En La Habana las FARC han ejecutado con lujo de detalles el libreto de una aburrida obra teatral cuya trama consiste en jugar con las expectativas de paz de los colombianos. Dicha obra siempre comienza con un reconocimiento retórico sobre la importancia del diálogo para buscar “la salida negociada al conflicto armado”. El nombre de la paz, manipulado con adjetivos, sirve de bandera para sostener que ella “es mejor que seguir matándonos”, como si los colombianos se estuvieran matando a diestra y siniestra en una guerra civil.

Los agentes del establecimiento, llenos de buena fe y algo de torpeza, han aceptado de buena gana y con gran candor la invitación a hacer parte del elenco en cuatro ocasiones en las que con leves cambios de escenografía y diálogos, concluyen en rotundo fracaso.

El segundo acto del drama, el más largo, pues dura meses y hasta años, consiste en una decodificación semántica que le agrega nuevos sentidos a las palabras paz, diálogo, democracia y justicia, entre otras. El discurso inicial cede el campo a todo aquello que no se contemplaba. Las guerrillas han demostrado, en las cinco escenificaciones, una gran habilidad para posar de representantes del pueblo,que sus propuestas deben ser atendidas y realizadas, que la entrega de armas nunca tendrá lugar, que están en igualdad de condiciones con el Estado, que no son victimarios sino víctimas, que no van a pagar un solo día de cárcel, que no van a reparar a nadie ni mucho menos pedirán perdón. Y, la tapa, que el Estado debe ser reformado profundamente -algo así como el propósito de “refundar la patria” de políticos y paramilitares en Ralito- por medio de una asamblea constituyente. En la tribuna no faltan los que aplauden la tragicomedia, los que dicen que no nos debemos sorprender con lo que plantean y que es mejor que hablen con ideas en vez de con las armas.

El final es el esperado por defecto, las partes se levantan de la mesa, cada cual le achaca las culpas al otro. La guerrilla, como siempre, dirá que no fue escuchada, que el régimen oligárquico los quería humillar. El saldo, a pesar de lo dicho por Santos, es de desazón pública ante la nueva pérdida de la esperanza en la paz. El presidente no podrá reelegirse ni ser premiado con el Nobel de la Paz.

No obstante, las improductivas conversaciones de paz en La Habana dan señales de agonía. Desde Oslo, Iván Márquez dio señales de que irían más allá del documento inicial. Muchos advertimos que ahí cabía toda la Agenda Nacional. Con el paso de los días han subido el volumen de sus aspiraciones y exigencias. ¿Por qué lo hacen? Amén de todas las explicaciones que se escuchan en los medios hay una muy poderosa: las FARC no olvidan que hacen parte del proyecto de la revolución chavista-bolivariana que pretende implantar el socialismo del siglo XXI. Por eso no entregan armas ni renuncian a la lucha armada.

En La Habana están realizando el congreso que no pudieron celebrar en los diez años anteriores por el acoso de las tropas oficiales. Completan ocho meses hablándole al país y al mundo. Han copado los primeros lugares de la coyuntura política, son noticia a toda hora y mantienen la iniciativa sobre el equipo gubernamental. Han sabido sacar partido del afán oficial para abrirle paso a la reelección de Juan Manuel Santos.

Con mucha astucia y nuevas vestimentas, la facción más política de las FARC se niega a reconocer el fracaso de la vía armada. Siguen pensando que son el pueblo en armas, magnifican su poder para formular exigencias que no se compadecen con su debilitamiento estratégico, insisten en su culto a las armas. En este momento son los que dan al traste con la esperanza de paz negociada, de modo que el historiador Marco Palacios se debe tragar lo que le dijo al diario El Paísde España apenas se iniciaban las conversaciones en el sentido de que “no había una fuerza en Colombia capaz de hacer fracasar la paz”. Las FARC le tapan la boca.

