Hay una sensación de vacío, de estar deslizándose a toda velocidad por un profundo pozo sin fondo, en medio de un desbarajuste que todo lo agrieta. En unos pocos meses el gobierno ha logrado imponer un clima de zozobra permanente que empieza a ser evidente aún para aquellos que tienen todavía su confianza y sus cuentas bancarias en el extranjero, empeñadas en su solidaridad con la gestión gubernamental.

Una cascada de pifias, superadas tan sólo por la inmensa capacidad de quien está en la cúspide de la pirámide roja para el dislate y el chasco, han ido alejando al poschavismo de sus aliados internacionales, cada día más inquietos con el destino de sus inversiones y prestamos los unos; y con las dádivas de las que literalmente viven los otros. El ALBA es hoy una sigla sin vida a la cual nadie parece interesado en reanimar. La solidaridad inmediata de los socios sólo se manifiesta cuando el avión presidencial, rentado y vetusto, es detenido en algún aeropuerto por la mano invisible del imperialismo yankee, según la versión oficial, o por la mano torpe de algún alto funcionario incapaz de rellenar un formulario como es debido para surcar el espacio aéreo de otro país o cargar gasolina en un aeropuerto foráneo, como sucede en la realidad.

Fiasco tras fiasco el gobierno marcha a trompicones, con una sonrisa abobada  como si de una gracia se tratase, o con un desplante pendenciero, según el humor del día, mientras los informes de las embajadas y los reportajes de la prensa internacional rinden cuenta de un país en calamitoso estado de veloz deterioro.

El reciente cambio de fichas en el área económica sólo sirvió para aumentar el desconcierto y la falta de confianza en el rumbo que tomarán las cosas. (La confusa Gaceta Oficial que lo anunció es un fiel reflejo del apresuramiento y la  improvisación que arropó la medida). Los informes de las más variadas agencias económicas o financieras de prestigio que se vienen publicando son un inmenso signo de interrogación, un gesto multilingüe de asombro y perplejidad ante tanta inepcia.

¿Se puede ser tan amateur? ¿Se puede ser tan torpe tantas y repetidas veces? ¿Será parte de un plan maestro de distracción? Llega uno a preguntarse como cuando ve una reposición del Superagente 86 o de la Pantera Rosa. Una mezcla letal y destructiva de Maxwell Smart con el Inspector Closeau se encuentra aposentada en Miraflores, sólo que ésta no es una fantasía si no un torrente de impericia e irresponsabilidad desguazando un país. Y ciertamente no dan ganas de reír.

Las medidas que tendría que tomar la administración roja son más que conocidas y han sido planteadas numerosas veces por economistas de autoridad. No deberían tener nada de extraño para quienes cada dos por tres se inflan reafirmando su condición supuestamente revolucionaria. Son las mismas que inició hace más de veinte años  un viejo revolucionario llamado Den Xiaoping para lanzar a China por la ruta de convertirse en una potencia económica mundial. O las que asumió Vietnam, el pequeño país que derrotó política y militarmente a dos potencias occidentales seguidas, y que ahora es una economía pujante del Sudeste Asiático. O sin ir más lejos, las que tímidamente se anuncian en La Habana al ritmo de rumba: un paso adelante y dos para atrás. Se trata, simplemente, de abrir las puertas al proceso de globalización económica imperante en el mundo moderno, es decir abrazar, así sea con un pañuelo rojo en la nariz, al viejo y denostado modo de producción capitalista, como seguramente todavía lo denomina algún ministro fosilizado.

Pero no, el elenco en el poder persiste en su equivocación, tozudos en su determinación de no informarse, pensar un poco, consultar un mínimo. Aferrados a una visión manipuladora de la política creen que espantarán con consignas y tretas a los nada fantasmagóricos emisarios de la corrupción, el desabastecimiento, la inflación, la inseguridad, el caos vial y eléctrico, que tanto asombran al mundo cuando constatan que todo sucede en un país petrolero y que ya empiezan a hartar incluso a quienes todavía los apoyan.

