Fuente: HRW.org

Desplazados que intentan volver a su hogar sufren amenazas y ataques

(Bogotá) – Numerosos desplazados internos colombianos han sido víctimas de asesinato y amenazas de muerte generalizadas por intentar reclamar su tierra, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. Los abusos contra familias desplazadas que procuran regresar a su hogar casi siempre quedan impunes, al igual que los delitos originales de expulsión y despojo de sus tierras.

El informe de 203 páginas, titulado: “El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia”, documenta asesinatos, amenazas de muerte y nuevos incidentes de desplazamiento forzado cometidos contra desplazados que estarían vinculados con su esfuerzo por recuperar sus tierras. Muchas de las personas agredidas reclaman sus terrenos a través de la Ley de Víctimas, promulgada por el Presidente Juan Manuel Santos en 2011 para restituir millones de hectáreas de tierras abandonadas y despojadas a desplazados.

“El Presidente Santos impulsa un esfuerzo serio y sin precedentes para restituir tierras, pero los actos de violencia e intimidación contra familias desplazadas que intentan volver a casa amenazan con sabotear su iniciativa más importante en materia de derechos humanos”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “A menos que Colombia asegure el juzgamiento de los abusos contra reclamantes de tierras, estas personas seguirán siendo asesinadas, amenazadas y desplazadas por exigir lo que es suyo”.

Desde 1985, los abusos y hechos de violencia asociados al conflicto armado interno colombiano han forzado a más de 4,8 millones de colombianos a abandonar sus hogares, y se ha generado así la población de desplazados internos más numerosa del mundo. Se estima que los desplazados de Colombia se han visto obligados a abandonar 6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados, sus aliados y otros terceros, y continúan en poder de estos.

Durante un año y medio, Human Rights Watch realizó investigaciones in situ que incluyeron entrevistas con más de 250 reclamantes y líderes de restitución de tierras y funcionarios públicos. Los investigadores documentaron abusos contra víctimas de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, Córdoba, La Guajira, Sucre y Tolima, y también de Bogotá, que intentaban recuperar tierras a través de la Ley de Víctimas y otros mecanismos de restitución.

Human Rights Watch documentó 17 casos de asesinatos de reclamantes y líderes de restitución de tierras ocurridos desde 2008, en los cuales perdieron la vida 21 personas, y cuyas circunstancias ofrecen evidencias convincentes de que los ataques se debieron al activismo de las víctimas.

Human Rights Watch también documentó más de 80 casos de reclamantes de tierras que habían recibido graves amenazas, y más de 30 nuevos casos de desplazamiento, en los cuales los reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo.

A través de datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de información, se observó que estos casos documentados de asesinato, amenazas y nuevos desplazamientos conforman un patrón mucho más amplio. En agosto de 2013, la Fiscalía General de la Nación informó que estaba investigando 49 casos de asesinatos de “líderes, reclamantes o partícipes en asuntos de restitución de tierras” cometidos en la mitad de los 32 departamentos de Colombia desde el año 2000. Estos casos reportados incluían 56 homicidios.

Desde enero de 2012, más de 500 reclamantes y líderes de restitución de más de 25 departamentos han informado a las autoridades que recibieron amenazas. Las autoridades han determinado que más de 360 reclamantes y líderes amenazados se encuentran en una situación de “riesgo extraordinario” debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras.

“Las amenazas y los ataques persistentes son absolutamente previsibles, si se toma en cuenta la ausencia casi crónica de justicia por abusos cometidos en la actualidad y en el pasado contra desplazados que reclaman tierras”, comentó Vivanco. “Los fiscales no han imputado cargos en ninguna de las investigaciones que impulsan sobre amenazas contra reclamantes de tierras desplazados y sus líderes en represalia por sus esfuerzos de restitución”.

También son excepcionales los casos en que las autoridades judiciales juzgan penalmente a las personas que obligaron en un primer momento a los reclamantes a desplazarse y se apropiaron de sus tierras.

De las más de 17.000 investigaciones en curso de casos de desplazamiento forzado a cargo de la principal unidad de la Fiscalía que se ocupa de estos delitos en toda Colombia, en menos del 1 por ciento se ha dictado una condena.