A más de un columnista dejan mal parado con sus desorbitadas propuestas. Al presidente Santos le tumbaron hace rato el llamado a los colombianos de que había “que creerles”. No sé si haya que esperar un ataque militar horrible para que dirigentes partidistas nacionales dejen de decirnos pendejadas en las que pocos creemos como que “estamos más cerca de la paz que nunca antes”, como dijo el ex presidente Cesar Gaviria.

En el colmo de la ingenuidad no faltan los que les escriben a los jefes farianos de La Habana para que moderen su lenguaje para evitar que los “enemigos de la paz” y la “extrema derecha” se salgan con la suya, como quien dice, las FARC no son los enemigos de la paz ni son extremistas. Pero, se preguntarán los lectores de estas reflexiones: ¿qué están buscando las FARC en la mesa de La Habana? Pienso que tratan de crear una situación en la que puedan participar del juego electoral a través de movimientos del tipo marcha patriótica sin dejación de armas y poner de esa forma contra las cuerdas al Gobierno. Le están cobrando duro a Santos el reconocimiento que les hizo como contraparte y su premura reelectoral. Mantienen vigente su sueño de convertir a Colombia en piedra angular del proyecto chavo-socialista. Pero, y quizás aquí puede estar la clave de toda su estrategia: o les aceptan sus demandas sobre el Estado y el régimen político y aspiraciones de impunidad u obligan al gobierno, con provocaciones, a tomar la decisión de pararse de la mesa y quedar como responsable del fracaso. En esta apuesta es que se puede decir con alto grado de certeza que sí hay quinto malo.

Fuente: Ventana Abierta

La Constitución Nacional garantiza el derecho a huelga en su artículo 97. Sin embargo, en los últimos años Provea ha denunciado el empleo de diversos mecanismos por parte del Estado venezolano para restringir y criminalizar su ejercicio.

Por vías legales se mantiene la negación del derecho a huelga y cada vez es más riesgoso para los sindicalistas convocar a la paralización de actividades.

Hemos señalado que la creación de un entramado legal orientado a criminalizar las luchas y disminuir la capacidad de movilización de los trabajadores y los sindicatos, atenta contra conquistas históricas del movimiento obrero como la libertad sindical y el derecho a huelga, y está reñido con los principios consagrados en la Constitución Nacional y las normas contenidas en los Convenios, Pactos y Tratados Internacionales suscritos por el Estado venezolano.

La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT) junto a la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación, son la expresión más acabada de ese andamiaje represivo.

En diciembre de 2002, en el marco de un período de intensa conflictividad política, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Los Títulos IV y V contemplan la clasificación de las llamadas Zonas de Seguridad y las Sanciones y Penas ante la violación de los preceptos señalados en dicho instrumento legal.

Los trabajadores venezolanos han sido las principales víctimas de la criminalización y la judicialización de sus luchas, que bajo el mandato de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, ha emprendido el Estado venezolano.

Rubén González permaneció 17 meses en la cárcel, y actualmente está sometido a juicio luego que la sentencia que lo condenó a 7 años de prisión, fue anulada debido a las acciones de rechazo del movimiento sindical a nivel nacional.

Entre los delitos que se le imputan, está la violación del artículo 48 de Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, cuya pena aplicable está contenida en el artículo 56 de la misma: “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”.

El mismo principio fue aplicado en 2012, contra 5 trabajadores de la construcción en el Estado Táchira, quienes fueron sometidos a la justicia militar, luego de realizar una protesta a las puertas del Fuerte Murachí, exigiendo el pago de sus pasivos laborales a la empresa Xacobeo, C.A.

La Organización No Gubernamental “Control Ciudadano” ha calculado que un 32% del territorio venezolano ha sido calificado como zona de seguridad.

En el año 2009 Provea calculó que por delitos tipificados en el Código Penal y por “violación de zona de seguridad” 2.400 luchadores sociales se encontraban en regímenes de presentación en tribunales tras haber sido privados de su libertad en el contexto de una manifestación.