No conformes con todas las atribuciones que han confiscado a la sociedad, ahora quieren una Ley Habilitante con poderes especiales, para continuar en el empeño de desguazar lo poco que han ido dejando en pie. No se dan cuenta que el terrible vacío que han ido creando terminará por tragárselos con la fuerza de una agujero negro. Es cuestión de tiempo y votos.

Voceros del mundo empresarial han hecho pública su preocupación por la multiplicación del ausentismo laboral; esto es: la frecuencia con la cual los trabajadores dejan de asistir a su puesto de trabajo. Una de las causas del fenómeno se vincula a la existencia de la denominada inamovilidad laboral, régimen que, por decisión del difunto (continuada por su sucesor) dejó de ser una excepción, como lo es en todo el planeta, para convertirse en regla.

En efecto, la legislación laboral reserva esa protección para quienes realizan actividades sindicales, de allí que sea común asociar inamovilidad con fuero sindical. Sin embargo, durante más de diez años ese sistema ampara a todos los trabajadores, salvo aquellos que ocupan cargos de dirección en las empresas. Dicho de otra manera casi nadie puede ser despedido, trasladado ni desmejorado en sus condiciones de trabajo, sin autorización previa del Inspector del Trabajo.
Pues bien, una cosa es que un Inspector conozca de un universo pequeño de trabajadores con fuero y otro es que el mismo funcionario deba lidiar con todas las solicitudes, de patronos y de trabajadores, vinculadas con ese estatus. El resultado no puede ser otro que la inmensa impunidad existente. Por cierto, no hay ningún dato estadístico que permita conocer la cantidad de casos que ingresan y los que se deciden. El comentario general es que las solicitudes de autorización para despedir interpuestas por los patronos no se deciden nunca y las de los trabajadores, se demoran una eternidad pero casi todas son declaradas con lugar.

Aquí es donde se me ocurre invocar el más elemental sentido común. Voy a partir de reconocer que uno de los cambios positivos hechos por “la revolución” fue la promulgación de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, cuyo texto dispone la oralidad de los juicios, con jueces de conciliación y mediación y jueces de juicio. En Caracas, existen más de 40, de los primeros, de manera que puedan atenderse con prontitud las controversias que lo requieran. En cambio, en la misma circunscripción sólo existen tres (3) Inspectorías del Trabajo, que funcionan en lugares que no cumplen con las exigencias de la LOPCYMAT respecto de sus propios trabajadores.

El Decreto LOTTT, vigente desde mayo de 2012, estableció un régimen de estabilidad absoluta que coloca en cabeza de los jueces la responsabilidad de decidir si un despido es justificado o no y, en esta última hipótesis ordenar el reenganche del trabajador. Pero en lugar de aplicar ese modelo, el Gobierno decidió prorrogar la inamovilidad, con sus lamentables consecuencias.

La respuesta que uno oye a los partidarios del Gobierno es que si se acaba la inamovilidad se desatará una ola de despidos. No dudo que haya muchos empleadores con ganas de salir de gente que se hadedicado al manguareo, pero tal posibilidad no existe, con la estabilidad regulada en el DLOTTT, de modo que el temor es infundado.

Lo otro es permitir que se siga fomentando el desmadre.

En Gaceta Oficial está la creación de un organismo llamado Cesspa, es decir, “Centro Estratégico de Seguridad y protección de la patria”, cuyo objetivo principal sería restringir la información libre, la protesta popular, la denuncia de ruinas y de la corrupción cuando arbitrariamente ese organismo considere que “vulnera la seguridad nacional”.  Peor  aún:  dice que se trata de  “prever y neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos o externos”.  O sea, revive en el “facho-madurismo-cabellismo” de ésta Venezuela de la falsa “revolución”, la tesis del “enemigo interno” que impusieron las dictaduras militares de los “gorilas” de Argentina, Chile y Uruguay en los años 70 y 80 y que les servían de fachada para cometer tropelías y crímenes en nombre de “la defensa de la patria del enemigo interno”.