En enero, esta unidad de la Fiscalía había conseguido en total apenas cinco condenas en casos de desplazamiento forzado ocurridos en Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, en ese entonces los cinco departamentos de Colombia con mayor cantidad de solicitudes de restitución de tierras, y donde al menos 1,7 millones de personas han sido desplazadas desde 1985, según datos proporcionados por el gobierno.

Debido a la falta de justicia por los desplazamientos forzados y despojos, los actores más interesados en conservar el control de las tierras que obtuvieron ilegalmente no están bajo el escrutinio de las autoridades y pueden fácilmente frustrar mediante actos de violencia el retorno de los ocupantes originarios, señaló Human Rights Watch.

Las autoridades no han contrarrestado significativamente el poder de los grupos sucesores de paramilitares, y esto también implica una amenaza directa para la seguridad de los reclamantes de tierras. Dichos grupos heredaron las operaciones delictivas de la coalición paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) luego de que estas participaran en un proceso de desmovilización con graves falencias implementado por el gobierno anterior. Hasta el momento, los grupos sucesores del paramilitarismo han sido los autores de gran parte de los ataques y las amenazas contra reclamantes de tierras.

Asimismo, algunos terceros que se apropiaron de las tierras luego de que fueron expulsados sus ocupantes originarios (a veces en connivencia con paramilitares), al igual que el grupo guerrillero de izquierda denominado Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también han atacado y hostigado a reclamantes y líderes que intentaron recuperar su propiedad.

El programa de protección gubernamental, pionero en la región, ha otorgado medidas de protección a cientos de reclamantes de tierras y líderes en riesgo, incluidos chalecos antibalas y escoltas. Si bien son muy importantes, se trata en definitiva de medidas paliativas, puesto que no contribuyen a controlar ni juzgar a los grupos armados, las mafias delictivas ni otros actores que amenazan las vidas de los reclamantes, expresó Human Rights Watch.

Las limitaciones del programa de protección gubernamental se tornan evidentes si se toma en cuenta que, a menudo, debe reubicar a reclamantes amenazados debido a que las autoridades no pueden garantizar su seguridad en el lugar donde viven. Desde enero de 2012, el programa ha reubicado temporalmente a más de 90 reclamantes de tierras y líderes de restitución de tierras en nuevas zonas a causa de graves amenazas contra estos.

Hasta junio de 2013, la Unidad de Restitución, encargada de implementar la Ley de Víctimas, había logrado que se dictaran sentencias de restitución en el 1 por ciento de las más de 43.000 solicitudes de restitución recibidas. Hasta julio, solamente una familia había regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias dictadas en el marco de la Ley de Víctimas, y con el apoyo de la oficina gubernamental encargada de coordinar el retorno de los desplazados, si bien muchos otros beneficiarios de estas sentencias visitaban regularmente sus tierras para cultivarlas.

Si Colombia no adopta medidas adicionales para poner freno a los abusos, es probable que el problema se agrave considerablemente, aseveró Human Rights Watch. Es predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que avancen las miles de solicitudes de restitución en curso, las familias empiecen a retornar a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron ilegalmente vean afectados sus intereses de manera más directa.

La Fiscalía debería trabajar en colaboración con las autoridades que intervienen en la restitución de tierras para perseguir enérgicamente los delitos cometidos contra reclamantes en las zonas donde hay procesos de restitución en curso. Deberían coordinar sus actividades para poder aprovechar la concentración de denuncias relativas a casos relacionados. Esto permitirá a las autoridades judiciales efectuar investigaciones sistemáticas de los desplazamientos forzados, despojos, amenazas, asesinatos y otros abusos contra desplazados que reclaman tierras.

El gobierno colombiano debería además redoblar los esfuerzos por desarticular a los grupos sucesores de paramilitares, especialmente erradicando los vínculos corruptos que mantienen con funcionarios locales de algunas regiones, comentó Human Rights Watch.

