la mitad. ¿El resultado? En un mes Nintendo estaba vendiendo 190 mil 3DS, pero con el descuento lograron vender 230 mil ejemplares en tan solo una semana y aunque la crisis de la empresa ante el fracaso de su nuevo portátil no ha sido superada, por lo menos comienzan a ver la continuidad de la plataforma como una posibilidad.

Nintendo no quiere dejar morir ninguna plataforma por lo momentos ya que para sacarle el jugo por una última vez al Wii, antes del lanzamiento de la nueva consola de la empresa, la Wii U, están sacando una versión más económica del Wii para estas navidades, y aunque cuenta con los mismos componentes que su versión anterior el Wii Slim es mucho más flaco que la versión anterior. Con esto Nintendo estaría quemando sus últimos cartuchos durante la temporada de oro de las consolas – Navidad – para empezar a plantearse el lanzamiento del Wii U en el primer trimestre del año entrante.

Aunque Sony no ha comentado nada sobre la posibilidad de sacara una nueva consola para el año que viene, creen que ya es hora de bajar los precios del PS3 y de PSP. La estrategia del PSP la entendemos, ya que la versión económica del PSP que vendría próximamente no contaría con conexión 3G ni WiFi, una estrategia basada en colocar más dispositivos en el mercado y lograr acabar con el stock de juegos que quedan en las tiendas abriéndole el paso al PS Vita, el nuevo portátil de la empresa, aunque no entendemos quien va a querer un PSP sin conexión a internet.

La decisión de bajar los precios del PS3 si que nos parece incomprensible por los momentos, ya que no existe ningún anuncio oficial sobre un PS4 y según lo que teníamos entendido una nueva consola no está en los planes futuros de Sony. De igual manera sigue siendo una excelente oportunidad para aquellos que quiera entrar en el mundo del PS3.

Por el lado de la empresa de Bill Gates solo llega una noticia sobre una nueva interfaz que será lanzada en los próximos meses, los cambios unicamente indican que sería un rediseño de la interfaz actual que permitirá más y mejores interacciones entre el Windows Phone 7 y el Xbox.

Normalmente los cuentos de famosos  en aviones tienen que ver con escenas sexuales, como lo que hizo Elvis Crespo, que optó por autosatisfacerse en la aeronave. Pero nunca se había escuchado lo que hizo Gerard Depardieu, orinarse frente a todos.

Pues sí, el actor francés abordó un vuelo en Air France, rumbo a Dublín, en estado de ebriedad. Justo cuando el avión estaba en la pista, a punto de despegar, se antojó de ir al baño. Tal cual lo hacen los niños chiquitos cuando van de viaje y su madre le comenta que haga antes de salir. Depardieu le comentó a la azafata que él necesitaba ir al baño, a lo que ella le respondió que debía esperar que despegaran, aproximadamente 15 minutos.

Ante la negativa de la tripulante, Gerard empezó a gritar repetidas veces que quería ir al baño, pero con palabras obscenas. Al ver que hacían caso omiso a su malcriadez, el actor de 62 años no tuvo otra opción que levantarse de su asiento y orinar en el pasillo, frente a todos los pasajeros. Esto se conoció gracias a las declaraciones de algunas personas que iban en el mismo vuelo, quienes quedaron atónitas ante la situación.

Debido a este incidente, el vuelo fue retrasado por dos horas y todos los pasajeros desalojados del avión para que fuera limpiado y desinfectado, porque el olor era bastante fuerte. La aerolínea no ha emitido comentarios directos. Simplemente dijeron que el vuelo AF-5010 había sido retrasado por razones ajenas a su voluntad.

Por su parte,  allegados al actor afirman que esta información no es real y que ha sido tergiversada por los medios de comunicación. Estas personas comentaron que el actor sí tenía ganas de ir al baño y al no poder levantarse, él hizo su necesidad en una botella. Lamentablemente algunas gotas se desbordaron y por eso mojó un poco el piso del avión.

Han sido varias las personas que han confirmado la historia original. Además de que Depardieu tiene fama de rebelde. En el 2009 también fue noticia cuando, en un ataque de ira, golpeó las puertas de un carro que estaba estacionado en la calle.