No hay que olvidar que en el concepto militar de la guerra, un “enemigo” es alguien que puede y debe ser exterminado. En este caso el “enemigo interno”. Grave y peligroso. Es diferente a la política democrática, en la que los partidos trabajan para hacer prevalecer sus ideas y vencer (sin exterminar) a sus adversarios. En la tesis del “enemigo interno” (al que asocian a algún “enemigo externo” bien sea “el comunismo internacional” o “el imperialismo norteamericano”, según sean los militares gorilas aquellos o los gorilas de la Cuba de Castro), no serían venezolanos que legítimamente piensan distinto al gobierno y le hacen oposición activa, aspirando a un legal y legítimo cambio de gobierno,  sino serían “enemigos internos”  Justo lo que decían Pinochet, Videla, Galtieri, etc. Y lo que ha sostenido Fidel Castro para quien todo disidente es “gusano agente de la CIA”. Para tales sátrapas, toda acción política es “un plan desestabilizador” y toda pretensión de cambio de gobierno es “un delito golpista”.

Esa tesis no solo es contra la oposición democrática venezolana, representada en la MUD, donde son clara y muy amplia mayoría las tendencias de “centro”  y “centro izquierda” democráticas (porque los minúsculos grupitos de extrema derecha son mas enemigos de la MUD que del propio gobierno) sino que también lo es contra cualquier sector de la sociedad que cumpla su rol independiente, como los medios de comunicación libres, no gobierneros, que  no se prestan a la censura al pueblo como si lo hacen los de VTV y SNMP.  Esa tesis va también contra las ONG de defensa de los Derechos Humanos y semejantes.  Y va contra las comunidades populares, los trabajadores, los estudiantes, los gremios y sindicatos cuando luchan por sus derechos.  Lo acabamos de ver claríto en el caso Sidor, pero como ese hay muchos.  Maduro y el alto gobierno en su acciónar muy fascista, trató de criminalizarlos.  Mintieron con descaro para hacerlos ver como “manipulados y vendidos a un enemigo externo (EEUU)”. Les lanzaron descargas como “criminales contra el pueblo que impiden construir viviendas”, aunque tal cosa era otra obvia falacia.  Finalmente, esa tesis y ese organismo “para la defensa de la patria” va contra los chavistas críticos, es decir, aquellos que siendo partidarios de la supuesta “revolución” denuncian arbitrariedades, corrupción, prácticas anti populares o contrarias al interés nacional como los contratos entreguistas de la soberanía con China.

Hay que atajar esto con vigor.   Ya hay señales como la de tratar de criminalizar al grupo de expertos del sector eléctrico que han demostrado la culpabilidad del gobierno en la crisis eléctrica y han desmontado la estúpida tesis del “sabotaje”.   La de amenazar con cierres y multas a medios por mostrar la realidad del desabastecimiento como lo de ayer contra 2001 donde la Fiscal habla de “plan desestabilizador” para criminalizar la información libre.   La amenaza contra dirigentes sindicales como Iván Freites, líder petrolero de Falcón al que no han podido derrotar en elecciones y entonces hoy lo acusan de “denigrar” (¿?) del “prócer” Rafael Ramírez.

TIP  1:  Sidor.   El ministro se suma a Maduro en la felonía contra los trabajadores de Sidor.  Ayer el ministro Menéndez dijo en VTV que “la derecha busca paralizar Sidor y que los planes conspirativos llevaron a la paralización de la Siderúrgica del Orinoco”. Sugirió lo que ya Maduro dijo de modo directo, sin cortapisas acerca de que la protesta “habría sido parte de la agenda de los diplomáticos norteamericanos expulsados”.  Luego matizó la inescrupulosa acusación diciendo que “respeta las reivindicaciones de la clase trabajadora”, pero usó el argumento chantajista de “la encrucijada histórica en la que nos encontramos en el país”. Ni historia ni encrucijada.  Una farsa es lo que hay, con disfraz de soberanía, disfraz de revolución y hasta disfraz de socialismo.

TIP  2:   Sidor.  Uno entiende a los que temen represalias y buscan defenderse congraciándose, pero decir que “Maduro no sabe nada. Lo tienen engañado”, es repetir lo que antes decían de Chávez a quien le justificaban los atropellos “porque los que lo rodean como Maduro, Cabello, etc. lo tienen engañado”.   ¿Maduro era uno de los “engañadores” de antes y ahora el engañado?.