“En Colombia, intentar recuperar tu tierra a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizado, mientras que quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los atacan por intentar recuperarlas prácticamente nunca tienen que rendir cuentas por sus actos”, observó Vivanco. “El problema no se solucionará con chalecos antibalas y escoltas. Sólo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas”.

Los casos documentados por Human Rights Watch sobre amenazas y ataques contra reclamantes y líderes de restitución incluyen:

Abusos reiterados —incluidas amenazas de muerte, nuevos incidentes de desplazamiento forzado y asesinatos— cometidos desde 2008 contra más de una decena de miembros del capítulo en Urabá de Tierra y Vida, una asociación de población desplazada que promueve la restitución de tierras. Uno de esos casos es el del líder de Tierra y Vida Albeiro Váldez Martínez, quien retornó a su finca en el corregimiento de Totumo, Antioquia, en noviembre de 2009. Denunció haber sido amenazado por el ganadero que inicialmente había ocupado el predio después de su desplazamiento, y fue hallado muerto en mayo de 2010. Al mes siguiente, el alcalde devolvió el predio de Váldez al ganadero. Hasta el momento no hay imputados en relación con el asesinato de Váldez, y los familiares que persistieron en su intento por recuperar la tierra en Totumo siguieron recibiendo amenazas.

En 2012 y 2013, las sucesivas amenazas contra líderes de la Mesa de Víctimas de Carmen de Bolívar, un comité municipal creado para permitir la participación de víctimas en la implementación de la Ley de Víctimas, obligó a seis de estas personas a abandonar el pueblo, al menos momentáneamente.

Ermes Vidal Osorio y Ever Cordero Oviedo, dos reconocidos líderes de población desplazada de la Mesa de Víctimas de Valencia, Córdoba, fueron asesinados con una diferencia de 3 semanas en marzo y abril de 2013. Decenas de familiares de Cordero abandonaron Valencia tras el homicidio.

Diversos líderes que promueven el retorno de desplazados a sus tierras en el sur del departamento de Tolima informaron haber sufrido amenazas graves y frecuentes por parte de las FARC. Por ejemplo, Germán Bernal y otros líderes desplazados indicaron que durante encuentros obligatorios mantenidos por las FARC en zonas rurales del sur de Tolima, estas anunciaron que se oponían a que los desplazados regresaran a sus hogares y declararon a sus líderes como “objetivos militares”.

Varios residentes y líderes que retornaron a territorios colectivos en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó han sufrido numerosos abusos, incluido el secuestro y homicidio de Manuel Ruiz y su hijo de 15 años en marzo de 2012. El orden secuencial en que se produjeron los hechos vinculados con el secuestro plantea graves interrogantes acerca de la posible tolerancia, por parte de policías locales, frente a las operaciones de los miembros del grupo sucesor de paramilitares señalados como responsables de la muerte de Ruiz y su hijo.

Assad ha sido capaz de utilizar, contra su propio pueblo, artillería pesada, aviación y más recientemente armas químicas, prohibidas por el  Derecho Internacional.  Barrios enteros son  bombardeados de forma absolutamente indiscriminada, sólo porque su población es de mayoría sunita y, por tanto, considerada  enemiga de un gobierno dominado por la minoría alawita, una secta del chiísmo. La prueba de que la reciente masacre, con armas químicas de un barrio sunita en Damasco fue provocada por el ejército de Assad, se hizo evidente cuando el propio secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, lo confirmó en una conversación privada, que se escuchó por la ya clásica distracción del  “micrófono no apagado”.