Albert Manrique

@AlbertSoyYo

Editorial 

El presidente ejecutivo de Cámara Venezolano-Colombiana (Cavecol), Luis Alberto Rusián, con cifras en mano, anuncia que hubo un incremento del 16% en el intercambio al comparar las operaciones registradas en el primer semestre de 2011 con las del mismo período de 2010; “ha llegado a unos 1,040 millones de dólares de intercambio binacional, de los cuales es importante destacar que se observa 114% de incremento de las exportaciones de Venezuela hacia Colombia, cerrando en 300 millones de dólares, frente a 140 millones de dólares del pasado año en los primeros seis meses de ejercicio”. Igualmente las estadísticas de Cavecol reflejan el movimiento de las importaciones que hacemos desde el vecino país. “La caída ha disminuido en 2% para situarse en 740 millones de dólares, cuando para el año pasado, en el primer semestre, la cifra que se registraba era de 756 millones de dólares”, informa el representante del gremio binacional.

En el último año, el comercio entre Venezuela y Colombia ha crecido producto de la acordada distensión de Santa Marta (10 de agosto de 2010). El incremento del 16% en el intercambio binacional pareciese hablar de un buen momento político entre ambas naciones. Desde la llegada de Santos al poder, al contrario de lo que se pensaba, las relaciones se han normalizado y han tomado como rumbo el darle prioridad a lo comercial de forma que los empresarios de ambos países pudieses salir beneficiados y, sobre todo, pagarle las deudas a los colombianos producto del control de cambio.

A pesar de la mejora en los números y después de la salida de Venezuela de la Comunidad Andina (CAN), se han prorrogado por 90 días la suscripción del nuevo convenio comercial entre ambos países, lo que para los comerciantes es preocupante porque deja la situación en un limbo legal que podría durar algún tiempo. La salida de la CAN por parte de Venezuela fue negativa para el comercio entre ambos países porque eliminaba las preferencias arancelarias que existían de ambos lados de la frontera e incluso se recriminó que la salida podía afectar competitivamente a ambos empresariados.

El pragmatismo con el que ambos gobernantes han afrontado esta nueva era de las reelecciones ha suscitado comentarios negativos de parte del ex presidente Álvaro Uribe que incluso ha acusado a José Manuel Santos de ser colaboracionista con el gobierno de Hugo Chávez por lo que si bien han habido avances en el tema comercial no una claridad respecto al futuro, por lo tanto no podemos afirmar en este momento que ese crecimiento será sostenido. Las diferencias Uribe-Santos, más allá de las tensiones por el liderazgo, se deben a particulares formas de entender la política. Uribe, un líder de origen rural, ha demostrado en más de una ocasión que tiene un concepto de lo político basado en principios. Santos, de la élite urbana, está más familiarizado con la ética utilitaria de los negocios, lo que se traduce en un crudo pragmatismo.

La cifras son alentadoras para ambas economías y gobiernos, pero no olvidemos que las condiciones históricas, estratégicas e ideológicas que nos condujeron a las graves tensiones de 2008 a 2010 no fueron resueltas, sino relegadas. Esta tregua, que rinde sus frutos, no tiene bases sólidas y consideramos que sólo significativos cambios de élite, bien sea en Bogotá o en Caracas, pueden ser el inicio de una franca relación que conduzca a una relación política y comercial fructífera y continua en el largo plazo.

Cuando una noticia o un blog empieza con una pregunta, generalmente la respuesta es “no”, pero la necesidad de quien escribe de captar la atención del lector es tan grande que acaba por darle tantas vueltas y vueltas al asunto que suele resultar irritante.

Intentaré no caer en eso ofreciendo la respuesta al título de esta nota de entrada: “No”. El hecho en sí de ver la televisión no puede hacer que alguien muera más joven.

Muchos medios se han hecho eco de un estudio publicado por el British Journal of Sports Medicineque sugiere que quienes pasan en su vida una media de seis horas diarias viendo televisión, tienen una esperanza de vida cinco años menor.

Si no la ve tanto como seis horas, puede pensar que está a salvo: pues no, el estudio de la Universidad de Queensland dice que cualquier tiempo sentado delante de la pantalla puede acortarle la vida.

El autor de la investigación, Lennert Veerman, me reveló que ajustaron la investigación para excluir a quienes veían la televisión de forma activa, como mientras se corre en una cinta de gimnasio.