La Ley de Seguridad de la Nación es casi una copia al calco de la “Ley de Seguridad Interior del Estado” chilena, aprobada en 1958 durante la presidencia del militar Carlos Ibáñez del Campo, y reeditada por el Gobierno de Sebastián Piñera para criminalizar las luchas del pueblo Mapuche.

Por su parte, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (LODOFAT), aprobada en mayo de 2012, está orientada a la criminalización de la protesta y la proscripción de las formas de lucha que históricamente ha adoptado el movimiento obrero.

Provea denunció a esta Ley como potencial violadora de los derechos humanos debido a su ambigua definición de “acto terrorista” y “delincuencia organizada”.

La LODOFAT, es la versión venezolana de la USA Patriot Act o Ley Patriota Norteamericana y una aplicación del Manual Antiterrorista del Fondo Monetario Internacional. Establece penas para las personas naturales y jurídicas, que sean calificadas como terroristas o cooperantes con el terrorismo.

El caso más emblemático de aplicación de la Ley Antiterrorista ha sido el de Yendrick Sánchez, un joven que interrumpió el acto de toma de posesión del presidente Maduro el pasado 15.04.13. Sin embargo el objetivo principal de la LODOFAT es la desarticulación y desmovilización de los sectores en lucha, entre ellos, los sindicatos y gremios.

Otros instrumentos jurídicos apuntan a la criminalización del derecho a huelga.

La Reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del año 2009, crea en su artículo 50 la figura de los llamados “cuerpos de combatientes”, unidades militarizadas en las empresas públicas y privadas cuyo objetivo podría ser impedir la paralización de la producción, lo que a juicio de Provea impediría el derecho a huelga usando los “combatientes”como esquiroles o grupos de choque.

Esta militarización de las condiciones laborales parece ratificarse con el anuncio realizado el pasado 23.05.13 por el Presidente Nicolás Maduro para la creación de las llamadas “milicias obreras”.

Asimismo, en días pasados, el Gobierno Nacional ordenó la militarización de la empresa Ferrominera del Orinoco, en un intento por quebrar una huelga que protagonizaron los trabajadores de esa industria, en reclamo de mejoras salariales y exigiendo el reenganche de quienes habían sido despedidos injustificadamente en 2012.

En dicha oportunidad, Provea denunció que la militarización de un conflicto de carácter laboral, generaba un grave precedente que, sumado a la creación y fortalecimiento de las Milicias Obreras, evidencian una elevación de la represión y criminalización del derecho a huelga.

En otros casos como la aplicación de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios” y la “Ley Especial de Defensa Popular contra el acaparamiento, el boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de alimentos o productos sometidos al control de precios”, se pretende restringir el ejercicio del derecho a huelga bajo el “objetivo de garantizar el acceso a los alimentos y combatir el desabastecimiento de productos básicos”.

En tal sentido, el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha insistido en exhortar al Gobierno Nacional a reformar la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios en su artículo 139.

Casos más recientes como las sentencias dictadas por el Juzgado Cuarto de Municipio del Área Metropolitana de Caracas, ordenando a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios (FAPUV) y a la Asociación de Profesores de la UCV (APUCV), el levantamiento del paro profesoral y la reanudación de actividades académicas en el Instituto Pedagógico de Caracas y en la Universidad Central de Venezuela, constituyen graves violaciones al derecho a huelga y al convenio 87 de la OIT en materia de Libertad Sindical.

Ante las continuas amenazas al derecho a huelga, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos, junto a organizaciones sindicales, gremiales, y defensoras de Derechos Humanos, ha iniciado una campaña en favor de esta constitucional y legítima conquista de las y los trabajadores venezolanos, y contra la criminalización de quienes luchan por mejores condiciones laborales.

Mediante el uso de la etiqueta #HuelgaNoEsDelito en twitter, reivindicaremos el pleno ejercicio del derecho a huelga.

