Es sabido que el arrodillamiento de la Administración de Justicia, para disponerla al servicio de los fines proselitistas y militantes del gobierno venezolano, viene desde atrás.
Durante la Asamblea Constituyente de 1999 se procede a destituir sin fórmula de juicio a todos los jueces de la República, llenando sus vacantes con jueces provisorios y sin concurso, adherentes a la revolución bolivariana naciente, bajo el lema del saneamiento y la purga de la corrupción judicial; pero en lo adelante jueces sin autonomía, por ser ellos de libre remoción.
Luego, a quienes ocupan provisionalmente los sillones de los magistrados destituidos de la antigua Corte Suprema de Justicia, transformada en Tribunal Supremo de Justicia, al momento de pedírseles cumplir con las novísimas exigencias del texto constitucional naciente y así relegitimarse, deciden en causa propia y sin ambages no estar sujetos a la Constitución.
Mucha agua ha ido al molino hasta el presente. Son muchos los casos en los que esa Justicia sirviente y politizada ha sido objeto de perversa manipulación para ocultar crímenes de Estado, diluyéndolos tras el manto de la ley y su interpretación a conveniencia, por verdaderos jueces del horror. O se les silencia, con aviesa impunidad. Allí están los asesinatos de Danilo Anderson y del abogado Antonio López Castillo, la condena de los comisarios Simonovis, Vivas y Forero, o la privativa de libertad que hasta ayer sufre -mediando el primer milagro del Papa Francisco- la juez María Lourdes Afiuni.
En su informe sobre Venezuela la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2009, señala que se usa a la Justicia para perseguir la disidencia política. Antes, en 2004, Human Rights Watch denuncia la “toma política” de nuestro Tribunal Supremo, o constata después, en 2012, que “el Presidente y sus partidarios están dispuestos (y cuentan con los poderes para hacerlo) a castigar a quienes desafían u obstruyen sus objetivos políticos”. No por azar, uno de los jueces supremos, hoy vicepresidente del Alto Tribunal, Fernando Vegas, afirma que es deber de todo juez perseguir a quienes se aparten del corsé revolucionario.
Se creía que todo estaba dicho y nada más ominoso podía ocurrir hasta cuando, durante el último año de vida del titulado Comandante Presidente, Hugo Chávez Frías, su juez de confianza, quien se declara fiel subalterno, el coronel Eladio Aponte Aponte, cabeza de la Sala Penal del TSJ, confiesa lo que es un escándalo. Él y las otras cabezas del sistema – la entonces presidenta del Supremo Tribunal, Luisa Estella Morales, autora de las dos sentencias que en enero pasado le aseguran a Nicolás Maduro su condición de sucesor a dedo en la Jefatura del Estado, y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz- acuden cada semana a la sede de la Vicepresidencia de la República para recibir instrucciones sobre sus desempeños.
A la sazón, este personaje siniestro, actualmente bajo cuidado de la DEA, dice haber redactado, bajo disciplina militar, condenas de inocentes y librado de la cárcel a narcotraficantes bajo instrucciones del Palacio de Miraflores. Ocurre la muerte moral de la República, como lo afirmo en mi libro “Historia inconstitucional de Venezuela” (Caracas, 2013).
El saldo actual es desdoroso. Tanto que, los marchantes espetan, a quienes les reprenden por sus comportamientos disolutos, arbitrarios, o violentos en la calle, que si Nicolás también es gobernante cargándose a la Constitución y las leyes, no tienen razones para respetarlas. La hora del destape ha hecho cuna en la tierra que otrora ve nacer a Simón Bolívar, su primer “gendarme necesario”. Las formas ya ni siquiera se cuidan, y las denuncias laceran pero se olvidan en la hora siguiente.
Las grabaciones ilegales se venden al detal. Y las más emblemáticas, sin que inmuten a jueces o fiscales, muestran a un Mario Silva, vocero del presidente muerto -su instrumento para acabar con la reputación de sus adversarios- desnudándose como espía del G2 cubano y acusando a sus camaradas -entre éstos al presidente de la AN, Diosdado Cabello- de corruptos y ladrones. O señalan a diputados de la oposición – como Heliodoro Quintero- de quintacolumnas de la mafia gubernamental y sus empresarios de maletín, encargados de corromper el alma de sus compañeros de bancada.
Agotado, exhausto el honor patrio, nada agrega, pues, la última bofetada que se le propina a la Justicia. Adán Chávez Frías, hermano del partero de tantas desgracias juntas e ingeniero, denunciado varias veces por delitos contra el Tesoro Público, acaba de jurar, ante la nueva presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, como director ejecutivo de la Magistratura. ¡Dentro del albañal todo, fuera del albañal nada!
Por Asdrúbal Aguiar
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