Como alguien que trabaja en televisión, le comenté que estaba preocupado por estar matando lentamente a mi audiencia.

Pero más me preocupaba una de las conclusiones del estudio: “Ver la televisión puede tener consecuencias adversas para la salud que rivalizan con los de la falta de actividad física, la obesidad y el tabaquismo: cada hora delante de la pantalla puede acortar la vida 22 minutos”.

La guerra y la paz

Todos sabemos que fumar es muy perjudicial. Pero este estudio sugiere que ver la televisión puede ser algo equivalente.

De hecho, apunta que quienes hayan cumplido ya 25 años, media hora de su programa favorito “puede acortarle la vida en un grado similar” a fumarse un cigarrillo.

Un peligro obvio es que los fumadores digan que bueno, su hábito no es peor que ver la televisión, así que tampoco hay tantas razones para intentar dejarlo.

Pero, ¿qué pasa con quienes no ven nada o casi nada de televisión? Es probable que unos cuantos pasen buena parte de su tiempo leyendo libros, sentados, una costumbre también sedentaria pero que nadie les dice que deberían abandonar.

¿Deberíamos evitar La guerra y la paz o la larguísima última entrega de Harry Potter?

En su respuesta, Veerman reconoce que puede ser que no sea la televisión en sí lo que corta la esperanza de vida.

“Siempre es posible que los efectos estén asociados a un estilo de vida más que a ver la televisión en sí”, comentó.

Sobrepeso

Esto quiere decir que quienes ven la televisión tienden a llevar estilos de vida sedentarios y poco saludables. No son las seis horas de exposición a la pequeña pantalla lo que los mata, es que ese tiempo no lo pasan caminando o haciendo ejercicio.

Los que ven mucha televisión también es probable que lleven una dieta poco sana que les provoque sobrepeso.

¿Se ha percatado usted de cuántos paraguas se pueden ver en la calle cuando llueve? El uso del paraguas hay que asociarlo a la lluvia, pero nadie piensa que sean las sombrillas las que provocan las precipitaciones.

Es de sentido común, pero en ciencia y estadística, a veces, también parece el menos común de los sentidos. Los números, sacados de contexto, suelen divorciarse de la realidad.

A principios de año, un estudio en EE.UU. descubrió que más de dos horas de televisión al día incrementaba el riesgo de diabetes del y enfermedades cardiovasculares. Más de tres horas llevaba un riesgo de muerte prematura.

Beneficios para la salud

Aquél fue un estudio que dejaba claro que no era ver la tele el problema, era más bien que, en exceso, reflejaba una vida poco saludable.

Veerman afirma en su último estudio que lo que quiere dar es un mensaje positivo, que cada paso cuenta. En otras palabras, que pequeñas modificaciones en la rutina diaria, como ver menos televisión para hacer algo más activo, puede ser traer enormes beneficios para la salud.

Este argumento aparece subrayado por otro nuevo estudio en actividad física de unos : un cuarto de hora de actividad física al día puede reducir el riesgo de morir en un 14% y aumentar la esperanza de vida en 3 años respecto a una persona sedentaria.

En lo que coinciden todos los estudios es en que la actividad física es beneficiosa y unos pequeños cambios pueden llevar a más largos y saludables estilos de vida.

Lo que no hay que hacer es dejar de ver la televisión o leer, lo mejor es comer menos chucherías y caminar más.

BBC Mundo.com

Aunque todavía no la hemos probado y preferimos no comentar nada acerca de nuevas tecnologías sin probarlas previamente, los resultados de las ventas de la tablet más esperada del año, luego del iPad 2, la HP TouchPad parecen ser sorpresivamente bajas.

Solo un 10% de las tablets enviadas a tiendas en los Estados Unidos se logró vender, un número que tiene a los expertos del segmento rascándose la cabeza ya que según diversos estudios de mercadeo los usuarios estarían esperando ansiosamente el lanzamiento del nuevo sistema operativo resultante de la unión entre HP y Palm, el WebOS.

Aunque es muy temprano para condenar a muerte la tablet de HP, los vendedores de la tablet han sido los primeros en contactar a la empresa para ver si estarían dispuestos a recibir de vuelta las miles de tablets que compraron inicialmente.

