¿Quién arma, en definitiva, a las letales pandillas que el año pasado  causaron la muerte  a 18.500 compatriotas? ¿No es cinismo ― aparte de una admisión de incompetencia― pretender  el desarme de un país prohibiendo juegos de video y organizando comisiones presidenciales que engordan el negocio de la publicidad oficial y el bolsillo de actores de telenovela y asesores “onegueros”, amiguetes todos del régimen chavista?

Comenzaremos citando cifras duras.

En 2011, el autorizado informe Global Burden of Armed Violence ( Carga de la Violencia Armada Global), publicado por la Declaración de Ginebra, calculó en más 526.000 las personas que cada año mueren  en el mundo a causa de heridas de arma de fuego.

Hay algo en el informe que contradice nuestra intuición: la mayoría de estos homicidios – 9 de cada 10 – ocurre lejos de conflictos armados convencionales. Son resultado, más bien, de situaciones creadas por el hampa común; esto es, son víctimas de la llamada violencia criminal.

El 42 por ciento de todos los homicidios por arma de fuego que ocurren en el mundo tienen lugar en América Latina. Considérese que en nuestro continente habita solamente el 10 por ciento de la población mundial.

A menudo, leemos las cifras de muertes por cada cien mil habitantes en algunos de nuestros países. Las registradas en nuestro país son, por astronómicas,  objeto de controversia entre el gobierno y los observatorios de violencia, acerca de sus causas. Centro América se reserva, junto con México, Colombia, Brasil y Venezuela el preocupante honor de tener las ratas de homicidios más elevadas de la región.

Otras cifras, quizá menos dramáticas y, por ello,  poco atendidas, dan cuenta del impacto que esa violencia y esas muertes tienen en las economías latinoamericanas. Según el ya citado Global Burden of Armed Violence, el costo de tan elevada tasa de homicidios representa el 14 por ciento del Producto Interno Bruto ( PIB) de todo el continente.

Desagregado, ese porcentaje arroja, por ejemplo, un 10 por ciento del PIB brasileño, el 10 por ciento del producto interno de El Salvador y el 25 por ciento del mismo índice para Colombia. Según muchos informes, la proliferación de huestes asesinas propiciada por los carteles  y el intenso tráfico ilegal de armas que ello trae consigo explican sobradamente los  efectos de la violencia criminal en la economía.

De este panorama emergen, llamativamente, algunas sorpresas, como la que el brillante periodista mexicano Salvador Camarena reseñaba hace poco en “Contando América” (http//blogs.elpais.com/contando-america), su muy recomendable blog que sobre América Latina  publica la edición online de El País de Madrid.

Examinando una presunta “mexicanización” de la narcoviolencia en países como Perú, Camarena glosa un artículo de Bret Stephens, aparecido en mayo pasado en el Wall Street Journal. Stephens llama la atención sobre una paradoja que ha dejado perplejos a los analistas económicos: durante los sangrientos años de la guerra contra el narco, y que en el quinto año del violento sexenio de Felipe Calderón ya arroja oficialmente más de 34.000 muertes, México, el país que muchos en EE.UU declararon hace tiempo ser un “estado fallido”, ha registrado un crecimiento económico del 5.5 por ciento, solamente  en los últimos tres años.

Resulta, pues, que en medio de una demencial y satánica violencia ordenada por los carteles para reducirlo y paralizarlo, el “estado fallido” mexicano vive un boom que se expresa, de nuevo, en sugestivos números: el peso mexicano se ha venido apreciando respectos al dólar, solamente  el año pasado, 23 millones de turistas visitaron México y el comercio con los EE.UU.  alcanzó un tope  histórico de casi 400 millardos de dólares.

En Ciudad Juárez, decana de la violencia en el continente, y donde más de 3000 personas fueron asesinadas el año pasado, la industria maquiladora ha añadido,  en el mismo lapso, más de 20.000 puestos de trabajo. El porcentaje de la población que en 2008 vivía bajo la línea  de la pobreza, declinó hasta un 47 por cierto desde el 63.7 por ciento de hace una década. Pero dejémosle las paradojas a los expertos que, al cabo, siempre encuentran una explicación a todo. Echemos un vistazo al fenómeno que acompaña todas estas muertes: el tráfico ilegal de armas.

Se estima que en el planeta hay un arma por cada diez personas. En más de 40 países se fabrican cada año ocho millones de armas. E gasto militar global alcanzó hace un año los 1.630 millardos de dólares. De nuevo, nuestro continente encabezó ese año la lista  de regiones que más incrementaron sus gastos militares: 63.300 millones de dólares. Los datos son del Instituto de Estudios sobre la Paz Mundial, de Estocolmo.