TIP  3:   Aluminio. ¿El gobierno también quiere provocar conflicto en el aluminio?.  El paro en Sidor se extendió 12 días mas porque Maduro ordenó romper los acuerdos logrados aquel sábado 28 de septiembre tras la maratónica reunión de casi 12 horas.  Ahora el turno es en el sector aluminio.  Hace ya tres semanas está listo el acuerdo y listo para firmar el contrato, el cual, pese a distar de ser lo justo, significaba al menos quebrarle al gobierno su “norte estratégico” de liquidar las convenciones colectivas.  Ahora, inexplicablemente lo paralizan una y otra vez con la excusa del pago del retroactivo.  ¿Para qué?  ¿Para provocar un conflicto? ¿Para inventar otro “cuento chino (cubano)” de que los trabajadores fueron comprados por el imperio?.

TIP  4:   Censura provocadora del “facho-cabellismo”  en la AN.   Amenazan con quitarle el derecho de palabra a dos diputados, extensible a otros “por faltar el respeto”.    Como dice la diputada Dinorah Figuera, “los golpes y fracturas a Diputados de la oposición no se investigaron en AN pero si quieren sancionar a Julio Borges por solicitar debate a Maduro”.

TIP  5:  Chiste, leído en twitter:  @Chinchorrotuit:  “Aparece un genio de la lámpara y dice:  -Soy un genio, te concederé 3 deseos. La persona le responde: – Quiero Harina Pan, leche y pollo.   El Genio repregunta: –¿Eres venezolano?   –Sí.  – Entonces haga la cola”.

TIP  6:  Inflación. “Logros” de la robo-lución ampliados por el madurismo.   Inflación de septiembre:  4.4% (mas que Perú y otros 15 países en todo el año).  Inflación anualizada (sept 2012 a sept 2013) ¡49.4%!, casi 50%, la mas alta del Planeta Tierra.  Inflación acumulada en lo que va de 2013:  ¡39.4%!

¿Cuántas veces no reconoció el fallecido presidente, predecesor de Maduro, que la ineficiencia, el burocratismo y la corrupción eran el talón de Aquiles de su supuesta e inviable revolución? Sin embargo, la ausencia de una verdadera factibilidad política y de acciones concretas hizo que ese talón de Aquiles lo heredara Maduro como un legado que, por sus letales consecuencias, se ha convertido en la enfermedad terminal del régimen instaurado en 1998.

En días pasados, cuando Maduro regresó de China, el vicepresidente ejecutivo anunció que se habían reunido a las 3:00 am para evaluar un informe y puntos de cuenta ordinarios de la gestión de gobierno. Me llamó la atención que insistiera en la hora: ¿pero qué mérito puede tener reunirse en la madrugada con un viajero que lo más seguro es que regrese cansado y, en el caso concreto, agobiado por una gestión fallida? ¿Pretenden promocionar estos inusuales horarios de trabajo como expresión de eficiencia?

Dejo al lector, a partir de su experiencia con instituciones públicas, sacar la conclusión de lo que resulta del eslogan “eficiencia o nada”.

En relación con la lucha contra el burocratismo, del dicho al hecho el trecho es enorme. ¿Quién sabe exactamente cuántos ministerios tiene el gabinete ejecutivo? Pero, además del voluminoso número de carteras ministeriales, de las múltiples vicepresidencias, ahora se suma la creación casi diaria de estados mayores (sic). No tengo dudas de que a este ritmo pronto sea anunciado el estado mayor para el seguimiento de los estados mayores. ¿Qué entiende el gobierno por burocratismo?

Sobre la palabrería de la lucha contra la corrupción hay una vieja historia, y hechos que dejan mucho que desear. No sólo fue el discurso que enarboló Chávez en su campaña de 1998 sino que ya en 2007 solicitó poderes habilitantes para la lucha contra el terrible flagelo. En esa oportunidad la Asamblea Nacional lo autorizó para “dictar normas orientadas a erradicar definitivamente la corrupción, reformar el régimen funcionarial y de responsabilidad personal del funcionario, fomentar su ética, su actualización técnica continua y su formación como servidor público”.