A diferencia de lo afirmado por el gobierno Maduro, EEUU no tiene ningún interés en la casi inexistente exportación  petrolera siriana, Obama no tenía la menor intención de intervenir militarmente en Siria, pero cometió quizás la imprudencia de decir, hace alrededor de un año, que la utilización de armas químicas por parte de Assad  significaba traspasar una “línea roja” y que, en ese caso, la comunidad internacional debería “castigar” a Assad.  De esa forma,  Obama  puso en juego la credibilidad del presidente de los Estados Unidos.  Frente a la “transgresión” de Assad, no hacer nada hubiese tenido un costo  político internacional inaceptable para Obama. Los aliados de EEUU, como Japón, Taiwán y los mismos integrantes  de la OTAN, cuya seguridad externa depende, en buena  medida, de la garantía militar norteamericana, perderían la confianza en la misma. Sin embargo, dada la impopularidad  de la intervención  militar en una opinión pública norteamericana, “cansada” por las guerras de Irak y Afganistán, en una época de déficit fiscal y crisis económica, creó las condiciones para que Obama buscara el jurídicamente innecesario apoyo del Congreso para  tratar de “repartir” el costo político interno de la intervención.  La aprobación parlamentaria no era fácil por la “non sancta” alianza en contra de la acción militar de las “palomas”, demócratas pacifistas a ultranza, los republicanos aislacionistas y los conservadores incapaces de apoyar a Obama en nada.  Por eso, cuando Putin propuso la eliminación, con verificación internacional, de las armas químicas sirias, EEUU aceptó negociarla. El acuerdo se logró en tiempo récord.  De esta forma Obama  evita, por ahora, una intervención impopular, logra un  éxito diplomático  en la aceptación por parte de Siria de destruir unas armas químicas, que Assad ni siquiera había admitido de poseer y puede afirmar  que esto se logró sólo por la amenaza creíble del uso de la fuerza.  El tiempo dirá cuáles serán los resultados efectivos del acuerdo. Mientras tanto la guerra civil, que ya ha provocado 120.000 víctimas y 6 millones de refugiados, continúa inexorablemente. 

Correo del Caroní

“Cuando reclamamos nuestros derechos dicen que no somos patriotas”

Sidoristas exigen que Sutiss luche por el pago la deuda por la mala aplicación de la hoja de cálculo.

 

por Clavel Rangel / Miércoles, 18 Septiembre 2013

Los trabajadores de Sidor niegan que estén saboteando la producción de la empresa como lo señalan algunos dirigentes del comité ejecutivo del sindicato Sutiss.

Ante las acusaciones de la propia dirigencia sindical, los protestantes reiteran la exigencia que sostienen desde hace una semana: que el presidente de Sidor, Javier Sarmiento, y el comité ejecutivo de Sutiss firmen un acta en el que acuerden aplicar correctamente la hoja de cálculo con todos los beneficios del contrato vigente.

El trabajador de Laminación en Caliente, Hernán López, exigió que se subsane el contrato vigente. Están en desacuerdo en corregir sobre el anteproyecto porque eso implicaría -indicaron- borrón y cuenta nueva.

Creen que el comité ejecutivo se ha negado a la instalación de esa instancia porque el solo hecho de reconocer el error los dejaría mal parados, “pero nosotros consideramos que ya lo mal que se hizo ya está hecho, pero queremos se corrija el error”.

En nombre de los trabajadores de Laminación, López rechazó que se les califique de saboteadores por la paralización de un 80 por ciento de la planta. “Cuando los trabajadores hacemos sacrificio para mantener medianamente la operatividad de la empresa, cuando trabajamos con las uñas, que no nos dan la dotación de la ropa, que no nos dotan de las protecciones de seguridad allí sí somos buenos y patriotas, pero cuando reclamamos nuestros derechos entonces somos saboteadores”.

El delegado departamental del tren de Barras y Alambrón, Carlos Mata, abogó porque se restituya la comisión de Sutiss que revisaba la aplicación de la hoja de cálculo.

Al igual que el dirigente Cruz Hernández, los trabajadores plantean mantener la protesta hasta que Sutiss y Sidor den su brazo a torcer.

 

Correo del Caroní

Huelga en Sidor perturba discusión del contrato colectivo

Por  Clavel A. Rangel Jiménez Martes, 17 Septiembre 2013

El presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), José Luis Hernández, reconoce haber firmado el acta del 6 de noviembre de 2008 -que, según sus adversarios, desmejoró el cálculo de las utilidades de los trabajadores de Sidor.

Cinco años después, su acto de contrición va acompañado de algunas justificaciones: “no era sólo las utilidades, era una crisis arrastrada por la eliminación de las dos meritocracias porcentuales, por la unificación de la nómina confidencial que hizo la vieja dirigencia…”, justifica Hernández.