Best Buy, la gigante de electrónicos estadounidense  se arriesgo confiada en los estudios de mercadeo y pidió más de 200 mil unidades, para la fecha no han podido vender ni el 10% del stock que ordenado ni siquiera luego de ofrecer rebajas y promociones especiales.

A principios del mes de Agosto HP rebajó los precios de su tablet unos U$100 para hacerla más competitiva y nada. Esperamos que esta alternativa al iOS de Apple o al Honeycomb de Android despegue, ya que de no ser así la pelea se centraría entre Google y Apple, mientras que un tercero que entre al ring podría beneficiar a todos los que trabajan y se entretienen con una tablet.

Cuando ya el presidente Hugo Chávez y su ministro de finanzas Jorge Giordani (por cierto según las revistas especializadas el peor de Latinoamérica) acompañados del presidente del Banco Central, Nelson Merentes, confirmaron lo que se había filtrado a los medios días antes en cuanto al traslado de las reservas de oro y monetarias del país que estaban en Europa y Estados Unidos serán trasladadas a bancos de Rusia, China y Brasil, considero oportuno revisar este segmento de la historia española en 1936.

Recojo estas notas que detallan como los comunistas rusos encabezados por Josef Stalin se apropiaron del 72% de las reservas de oro de España que el gobierno republicano, asediado por los nacionales, había enviado a Moscú para evitar que esas 510 toneladas de oro cayeran en mano del ejército de los nacionales.

Tras el fin de la guerra civil española y ante la rogatoria española de que le devolvieran su oro la Unión Soviética solo les dijo que  todo ese oro del Banco de España se lo quedarían como cobro por la ayuda militar prestada al bando republicano en la Guerra Civil (1936-39).

Esta ayuda consistió en el envío de soldados, asesores, técnicos, aviones y tanques. De esta forma, la URSS incumplía (al igual que Italia y Alemania) el acuerdo de no intervención en España para evitar la internacionalización del conflicto español como veremos más abajo.

Imaginémonos una situación irregular en Venezuela, orientada y montada por el actual gobierno con el fin de quedarse en el poder así pierda las elecciones presidenciales de 2012 o que desaparezca por su enfermedad cancerosa el comandante presidente, y ante la llegada de un nuevo gobierno se pida a China, Rusia o Brasil que devuelvan el oro o las reservas monetarias depositadas en bancos de esos países.

Con deudas tan grandes como las que tiene Venezuela en armamento comprado a China y Rusia, principalmente a ésta potencia, y en materia de préstamos por adelantado de suministro petrolero con los amarillos, la pregunta que surge es: ¿se cobrarán antes y se darán el vuelto?.

Aquí la historia de 1936:

Septiembre de 1936. La Guerra Civil entre nacionales y republicanos se encontraba en sus inicios, tras el triunfo y derrota parcial del golpe de Estado del 17, 18 y 19 de julio. La Junta de Defensa, dirigida por el general cartagenero Miguel Cabanellas, gobernaba la zona nacional y Manuel Azaña era el jefe del Estado de la zona republicana. Las tropas nacionales avanzaban con rapidez en los frentes de guerra. Los sublevados habían conquistado en los tres primeros meses del conflicto Andalucía Occidental, el sur de Extremadura y Talavera. La toma de esta ciudad incrementaba el cerco de Madrid por las tropas nacionales.

El Gobierno republicano estaba liderado por Francisco Largo Caballero (PSOE). El 4 de septiembre de 1936, Largo Caballero reemplazó en la jefatura del Gobierno a José Giral, debido a la marcha negativa de la guerra para los republicanos. El nuevo Gobierno organizó la estructura del Ejército republicano, con el fin de cambiar el rumbo de la guerra en favor del Frente Popular.

La ciudad de Cartagena permaneció en el bando republicano, al igual que el resto de la región de Murcia, durante la Guerra Civil (1936-39). La marinería de Cartagena consiguió derrotar la sublevación de la oficialidad de la base el 18 de julio de 1936. Cartagena tenía una importancia vital debido a su localización estratégica en el Mediterráneo y a su condición de base naval española más importante de la costa mediterránea. Cartagena fue la principal base naval de la República durante el conflicto. Las bases navales de Cádiz y El Ferrol cayeron en manos de los nacionales al principio de la Guerra Civil.