Puedes apoyar esta lucha a través de cualquiera de tus redes sociales.

Levanta tu voz en la fábrica, en la universidad, en la comunidad. Difunde, denuncia, defiende tu derecho legítimo a la huelga.

Casi todas las grandes protestas en el mundo de los últimos años han comenzado por uno de estos dos grandes motivos: Alza del precio del transporte o aumento en los precios en el pan. El arrebato masivo de rabia contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez tuvo su origen en la subida de los precios de la gasolina situación que indudablemente está asociada al problema del transporte. Bueno, viéndolo bien, fue una justa protesta que tristemente degeneró en saqueo puro y simple; en asalto de mercados, supermercados, tiendas, ventas de artefactos eléctricos, en fin, todo aquello que tuviera valor.

Festín de delincuentes. Y para asombro nuestro y del mundo, el difunto presidente bautizó ese día como una fecha gloriosa. Los recientes acontecimientos en Brasil tuvieron su origen en el alza del precio del transporte, deslizándose rápidamente hacia un sinfín de áreas: Lucha contra la corrupción, mejores servicios públicos, plan de empleo, control del gasto público, disminución en la inversión en grandes obras deportivas, mejor sistema de salud, de educación y en fin; derechos de las minorías, disminución en la compra de armamento.

Tales protestas multitudinarias no tienen un partido político definido armándoles la agenda, ni cuenta con líderes mesiánicos ni dirigentes claramente visibles. Es la gente.

La mayoría. Intereses difusos.

Son centenares quienes aparecen coordinando y llamando a la protesta; los sistemas electrónicos y las redes sociales sustituyen de manera radical y óptima todos los modelos de comunicación anteriores. La Presidenta Rousseff, experimentada demócrata que viene de luchas similares no zapatea ni brinca acusando a USA, a la derecha internacional, a sus opositores, a supuestos conspiradores. No señor. La Presidenta llama al diálogo. Ofrece un plebiscito para decidir ciertas materias. Beyoncé, Lady Gaga y hasta Britney Spear declaran su solidaridad con el movimiento carioca de protesta. Y Dilma respeta la opinión de tales artistas, no sale a insultarlos, mucho menos a prohibirles la entrada a su país y muchísimo menos a acusarlos de agentes del imperio. Lamentablemente han fallecido en Brasil más de 15 personas, sobre todo en actos de saqueo y Dilma siempre responsable no ha ido a acusar de sus muertes a los dirigentes opositores y jamás de los jamases le pasaría por la mente declarar los saqueos “justa manifestación del pueblo” como muy bien hizo el difunto en repetidas ocasiones, llegando incluso a decir que robar comida no era ni tan malo si el propósito era bueno.

El dilema de Henrique Capriles se deriva precisamente de que es el principal líder opositor. Sólo en twitter tiene unos 3.5 millones de seguidores (verdaderos, no creados por repetidoras como los de Maduro, Izarra y Villeguitas) Si se pone al frente de las protestas o llama a una movilización como en Brasil, rápidamente ocurrirán la Fiscal, los Magistrados del Tribunal Supremo, la Defensora del Pueblo, la Asamblea Nacional, el Sebin, la DIM, la Policía Nacional, toda la podrida estructura del Estado, postrada lastimosamente frente al Ejecutivo, a responsabilizar a Capriles de todo cuanto les venga en gana. Es un chantaje feroz, implacable, protegido por una publicidad nacional e internacional de millones y millones de dólares.

Si Capriles no se pone al frente uno que otro tirapiedras profesional opositor desatará sus hígados en las redes para acusarlo de peores cosas que la mismísima Fiscal. Ante tal dilema, lo sensato es esperar.

No precipitarse. Guardar calma. Sosiego. El río encontrará el cauce perdido. La gente responderá. Que se desgañiten unos y otros. Las protestas en Venezuela dejarán pálido al movimiento brasileño. No tengo dudas. No hay mal que dure 100 años. Ni siquiera 19.