Ahora que los trabajadores exigen cuentas claras, el dirigente dice respaldarlos sin que ello signifique una vuelta atrás a la la protesta iniciada en Laminación en Caliente y Barras y Alambrón.

Los protestantes piden se corrija la hoja de cálculo, se extienda la “prima diurna” al turno rotativo y se muestre -entre otros puntos- el acta donde el sindicato y Sidor acuerdan pagar las utilidades bajo la interpretación correcta, es decir, la cláusula 8 del contrato de 2008.

Hernández dice no comprender cómo es que ahora, cuando van a discutir las cláusulas económicas, surge este conflicto que podría retrasar la negociación de los últimos 17 puntos y en consecuencia la firma de la contratación colectiva.

A su favor aduce que en la mesa de discusión han abordado cada una de las 108 cláusulas del anteproyecto de contrato. Asegura que todos los beneficios han sido adaptados a la nueva Ley del Trabajo y mejorados y que, en este momento, lo que se requiere es unidad.

No va de frente contra la protesta espontánea emprendida por los sidoristas, pero resalta su preocupación por su impacto en el flujo de caja que puede convertirse en un bumerán para la negociación económica del contrato.

Punto a punto

Vía telefónica Hernández relató que el viernes Sidor y Sutiss acordaron pagar las utilidades de acuerdo con la interpretación del contrato colectivo. Afirma que no hay un acta, sólo el boletín informativo de la empresa, porque el documento se generará cuando calculen los pasivos generados por la cláusula 8.

En todo caso comentó que la gerencia se ha mostrado dispuesta a resolver cada uno de los reclamos de los trabajadores, de hecho, en eso están.

Sobre la extensión de la “prima diurna” a los trabajadores del turno rotativo, dijo que en Caracas el Ministerio de Industrias ya está en conocimiento de esa exigencia.

El beneficio, acordado en el 2011 por el viceministro para corregir un solapamiento de la nómina diurna, se ha convertido tres años después en un cuchillo en la garganta para la nueva administración de Sidor.

Pese a sus consecuencias económicas, el presidente de Sutiss respalda que ese beneficio -que básicamente compensa que los trabajadores laboren de día- se extienda a quienes lo hacen por turno.

El dirigente siderúrgico considera que la mayoría de los puntos de la hoja de cálculo se está resolviendo en la mesa contractual. En ese sentido, adelantó que el cálculo del retroactivo va por encima de los 28 meses que le corresponde a cada trabajador.

Todos estos puntos demuestran, afirma el presidente de Sutiss, los avances en la discusión del contrato.

Rebelión en planta

Pese a los alegatos de Sutiss y a sus peticiones de confianza, los protagonistas de la protesta se mantienen inamovibles en sus exigencias.

A una semana del conflicto, otros grupos se han levantado con todo tipo de reclamos sin que el comité ejecutivo haya podido convencerlos del camino de negociación que ellos lideran.

El delegado departamental de Laminación en Caliente y dirigente de Alianza Sindical, Fernando Pirela, brindó su respaldo a los trabajadores. “Al sindicato no le corresponde levantar protestas”, dijo.

Aunque cree que la mayoría de los conceptos de la hoja de cálculo se están resolviendo en la discusión de las cláusulas económicas, dice respetar la decisión de la mayoría de los trabajadores.

Por esa razón en Barras y Alambrón, el delegado Víctor Sulbarán indicó que esperan que el sindicato presente el acta donde acuerdan pagar las utilidades conforme a la cláusula 8.

A estas alturas la razón que impide levantar el conflicto se basa en la desconfianza en las acciones del comité ejecutivo, las cuales han sido aisladas y contradictorias en los últimos días.

Los equipos sindicales se responsabilizan unos a otros de los pasivos laborales, se alaban como si estuviesen en plena campaña sindical y hasta piden a Dios que desamarre a Sidor de los “espíritus” que la están perturbando.

Ni la presencia del presidente de Sidor, Javier Sarmiento, en algunas áreas este lunes ha podido convencer a los trabajadores. La manifestación revela una profunda crisis de liderazgo dentro de la institución siderúrgica.