La base naval de Cartagena estaba compuesta por el 3^er Regimiento de Artillería de Costa, las flotillas de cruceros (Libertad y Méndez Núñez), destructores (Churruca, Barcaíztegui, Lepanto, Escaño, Gravina, Lazaga, Ulloa, Alsedo), acorazados y submarinos; la Capitanía General, el Arsenal y los polvorines. Además, la base naval de Cartagena está protegida desde el aire por el aeródromo de Los Alcázares y la base aeronáutica naval de San Javier.

La Guerra Civil se internacionalizó, a pesar de la creación del Comité de No Intervención en Londres (Gran Bretaña) en septiembre de 1936. Este comité estaba formado por 27 países europeos, entre ellos las grandes potencias del continente. Francia y Gran Bretaña respetaron el pacto, pero Alemania, Italia y la Unión Soviética (URSS) incumplieron el acuerdo internacional de forma sistemática. Alemanes e italianos respaldaron al bando nacional y los soviéticos al bando republicano.

El ministro de Hacienda, Juan Negrín, firmó un decreto reservado el 13 de septiembre de 1936, con el respaldo del presidente Largo Caballero, para el traslado de la mayor parte de las reservas de oro del Banco de España a la URSS. El presidente Largo Caballero negoció con el embajador de la URSS en España, Arthur Stashevski, el traslado del oro del Banco de España a la Unión Soviética.

El objetivo del Gobierno republicano era evitar la captura del oro por las tropas nacionales tras la posible caída de Madrid. El Ejecutivo de Largo Caballero no informó de esta medida al jefe del Estado, Manuel Azaña, pero suplantaron su voluntad en el decreto. “Se decidió que no lo supiera ni el presidente de la República, el cual se hallaba en un estado espiritual verdaderamente lamentable“, argumentaba Largo Caballero. Nunca se produjo la rendición de cuentas a las Cortes.

El decreto reservado decía lo siguiente:

“La anormalidad que en el país ha producido la sublevación militar aconseja al Gobierno adoptar aquellas medidas precautorias que considere necesarias para mejor salvaguardar las reservas metálicas del Banco de España, base del crédito público. La índole misma de la medida y la razón de su adopción exigen que este acuerdo permanezca reservado. Fundado en tales consideraciones, de acuerdo con el Consejo de Ministros, y a propuesta del de Hacienda, vengo en disponer, con carácter reservado, lo siguiente: Art. 1º: Se autoriza al Ministro de Hacienda para que en el momento que lo considere oportuno ordene el transporte, con las mayores garantías, al lugar que estime de más seguridad, de las existencias que en oro, plata y billetes hubiera en aquel momento en el establecimiento central del Banco de España. Art. 2º: El Gobierno dará cuenta en su día a las Cortes de este decreto“.

Las fuerzas de seguridad del Estado y las milicias de la UGT y CNT se apoderaron de las reservas del oro del Banco de España en nombre del Gobierno el 14 de septiembre de 1936. El gobernador del Banco de España informó al resto del Consejo Extraordinario del traslado del oro. El cajero principal del Banco de España se suicidó y los consejeros Martínez Fresneda y Álvarez Guerra denunciaron la extracción del oro por constituir una ilegalidad y presentaron su dimisión.

El Gobierno de Largo Caballero ordenó el traslado del 72 por ciento de las reservas de oro del Banco de España a Cartagena, para su posterior envío a la Unión Soviética. El Frente Popular eligió Cartagena como puerto de salida por sus grandes cualidades defensivas como principal base naval de la II República, por su situación estratégica en el Mediterráneo y por su condición de zona de retaguardia, alejada del frente de guerra.

Las fuerzas de seguridad trasladaron en cajas de madera las reservas de oro a la Estación del Mediodía de Madrid (actual Atocha). Desde allí, el oro del Banco de España viajó en tren hasta Cartagena, escoltado por las Brigadas Motorizadas del Partido Socialista (PSOE). Una vez en Cartagena, el oro del Banco de España quedó almacenado en el polvorín de La Algameca.