Después de eso ¿cuántos escándalos de corrupción no hubo (Pudreval, maleta de Antonini, CAEZ, Makled, Aponte Aponte, compras del sector eléctrico, el reciente hallazgo de droga en avión de Air France) sin una seria y contundente sanción?

El martes pasado Maduro, también en esto imitando a su “papá”, acudió al Parlamento con el propósito de solicitar una ley habilitante para, de nuevo, otra supuesta lucha contra la corrupción. Cualquier ciudadano, sin necesidad de ser especialista en estudios de comunicación o avezado dirigente político, podrá convenir que Maduro está absolutamente inhabilitado para la habilitación que solicita.

¿Cuántas veces no ha estado el amable lector disfrutando de su programa de entretenimiento favorito, de un evento deportivo, de un programa de opinión, y es interrumpido por una arbitraria alocución oficial en un irrelevante acto de gestión de gobierno? ¿Cuántas veces no ha sido privado de su libre acceso a los medios de comunicación, una garantía constitucional, por unas transmisiones en cadena nacional de actos de naturaleza estrictamente partidista? Todo esto es corrupción. Todo esto está tipificado en la Ley contra la Corrupción como un delito, tan grave que se paga con pena privativa de libertad.

Aunque Maduro solamente se presenta como hijo de Chávez, ungido por este para el cargo que desempeña, es también un funcionario público y los funcionarios públicos, según consagra la Constitución, se deben al Estado y no a parcialidad política alguna. Consecuentemente, la Ley contra la Corrupción, aprobada bajo la Constitución de 1999 ordena en su artículo 54 prisión de seis meses a cuatro años a los funcionarios públicos que en beneficio propio o para fines contrarios a lo establecido disponga de bienes del patrimonio público.

La única, excepcional circunstancia que podría justificar la solicitud de Maduro sería el respaldo de “la predica con el ejemplo”. Muy ajustadamente declaró el general Barrientos, ministro del Despacho de la Presidencia, que la corrupción no es solo robarse unos reales; “la lucha contra la corrupción en el país depende de la siembra de valores”. Buena señal hubiese sido que el martes pasado, en la sesión plenaria de la AN, Maduro hubiese renunciado a la confiscación corrupta que él, su partido PSUV y el aparato administrativo de su régimen ejercen sobre todo el sistema de medios públicos.

¿Denunciará y acabará Maduro la corrupción en los medios del Estado?

Representantes de la Federación de Colegios de Enfermería de Venezuela anunciaron que iniciarán movilizaciones en todas las regiones del país para exigir mejoras salariales y rechazar la normativa laboral aprobada en agosto pasado.

Representantes de la Federación de Colegios de Enfermería de Venezuela anunciaron que iniciarán movilizaciones en todas las regiones del país para exigir mejoras salariales y rechazar la normativa laboral aprobada en agosto pasado. Según, los enfermeros esta normativa genera desventaja con respecto al gremio de la salud.

“3.118 bolívares es el sueldo básico de una enfermera, con un año o con 20 años de servicio. En vista de que el Presidente ha generado aumento a todos los gremios de la salud, enfermería va a solicitar el 100% de aumento del sueldo”, exclamó la presidenta del Colegio de Enfermería de Portuguesa.

“Hay una carencia del personal de enfermería, 60% o 70% de los contratados todavía están sin cargos, todavía la normativa laboral actual no llena las expectativas del personal de enfermería (…) Estamos en una crisis asistencial, estamos en terapia intensiva”, exclamó la secretaria de Actas de la Federación, Iraima Lira.

Además de las marchas regionales, el gremio de la enfermería planea una gran movilización nacional en Caracas ante el Ministerio de Salud hasta lograr ser atendidos por la titular del despacho, Isabel Iturria.