Impacto

Sin embargo, la huelga en algunas áreas sólo ha extendido una condición previa. En Laminación en Caliente estaban parados desde el martes por falta de planchones para la fabricación de bobinas; sólo hasta el sábado tuvieron material para procesar.

Ya en Barras y Alambrón las condiciones eran críticas desde la semana pasada, por falta de un repuesto que impedía colocar en funcionamiento las seis grúas que se requieren para operar el tren.

El delegado departamental Carlos Mata informó que han estado resolviendo, antes de iniciar el pago, con algunas de las bandas con las que Sidor dotó el área de manera parcial.

Más tercerizados ingresan a Sidor

La comisión que presiona el ingreso de tercerizados a la nómina convenio de Sidor informó que este martes afinarán los detalles de un cronograma de ingreso que prevé la entrada de 1.732 trabajadores a partir del mes de noviembre.

La vocera Marilegnys Moreno indicó que este martes iniciarán la auditoría de las seis empresas contratistas.

Entre 2011 y 2013 más de ocho mil trabajadores tercerizados, un grupo de ellos no inherentes y conexos, han ingresado a la nómina de Sidor como parte de una orden del difundo presidente Hugo Chávez.

En la administración del “comandante” la nómina de la siderúrgica se duplicó. Los resultados operativos de la estatal aún no se recuperan.

 

Correo del Caroní

Sidoristas paralizan producción de cabillas por reclamos laborales

Por Jhoalys Siverio / Lunes, 16 Septiembre 2013 03:00

Este domingo se corrió el rumor de una paralización en Sidor. El ambiente era de incertidumbre, la mayoría de los trabajadores que estaba fuera de la planta no sabía a ciencia cierta qué sucedía; mientras unos decían que sí, otros negaban la situación.

Fuentes ligadas a la siderúrgica consultadas sobre el tema desestimaron las versiones de una paralización de la Siderúrgica del Orinoco.

El director laboral, Rafael Tizamo, afirmó que la planta no estaba paralizada, sino que había discordancias de algunos grupos por la discusión de algunas cláusulas del contrato colectivo, en especial a lo referido con el pago de la prima diurna. Yunis Hernández, vocero de Unidad Matancera, reconoció el clima de incertidumbre pero no daba créditos a las convocatorias de paros.

Más temprano el dirigente Cruz Hernández, dirigente sindical de Tendencia Clasista, informó de la protesta al referirse a la delicada situación que afirma viene ocurriendo en Sidor, debido a la molestia de los trabajadores por el incumplimiento de los pagos, falta de entrega de uniformes, retrasos en la aplicación del tabulador, además del mal cálculo del salario.

“Los trabajadores de Laminación en caliente están en pie de lucha”, manifestó Hernández, quien señaló también que los que actualmente están de paro “dicen que hasta que no haya soluciones por el mal cálculo de salario, no se van a levantar”. Los empleados de la nómina de conducción amenazan, a juzgar por las declaraciones de Hernández, con sumarse a la paralización sino se les cancela.

Hasta ahora está pautado que hoy a las 2:00 de la tarde se estén discutiendo estos puntos que aquejan a la clase obrera siderúrgica, y “esta semana tiene que darse una respuesta”, puntualizó el dirigente sindical, quien hizo un llamado al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), general Carlos Osorio, a que “deje el sectarismo y atienda a todas las camadas de Sidor”.

Para Hernández “esta rebelión que se desata en Sidor se originó por las secuelas de la firma del acta un en 2011, por parte del presidente de Sutiss, que desmejoró la cláusula 8, referida al cálculo de utilidades”. Este error fue subsanado el pasado viernes de acuerdo con la versión oficial de CVG.

“Saboteo”

El presidente de Sutiss, José Luis Hernández, fue contactado vía telefónica y reconoció que, ciertamente, existe un descontento en la clase obrera, el cual buscan corregir, por lo que están en las discusiones de las cláusulas que reivindiquen sus beneficios; prueba de ello fue la corrección en el cálculo de utilidades.