Cifras del gobierno calculan en 12 millones las armas que circulan ilegalmente en Venezuela. Buena parte de ellas surte a las bandas del llamado “microtráfico”, esto es, las bandas que en las barriadas del país se disputan ferozmente el control de los territorios. No es concebible que tal tráfico sea competencia de aficionados: es un hecho comprobado que el tráfico de armas ha sido, en todo tiempo y lugar, un subproducto del gasto militar.

Se calcula, al mismo tiempo, que más de 12.000 bandas armadas― léase bien: doce mil  ― actúan en Venezuela. Son las mismas que el año pasado causaron impunemente la muerte de 18.300 personas,  a razón de una por cada 27 minutos, según cifras del gobierno.

Por el lado de la demanda, las narcobandas de los barrios: por el de la oferta, el desbocado militar de un país cuyo ministro de la defensa ha sido señalado por la Secretaría del Tesoro estadounidense como compinche de la feroz narcoguerilla de las FARC.

¿Quién arma, en definitiva, a las letales pandillas que el año pasado  causaron la muerte  a 18.500 compatriotas? ¿No es cinismo ― aparte de una admisión de suma incompetencia― pretender  el desarme de un país prohibiendo juegos de video y organizando comisiones presidenciales que engordan el negocio de la publicidad oficial y el bolsillo de actores de telenovela y asesores “onegueros”, amiguetes todos del régimen?

www.ibsenmartinez.com

Con este título Erich Fromm nos lleva al análisis de la naturaleza humana, al proceso evolutivo, su intercambio con el entorno, con sus semejantes y al manejo de la autoridad como parte de esa libertad a la que muchas veces le tememos por los sacrificios que implicaría luchar por ella y no contra ella.

Según este texto que hoy nos sirve de referencia, el autor nos plantea los dos tipos de libertad con las que cuenta el individuo, interesante punto de partida para que la reflexión se convierta en un acto racionalmente útil. La “libertad de”, esa que le atribuimos a los atajos que utilizamos para zafarnos de situaciones incómodas y desagradables. Esta forma de comportamiento, a veces compulsivo muchas veces traslada el mismo problema a una dimensión más difícil de manejar. Por otra parte, el autor se refiere a “la libertad para” como un hecho racional, medido y compartido, útil para construir espacios de solución, en términos de ganar-ganar.

Es aquí donde cabe la pregunta si la mayoría de los venezolanos sólo queremos “librarnos del Gobierno”, “librarnos de Hugo Chávez”, “librarnos de esta pesadilla”. Si fuera así, estaríamos cometiendo un error infinito, ya que en la desesperación de desechar una situación conflictiva y decadente, podemos abrirle las puertas a un estadio de descomposición tal vez mayor que el actual. Hecho inverosímil para algunos, pero con probabilidades reales.

El planteamiento real es que los venezolanos necesitamos “libertad para” ya que el tema no es librarnos de Hugo Chávez. El reto es asumir el compromiso de forma individual y colectiva para construir un país diferente para todos, y en este sentido, debemos comenzar por asumir nuestras propias responsabilidades. Hugo Chávez no llega al poder por sí mismo ni se ha mantenido en él sin la ayuda de sus partidarios y de muchos venezolanos que lo adversan, pero que se esconden en la conveniencia del silencio para evitar las consecuencias de expresar públicamente el disenso como recurso legal de una democracia.

Debemos ser libres para reconstruir las instituciones públicas que le den marco a un Estado que respete los Derechos Humanos, que garantice la seguridad social, que respete la propiedad privada, que favorezca la regeneración del tejido social, desgarrado desde hace muchos años, y hoy atravesando una profunda crisis de valores.

Quienes deciden no participar en la recuperación de nuestra democracia, no ejercen su libertad para cambiar las cosas, pero seguramente desean estar libres de las consecuencias de un gobierno autoritario. Este es el momento de no temer a la libertad. Es el momento de colectivizar acciones individuales, de demostrar nuestro capital social, de empuñar las armas de la opinión razonada y del reto político.

Los venezolanos seremos capaces de reconstruir una nación al recuperar nuestra libertad?

Ese es un tema para desarrollar, pero para pensar en él debemos ser libres para ejercer nuestra voluntad de cambio este 12 de febrero y el próximo 7 de octubre. Son muchas las cadenas que nos permitimos imponer, desde el autosecuestro por la inseguridad, la pérdida de libertades económicas, hasta las insoportables cadenas radioeléctricas que tratan de obligarnos a ser receptores de más demagogia. ¡Tenemos el derecho  a recuperar el “yo social” para luchar por lo que muchos no se han percatado que perdimos!

@Greyesg