El presidente de la URSS, Josif Stalin, encargó al jefe de los servicios de inteligencia soviéticos en España, Alexander Orlov, la organización del traslado de las reservas de oro a su país. El ministro de Hacienda, Juan Negrín, y Alexander Orlov pactaron el traslado de las reservas a la URSS. Los tanquistas soviéticos de la base de Archena cargaron el oro español en los buques soviéticos atracados en el puerto de Cartagena durante las noches del 22, 23 y 24 de octubre de 1936.

El 25 de octubre de 1936, los buques soviéticos Kine, Kursk, Neva y Volgoles zarparon del puerto de Cartagena en dirección a la Unión Soviética. El oro del Banco de España llegó al puerto ucraniano de Odessa el 2 de noviembre. La Policía Secreta de la URSS se encargó de cargar las reservas de oro en camiones militares. Estos camiones transportaron con una escolta fuertemente armada el oro español hasta Moscú. El oro español llegó a Moscú el 6 de noviembre de 1936. Los servicios secretos de la Unión Soviética trasladaron el oro al Comisariado del Pueblo para las Finanzas en la capital de la URSS en calidad de depósito. Una comisión hispano-soviética se encargaría de su gestión durante la Guerra Civil. El embajador de España, Marcelino Pascua, formaba parte de esta comisión.

La Unión Soviética se apoderó de las 510 toneladas de oro del Banco de España en cobro por la ayuda militar prestada al bando republicano en la Guerra Civil (1936-39). Esta ayuda consistió en el envío de soldados, asesores, técnicos, aviones y tanques. De esta forma, la URSS incumplía (al igual que Italia y Alemania) el acuerdo de no intervención en España para evitar la internacionalización del conflicto español. Buena parte de la ayuda soviética llegó al bando republicano a través del puerto de Cartagena.

ALTO

SILLA ELÉCTRICA:

Están evaluando al más alto nivel ordenar una investigación rápida y exhaustiva en torno a las empresas contratistas de Corpoelec y Pdvsa que colocaron excesivos sobreprecios a varios de los proyectos de energía que fueron contratados. La voluntad es llevar a prisión a quienes tanto del sector público como de los contratistas incurrieron en esos delitos. La primera lista incluye revisión de lo “acordado” entre los rojos rojitos y sus amigotes para determinar si hubo o no irregularidades. Arrancarán con la planta hidroeléctrica de Tocoma y la rehabilitación de Macagua I con un costo por encima de 2.924 dólares por megavatio; le siguen el complejo térmico de La Raisa, con 2.742 megavatios acordado con un alto funcionario de Pdvsa que ya una vez Chávez había mandado a destituir y en la que se presume un sobreprecio a $2.400; Termozulia III  con 2.384 dólares por megavatio (empresa argentina-venezolana y española) y Termoisla III, con 1.986 dólares. Otras serían El Sitio y Planta Centro. La primera con la español Iberdrola y la otra con la francesa Alstom. El megavatio a nivel mundial estar por el orden entre los 800 y 1200 dólares. Aquí algunos están al triple de su valor…

MEDIO

LA FARSA SIGUE:

Igual que pasó en la reunión de anteayer con el sector salud, donde el gobierno demostró que no puede obligar a las clínicas a trabajar con un baremo por debajo de los costos reales, para que no pase como con el sector alimentos en el que -por poner un solo ejemplo- la oferta de aceite cada vez es menor pues los obligaron a venderlo a pérdida mientras se hacen la vista gorda permitiendo que los buhoneros lo vendan al doble y hasta el triple de su valor, el régimen está haciendo agua con el tema vivienda y trata de buscar arreglos con los “malditos y apátridas promotores y constructores privados”.

Tenemos información que desde el Indepabis han contactado a muchos de ellos en el exterior para conversar “amistosamente” ahora y buscarle una solución a la situación legal de quienes dejaron más de 18 mil viviendas a punto de terminarse, tomadas o expropiadas por los distintos organismos rojos, y cuya situación hoy es peor que en el momento de las medidas pues, irresponsablemente, han entregado algunas a otras personas dejando de lado a los que ya pagaron bastante.