Con respecto a la paralización, dijo que hay ciertos factores que buscan crear descontento y boicot a la gestión sindical, para confundir a los trabajadores. “Alguna gente está paralizando para llamar la atención… hay áreas que es posible que estén paralizadas… en plena recta final pretenden confundir”, agregó el presidente de Sutiss, quien hizo hincapié en que “no podemos permitir que sectores que no van a las discusiones de los contratos pretendan sabotear”.

Mencionó que entre las 108 cláusulas de la convención colectiva de Sidor llevan 92 aprobadas, quedando sólo 16 por definir. Entre los beneficios que contempla este contrato están: utilidades de 160 a 200 días a salario integral; vacaciones de 175 días a salario integral, bono vacacional de 75 días y bono por anticipo del 70%; plan vacacional; bono de producción; pago adicional por antigüedad; entre otros. “Con esto estamos eliminando un descontento en la convención de 2008-2010”, puntualizó.

No hay paro
Un trabajador de la empresa consultó con varios de sus homólogos que estaban de guardia y le confirmaron que las operaciones en la planta se estaban dando con total normalidad.

Finalmente, José Meléndez, de Sutiss, consideró que algunos sectores de la empresa “están jugando al caos”, aclarando que si hay paralización en algunas zonas de la planta se deben a mantenimiento en esas áreas y no por una rebelión de los trabajadores.

 

Nueva Prensa

Tercerizados del Complejo Siderúrgico Nacional pidieron ingresos

Rita Colina
Foto: Antonio Abinazar

Ciudad Guayana.- Tercerizados del Complejo Siderúrgico Nacional (antiguo Sidetur), emplazaron a la junta directiva de la empresa a ingresarlos a la nómina fija cuanto antes, pues los lapsos de espera se agotaron.

El secretario de Reclamo y Trabajo de Sutrasosicays, Arjonio Ferrera, aseguró que debían abandonar su condición de contratados hace un mes, pero aún continúan expectantes. “Rechazamos los incumplimientos de nuestros beneficios por parte del Ejecutivo Nacional, hay pasivos que por ley deben cancelarse”, explicó.

Aseguró que la mala aplicación de la hoja salarial ha generado importantes cuentas por pagar. “Hay moras por los complementos de descanso y por la media hora de almuerzo… Los trabajadores no pueden abandonar el área”, indicó.

Añadió que los repuestos solicitados siguen sin entregarse. Recalcó que llevan seis meses esperando por dos payloaders y dos monta cargas para la sección de palanquillas. “Esa maquinaria es imprescindible, deben adquirirse si el Complejo quiere funcionar”, mencionó.

Recalcó que pese a que la alta dirigencia está al tanto de la situación, continúa de brazos cruzados. “Jesús Lugo ha escuchado nuestras peticiones, promete solucionar las fallas pero eso no pasa, ante eso protestamos”, dijo.

Afirmó que la planta tiene cuatro días paralizada, producto de la decepción que vive la clase trabajadora. “Si no nos toman en cuenta saldremos a la calle, al parecer quienes han conversado con nosotros no tienen poder de decisión, tendremos que pedirle apoyo a Nicolás Maduro”, expuso Julio Millán.

Informaron que su mayor exigencia es la eliminación de la tercerización en la factoría. “También pedimos una mejora de 35% en nuestros salarios con base a la hoja de cálculo, los plazos ya se cumplieron”, precisó Ferrera.

Por su parte, Jean Carlos Sifontes repudió las acciones violentas del simpatizante de Simprometal-Bolívar, Hernán Bello. “Ayer golpeó a un tercerizado, ellos se la dan de malos, se quieren apoderar de la lista de contratados para hacer negocios”, destacó.

Afirmó que el Gobierno debe investigar a los adeptos a ese sindicato por no tener labores asignadas. “El Ejecutivo debe actuar, no aportan nada y le pagan sus sueldos”, insistió.