Fuente: Actualidad Laboral

La semana pasada un amigo me preguntó si la llegada de un cambio democrático a Cuba terminaría con el periodismo independiente. Me quedé meditando, porque hay respuestas que no deben lanzarse a la carrera sin antes sopesarlas bien. En los segundos que me quedé en silencio pasaron por mi cabeza todas las imágenes y momentos en que esos reporteros del riesgo y la palabra han influido en mi vida. Pensé en Raúl Rivero, quien se salió del periodismo y las instituciones oficiales para dar el peligroso salto hacia la libertad de su pluma. Recuerdo en su apartamento de la calle Peñalver la máquina de escribir permanentemente sobre la mesa, el olor a cigarro, los brazos extendidos para recibir a todo el que llegara. Sin dudas, un hombre que ama esa profesión por la que estuvo en el centro de tanta represión y de tantas injurias.

Seguí repasando nombres. Reinaldo Escobar quien me contagió para siempre con el virus del periodismo, los colegas de la Primavera de Cuba, los tantos amigos que han nutrido las páginas de Cubanet, Diario de Cuba, Café Fuerte, HablemosPress, Misceláneas de Cuba, Voces Cubanas, Penúltimos Días y de tantos otros sitios, blogs, agencias de prensa, o de simples boletines con sólo una hoja doblada a la mitad. Espacios en los que se ha narrado ese país escamoteado por los medios oficiales y el triunfalismo de las consignas políticas. Gente que eligió el camino más difícil, en lugar de callarse, simular, no meterse en problemas como hace la gran mayoría. Gracias a ellos nos hemos enterado de innumerables noticias silenciadas en los periódicos, la televisión y la radio nacionales. Estos últimos propiedad privada y hegemónica del Partido Comunista.

Por eso, cuando mi amigo me soltó aquella interrogante, concluí que en una nación democrática el periodismo no necesita de apellidos. No precisa ser “oficial” o “independiente”. Justamente, como pequeño homenaje a todos esos reporteros de ayer y de hoy, he escrito el prólogo a la antología “Con voz abierta” que recoge una selección de noticias y opiniones escritas desde el interior de Cuba y en las condiciones más precarias desde el punto de vista legal y material. Es un libro de periodistas… a secas, sin calificativos que determinen su filiación o no a una ideología. Una compilación que acercará ese futuro en que no necesitaremos hacer tales distinciones entre los profesionales de la prensa.

El Presidente de Ecuador Rafael Correa debería desistir de aplicar las leyes que penalizan la difamación contra sus críticos, señaló hoy Human Rights Watch.

El proceso penal y la condena contra el asambleísta de oposición José Cléver Jiménez Cabrera y dos sindicalistas por haber injuriado al presidente vulneran su derecho a la libertad de expresión reconocido por las normas internacionales de derechos humanos, observó Human Rights Watch.

“El presidente Correa ha dejado claro que está dispuesto a ir contra cualquiera que lo critique, ya sea desde la sociedad civil o desde los medios”, comentó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Pero con esta última acusación contra un legislador de oposición, su abuso de poder para intentar acallar a quienes percibe como enemigos ha llegado a niveles alarmantes”.

El 27 de septiembre de 2013, la Corte Nacional de Justicia notificó a Jiménez, un legislador indígena de un partido opositor, que había confirmado la condena de 18 meses de prisión por injurias. El tribunal también dispuso que Jiménez deberá ofrecer una disculpa pública al presidente y pagar a este una indemnización de aproximadamente US$ 140.000. Aún se encuentra pendiente otro recurso presentado por Jiménez el 1 de octubre. El tribunal confirmó además las condenas contra los dos sindicalistas, si bien uno de ellos recibió una pena de seis meses de prisión.

Jiménez dijo a Human Rights Watch que no podrá pagar la indemnización a favor de Correa impuesta por la Corte, y que no está dispuesto a ofrecer una disculpa pública.

En agosto de 2011, Jiménez y los sindicalistas Carlos Eduardo Figueroa Figueroa y Fernando Alcíbiades Villavicencio Valencia habían solicitado al Fiscal General del Estado que investigara la responsabilidad de Correa en relación con los incidentes violentos ocurridos el 30 de septiembre de 2010. Ese día, Correa fue retenido en un hospital policial durante varias horas por agentes de seguridad pública que se oponían a la sanción de una ley que recortaba sus beneficios. Finalmente Correa fue rescatado por militares, luego de un enfrentamiento armado que dejó un saldo de al menos cinco muertos. El gobierno de Correa consideró que lo ocurrido ese día fue un intento de golpe de estado.