Las negociaciones están orientadas a lograr que ese 70% de desarrolladores inmobiliarios que están fuera del país retorne tras se cumplan sus exigencias: reivindicación ante los venezolanos de quienes fueron sometidos al escarnio público al ser tildados de delincuentes y estafadores en la campaña oficial encadenada, levantamiento de las medidas de embargo a sus empresas y cuentas bancarias, montaje de esas mismas empresas y cese del acoso judicial con los procesos que se montaron apresuradamente y sin las respectivas pruebas en cada uno de los casos.

El gobierno “pide cacao” ante su fracaso en el sector vivienda. Aquí lo adelantamos. Hoy deben estar por salir las cifras oficiales semestrales del Reporte Macroeconómico del Banco Central de Venezuela en el que por la medida chiquita tienen que dar cuenta de la caída de un 3% del PIB respecto al sector construcción mientras que con las viviendas hay al menos un 15% menos que el semestre pasado.

La disminución en solicitudes de permisos para construir está por encima del 50% respecto a la misma etapa. Está pendiente dentro de la llamada ley de costo y precio justo levantar la “demagógica y des-cabellada” obligatoriedad  de destinar el 25% de las viviendas construidas para vender a la modalidad de alquiler las que luego deben ser vendidas a los inquilinos deduciendo lo que han pagado mensualmente. Algo que ningún promotor ni los propietarios están dispuestos a  aceptar.

Me soplaron que el retraso que hay en la entrega de dicho reporte se debería al maquillaje de las cifras de viviendas del semestre que no llegan a 25.000 y donde el 70% sigue siendo construido por el sector privado. Tratan de meter dentro de las 153.000 casas ofrecidas el programa de rancho por casa que “no son viviendas nuevas” pues están descubiertos en su incapacidad y corrupción…

RETROCESO:

Las medidas incluyeron a las llamadas asociaciones civiles. En el ente se dieron cuenta que no había nada delincuencial en la mayoría. Un funcionario se lo informó a muchos de los afectados en los casos de Los Samanes, La Tahona y Plaza Jardín.: “Ustedes manipularon a Chávez” les espetó en su cara. Ahora piden al organismo que levante las medidas para que terminen de entregárselos y pagárselos como “estaba previsto en los contratos”. Esos tres casos corresponden solamente a 600 familias que ni porque se pusieron camisas rojas solucionaron su angustia con el gobierno mas incapaz de la historia nacional. Y mire que han pagado coimas rojas…

BAJO

ECONOINVEST:

Copio de Descifrado.com la noticia que colocaron ayer en su web:

”Los liquidadores de Econoinvest parecen haber reaccionado a la presión de la opinión pública y el mundo financiero tras conocerse el pasado martes a través de la columna Runrunes del periodista Nelson Bocaranda, la clonación del cheque corporativo número 373145 de la cuenta 2517 en el Banco Provincial. Los responsables de la intervención solicitaron a las autoridades investigar la estafa por casi dos millones y medios de bolívares a partir de un cheque que originalmente tenía una denominación levemente por encima de siete mil bolívares, informaron fuentes conocedoras del tema a Descifrado. Este hecho se suma al destino incierto de parte del mobiliario en custodia por la junta encabezada por Nahunimar Castillo, tal como aparecía en los balances de Econoinvest y la custodia de los TICC, reportes y demás inversiones en divisas con pago pendiente a los acreedores”.

De nada…

VERSE EN EL ESPEJO:

Comienzan a aparecer serias discrepancias entre los rojos por algunas de las disposiciones de la nueva ley de arrendamiento. Quienes se han apropiado -o robado- a diestra y siniestra de los dineros públicos en todos los entes gubernamentales -léanse ministerios, asambleas, alcaldías, gobernaciones, tribunales, fiscalías, policías y todo aquello que fue pintado de rojo y le colgaron la foto del comandante como talismán de impunidad- y que al tener todo en billete contante y sonante y no poder transferirlo a monedas duras internacionales lo invirtieron -o lavaron- comprando propiedades inmobiliarias (casas o apartamentos a nivel nacional) han comenzado a reaccionar. “Esos apartamentos los compré como inversión para alquilarlos” es una repetida frase estos días. Las draconianas y demagógicas disposiciones que aún están en discusión afectarán a todos los venezolanos. No es como dicen algunos colectivos: “quien tiene más de un apartamento o casa es empresario y hay que reducirlo al mínimo”. Otra crisis incolora y muy seria…