Venezuela está enfrentando actualmente un serio problema de escasez y desabastecimiento de algunos alimentos esenciales. Según las cifras del BCV, correspondientes a agosto de 2013, la escasez general se sitúo en 20,2% pero en algunos renglones alimenticios, tales como harina de maíz, harina de trigo, azúcar y leche en sus diversas presentaciones, la escasez supera el 50,0%. En otros bienes, tales como la carne de res, aceite y pastas, entre otros, la ausencia alcanza al 30,0%, cifras estas muy elevadas para cualquier patrón de comparación.  ¿Cómo explicar esos niveles de escasez?

Una forma de entender el asunto es dando por buena la tesis del gobierno, según la cual hay unos saboteadores que intentan liquidar al gobierno creando artificialmente desabastecimiento en productos vitales para la alimentación. Ello supondría que para el empresario es mejor no producir que aumentar la producción, además que deben contar con grandes bodegas para esconder los productos. Esa explicación no tiene asidero en la realidad porque ha habido períodos a lo largo de estos catorce años que corren entre 1999 y 2013 donde la producción de alimentos ha sido suficiente para satisfacer los niveles de consumo. La excusa del sabotaje es una forma de evadir la realidad y no asumir la responsabilidad en el diseño y aplicación de una política económica errada.

La forma correcta de enfocar el asunto es mirando las condiciones en las que se realiza la producción de alimentos. Hay que partir del hecho de que el único ente que produce cifras coherentes y sistemáticas sobre la manufactura de alimentos es el BCV. En lo relativo a la producción agrícola y pecuaria, en Venezuela simplemente no existen datos oficiales que gocen de alguna credibilidad. Ante la carencia de información estadística por parte del sector público, entidades como la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro) se han visto precisados ha construir estadísticas propias sobre la producción de renglones fundamentales para la alimentación. Así, de acuerdo con Fedeagro, entre 2007 y 2012, la producción de maíz disminuyó 40,0%. Mientras que en  2007 se produjeron 990.000 toneladas de arroz, en 2012 la producción de ser rubro alcanzó a 652.232 toneladas, lo que refleja una declinación de 34,0%. En caña de azúcar de haber producido Venezuela 8.962.852 toneladas en 2007, la producción cayó a 6.100.000 toneladas, evidenciando una caída de 32,0%.

Con relación a los alimentos manufacturados no es mejor la situación. De acuerdo con el BCV, la producción de alimentos entre 1997 y 2013 se ha expandido en un ritmo raquítico menor al 1,4% anual, claramente insuficiente para compensar siquiera el crecimiento de la población, que en ese mismo lapso crece a una tasa de 1,8%. Es decir, el aumento de la producción de alimentos está regazado respecto a los nuevos venezolanos que nacen cada año, tal como se evidencia en el gráfico adjunto.  Si esa población que cada día se expande, se le asigna un ingreso también en aumento, la conclusión es obvia: las capacidades productivas de Venezuela en materia agro- alimentaria están seriamente mermadas y el país no produce lo suficiente para darle que comer a sus habitantes.

A esta situación se ha llegado como resultado de una política económica que hizo de las expropiaciones de fincas, hatos, haciendas y empresas una doctrina nacional. Ello como era de esperarse averió severamente los incentivos para que la gente del campo y de las empresas manufactureras se atrevieran a ampliar sus negocios para dotar a los venezolanos de alimentos abundantes. Por su parte, las empresas estatales han fracasado estrepitosamente, son deficitarias, minadas por la corrupción y con disminuciones en sus niveles de producción. Otro factor que ha afectado negativamente la producción de alimentos es un esquema de control de precios que literalmente ha barrido la rentabilidad de las empresas que todavía producen en Venezuela a lo cual hay que sumar una política antiinflacionaria que al descansar exclusivamente en el anclaje del tipo de cambio, ha facilitado las importaciones e incentivado la destrucción de las capacidades productivas internas. De esta manera, actualmente a la tasa de cambio oficial, en Venezuela muy pocos bienes se pueden producir en forma competitiva, de lo que resulta una inundación de bienes importados subsidiados que desplazan a la producción nacional. Finalmente, debe mencionarse el agresivo programa del gobierno de compra en el extranjero de bienes alimenticios que fácilmente se pueden elaborar en Venezuela.

@joseaguerra