En el pedido de investigación, Jiménez y los sindicalistas acusaron a Correa de “incitación al caos político, incitación para la discordia civil, alteración del orden constitucional [e] incitación a la rebelión de la fuerza pública”, además de perpetrar “crímenes de lesa humanidad” al haber ordenado la toma armada de un hospital donde había civiles.

El fiscal general, que había sido abogado personal de Correa durante parte de su primer mandato, concluyó que no había evidencias suficientes para iniciar una investigación contra el presidente. Sin embargo, conforme al Código de Procedimiento Penal el fiscal general debería haberse recusado si en algún momento había actuado como abogado de una de las partes. En mayo de 2012, la justicia desestimó la causa y un juez determinó que la demanda interpuesta por Jiménez y otros actores había sido “maliciosa y temeraria”.

En agosto de 2012, Correa demandó por injuria calumniosa a Jiménez y los sindicalistas ante la Corte Nacional de Justicia. Conforme al artículo 494 del Código Penal de Ecuador, quienes “hubieran propuesto una acusación judicial, o hecho denuncia, que no hubiesen sido probadas durante el juicio” podrán ser reprimidos con penas de hasta tres años de prisión. En este caso, las denuncias planteadas por Jiménez y los sindicalistas fueron desestimadas prematuramente por un juez sin haber dado siquiera inicio al juicio que exige la legislación ecuatoriana.

El derecho ecuatoriano dispone que para poder juzgar penalmente a un legislador, la Asamblea Nacional deberá antes disponer el cese de su inmunidad parlamentaria. No obstante, en este caso la Corte Nacional de Justicia determinó que en tanto las acciones de Jiménez no guardaban relación con su función oficial, no necesitaba obtener autorización de la Asamblea para iniciar un proceso en su contra, y dio inicio a la acción penal a pesar de que no se había revocado su inmunidad.

Human Rights Watch se opone a todas las leyes penales sobre difamación porque implican una respuesta desproporcionada e innecesaria al interés por preservar la reputación de las personas e inhiben la libertad de expresión.

Actualmente, la Asamblea Nacional está tratando un proyecto de reforma del Código Penal de Ecuador que eliminaría varias disposiciones sobre difamación incluidas en el texto vigente. No obstante, la reforma propuesta prevé que “la persona que, por cualquier medio, realice falsa imputación de un delito en contra de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años”.

En referencia al proyecto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional indicó que “la persona que realiza la falsa imputación de un delito en contra de otra puede ser sancionada, en términos generales… [U]na persona puede atentar en contra de un derecho de otra a través de una radio, de la TV, en público, en reuniones sociales, [o] a través de las redes sociales”.

Ecuador es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el derecho de libertad de expresión. A fin de promover el dinámico debate público que resulta indispensable en una sociedad democrática, los organismos internacionales de derechos humanos han criticado tradicionalmente el uso de leyes penales de difamación, especialmente en respuesta a señalamientos que afectan a funcionarios públicos.

Los Principios sobre Libertad de Expresión adoptados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000 indican que la protección de la reputación de los funcionarios públicos debe estar garantizada solamente mediante la imposición de sanciones civiles, y no de índole penal.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que los funcionarios públicos que “se han expuesto voluntariamente a un escrutinio público más exigente… se ven expuestos a un mayor riesgo de sufrir críticas, ya que sus actividades… [se] inserta[n] en la esfera del debate público”. La Corte reconoce que el honor de los funcionarios públicos o las personas públicas merece ser jurídicamente protegido, pero deberá serlo “de manera acorde con los principios del pluralismo democrático”. Dispuso asimismo que el uso de procedimientos penales por difamación debe limitarse a casos de “extrema gravedad”, en los cuales se haya demostrado la “absoluta necesidad” de aplicar tales medidas “en forma verdaderamente excepcional”, y en ese caso, la carga de la prueba debe recaer en quien formula la acusación.

La Constitución de Ecuador establece que los derechos tutelados por el derecho internacional, como la libertad de expresión, serán aplicados directamente por los tribunales. Si dejara sin efecto estas condenas, la Corte Nacional de Justicia estaría emitiendo un pronunciamiento acorde con los compromisos internacionales asumidos por Ecuador en materia de derechos humanos, expresó Human Rights Watch.

Fuente: HRW

El nuevo organismo de inteligencia es casi idéntico al Cesna, que fue creado por Chávez en 2010. El artículo 3 indica que el nuevo organismo “solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa”

El Gobierno, a través del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, Cesppa, podrá declarar de carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada cualquier información, hecho o circunstancia que considere estratégicos para preservar la seguridad nacional y prever y neutralizar potenciales amenazas de enemigos internos o externos.

En la Gaceta Oficial 40266, del 7 de octubre de 2013, fue publicado el decreto de creación del Cesppa, cuyo artículo 3 indica que el nuevo organismo “solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas, según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”.

El decreto es casi idéntico al publicado en Gaceta Oficial el 1 de junio de 2010, mediante el cual el entonces presidente Hugo Chávez creó el Centro Situacional de Estudios de la Nación, Cesna.

Los considerandos de ambos decretos son los mismos y las diferencias en los artículos se limitan a la adscripción del órgano al Ministerio del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión del Gobierno (en vez del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, al cual estaba adscrito el Cesna), y a la incorporación de términos como desestabilización y enemigos internos y externos.

Hay coincidencias hasta en la numeración de los artículos. El noveno establece la posibilidad de censura en los mismos términos. Precisamente el desconocimiento de las garantías constitucionales para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información fundamentaron la impugnación del Cesna ante el Tribunal Supremo de Justicia por el Colegio Nacional Periodistas, el Sindicato nacional de Trabajadores de la Prensa y la ONG Espacio Público.

Inconstitucional. En la demanda interpuesta ante el TSJ se argumentó que el artículo 57 de la Constitución impide censurar a los funcionarios públicos para que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad. Y que el artículo 143 establece que las restricciones a las informaciones por razones de seguridad nacional deben estar expresamente definidas en una ley formal emanada de la Asamblea Nacional, la cual no existe, de manera que no sería suficiente un decreto ley dictado mediante poderes especiales concedidos al jefe del Estado.

Oswaldo Cali, de Espacio Público, informó que la impugnación del Cesna, formalizada el 15 de julio de 2010, está en fase de sentencia. Pero como el Cesppa deroga el Cesna, el TSJ podría rechazar la demanda.

Cali considera que, independientemente de que se denomine Cesna o Cesppa, constituye un mecanismo de censura. El abogado advirtió que el funcionamiento del organismo está expuesto en forma ambigua, lo cual puede abrir espacios al abuso de poder.

A modo de ejemplo, destacó que el artículo 9 estipula que, “las instituciones públicas y privadas”, sin mayores presiones,  están obligadas  a “proteger, neutralizar y derrotar los planes desestabilizadores en contra de la Nación”. Ello, afirma el abogado, implica el riesgo de que se violen derechos ciudadanos.

Arrecian ataques a la prensa

Con la creación del Cesppa, Maduro reedita un mecanismo que Chávez mantuvo en suspenso, quizás por los costos políticos que implica restringir la libertad de expresión y el derecho a la información.

Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, opina que los problemas de escasez e inflación que el gobierno atribuye a una guerra económica son tan graves que el presidente se atreve a hacer mayores esfuerzos por controlar la información: “Que la gente solo se entere de lo que al gobierno le conviene, lo cual implique la radicalización de los continuos ataques a medios y periodistas”.

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, señala que, a diferencia de Chávez, que demostró mucha habilidad para afrontar las críticas, Maduro no sabe cómo hacerlo: “A falta de carisma, el presidente acude a la coerción para impedir que el ejercicio de la libertad de expresión fundamente las críticas a la gestión gubernamental, sobre todo en materia económica”.

Decreto 428

por Edgar López

Fuente: El Nacional